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Iglesia enreda el acceso a la información de las víctimas

Miembros de comités de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, como las de la masacre de La Quesera, todavía no han podido acceder a los documentos referentes a su caso que custodia Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado. A pesar de que ya se cuenta con un sistema institucionalizado para llegar a la información, implementado tras la resolución de la Sala de lo Constitucional, se trata de uno que deja a los comités en un limbo procesal al no poseer personería jurídica. La Iglesia exige un trámite personal y que se compruebe la filiación con la víctima sobre la que se busca información.
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La Quesera.  Un mural con la figura del beato Óscar Romero decora el monumento en honor de las víctimas en ese cantón de San Agustín, Usulután, tras las exhumaciones de 2010.

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Lugareños.  Yessenia García descansa en su casa ubicada en el cantón La Limonera de Jiquilisco, junto a dos de sus familiares.

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La FGR de Martínez.  El 18 de octubre de 2013, la Fiscalía General de la República tomó parte del archivo de la ex Tutela Legal. Presuntamente la acción serviría para la apertura de casos.

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Los recuerdos.  Según la información del museo, estos son restos de ropa encontrados en la fosa del cantón Bolívar, parte de la masacre de La Quesera.

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Sobrevivientes.  Imágenes de miembros de una familia tomadas cerca de la época de la masacre de La Quesera. Casi una decena de sus familiares fueron asesinados.

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Sorpresivo.  El cierre de Tutela Legal, sin aviso previo, contó con un fuerte rechazo por los comités de víctimas, que decidieron no volver a trabajar con el arzobispado.

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Herida.  Un caso paralelo al del caso de daño ambiental de Baterías de El Salvador, donde sus exempleados demandan por lesiones, tendrá su audiencia este 26 de febrero.

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Yessenia García habla desde el corredor exterior de su casa, ubicada en el caserío La Limonera, en Jiquilisco, Usulután. Habla de días duros, en los que no tener fuerzas para correr representaba una sentencia de muerte. Tenía nueve años cuando, en octubre de 1981, un contingente de efectivos militares pertenecientes a los batallones Atlacatl y Atonal, Guardia Nacional, Defensa Civil, Quinta y Sexta brigadas de Infantería y Fuerza Aérea Salvadoreña realizaron un operativo de tierra arrasada en el que segaron la vida de 500 personas en los municipios de Jiquilisco, San Agustín y Berlín. A la suma de estos hechos se les conocería después como la masacre de La Quesera.

Yessenia recuerda la noche del horror. Más temprano, un pequeño pelotón de las fuerzas de seguridad del Estado recorrió las comunidades avisando del ataque, que iría dirigido a aquellos que permanecieran en las casas, pues serían considerados subversivos. Cientos de personas tomaron lo que pudieron y salieron de allí.

Ella, su padre, madre y hermanos tomaron el camino hacia la quebrada, cuando un conocido les avisó que se dirigían a su ejecución. Les aconsejó quedarse ahí, agazapados en el monte, mientras se hacía de día. Eso hicieron. A lo lejos, una marejada de disparos y gritos les confirmó que lo decidido fue lo más atinado. Cuando bajaron a la quebrada, ya con la luz del sol, decenas de cuerpos yacían sobre las piedras.

Testimonios parecidos al de Yessenia, así como material fotográfico y audiovisual, descansan documentados en las oficinas de Tutela de Derechos Humanos, la entidad con la que el arzobispado sustituyó a la fundada en 1982 por Arturo Rivera y Damas. Hasta ahora, según los pobladores organizados de ese sector, que continúan con su búsqueda de la justicia, no han recibido ningún documento o copia certificada de uno por parte de la Iglesia católica. Lo mismo ocurre con otros procesos emblemáticos de violaciones a derechos humanos durante la guerra, como las masacres de El Mozote o el Río Sumpul.

Esa es también la realidad de casos ocurridos en el nuevo milenio, como el de Baterías de El Salvador, que tiene como solicitantes de información a los miembros del comité ambiental de Sitio del Niño.



