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¿Cómo se repara una masacre?

Un grupo de familiares de víctimas del conflicto armado de Santa Ana se siente decepcionado ante el trato que le ha dado el Estado. En 1980 fuerzas militares asesinaron a 23 de sus familiares en el caserío Las Canoas. Años después de terminada la guerra, esos huesos fueron exhumados por la Fiscalía General de la República (FGR) y se inició una investigación en la que pocos tienen esperanza. Nueve años los restos de sus familiares se apilaron en oficinas estatales. Casi una década ha tenido que transcurrir para que los familiares entierren, al fin, lo que queda de los asesinados con un poco de dignidad.
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Masacre.  Familiares contemplan los féretros que contienen los restos de las víctimas antes de que la policía acordone el perímetro para separarlos de las cajas.

Masacre. Familiares contemplan los féretros que contienen los restos de las víctimas antes de que la policía acordone el perímetro para separarlos de las cajas.

Recuerdos.  Algunas personas logran reconocer los huesos de sus parientes por la ropa que los acompañan.

Recuerdos. Algunas personas logran reconocer los huesos de sus parientes por la ropa que los acompañan.

A la espera.  Temprano por la mañana, familiares y prensa aguardan dentro de Medicina Legal para que las osamentas de las víctimas sean entregadas.

A la espera. Temprano por la mañana, familiares y prensa aguardan dentro de Medicina Legal para que las osamentas de las víctimas sean entregadas.

Reconocimiento.  Un médico forense muestra a los familiares de las víctimas los restos que encuentra en una de las cajas de la exhumación de hace nueve años.

Reconocimiento. Un médico forense muestra a los familiares de las víctimas los restos que encuentra en una de las cajas de la exhumación de hace nueve años.

¿Cómo se repara una masacre?

¿Cómo se repara una masacre?

¿Cómo se repara una masacre?

¿Cómo se repara una masacre?

¿Cómo se repara una masacre?

¿Cómo se repara una masacre?

¿Cómo se repara una masacre?

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¿Cómo se repara una masacre?

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Diecinueve personas se agrupan debajo de un toldo de plástico azul. Tres de ellas lloran y buscan abrazos frente a una cinta policial amarilla. Son las 2 de la tarde y del otro lado de la cinta que dice “no pasar” un médico del Instituto de Medicina Legal (IML) saca unos huesos y ropa con orificios de balas de una caja de cartón con moho. El médico le pregunta a un grupo de adultos mayores si reconoce la ropa: “¿Ustedes no se acuerdan?”, pregunta, y la respuesta es casi  un murmullo avergonzado que se repite en varios casos: “No, yo no”.

Recuerdos.  Algunas personas logran reconocer los huesos de sus parientes por la ropa que los acompañan.

Una hora y veinte minutos después, sacando los restos de la caja número 17, el mismo médico de Medicina Legal pregunta si alguien recuerda a uno de sus familiares con una corona fenestrada en los dientes incisivos y muestra una pieza de metal. Luego, enseña una camisa ocre y un pantalón verde de hombre que acompañan los huesos que quedan. Nadie contesta. Otros huesos sin identificar.

Un minuto después, Lorenzo Zamora, un adulto mayor al que le faltan un par de dientes, responde con un nombre: Esteban Zamora. Alguien más asiente y dice que sí, que Esteban tenía coronas en los dientes de enfrente. Ese dato parece activar la memoria de Lorenzo y aunque la ropa que acompaña estos restos ya fue mostrada, pregunta si los pedazos de tela que estaban en esa caja eran ocre y verde. Las demás personas le responden que sí. “Cabal, él es”, se escucha. Lorenzo pregunta si encontraron unas monedas en el pantalón porque Esteban, su familiar, hace 35 años tenía unas monedas antes de ser asesinado junto a otras 22 personas en la masacre del caserío Las Canoas, en Santa Ana.


Reconocimiento.  Un médico forense muestra a los familiares de las víctimas los restos que encuentra en una de las cajas de la exhumación de hace nueve años.


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En octubre  de 1980 un grupo de militares llegó al caserío Las Canoas y asesinó a más de 20 personas desarmadas entre las que había niños. Así lo ha documentado el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec (CPDH). Las víctimas no pertenecían a “ninguna de las partes en la guerra armada. Eran padres, madres, hijas e hijos quienes huían por sus vidas para no ser ejecutados”, sostiene dicha organización.

