El ambiguo momento de los policías

La decisión de copar con policías de carrera los principales puestos de la seguridad pública ha despertado una preocupación porque se agudice el enfoque represivo que tuvo malos resultados el año pasado. Policías de calle, expertos y personajes de la sociedad civil temen que las exigencias de resultados por parte del presidente sean contraproducentes.
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Ramiro es policía desde hace siete años. Conoce luces y sombras de su labor como representante del Estado. De cómo vio morir a un compañero tras recibir balas que salieron de quién sabe dónde en medio de un operativo de rutina en uno de esos caminos difíciles en un municipio de Usulután. También de cómo un compañero descargó su arma en un pandillero que había decidido rendirse.



Él, con su uniforme azul, es parte de ese brazo armado del Estado que combate la delincuencia en el terreno. Le resultan tan significativas las palabras que el presidente Salvador Sánchez Cerén pronuncia este día, el 3 de febrero, en el Castillo de la Policial Nacional Civil, en San Salvador, solo días después de que el máximo dirigente de la corporación a la que Ramiro pertenece, Mauricio Ramírez Landaverde, fue nombrado ministro de Justicia y Seguridad Pública, un movimiento inédito desde los Acuerdos de Paz. El cargo estuvo en las manos de abogados, administradores de empresas e ingenieros agrónomos, pero nunca en las de un policía. En una condición inédita, también son policías el viceministro y el director y subdirector de la PNC.



Ramiro, en un día de licencia en su casa, escucha atento las palabras del presidente, quien promete más recursos para la institución, pues, dice, se está gestionando un préstamo de $100 millones en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para comprar más vehículos y mejorar la infraestructura de la PNC. En el mismo discurso, sin embargo, deja claro que no dejará espacio para la disidencia, y prácticamente ordena a su ministro y a su nuevo director de la PNC, Howard Cotto, recién juramentado, que inicien los procesos disciplinarios contra los policías que formaron parte de una protesta el 27 de enero, que llegó hasta Casa Presidencial. Exigían un bono que debían haber recibido en diciembre de 2015.

“Parece que hoy uno no se podrá quejar, y a veces las cosas no nos terminan de llegar”, dirá, en unos días, Ramiro a través de una llamada telefónica. Entre esas “cosas”, Ramiro incluirá desde un baño que funcione en el puesto de la PNC donde trabaja hasta la disponibilidad de municiones para su arma.

Ramiro es parte del brazo ejecutor de la seguridad pública en El Salvador, el país que en 2015 alcanzó la histórica tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ese país donde en el mismo período se registraron 415 enfrentamientos entre delincuentes y policías y que contabilizó siete en un solo día del nuevo año, el 30 de enero.

El Castillo de la Policía Nacional Civil en el centro de San Salvador, ahora parece estar de fiesta. Justo enfrente de sus instalaciones, casi una centena de agentes policiales viste sus mejores galas. Casi todos son mandos medios, y platican con orgullo de que sean miembros de la corporación quienes ahora copen los principales puestos de la seguridad pública.

Además de ser policías de carrera, los cuatro titulares de la seguridad pública comparten el hecho de haber sido parte activa de la guerra civil que asoló a El Salvador desde 1980 hasta 1992. El ministro Mauricio Ramírez Landaverde, su viceministro Luis Roberto Flores Hidalgo y el director de la PNC Howard Cotto lo hicieron como parte de la guerrilla, los dos primeros en las Fuerzas Populares de Liberación y el último en la Resistencia Nacional. Ramírez, a quien se le consultará para ahondar en esta etapa, asegurará que prefiere no hablar de ello, pues no es algo que "defina su trabajo posterior".

Baldemar Flores Murillo, por su lado, fue un militar activo durante la guerra civil. Fue incluido en la PNC gracias al acuerdo ejecutivo 221 del 12 de mayo de 1994, que daba de baja a 25 miembros de las Fuerzas Armadas con el fin de que pudieran incorporarse al nuevo cuerpo de seguridad, una auténtica ruptura con el espíritu de los Acuerdos de Paz, como lo sostiene el periodista Héctor Silva Ávalos en su libro “Infiltrados”.



