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Guatebuena

Este camino, el de la CICIG y la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, no empezó ayer; lleva ya más de 10 años. El origen inicial de la cruzada puede ubicarse en la investigación penal –lenta y dolorosa también– que siguió al asesinato del obispo Juan Gerardi en 1998.
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La semana pasada le pregunté a Iván Velásquez, el comisionado de la CICIG, si Guatemala estaba lista para que la comisión se retire del país. Su respuesta: “Yo creo que todavía no hay una fortaleza institucional como para soportar el Ministerio Público los embates de la reacción, de la respuesta que las estructuras criminales dan para tratar de no perder el campo de acción más o menos libre que tenían”. En corto: no, Guatemala aún no está lista para que se vaya la CICIG.

En la entrevista, el comisionado colombiano me reiteró lo que ya había dicho en pláticas previas con periodistas: La CICIG es una coraza que ha protegido la lenta, dolorosa, a veces disfuncional transformación de las instituciones guatemaltecas encargadas por la Constitución de combatir el crimen y la impunidad, sobre todo la del Ministerio Público (Fiscalía). Y a esa coraza se ha añadido, desde abril pasado, la respuesta ciudadana de indignación ante casos de corrupción que involucran al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Repito: al expresidente y a la exvicepresidenta. Hoy ambos están presos.

Velásquez cree que ambas corazas, la que ha proveído la CICIG y el fortalecimiento institucional cuyos resultados ha apoyado masivamente Guatemala en las calles, han ayudado a instalar en la psique nacional una conciencia ciudadana en la que la corrupción y la impunidad no admiten más explicación que la cárcel y la investigación criminal.

Este camino, el de la CICIG y la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, no empezó ayer; lleva ya más de 10 años. El origen inicial de la cruzada puede ubicarse en la investigación penal –lenta y dolorosa también– que siguió al asesinato del obispo Juan Gerardi en 1998.

Este proceso, que culminó con la condena de miembros del Estado Mayor Presidencial del expresidente Álvaro Arzú, abrió las puertas a algo que hasta entonces parecía inaudito en la Guatemala de posguerra –los Acuerdos de Paz se habían firmado dos años antes–: investigar a miembros de la inteligencia militar protegidos por las élites políticas y económicas a cuyos intereses han servido históricamente, pero ocurrió. Hubo muertos por ese proceso, investigadores y testigos exiliados… Pero ocurrió.

En su libro “El arte del asesinato político”, sobre el asesinato de Gerardi y la investigación posterior, el periodista Francisco Goldman dice: “Las estructuras militares y paramilitares se acostumbraron a trabajar con total impunidad… Y los gobiernos civiles no fueron capaces de desmantelarlos”. Lo mismo pasó con la Policía Nacional Civil de El Salvador y con su sistema judicial; esa es la tesis central de mi libro “Infiltrados”.

En Guatemala, decía, el juicio Gerardi puso en la cárcel a buena parte de los asesinos, y en el camino hizo más cosas: preparó a los abogados y fiscales que luego trabajarían de la mano de Claudia Paz y Paz en la primera parte de la reforma del Ministerio Público; empezó a crear algo de esa conciencia de la que habla Velásquez y que explotó en abril de 2015 por los casos de corrupción de Pérez Molina y Baldetti; y dejó al descubierto la cultura criminal de buena parte de la fuerza pública.

En El Salvador esa conciencia apenas y existe. Ocupada como está en ladrar a cualquiera que amenace su poder, la obtusa clase política, oficialismo y oposición incluida, viven de eso, de ladrar y marcar territorio (no es casual que, derogada la amnistía de 1993, todos los partidos políticos estén obsesionados con la otra resolución que emitió recién la Corte Suprema que elimina a los diputados suplentes y obliga a los propietarios a trabajar más).

¡Qué lejos queda Guatemala! Guatebuena si se la compara con el despropósito salvadoreño actual

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