El poder queda en familia

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ha nombrado canciller a su esposa, Rosario Murillo, y asesores a cuatro de sus hijos.
Enlace copiado
Una y otra vez. Ortega reformó la Constitución nicaragüense para permitirse la reelección continua, algo que sus opositores califican como un paso hacia una especie de dictadura.

Una y otra vez. Ortega reformó la Constitución nicaragüense para permitirse la reelección continua, algo que sus opositores califican como un paso hacia una especie de dictadura.

El poder queda en familia

El poder queda en familia

El poder queda en familia

El poder queda en familia

Enlace copiado
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, asistió a finales de enero a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en Costa Rica, acompañado de una comitiva familiar. Para el evento, el mandatario había nombrado a su mujer, Rosario Murillo, como “canciller en funciones de Nicaragua”, y a dos de sus hijas, Camila y Luciana, como asesoras presidenciales, mientras que el hijo mayor, Rafael, asistía con rango de ministro. Con este viaje familiar el mandatario, llamado comandante Ortega en Nicaragua, dejaba en evidencia a escala internacional una de sus prácticas comunes desde que regresó al poder en 2007, el nepotismo como política de Estado.

Desde que asumió la presidencia, tras casi dos décadas en la oposición, Ortega nombró a su esposa como vocera del Gobierno, a cargo del pomposo Consejo de Comunicación y Ciudadanía, cuyas funciones van desde el manejo de la publicidad estatal, el control de la información pública y los medios de comunicación, la administración del día a día del Estado (Murillo pone y quita ministros), el manejo de las campañas electorales del Frente Sandinista (el partido gobernante, dominado por la familia Ortega), la organización de los eventos públicos del presidente y el recibimiento de visitas oficiales extranjeras hasta el manejo de emergencias nacionales, como sucedió el pasado abril, cuando una serie de fuertes sismos sacudió al país. Con su nuevo nombramiento, la primera dama parece dispuesta a dictar hasta la política exterior de Nicaragua, en detrimento del canciller oficial, el sandinista Samuel Santos.

El mandatario nicaragüense cuenta con una lista de 24 asesores presidenciales, entre los que destaca –además de Luciana, Camila y Rafael– su hijo Laureano Ortega Murillo, asesor para inversiones y quien estuvo a cargo de contactar al empresario chino Wang Jing para negociar la concesión para la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua. Ha sido Laureano Ortega quien ha encabezado las delegaciones presidenciales a China y Rusia, dos de las potencias emergentes con las que Daniel Ortega coquetea. Rusia ha prometido a Nicaragua apoyo militar para combatir el narcotráfico, además de ayuda alimentaria y cooperación técnica.

Para los analistas, la decisión de Ortega de nombrar a esposa e hijos para cargos públicos, violando la Constitución y las leyes de probidad del país, se enmarca en una larga tradición de nepotismo que nació con la conquista española y que alcanzó su máxima expresión durante la dinastía somocista, cuando el poder se pasó, durante más de 40 años, de padre a hijo y se repartió entre hermanos.

“Es una práctica que se hereda desde la época colonial. Pedro Arias de Ávila, primer gobernador de Nicaragua, se las ingenió para que lo sucediera su yerno, Rodrigo de Contreras. El nepotismo era parte del sistema colonial”, explica el analista político Carlos Tünnermann. “El vicio del nepotismo forma parte de la cultura política nicaragüense, una cultura atrasada. Los mandatarios ven el poder como cosa patrimonialista, y no ven mal que se aprovechen de eso sus mismos parientes”, añade.

Con el nombramiento de sus hijos como asesores y de su esposa como vocera del Gobierno y como canciller, el presidente Ortega viola la Constitución de Nicaragua, recientemente reformada por él para permanecer en el poder indefinidamente. Azahalea Solís, experta en temas constitucionales, afirma que Ortega ha violado el artículo 130 de la Constitución, que establece que los funcionarios públicos, incluido el presidente, no pueden nombrar en cargos del Estado a sus familiares. Solís explica que Ortega, además, violó el artículo constitucional 138, que determina que el nombramiento de un ministro debe ser ratificado por la Asamblea Nacional, lo que en el caso de Murillo no ocurrió. “La de Ortega es como una monarquía feudal, absolutista”, dice Solís.

