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El policía en Guatemala pasa hambre

Ser policía en Guatemala no es un trabajo envidiable: con un salario de $500 y 10 meses de entrenamiento, 35,000 agentes intentan ganarse la vida cada día en uno de los cinco países más violentos del mundo con la sombra de la corrupción en cada esquina.
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Las elecciones celebradas en septiembre pasado en la nación centroamericana desnudaron una realidad ya conocida por la población guatemalteca, pero agravada durante la celebración de los comicios: los policías no tienen dinero para nada.

Alrededor de 8,000 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron asignados a distintos puntos de Guatemala para vigilar los casi 3,000 centros de votación, en los comicios más reñidos desde que se implantó la democracia en 1986.

“Simplemente se les mandó sin un lugar a donde dormir y sin viáticos”, relató a Carmen Aída Ibarra, directora de la organización social y no lucrativa (ONG) Movimiento Pro Justicia, que desde 1999 lucha contra la impunidad y conoce a fondo la situación de seguridad en Guatemala.

Sopas instantáneas, bolsitas de frituras y tortillas fueron los alimentos que los agentes adquirieron, con sus propios recursos, para poder mitigar el hambre, según denunció esta organización no gubernamental.

La situación se repitió en los departamentos de San Marcos (suroeste), Petén (norte) y Chimaltenango (centro).

Las historias sobre las condiciones en las que trabajan las fuerzas de seguridad no son novedad en los medios locales, donde sobrevuelan constantemente los relatos de policías que pagan combustible de su bolsa para patrullar o historias similares.

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AGENTES DETENIDOS. En siete meses de 2015 fueron arrestados alrededor de 270 uniformados por cargos que van, desde el robo a un autobús de atletas hondureños con discapacidad que viajaban a Guatemala para participar en un evento deportivo, hasta cómplices de sicarios expertos en asesinar por encargo.

“La situación no es nueva. Ninguna autoridad se ha ocupado de crear mejores condiciones para los policías. Hay un maltrato de parte del Estado a estos servidores públicos”, explica Ibarra.

Fidel Domínguez, uno de esos 35,000 agentes que existen en el país centroamericano, no pone inconvenientes para hablar, siempre y cuando pueda identificarse con una variación de su nombre.

El policía, que vigila un barrio al este de la Ciudad de Guatemala y se aproxima a los 30 años, recibe, a cambio de jugarse la vida cada mes, un salario que ronda los $510, menos algunos descuentos. Ese es el monto establecido para un agente en el sótano de la escala de ingresos.

En la escuela de aprendizaje, los aspirantes a pertenecer a la Policía guatemalteca ganan menos de $110 mensuales y son preparados durante 10 meses antes de salir a patrullar un país de 15 millones de habitantes.

Los salarios resultan insuficientes en un cuerpo de seguridad donde la mayoría de sus agentes están casados y en una nación donde cada mujer tiene en promedio tres hijos, según cálculos oficiales del instituto de estadística de Guatemala.

Domínguez, con dos infantes, casi cumple con la regla, pero “si con ‘la parejita’ de niños ya me cuesta, imagínese con otro”, explica el policía, quien prefiere evitar hablar del estigma de la corrupción que rodea a su institución dentro de la sociedad.

El agente reconoce que cada mes hace “milagros” para poder pagar los gastos que conlleva una familia de cuatro personas con $500, “y eso es cuando no se atrasa el pago”, recuerda con cierta ironía.

Pro Justicia recalca que “numerosos agentes y oficiales han sido capturados por hechos criminales y otros tantos permanecen en la impunidad, pero hay muchos que trabajan honradamente, pasan hambre y penas, mientras ministros y jefes se enriquecen abusando del poder”.

En noviembre de 2014, una pareja de esposos policías, con cuatro hijos, decidió suicidarse en su hogar en el este del país, agobiados por las deudas, según su nota de despedida recogida por los medios locales, y respaldada por la versión de varios vecinos.

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UNA REFORMA PENDIENTE. La comisionada presidencial para la Reforma Policial, Adela Camacho, reconoció en su momento que dentro de los agentes de la Policía Nacional Civil “hay mucha deuda” con bancos y tarjetas de crédito.