Después de estar enterrados en el lugar de la masacre por 27 años, entre  2007 y 2008 la Fiscalía General de la República, a solicitud de los familiares de las víctimas, exhumó los restos humanos para proceder a investigar el caso. Los huesos y la ropa se convirtieron en evidencias y se mantuvieron guardados en cajas. Hoy, nueve años después de haber sido sacados de la tierra, se empieza el procedimiento para que las osamentas de las víctimas sean entregadas a sus familiares para ser colocadas en el cementerio.

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía es la encargada de investigar el caso. El fiscal Daniel Domínguez dice que se buscará identificar a los culpables. Y aunque los familiares de las víctimas hayan vivido 35 años sin respuestas, la Fiscalía sostiene que “la investigación continúa no solo para identificar a los restos, sino la investigación de los autores”.

Este 25 de agosto Medicina Legal ha abierto sus puertas a las 9 de la mañana para hacer la entrega en el parqueo interno del instituto. Bajo el sol, alrededor de una treintena de personas se agrupa frente a un cuarto donde reposa lo que quedó de sus familiares.

Dora, madre de una de las víctimas, carga en su bolso la corona y el cetro de fantasía que usó su hija cuando la nombraron reina de unas fiestas. Sueña con poder meter sus pertenencias más preciadas en la caja en la que estarán los huesos de María Hernández, asesinada a los 17 años. Varias mujeres llegan cargando flores en honor de sus hijos y esposos. La fragancia de las rosas se mezcla con el hedor de un cadáver que se encuentra al lado.

Aunque el mal olor ya desesperó a algunos, Teresa Jordán, una mujer con sandalias altas y camisa rosada, no deja su lugar al frente del grupo de familiares. Su madre fue una de las asesinadas en Las Canoas y por años, lo único que ha pedido es el derecho a enterrarla. “Yo jamás he culpado ni odiado a nadie. No pretendo saber quién fue, no sé quien fue, no lo quiero saber, pero el olvido... jamás”, dice con seguridad.

La Policía Nacional Civil (PNC) ha colocado una de sus cintas para evitar que la prensa y los familiares se acerquen demasiado a los huesos de sus tíos, madres e hijos que ahora son llamados evidencias. Medicina Legal muestra el contenido de las cajas a la PNC y a los familiares para llevar un registro detallado. Luego, todo se coloca en pequeños féretros que posteriormente serán trasladados por las familias a una vigilia.

Teresa a veces cruza la cinta amarilla y se coloca del lado de los inspectores oculares de la Policía para tomar fotos y llevar su propio registro de la masacre. A las 4 de la tarde, Medicina Legal saca un peine negro de la caja que dice Exhumación 22.

—¿Alguien tenía un familiar que usara un peinito así? –pregunta el médico forense encargado de la diligencia.

Teresa piensa que esa no puede ser la caja que contiene los huesos de su mamá. Lo único que ella llevaba en la cabeza era una cola decorada con esferas del tamaño de unas canicas. Siguiendo con el procedimiento, el médico saca la ropa de la caja y de esta cae una cola como la que ella recuerda. Treinta y cinco años después, Teresa ve el último atuendo de su madre y baja la cámara con la que hace fotos. Tomada por sorpresa, se queda en silencio. Retrocede y llora. Renuncia a su lugar al frente de todos y abraza a su tío lejos de los restos de su madre.

 “Nos hubiéramos coordinado mejor  para venir a trabajar mañana”, sugiere un agente de Inspecciones Oculares de la PNC. Claudia Interiano, la representante legal de los familiares de las víctimas, le responde que no, que la diligencia está programada para este día y que deben terminarla aunque eso implique trabajar hasta la noche.

El procedimiento toma más de lo que todos esperaban. Además de mostrar el contenido de las cajas de cartón y trasladarlo a un ataúd, la PNC debe sellarlos con una cinta adhesiva que dice “evidencia”. Al lado, dos fiscales de la Unidad de Derechos Humanos vigilan el proceso.  Además, este día también se entregan siete osamentas de personas asesinadas en Texistepeque y de dos  asesinadas en Metapán al inicio de la guerra civil.

Las osamentas son entregadas en calidad de depósito. El fiscal Daniel Domínguez explica que los restos de las víctimas no pueden ser violentados ni trasladados a otro lugar que no sea el ya acordado en el cementerio Santa Isabel de Santa Ana.

Cuando se le pregunta por qué tomó nueve años entregar las osamentas, responde: “Medicina Legal aduce no tener los reactivos, pero aparte de ello, el tipo de restos óseos que tenemos es de larga data, de hace más de 30 años, y se está pulverizando”. Y aunque hasta esta fecha las osamentas no han sido identificadas científicamente, la nueva jefatura de la Fiscalía aprobó su entrega.