A excepción de Luis Roberto Flores Hidalgo, que se incorporó a la institución en nuevo milenio tras pasar por el CAM durante la administración de Carlos Rivas Zamora (2003-2006), todos han estado en la institución desde la década de los 90, ocupando diversos puestos, incluso al frente de unidades especializadas.

Se diría que es la hora de los policías, aunque, quizá, no la de policías como Ramiro.



***

El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, es casi el vocero oficial del presidente de la República, el que da las entrevistas que el presidente no ha querido dar. En su amplio despacho en Casa Presidencial, luce su eterna sonrisa.

Comienza la plática asegurando que fue Sánchez Cerén quien tomó la decisión, en diciembre del año pasado, de que fuera un policía de carrera, “un experto en seguridad”, quien se convirtiera en el responsable de las políticas de seguridad pública en el país. Tal elección se hizo, al decir de varios de sus miembros, a espaldas del Concejo Nacional de Seguridad y Convivencia, instancia consultiva que aglutina a más de 80 miembros de diferentes sectores de la sociedad.

El 22 de enero, el día en que fueron juramentadas las nuevas autoridades, Sánchez Cerén justificó su decisión asegurando que responde a la necesidad de obtener resultados lo más rápido posible, aumentando la operatividad, lo que puede traducirse en una mayor intensidad en la represión. A decir de Eugenio Chicas, la estrategia no ha cambiado ni un ápice, y la que primó en 2015 fue una de combate frontal a la delincuencia.

Lo que Sánchez Cerén dijo el 22 de enero estaba como cargado de una amenaza: palabras más y palabras menos, adelantó que si los resultados no se obtienen, rodarán las cabezas de las nuevas autoridades de Seguridad Pública. Su secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, lo deja más claro.



—Aquí no valen los esfuerzos, aquí lo que vale es la meta que se va a perseguir y el resultado que se va a cumplir… los resultados no los estamos previendo para cuando San Juan baje el dedo –asegura.

Declaraciones como la anterior han llenado de zozobra a algunos miembros del Concejo Nacional de Seguridad y Convivencia, como el pastor evangélico Mario Vega. Para ellos, en un tema tan complejo como la violencia de uno de los países más violentos del mundo no se pueden esperar resultados rápidos, a corto plazo.

“A mayor presión de tiempo y a mayor exigencia de dar resultados hay mayor tentación de tomar medidas desesperadas y fuera de ley. Es una cuestión peligrosa. No digo que no se haga nada, pero lo que se haga se tiene que hacer con respeto a la ley y a los derechos humanos; si no, a la larga todos vamos a salir perdiendo”, opinará días después Mario Vega con respecto del caso específico de los brazos represores, en especial la Policía Nacional Civil.

En la ecuación también existe otro problema, según Marvin Reyes, dirigente del Movimiento de Trabajadores de la PNC y uno de los agentes a los que ya se les abrió un expediente disciplinario por la protesta del 27 de enero, quien hablará días más tarde a través de una entrevista telefónica.

Para él, se trata de una promesa “política y demagógica”, pues el policía de calle no tiene los recursos suficientes para cubrir el territorio con la intensidad con la que lo plantea el Gobierno. Además, dirá, se trataría de una medida accesoria si no se atacan las raíces profundas de la violencia: desigualdad, falta de oportunidades.

“Se hace más que todo para calmar a la población. Somos como bomberos, llegamos a apagar un fuego en un sector. Pero media vez nos salgamos y pasemos a otros sectores, los problemas seguirán”, comentará Reyes, quien también advertirá que los miembros de la institución podrían convertirse, como nunca antes, en carne de cañón ante los anuncios de mayor intensidad, aunque estos realmente no se traduzcan al terreno.

El policía añadirá que otros como él no se sienten representados en las figuras de Ramírez Landaverde y Howard Cotto, a pesar de que sean sus colegas, pues sus “necesidades siempre han estado en un segundo plano”, fuera de los presupuestos.

Eduardo Linares, actual gobernador de San Salvador y titular del Organismo de Inteligencia del Estado en parte del gobierno de Mauricio Funes, afirmará días después que parte de eso recae en que probablemente una de las deudas de Benito Lara, exministro de Justicia y Seguridad Pública, haya sido la de no tener una buena gestión del presupuesto, lo que se tradujo en una tras otra promesa no cumplida, como la compra de nuevos equipos para los policías.

Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, parece un prestidigitador de la palabra, colocando una frase hecha a la menor oportunidad, dándole brillo al discurso. Sin embargo, con lo dicho del énfasis en la velocidad de los resultados en materia de seguridad por parte del gobierno central, es necesario preguntarle al secretario Chicas sobre las metas planteadas y los resultados que serían aceptables.

Rápidamente responde de manera general que se busca, simplemente, bajar la criminalidad. Se le cuestiona sobre el indicador más visible, los homicidios, para lo que tampoco da una respuesta que lo comprometa. Dice que el objetivo es que sean “menos”.

—¿De dónde venimos? De un período muy grave en el país en la cintura del año anterior, entre junio y septiembre. Ayer tuvimos 19 homicidios y venimos de 52. Pero un homicidio podría haber y es un tema grave para el país –asegura el secretario.

Matiza, luego, su respuesta y sostiene que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén estará satisfecho cuando la población vuelva a confiar en las instituciones, que vuelva a creer en la “viabilidad del país”.

El secretario se refiere al papel que tendrá el nuevo ministro, Ramírez Landaverde, y su énfasis en la prevención, como está plasmado en el plan El Salvador Seguro y al contrario a lo que se esperaría de su formación policial.

Sin embargo, ante la pregunta de cómo se medirá la eficacia de los planes en esta dirección, contesta que tal medición comienza en “tener los recursos para llevarlos a cabo”, pues buena parte de ellos están incluidos en los $900 millones en bonos actualmente bloqueados en ausencia de un dictamen de la Sala de lo Constitucional. Recursos, por tanto, que no son seguros.

Añade que una alternativa es acabar con la evasión fiscal, que él mismo coloca en unos $2,100 millones, al tipificar el delito como uno merecedor de cárcel. Tema que, por su naturaleza, requerirá de una larga discusión. El plan que servirá como una solución del problema de la violencia en El Salvador, a decir de Chicas, se enfoca en la prevención, por tanto, es uno que todavía se encuentra desfinanciado.


***

Una de las primeras críticas que surgieron tras el nombramiento de Mauricio Ramírez Landaverde como ministro de Justicia y Seguridad fue que, al tratarse del exdirector de la PNC, solo se hacía una rotación de funcionarios, no un verdadero golpe de timón.

Para Mario Vega, miembro del Concejo Nacional de Seguridad y Convivencia, se trata de una decisión decepcionante pero lógica, pues el Gobierno no tenía muchas opciones si pretendía continuar con su filosofía, una en la “que se privilegia la represión”. Por lo tanto, colocar a una persona que ha sido partidaria y ejecutora de esa vía resultaba lo más cómodo.

“Creo que es una cuestión más de que el Gobierno, al continuar con esta filosofía, quiere hacer las cosas por su lado. Cuando se le pone énfasis a la represión, no se necesita a la sociedad”, dice.

Un ministro de Justicia y Seguridad está a cargo de un trabajo a todas luces complejo. Además de coordinar los dos brazos que persiguen el delito (la PNC y la Fuerza Armada), debe organizar las labores de prevención del gobierno central, en las que están involucrados diferentes actores, como las municipalidades. También es el encargado de los programas de reinserción, de atención a las víctimas, del fortalecimiento de las instituciones del Estado y de la conducción de aspectos como migración y extranjería vinculados al tema de seguridad.

Jeannette Aguilar, directora de IUDOP, expresa que el hecho de que el nuevo titular sea un policía de carrera aloja el riesgo de que las políticas de seguridad, que deben ser integrales, se dirijan a un enfoque con un énfasis, precisamente, policíaco y represivo, que en opinión de la académica ha tenido malos resultados cuando se ha utilizado con preeminencia sobre los demás ejes. Una preocupación que comparten algunos miembros del Concejo Nacional de Seguridad, como Mario Vega.

La académica pone como ejemplo a los fallidos “manodurismos” en las gestiones de los expresidentes Francisco Flores y Antonio Saca, donde se elevaron los homicidios de 6.21 diarios en 1999 hasta los 12.42 en 2009. Entre sus ejecutores como ministros resaltan los nombres de Conrado López Andreu (2003-2004) y René Figueroa. Este último aceptó, en una entrevista dada a LA PRENSA GRÁFICA al final de su gestión, que un enfoque que primara la represión estaba destinado al fracaso.