La posibilidad de un mejor cuerpo de seguridad se ha ido resquebrajando con la falta de continuidad en su dirección y las constantes acusaciones de corrupción sobre sus altos mandos, una historia que se repite en el organismo de seguridad desde su creación en 1996, año en que se firmaron los Acuerdo de Paz que pudieron fin a 36 años de una sangrienta guerra interna.

En los últimos cuatro años, la institución ha tenido igual número directores y todo apunta a que el presidente del país, que tomará posesión el 14 de enero de 2016, seguramente relevará a las autoridades en Gobernación (Interior) y la Policía.

En los tribunales guatemaltecos hay al menos media docena de millonarias denuncias por corrupción que involucran a ambas instituciones, por delitos como sobrevaloración en compras, gastos innecesarios o sobornos.

Otros policías, como el inspector Álvaro Rossell Mérida Natareno, prefiere denunciar irregularidades a la población con su identificación verdadera, pese a las probables represalias en su contra.

Con un video divulgado a través de las redes sociales, Mérida Natareno aseguró que, por cumplir con sus funciones y llevar a cabo millonarios decomisos, fue perseguido internamente en la División de Protección a la Naturaleza de la PNC.

La historia de Guatemala tampoco ha sido aliada de la policía, con episodios negros como su responsabilidad en la quema de la embajada de España en Guatemala en 1980, donde murieron 37 personas, en una de los períodos más sangrientos del conflicto armado interno local (1960-1996).

En medio de la tormenta, y cuando el país vive el período político más convulso de las últimas dos décadas, la población ha empezado a cambiar la perspectiva del policía, generalmente identificado como un problema y no como una solución en caso de emergencia.

Entre abril y septiembre, Guatemala llevó a cabo una serie de manifestaciones multitudinarias en contra del entonces presidente del país Otto Pérez Molina, quien finalmente dimitió señalado de dirigir una estructura de corrupción en el ente recaudador de impuestos.

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POBLACIÓN SOLIDARIA CON LOS AGENTES. Las manifestaciones, que en algunos casos llegaron a rondar los 40,000 participantes, se registraron de manera pacífica y sin incidentes, en un país donde cada día son asesinadas 16 personas, una de las cinco tasas de homicidios más altas del planeta según datos internacionales.

Los mismos manifestantes empezaron a apoyar con bebidas y alimentos a los agentes de la Policía Nacional Civil, enviados en la mayoría de ocasiones a resguardar el orden durante largas jornadas bajo el sol.

Un grupo de “indignados” que se encadenó al Palacio Nacional de la Cultura, antigua sede del gobierno, también estrechó lazos de amistad con los mismos agentes, encargados a la vez de vigilarlos y garantizar su seguridad, según relató uno de los manifestantes.

Al paso de algunos días, los encadenados compartían la comida que la población les llevaba con una comisaría cercana.

El 2 de septiembre pasado, el día en que Pérez Molina dimitió finalmente, se hizo viral en las redes sociales una imagen donde un policía cuidaba el palacio mientras recibía una bebida por parte de una manifestante.

La misma situación se repitió para las elecciones celebradas el 6 de septiembre pasado en las que 7.5 millones de guatemaltecos fueron convocados a elegir unos 4,000 funcionarios para el período 2016-2020, incluidos presidente y vicepresidente.

“Algunos ciudadanos se organizaron para poder llevarles algo de comida” a los agentes del orden, explica Pro Justicia.

En las redes sociales la frase #ComidaParaElPoli se convirtió en tendencia en plenos comicios y, poco a poco, crecieron los ejemplos de solidaridad alrededor del país.

En Antigua Guatemala, un restaurante invitó a todos los agentes que llegaran a un almuerzo gratuito por su labor y muchos votantes presumieron con imágenes donde colaboraban con comida para agentes de la PNC.

“Por años se ha denunciado que los agentes no cuentan con instalaciones adecuadas e higiénicas para trabajar y vivir durante los turnos”, destaca Ibarra.

Sin embargo, esta vez, aparentemente los policías y su hambre han dejado de ser invisibles para la población, en el primer paso, quizás, de una reconciliación histórica.

“Ojalá fuera el inicio de una nueva interacción diferente entre la policía y la comunidad”, propone Ibarra

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