El diputado Eliseo Núñez, del opositor Partido Liberal Independiente, asegura que al nombrar a sus familiares Ortega también viola la Ley de Probidad de Funcionarios Públicos de Nicaragua, “que establece una prohibición expresa de que familiares de funcionarios tienen vedado ocupar cargos públicos”. “Parece que en Nicaragua estamos volviendo a parir una nueva dinastía. Ortega nos dice ‘Mi familia es la familia del poder’, por lo que se ve que aquí la sucesión familiar ya está muy encaminada. Esta es una reedición del somocismo”, critica el diputado.

Ortega controla la mayoría parlamentaria, por lo que es difícil que la oposición en la Asamblea Nacional pueda exigir una explicación por una política que deja el poder en familia. Lo que más preocupa a los analistas es la imagen internacional negativa que Ortega deja de Nicaragua. En la pasada cumbre de la CELAC el presidente nombró al independentista puertorriqueño Rubén Berríos como su representante en una reunión privada que mantendrían los presidentes, lo que hizo que el mandatario costarricense, Luis Guillermo Solís, diera por terminada la cumbre. A Berríos se le entregó un pasaporte nicaragüense y Ortega lo nombró como su asesor en “políticas internacionales en materia de descolonización”, violando las leyes de nacionalización nicaragüenses. “Quedó en evidencia frente a los presidentes de América Latina el nepotismo de Ortega y el hecho de que no respeta ninguna ley”, lamenta Tünnermann.

En la historia de Nicaragua ha habido al menos 72 intentos para construir una ruta que, al atravesar el país, uniera el océano Pacífico con el Mar Caribe. Todos los intentos fallaron rotundamente, pero a pesar de ese fracaso cada tanto los caudillos que han liderado este país centroamericano apelan al deseo de salir de la pobreza de su población y prometen la construcción de un canal interoceánico. El más reciente intento lo impulsa Ortega, quien con el apoyo del empresario chino Wang Jing inauguró el pasado 23 de diciembre lo que el Gobierno ha dado en llamar “las obras auxiliares” del “Gran Canal”, un gigantesco proyecto de $50,000 millones y rodeado de escepticismo y cuestionamientos.

La virtual construcción del canal ha sido la noticia de la década en Nicaragua. No solo porque está involucrado un empresario de una potencia con un crecimiento voraz, que aspira a ampliar su influencia en el mundo, sino porque el proyecto lo lidera un exguerrillero que luchó contra la dictadura somocista y aún mantiene un discurso incendiario contra el imperialismo, pero que entregó en 24 horas la concesión para la construcción del canal a Wang Jing, con amplios poderes para decidir sobre la gran extensión de tierra que afectarían las obras de construcción. Se verían afectadas al menos 20,000 personas, aunque organizaciones de derechos humanos y ambientales hablan hasta de 100,000, quienes deberían ser forzosamente movilizadas hasta otras zonas del país, y los terrenos que han cultivado y habitado durante décadas serían expropiados. El pasado 23 diciembre Ortega afirmó en una ceremonia especial en Managua que las expropiaciones comenzarán en el primer trimestre de 2015.

Este anuncio de que miles de campesinos podrían ser expropiados comenzó una movilización inédita en ese país, con miles de personas en el interior plantando cara a la empresa china HKND Group y a Ortega. Fueron los campesinos quienes iniciaron la llama de la indignación en un país aletargado, con una población cansada después de la guerra civil de los ochenta que dejó saldo de miles de muertos. Al grito de “¡Fuera, chinos, de Nicaragua!”, los campesinos organizaron manifestaciones, cercaron las principales vías de acceso a Managua y se enfrentaron valientemente a la policía y al ejército. El 23 de diciembre, sin embargo, Ortega ordenó una dura represión contra los manifestantes, lo que dejó saldo de más de 50 heridos y 33 detenidos.