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Para llegar al cantón Linares, en el municipio de San Agustín, Usulután, es necesario vadear tres pequeños pasos de río y cruzar un camino donde el polvo es una presencia más que se extiende por unos 20 kilómetros. Este es el sitio escogido por los sobrevivientes de la masacre La Quesera para enterrar los restos encontrados en la primera exhumación realizada en el lugar, en 2004, gracias a la intervención de Tutela Legal del arzobispado, la institución fundada por Arturo Rivera y Damas para documentar los hechos del conflicto y dar acompañamiento a las víctimas.

Entonces, y en los 29 años que le precedieron, la institución eclesiástica se alzaba como una de sus más poderosas aliadas en la difícil tarea de levantar la voz por justicia. Ahora, sin embargo, las cosas son distintas. Desde el cierre de la oficina original en septiembre de 2013 por parte del arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, ocurrió lo que puede considerarse un divorcio entre las víctimas y la institución que antes las representaba.

A una hora del monumento a las víctimas de La Quesera, concretamente en la comunidad Nueva Esperanza de Jiquilisco, Valentina Pérez se sienta a una de las mesas de la casa parroquial. Si bien cuando ocurrió la masacre ella vivía en Chirilagua, San Miguel, ha acompañado el esfuerzo de las víctimas al menos desde 2000. En buena parte del trayecto también estuvo el sacerdote belga Pedro Declercq, fallecido en 2015. Su rostro decora uno de las paredes en este inmueble.

Valentina habla de lo traumático que fue para las víctimas ya no contar con la roca que sostuvo su anhelo por tanto tiempo, al menos en la manera en la que lo había hecho por casi tres décadas.

En El Salvador existe al menos una decena de comités de víctimas, en el que supervivientes y familiares de supervivientes de graves violaciones a los derechos humanos se encargan de mantener vivas la memoria de los hechos y la búsqueda de la justicia. Ninguno de los miembros de estos, la mayoría campesinos pobres y analfabetos, había escuchado apenas un rumor del cierre.

Tras dar varias versiones sobre su clausura, que incluyeron el argumento de que la oficina “ya no tenía razón” de ser en un contexto como el de El Salvador moderno, las víctimas temieron no volver a tener acceso a los documentos que, entre los más de 55,000 que posee la entidad, eran esenciales para su caso.

Escobar, tras varios días de polémica, anunció que crearía una nueva institución “que realizaría las mismas tareas” que la que un mes antes se había cerrado, a la que llamarían Tutela de Derechos Humanos, que contaría con personal nuevo. Paralelamente, los antiguos empleados de la institución lograron un financiamiento de la cooperación europea para continuar operando bajo otro nombre y montaron una nueva entidad, a la que llamaron Tutela Legal María Julia Hernández. Fueron los primeros en acercarse a las víctimas para ofrecerles su apoyo tras el cierre.

Las víctimas no se opusieron y confiaron sus casos a los abogados que los habían acompañado al menos desde 2003, como Ovidio González y Alejandro Díaz. La oficina de la Iglesia, con un nuevo grupo de abogados, hizo lo mismo tiempo después, pero las víctimas rechazaron la ayuda.

“La verdad es que nos sentimos traicionados. La búsqueda de la justicia para estas personas es una de las cosas más importantes de sus vidas, es un esfuerzo en el que han estado por tanto tiempo. No es fácil darle a alguien la confianza en un tema tan delicado como este, al menos no de la noche a la mañana. Lo vimos como si en la Iglesia ya no existiera un interés porque se busque justicia”, comenta Valentina.

Tutela Legal María Julia Hernández es, desde entonces, uno de los representantes legales de casos emblemáticos como el de El Mozote, el Sumpul, que ya cuentan con un proceso judicializado, y el de La Quesera, que todavía está en la fase de investigación fiscal. Según Valentina, la desconfianza en las instituciones es una marca común entre los miembros de los comités de víctimas. Han pasado tanto tiempo contracorriente que confiarle todo el proceso a la Fiscalía, que en el papel tiene el acceso pleno a los archivos de Tutela de Derechos Humanos, se les hace inconcebible.

