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Contra el miedo: transparencia

¿Estamos dispuestos a trabajar más años, cotizar más cada mes y jubilarnos a una edad mayor, para contar con una pensión digna? Y eso es solo para quienes ya estamos ahorrando para la vejez.
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¿Por qué hay tantas opiniones encontradas, rechazos y anticuerpos ante una reforma de pensiones de la que ni siquiera se conocen los detalles? Por eso mismo, por la falta de transparencia. El Ejecutivo ha venido anunciando, desde el cuarto año de gobierno de Mauricio Funes, que se impulsará una reforma integral al sistema de pensiones, pero a la fecha no ha habido una presentación pública de la misma.

De nuevo pasó el tiempo y, como en un rompecabezas incompleto, aparecían trozos de información, datos sueltos, declaraciones contradictorias. En el camino quedó una propuesta elaborada por la Superintendencia del Sistema Financiero y el Banco Central de Reserva, enfocada en mejorar la cobertura de las pensiones, la rentabilidad y su suficiencia.

Más adelante, declaraciones del ministro de Hacienda y del secretario técnico de la Presidencia agregaron ingredientes a la receta: se trataría de un sistema mixto en el que quienes ganen hasta dos salarios mínimos cotizarán con el Estado, y de ese monto hacia arriba, con las AFP en el sistema privado.

El rechazo a este planteamiento surgió de inmediato, con señalamientos de que se pretende volver a un sistema fracasado, que ya quebró en el pasado, con resquemor por la capacidad financiera del Estado, por sus aptitudes administrativas, y una crítica fuerte a que un esquema mixto únicamente vendría a resolver, en el papel, un problema contable del Estado, con una reducción artificial de la deuda pública.

El anuncio reciente de que la propuesta de reforma se llevará en los primeros meses del año a la Asamblea Legislativa, así, de zape y sin consulta previa, no ha hecho más que agudizar la oposición y las preocupaciones ante la misma. El Ejecutivo prometió que el tema se sometería a discusión y se tomarían en cuenta los insumos que los distintos sectores quisieran dar, ¿será que aún se puede esperar que cumpla su promesa?

Mientras, conviven de forma paralela dos grandes retos: por un lado, la necesidad del Estado de cubrir los más de $400 millones anuales que demanda el pago de las pensiones del antiguo sistema de reparto, que se quedó sin fondos en 2002, y que, desde 2006, se financia tomando prestado el dinero de los cotizantes del nuevo sistema, basado en cuentas individuales.

Por el otro, la necesidad de mejorar las condiciones del nuevo sistema. Acá se requiere una discusión seria y franca. ¿Estamos dispuestos a trabajar más años, cotizar más cada mes y jubilarnos a una edad mayor para contar con una pensión digna? Y eso es solo para quienes ya estamos ahorrando para la vejez. Falta cubrir a tres cuartas partes de los trabajadores, que están fuera del sistema previsional.

El reto es amplio: el desempleo, los bajos salarios y la informalidad no abonan a preparar el terreno para un país en el que, siguiendo la tendencia mundial, eventualmente dejará de haber más jóvenes que viejos. ¿Cómo se sostendrá el país en ese momento? ¿Cómo responderán los futuros gobiernos a este reto social y económico? ¿Qué estamos dispuestos a hacer hoy para desactivar esa bomba de tiempo?

Hasta hoy, ningún Gobierno ha dado pasos serios en esta vía. La actual administración tiene en sus manos una gran responsabilidad, una que requiere oídos atentos, mente abierta y la disposición a recibir todos los aportes, ideas y propuestas de solución que sean posibles. Y, junto a todo esto, requiere transparencia, requiere puertas abiertas y discusiones a viva voz, porque este es un problema de todos, que nos afectará a cada uno, tarde o temprano

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