También utiliza el ejemplo más cercano, el de 2015, uno donde se privilegió la represión inmediatamente después de la tregua entre pandillas, proceso de pacificación que el gobierno de Mauricio Funes nunca terminó de asumir. Fue el año más violento de la posguerra, con más de 18 salvadoreños asesinados cada día.

El nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública, así como funcionarios como el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, ha restado peso a las dudas y opiniones como la anterior asegurando que la prevención también será un punto toral en su estrategia.

“Ahí donde se requiera mayor esfuerzo operativo hay que hacerlo, y donde las condiciones faciliten un mayor alcance de los planes preventivos, hay que hacerlos también”, comentó Ramírez Landaverde, utilizando las palabras “operatividad” y “represión” casi como sinónimos en las diferentes comparecencias públicas que ha hecho hasta hoy. El ministro, además, se ha comprometido a reestructurar el ministerio, con el objetivo de acabar con “la excesiva burocracia y la duplicidad de funciones” que ha encontrado en la entidad.

El actual director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, apoya la idea de que la reducción de homicidios no es una tarea exclusivamente policial, y recalca que parte de los esfuerzos para acabar con ellos deben ir hacia las bases sociales y económicas que generan la violencia. Eso sí, sostiene que el trabajo que ha hecho la institución que actualmente dirige es uno destacado, "que se ha cumplido con la misión", razón por la que el presidente decide confiarle a sus miembros los principales puestos de la Seguridad Pública.

Jeannette Aguilar, directora de IUDOP, advierte, sin embargo, de otro peligro del modelo, esta vez en el plano práctico, y es la posibilidad de que Ramírez Landaverde ponga por delante su perspectiva personal como policía y le sea complicado tomar decisiones difíciles con respecto de esta institución en particular.

“Es posible que surja ese sentido de corporativismo que es natural en este tipo de corporaciones y que eso le impida tomar decisiones necesarias”, comenta la académica. Eso lo apoya Geoff Thale, director de Programas en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), quien dice que es una deuda de la Policía y el ministerio reconocer, basados en diferentes pruebas, que han sido cometidas ejecuciones extrajudiciales por parte de sus miembros y que es necesario depurar a los responsables. El presidente Sánchez Cerén, en el discurso de nombramiento del 22 de enero, dijo que la nueva gestión sería una respetuosa de los derechos humanos, pero no ha dado ningún paso en esa dirección.

Ramiro, el policía de Usulután, matiza lo anterior y dice que las garantías, más bien, deberían estar de su lado, “no de los delincuentes”, y mira como un acierto el hecho que, desde el año pasado, un policía tenga más facilidades para usar su arma “en defensa propia”, sobre todo cuando está de servicio.

Como también lo piensa Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la PNC, Ramiro exige que se creen leyes que realmente los blinden, como que el hecho de matar “a un uniformado” corresponda un agravante, y que, por lo tanto, se persiga con “más ganas".

Jeannette Aguilar, del IUDOP, si bien no es optimista con respecto a la decisión de copar con policías los puestos principales de seguridad pública, acepta que una ventaja de la nueva formación podría ser la de darle un mayor apoyo a la Policía Nacional Civil (PNC), “una institución históricamente abandonada”.

Algo que se comprueba, sobre todo, en los sueldos dados a los agentes de nivel básico que, según la web de Transparencia, comienzan en $424.77. Pueden llegar a ganar $526 si alcanzan los 20 años de servicio. Un contraste con lo percibido por un ordenanza de la Asamblea Legislativa: $695 para el peor pagado, más que lo que puede llegar a ganar un sargento de la PNC. Howard Cotto sostiene, también, la posibilidad de un mayor apoyo como ministro de su excompañero.