Los campesinos apresados fueron liberados horas después, pero las autoridades se ensañaron con seis de los líderes de las manifestaciones, quienes estuvieron apresados por seis días en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en Managua, popularmente conocidas como El Chipote y tristemente célebres por denuncias de tortura. Organizaciones de derechos humanos de Nicaragua catalogaron la captura de esos campesinos como secuestro y denunciaron a la Policía Nacional, controlada directamente por Ortega, por mantenerlos presos de forma ilegal, ya que violaron la ley al no presentar cargos o una acusación formal contra ellos, 48 horas después de detenidos. Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), dijo que la represión desatada contra los campesinos de Nicaragua “tipifica a Ortega como un dictador”.

“Con Ortega forever” Con esta represión el presidente Ortega hace una demostración de fuerza que deja sentado un fuerte mensaje en Nicaragua: las decisiones del Gobierno no se discuten. Así, el proyecto del canal interoceánico se mantiene sin que se conozcan los estudios de impacto ambiental –una de las principales preocupaciones de los científicos y ambientalistas del país–, de viabilidad comercial y técnica. Se trata de un avance más en la medida que hace el mandatario del nivel de tolerancia en Nicaragua, un país acostumbrado a los caprichos de sus caudillos y a la violencia política que de tanto en tanto se aparece en las páginas de su historia.

Ortega repitió en 2014 los viejos vicios de la cultura política de Nicaragua, convirtiendo su administración en lo que el fallecido politólogo y gran conocedor de la historia de ese país Emilio Álvarez Montalván catalogó como una “dictadura refinada”. El mandatario, aprovechando el control que mantiene en el Parlamento, hizo reformar la Constitución, eliminando los candados legales que prohibían la reelección continua. La Asamblea Nacional, unicameral, confeccionó una Constitución a la medida de Ortega, que le permite reelegirse cuantas veces quiera, en una repetición de la etapa somocista, cuando las huestes del dictador clamaban: “Con Somoza forever”.

El retroceso en los logros democráticos que había alcanzado Nicaragua desde la transición de 1990, cuando Violeta Chamorro derrotó en las urnas a un todopoderoso Frente Sandinista, ha desembocado en una violencia política que mantiene tenso al país. El pasado 19 de julio, al regresar de la celebración del 35.º aniversario de la revolución popular sandinista, en Managua, dos caravanas de simpatizantes del Frente fueron atacadas a balazos. Hubo cinco muertos y más de 20 heridos. Durante las largas horas que duraron las investigaciones, y el posterior juicio contra los supuestos autores de la masacre, las autoridades no pudieron esclarecer el móvil del crimen, mientras que el proceso legal fue fuertemente cuestionado por medios de comunicación críticos con el Ejecutivo, defensores de derechos humanos y expertos en derecho penal.

Fue hasta inicios de diciembre que una voz oficial decidió hablar de la masacre. La presidenta de la Corte Suprema de Nicaragua, la magistrada Alba Luz Ramos, dijo a la revista de investigación Confidencial, de Managua, que los 12 campesinos condenados el pasado 11 de octubre por participar en la masacre “mataron por razones políticas”. Con ello, Ramos confirmaba que en ese país hay personas que se han armado de forma ilegal para hacer frente a las decisiones del Ejecutivo sandinista, lo que ha sido negado durante meses tanto por la Policía Nacional como por el ejército.

Ortega se perpetuó en el poder y logró el control total de todas las instituciones del Estado, mientras encendía las esperanzas de los nicaragüenses de salir de la miseria con la construcción de un canal interoceánico liderado por un empresario chino, el intento número 73 después de 72 fracasos rotundos

Tags:

  • rosario murillo
  • daniel ortega
  • poder
  • gobierno
  • nicaragua
  • nepotismo

Lee también

Comentarios

Newsletter