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Crecimiento y equidad

El Salvador, por su parte, ha mostrado avances, aunque lentos y sostenidos, en su propia y particular lucha contra la inequidad, pese a tener un crecimiento económico bastante bajo.
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OPINIÓN (Desde acá)

De cuentos y cuentas

Los latinoamericanos solemos ver a Chile como el norte en nuestra brújula, sobre todo en lo que respecta a reformas económicas. A Chile le hemos tratado de seguir el paso, sin mucho éxito, en reformas estructurales que en su caso le han servido para mantener años y años de crecimiento económico acelerado.

Pero a Chile hay que verlo también como un ejemplo que derrumba paradigmas. Uno de ellos es que el crecimiento económico implica, per se, mayor equidad. Chile ha sido exitoso en impulsar políticas que trascienden a los cambios de gobierno, en tomar temas de país como eso y no como agendas de períodos en el poder, y en mantener apuestas básicas sin importar el color del gobierno en turno.

Sin embargo, la inequidad en este país modelo continúa siendo alta. El año pasado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) situó a Chile como el país, de sus 34 miembros, con mayor desigualdad de ingresos, y el cuarto con mayor proporción de pobres. El coeficiente de Gini, usado por la OCDE para medir la desigualdad de los ingresos, es del 0.5 en Chile, mientras que la media de los países miembros de la entidad es de 0.34. En esta medida, que va del cero al uno, el cero representa igualdad total de ingresos y el uno desigualdad total.

En el lado positivo, y según el mismo estudio, Chile ha sido la nación que más ha hecho por ir cerrando la brecha entre ricos y pobres en los años recientes. El Gobierno chileno, liderado durante un nuevo período por la presidenta Michelle Bachelet —con un primer mandato entre 2006 y 2010—, ha tomado como bandera una reducción aún mayor en esta desigualdad.

Las propuestas para conseguirla se han traducido en críticas para Bachelet aun dentro de su mismo partido. El año pasado lo dedicó al impulso de una reforma tributaria, que aumenta los impuestos, principalmente a las grandes compañías, de un 20 % a un 27 % en forma gradual. El objetivo es aumentar la recaudación en $8,300 millones.

Otra de las apuestas ha sido una reforma educativa, aprobada recién en enero de este año pero que estará vigente en marzo de 2016, con la que el Gobierno espera eliminar las desigualdades estructurales del sistema y proveer educación gratuita y de calidad. Para ello, se suprimen la selección de los estudiantes, los pagos parciales y los esquemas de lucro en las instituciones que reciben fondos públicos. El costo de estas reformas se cubrirá con $5,000 millones de la recaudación proyectada con la reforma tributaria.

El paquete incluye además una reforma electoral y cambios en la legislación en lo referente al aborto y a las uniones universales. Estos dos últimos temas han sido recibidos con cautela incluso por miembros de la coalición en el gobierno, por lo que el debate en el congreso promete ser largo y complicado.

El Salvador, por su parte, ha mostrado avances, aunque lentos y sostenidos, en su propia y particular lucha contra la inequidad, pese a tener un crecimiento económico bastante bajo —uno de los más bajos de América Latina durante los últimos años. El Banco Mundial consigna, por ejemplo, una reducción en el índice de Gini (el mismo coeficiente de Gini, pero expresado como porcentaje, multiplicado por 100) entre 2010 y 2012, al pasar de un 44.5 a un 41.8.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha registrado, a su vez, avances leves pero sostenidos en el desempeño del país en el Índice de Desarrollo Humano, pero a la vez llama la atención sobre la necesidad de nuevas políticas para acelerar la marcha, políticas que vayan más allá de la visión de corto plazo que suele caracterizar a nuestros gobiernos, políticas que le apuesten a mejorar las capacidades de las personas y las condiciones del mercado para ofrecerles mejores oportunidades.

Y es allí donde, ojalá, comencemos también a tomar el ejemplo de Chile y se comience a pensar, planificar, actuar y ejecutar más allá de los períodos en el poder y los calendarios electorales

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