“Comprender con exactitud cuál es el papel de la Policía, cuáles son los tropiezos que se han tenido, cuáles son los obstáculos que se han enfrentado… se entienden muy bien por parte de un jefe de la Policía. O qué esperamos nosotros de centros penales, qué esperamos de la Academia Nacional de Seguridad Pública, qué de la Fiscalía, qué de las instituciones que hacen prevención del delito, porque al final de lo que se trata es generar condiciones que le den eficacia a la Policía, a través de la relación con otras instancias, no solamente en el interior”, comentó, poniendo, sin decirlo, a la institución que dirige al frente de las políticas de seguridad pública.


***

Eduardo Linares es el actual gobernador de San Salvador, pero en una parte de la administración de Mauricio Funes se destacó como el titular del Organismo de Inteligencia del Estado. Por tanto, es una voz certificada para hablar de la nueva alineación de la seguridad pública, lo que hace gustoso ahora, justo después de que, en el Castillo de la Policía, Howard Cotto ha recibido el mando de la PNC.

Hace solo unos momentos, el presidente Sánchez Cerén volvió a remarcar su exigencia por conseguir resultados en el menor plazo posible. Linares aplaude a quien fue su comandante en la guerrilla, su mano firme para dar órdenes. “Te fijaste”, dice, “ya le dio la orden al director y al ministro para que saquen a los de la UMO que dejaron pasar a los policías que protestaban en Casa Presidencial”.

Sin embargo reconoce que cuando se trata de un problema como el de la seguridad pública, el presidente se equivoca al pedir resultados inmediatos.

“Por muchos esfuerzos que hagás, no ves resultados. No solo es un fenómeno complejo, sino que todo los días se le adhiere algo nuevo”, dice Linares.

Inmediatamente cambia la conversación y pone el foco en un aspecto que todavía no se ha tocado por las nuevas autoridades de Seguridad, que es el saneamiento de sus instituciones de los malos elementos y de las redes que el crimen organizado (incluso las pandillas) pudiera haber tejido en su interior.

“¿Qué tiene el Estado salvadoreño que lo haga diferente de México, que no pueda ser corrompible? El pisto empareja hasta las montañas. ¿Por qué no revisamos hasta donde está infiltrado el Estado sobre todo el aparato de seguridad? Es lo peor, porque corrés el riesgo de llegar a un punto en donde no sabés dónde termina el crimen y comienza el Estado”, dice el funcionario.

Esa necesidad de depuración será puesta de relieve, días más tarde, por Geoff Thale, director de Programas en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), quien ve, más allá de la profesión del nuevo ministro, al saneamiento del aparato de Justicia y Seguridad como uno de los puntos torales de la nueva administración encargada de la seguridad en uno de los países más violentos del mundo.

Para el norteamericano, resulta preocupante que al día de hoy no se haya retomado las investigaciones iniciadas en 2009 por la inspectora general de entonces, Zaira Navas, cuando se lograron establecer “conexiones cuando menos sospechosas” entre altos mandos de la PNC y el crimen organizado.

Reabrirlas, dirá Thale, significaría un excelente paso para el ministro Landaverde, tomando en cuenta que desde el año pasado la Inspectoría General ya no es una dependencia de la Policía, sino del propio ministerio.

Al esfuerzo, señalará el experto, deben sumarse las otras instancias que también se encargan de la punición del delito, como la Fiscalía y el Órgano Judicial, con el objetivo de combatir un elemento al que Thale ve como uno de los principales enemigos de la justicia en Latinoamérica: la impunidad.

“Que en un país se tenga la certidumbre de que al cometer un delito no se será castigado lógicamente aumentará la criminalidad. Son preocupantes los niveles de judicialización que presenta El Salvador, por ejemplo, en los homicidios (no superior al 5 %). Si bien esto no resolverá todos los problemas, me parece un punto esencial”, dirá Thale, con lo que arrojará parte de responsabilidad en entidades ajenas al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Thale, sin embargo, tiene confianza en que Ramírez Landaverde pueda tomar las decisiones correctas, pues dirá que hacia afuera proyecta una imagen de conciliación y honestidad.

Ahora, esta mañana de febrero, Eduardo Linares, el gobernador de San Salvador, también muestra esta misma confianza, mientras al Castillo de la Policía comienzan a quitarle las galas para volver a la normalidad. Por su parte, Ramiro, el policía de calle, mira desde su casa en Usulután un horizonte lleno de zozobra, esperando que futuras decisiones no lo terminen convirtiendo en carne de cañón.

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