Esta no es la primera vez que se intenta realizar este proceso. Hace más de cinco años el CPDH sostiene que confirmó con la Fiscalía una fecha para realizar la entrega de las osamentas. Carmen Zamora viajó desde Guatemala para reclamar los huesos de su madre y poder darles sepultura, pero esa vez, las autoridades decidieron que todavía no entregarían los huesos. Los familiares se quedaron con las cajas de entierro, una vigilia y tamales listos, pero sin sus muertos.

Consuelo.  La abogada del CPDH Claudia Interiano apoya a Dionisia Landaverde, cuyo esposo fue asesinado al inicio del conflicto civil.

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 Hoy ha sido  el primer día en que José Mariano Medina, de 58 años, llora por su novia de juventud, al menos eso dice. Cuando él era un adolescente y vivía con sus dos hermanos, tres muchachas se mudaron cerca de su casa. “Ay, Dios, pobrecito el papá de ellas, para dónde se vino a vivir. Los cipotes ya se las van a quitar”, recuerda que dijo una tía.

 “Ellas iban a traer agua al pozo donde nosotros íbamos. Santos se sentaba en una piedra y yo en la otra. Llenábamos el cántaro y luego nos íbamos”, recuerda José Mariano. Poco a poco, en cada viaje al pozo, la enamoró y se acompañaron. En 1980, cuando los dos  pasaban los 20 años, ya tenían dos hijos: uno recién nacido y otro de dos años.

Un mediodía de octubre de 1980 varias familias campesinas se habían reunido en una vivienda del caserío. Se sentían perseguidas por pertenecer a cooperativas para organizar y mejorar el trabajo de la tierra. Los niños se encontraban juntos. Unos comían y otros esperaban que sus mamás les llevaran los platos. Las mujeres estaban en la cocina preparando los alimentos cuando escucharon el primer disparo. Como pudieron, unos huyeron.

Teresa Jordán tenía cuatro años y no pudo huir. Su hermana de dos años y ella se tiraron a llorar sobre el cadáver de Elsa, su madre. “Yo no sé por qué los recuerdos se me grabaron tanto”, dice con molestia. “Cuando mi mamá iba con el plato de sopa saliendo de la puerta, ahí quedó. Yo la vi caer, la vi muerta, la vi llena de sangre, lloramos con mi hermana y lloramos encima de ella, chiquititas”, cuenta.

Teresa hace un balance de su infancia luego de la masacre. “Después de eso fue difícil porque quedamos las dos solas. Fuimos a dar al Hospital San Juan de Dios, después fuimos a dar a una casa hogar y de ahí fue bien difícil que mi abuela nos encontrara porque mi papá desapareció también. Mi abuela nos recuperó cuando ya teníamos seis meses de estar perdidas”, dice Teresa.

Ahora es una de las beneficiarias de un nuevo programa que ofrecerá ayuda gubernamental a víctimas del conflicto armado. Dice que recibirá una pequeña cantidad de dinero. “Son $15, o sea, indignante... pero no me voy a poner a pelear por eso. Nosotros hacemos lo que ellos nos dicen”, finaliza.

José Mariano, el hombre que dice que nunca lloró a su compañera de vida,  se encontraba a unos metros de la casa y pudo esconderse en un cerro cercano. A la mañana siguiente, recuerda él, regresaron para enterrar a sus familiares, entre ellos, Santos, la madre de sus hijos.

“En la mañana empezamos a buscar a la gente. Fuimos a hallar la tendalada, todos regados. Las muchachas de 15, 14 años fueron violadas ya muertas”, dice José Mariano, y parece que a su mente regresan imágenes que no quiere recordar porque aunque ha abierto la boca para seguir contando, calla. Después cambia el tema de conversación.

Juan Martínez vio las mismas escenas que Mariano. Tenía 40 años cuando sucedió la masacre y sus pasos eran más fuertes para entonces. Ahora, con la cabeza llena de canas, recuerda cómo entre seis personas enterraron a las víctimas de la masacre. Dos hombres se dedicaron a vigilar la zona y los otros cuatro usaron una carretilla para recoger los cadáveres de sus conocidos “porque ya dos adultos pesan”.

José Mariano fue parte del grupo de hombres que enterraron a las víctimas en una sola fosa común. “Echaba dos cuerpos a la carretilla y luego los vaciaba en el hoyo. Ya cuando había cuatro, me metía a ordenarlos, después otros cuatro, y así. Eché a mi esposa de último”, recuerda José.

