De “mirreyes”, descuartizadores y justicias

La justicia es un chiste para los que gozan de prerrogativas por su posición social. El privilegio no es más que otro sinónimo de injusticia, una muy grande que funciona desde las instituciones, como la FGR.
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Las últimas semanas anduvo rondando un video en México, en este un grupo de alumnos del Instituto Cumbres, un colegio privado perteneciente a los Legionarios de Cristo, con un jaguar al lado (¿por qué no tener un animal salvaje como símbolo de máxima distinción?) entrevistaba a una serie de mujeres que necesitaban su aprobación. La sociedad, y sobre todo las mujeres, tiene que audicionar ante ellos. Este video que había sido llevado a cabo por los mismos jóvenes, no hacía más que demostrar cómo ellos ven su realidad. Lo triste es que quizás esta visión no sea distorsionada, sino que sea una mirada bastante real.

La figura del “mirrey”, nombre que se les da a los nuevos ricos ostentosos en México, toma cada vez más notoriedad. Este afán de mostrar y ejercer el poder, parece sí un poco de realeza y un poco de sal a las heridas dentro de nuestros países llenos de desigualdad.

Los escándalos de los consumos excesivos y el vanagloriarse de ello han llegado a la prensa internacional, sobre todo porque algunos tienen que ver con la familia del presidente Peña Nieto. Estuve pensando en las figuras de “mirrey” adaptadas a El Salvador. Quizás tengamos varias, recordé un par de videos de YouTube con cierto vehículo asociado a algún hijo de algún expresidente. Pero tristemente, esto me llevó a recordar que parece que tenemos cosas más graves que los excesos y su propia ostentación, como un presidente que se roba la ayuda internacional y tiene un arresto domiciliario, mientras tiene aún un proceso pendiente.

La justicia es un chiste para los que gozan de prerrogativas por su posición social. El privilegio no es más que otro sinónimo de injusticia, una muy grande que funciona desde las instituciones, como la Fiscalía General de la República (FGR).

En septiembre del año pasado, le sorprendía al país el caso de Rodrigo Chávez Palacios, quien había descuartizado a un hombre, cuyo cuerpo había sido encontrado en las cercanías de la colonia Lomas de San Francisco. El horror era más grande porque sorprendía cómo alguien de “bien”, con estudios y de una familia importante en la política podía haber cometido tal crimen.

Esta semana, supimos en qué terminó ese caso: un procedimiento abreviado que concluyó en una condena de 11 años, pese a que el implicado había confesado y habían suficientes pruebas que lo caracterizaban no como homicidio simple.

Lo que fue claramente un crimen premeditado le implicará a Rodrigo Chávez alrededor de un tercio de la condena a la que estaba condenada Manuela, quien tenía una condena de 30 años. Ella murió a los 33 años, encerrada en la cárcel, acusada de homicidio agravado, por la emergencia obstétrica que había sufrido. Esta emergencia tenía que ver con su situación de salud, estaba enferma de cáncer. Ella no es parte de Las 17, ella murió antes de esta campaña. Pero al igual que las otras 15 que no están libres, es un símbolo de la injusticia salvadoreña.

Parece que ser acusado de homicidio agravado es más probable si se es mujer, de escasos recursos, no se tienen pruebas contundentes y se ha tenido una emergencia, que si se es un hombre estudiado, que ha trabajado asociado a las grandes transnacionales y confiesa haber desmembrado a otra persona... ¿Queremos una sociedad que audicione ante esta aplicación de la justicia?

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