La última muestra de su afecto es algo que ha sorprendido incluso a los médicos forenses. Santos tenía otra ropa limpia en ese lugar, aparte de la que tenía puesta. “Agarré los vestidos de ella y se los puse encima después de que la echamos al hoyo”. Por eso, en la caja de Exhumación 5 aparecen tres vestidos y los restos de una mujer.

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Cerca de las 5   de la tarde, cuando todos los huesos de la masacre de Las Canoas son colocados en cajas, se trasladan al lugar donde será la vigilia, el centro de usos múltiples de la colonia El Palmar. En la cama de un pick up se apilan las cajas de las 23 víctimas de Las Canoas. También se suben siete personas. “Sea como sea, al fin pudimos”, le dice Lorenzo Zamora a otro hombre mientras le da la  mano en señal de triunfo.

Traslado.  Al terminar el registro de todo lo que se encuentra dentro de las cajas de la exhumación, las osamentas son trasladadas hacia una vigilia.

Más tarde, las osamentas de los asesinados en Metapán y en Texistepeque son trasladas al mismo lugar. Las cajas de muerto son colocadas sobre un escenario y otra cinta amarilla separa a los familiares de las víctimas. Unos policías y fiscales vigilan que nadie toque o intente abrir las cajas para no contaminar la evidencia de la investigación.

Esos féretros, forrados de la misma forma con tela blanca, son más pequeños que los usuales. Se usan normalmente para enterrar a bebés y son los mismos que los familiares tenían listos desde hace años para inhumar a las víctimas de las masacres. Mientras los huesos de sus familiares se mantenían en cajas de cartón, los ataúdes vacíos permanecieron guardados en una bodega de la Alcaldía de Santa Ana.

A las 7 de la noche inicia una misa católica. El sacerdote lee los nombres de cada uno de los muertos. Los familiares se ponen de pie y dan un aplauso por cada nombre para luego gritar “¡Presente!” Teresa Jordán escucha el nombre de su mamá, dice “Presente” y levanta la barbilla.

Durante la madrugada los familiares dan testimonios de cómo escaparon de la masacre y cómo han vivido su luto. Otros cantan y otros luchan por no dormir en las sillas de plástico colocadas por todo el salón. A la mañana siguiente y después de otra misa, los dolientes cargan, al fin, las cajas fúnebres de sus parientes hacia el cementerio. Se crea un pequeño caos pues no hay suficientes voluntarios para cargar los ataúdes en una caminata de hora y media bajo el sol hacia el cementerio.

Nuevas voluntarias se ofrecen y comienza la caminata hacia el cementerio. Los féretros blancos son tantos que se reparten por toda la procesión. Un policía le llama la atención al grupo y le pide a los que cargan las cajas que caminen al frente de la comitiva. “Por si no sabían eso, es evidencia y es delicado”, dice un policía que está preocupado por asegurar la cadena de custodia de los restos, entendidos como pruebas.

Teresa se ha cambiado la camisa rosada por una negra con puntos blancos. Entra al cementerio cargando la caja de un pariente. La de su madre la lleva su tío. Colocan las cajas frente a un mausoleo hecho especialmente para estas osamentas. La PNC vuelve a colocar otra cinta amarilla para separar a los familiares. Como ya es reconocida como víctima de graves violaciones a derechos humanos, Teresa dice que recibirá en septiembre una indemnización que suma el monto de dos meses de ayuda estatal: $30.

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El Programa de Transferencia Monetaria  para víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado surge a partir del decreto presidencial 204 de 2013. Las finalidades de dicho decreto son cuatro: la rehabilitación de víctimas, su indemnización, medidas de dignificación y la garantía de que no volverán a suceder hechos similares.

Eduardo García, director de la organización enfocada en localizar niños desaparecidos durante el conflicto civil, Pro Búsqueda, dice: “Nos hubiera gustado más que eso hubiera sido una ley de la República, no un decreto ejecutivo”. Para García, no es concebible que exista una ley de beneficios de veteranos de guerra sin que exista una ley que regule el resarcimiento para las víctimas civiles.  

“Necesitamos una Asamblea Legislativa que se apropie de la causa de las víctimas, que entienda que las víctimas son esas que perdieron a sus hijos y que los victimarios son aquellos a los que les van a dar beneficio”, dice García, haciendo referencia a los excombatientes de la guerrilla y la Fuerza Armada.

El miércoles 31 de agosto el presidente Salvador Sánchez Cerén hizo el lanzamiento del programa. Rodeado de 2,200 personas, entre familiares y víctimas del conflicto armado, el presidente comentó que una madre beneficiaria le había dicho que  sigue sufriendo “pero con esperanza”. Sabemos que nada repara el dolor, sostuvo el mandatario, y luego agregó que cree que se necesita disponer de más recursos para el programa.

El presupuesto que se le ha asignado al programa es de $2 millones. Hasta ahora, hay 6,235 víctimas censadas a través del trabajo en conjunto de las organizaciones defensoras de derechos humanos y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), las cuales ejecutarán el programa. Pero de esas 6,000 víctimas, no todas han firmado el convenio en el que se especifica cuánto van a recibir. Algunos viven en lugares remotos y no han podido asistir a las convocatorias.

Las víctimas reconocidas por este programa están repartidas en 134 municipios del país. Los departamentos en los que más víctimas reconocidas hay son San Vicente, La Paz, Usulután y Chalatenango. El gerente de Desarrollo Social del FISDL, Rafael Artiga, explica que esos $2 millones no son exclusivamente para ser entregados a los beneficiarios del programa.

 “Ahí están los costos del levantamiento del censo, la actualización, los pagos a la financiera que nos va a hacer operativo el pago y (a) diferentes tipos de personas que se han contratado, los encuestadores, los digitadores, las personas que le van a dar seguimiento a que se esté ejecutando bien el programa”, asegura Artiga.

De acuerdo con los estándares de este programa, una víctima de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, si es mayor de 55 años, recibirá $50 mensuales, si es menor de 55 años, $15. Estas son las transferencias monetarias base. Si dentro de las familias existen niños menores de cinco años se les puede entregar hasta $20 más, o si en las familias de las personas víctimas hay niños en edad de educación básica, pueden recibir de $15 a $20 adicionales.

Claudia Interiano, abogada del CPDH, sostiene que los sobrevivientes de la masacre de Las Canoas son personas muy pobres para las que una pequeña cantidad monetaria es mejor que nada. “La mayoría son agricultores, mujeres que realizan oficios en el hogar y gente de avanzada edad que ya no puede ir a trabajar a la tierra”, dice Interiano. La abogada agrega que “aunque la gente es bien pobre y $15 no se los va dar fácilmente nadie, ese dinero pudo haberse invertido en un programa más integral de reparación que cumpliese los estándares internacionales”.

Por ejemplo, para otra masacre sucedida en el oriente de El Salvador, en el caserío El Mozote, La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó pagar al Estado salvadoreño $35,000 por cada víctima, $20,000 a los sobrevivientes y $10,000 a los familiares de las personas ejecutadas en dicha masacre.

Para Carolina Constanza, miembro del Consejo Directivo del Registro de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, en el contexto del conflicto armado, los montos del programa que anunció el presidente solo representan un primer paso para alcanzar mejores beneficios para las personas afectadas. Cuando habla de la ayuda, dice:  “No es suficiente para el daño que a ellos se les ha causado, pero vamos a ir trabajando para que en el transcurso del tiempo eso sea nivelado al derecho que las víctimas tienen”.

En el acto multitudinario del miércoles pasado hubo refrigerio para las más de 2,000 personas que se esperaban asistieran, hubo incluso una banda musical en directo y transporte para algunas de las víctimas. En el lanzamiento seguramente se gastaron más de los $15 que Teresa dice que puede aspirar a recibir cada mes como indemnización simbólica.


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Cierre.  Con el entierro de las víctimas de la masacre, los familiares esperan ganar un poco de paz. “Liberados ellos, liberados nosotros”, alcanzó a decir la madre de una de las víctimas.

El día de la sepultura  de las víctimas de la masacre y  una hora y media después de caminar bajo el sol, los familiares de las víctimas buscan una sombra desde la cual ver que el ataúd en el que ellos creen que está su familiar sea introducido en un pequeño mausoleo. En el cementerio, Gabriela Vega, la otra fiscal del caso, pide que entren al área acordonada solo cinco personas para empezar a colocar las cajas dentro de la tumba.

Entre los primeros cinco voluntarios para ordenar los féretros están José Mariano y Juan Martínez, los mismos que enterraron a sus conocidos de Las Canoas en una mañana de octubre. Hoy, frente a representantes de la PNC, de la FGR y de la Secretaría de Inclusión Social, hacen un esfuerzo y cargan los restos de las mismas personas –sus vecinos, familiares y amigos– que enterraron en una fosa común hace 35 años.

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