Las víctimas esperan, si el proceso llega a judicializarse, contar con una querella lo suficientemente armada para defender sus intereses desde el ámbito privado. Tutela Legal María Julia Hernández opera, en la actualidad, con un presupuesto de unos $9,000 mensuales, gracias al aporte de cooperantes internacionales. Son querellantes en un total de ocho casos en hechos referentes al conflicto armado.

Tras el ofrecimiento de seguirlos apoyando con otro personal, según miembros de los comités de víctimas alrededor del país, la relación entre Tutela de Derechos Humanos y ellos estuvo constituida por un espeso manto de silencio, en el que la negativa a entregar documentos fue la norma. Luego vino el curioso proceso en el que Iglesia y comités se demandaron mutuamente ante la Sala de lo Constitucional.

La sala le dio la razón a la Iglesia, pero le encargó algunas obligaciones, como elaborar un inventario de la documentación y resguardar debidamente los materiales. También compartir el material si eso abona al esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos. Este último es el caso de la masacre de La Quesera.

Hasta el momento, lo único con lo que cuentan los miembros del comité de víctimas de La Quesera es con un inventario que les fue entregado en una reunión en la comunidad La Limonera de Jiquilisco, realizada en noviembre de 2016, con el presbítero Luis Coto Flores, el director de Tutela de Derechos Humanos. Esto ocurrió después de la solicitud de información entregada por Salvador García, uno de los supervivientes más longevos de la masacre. Fue asesorado por Tutela Legal María Julia Hernández, pues es analfabeta.

En el resumen recibido se les enumera, en líneas generales, la información con la que se cuenta hasta ahora, pero se les advierte que aún no se ha localizado toda la documentación. En lo encontrado solo está lo referente a lo ocurrido después de las exhumaciones de 2004. No hay rastro aún de lo recabado en los años ochenta. Les dijeron que debían esperar un poco más.

Algunos miembros del comité, como María Dolores García, se muestran confiados en que algún día llegarán esos documentos a sus manos. Valentina Pérez, por su parte, no es tan optimista.

La lista tiene como objetivo que, ahora, los miembros realicen peticiones personales, en las que deben demostrar su filiación con las víctimas sobre las que se pedirá información. No pueden, por tanto, hacer peticiones colectivas. Este comité de víctimas, como el resto de los que existen en el país, no cuenta siquiera con personería jurídica. Algunos de sus miembros, como Salvador García, no pueden leer ni escribir.

Alejandro Díaz, uno de los abogados de Tutela Legal María Julia Hernández, aseguró hace unos días que, como entidad representante legal de los comités de víctimas, se les han cerrado las puertas para poder hacer una petición colectiva de la información. Hasta ahora, a ninguno de sus representados les ha sido entregada una sola copia de un documento.


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Tutela de Derechos Humanos solo contó con un departamento de atención al usuario hasta después de mayo de 2016, tras la resolución de la sala. A pesar de que dentro de la entidad afirman que siempre estuvieron abiertos a compartir la documentación, la ausencia de este espacio y los testimonios de miembros de comités de víctimas contradicen esta postura.

Según Celina Morán, encargada de esa oficina, debido a la resolución de la Sala de lo Constitucional, Tutela de Derechos Humanos ahora cuenta con un proceso un poco más selectivo para entregar copias certificadas de la información. Este está basado, afirma la profesional, en el que se implementa en el gubernamental Instituto de Acceso a la Información Pública.

Sin embargo, en el caso de la entidad es necesario que se demuestre, previamente, la titularidad que el solicitante tiene sobre el documento pedido. En pocas palabras, no se entregará más que personas relacionadas con la víctima sobre la que, específicamente, se habla en el documento. Por lo tanto, según la normativa de la institución, los esfuerzos de colectivos están en una especie de limbo procesal, pues estos ni siquiera cuentan con personería jurídica.

Una vez solventado este paso, la petición pasa al centro de documentación Arturo Rivera y Damas, donde se localiza el material. Si se encuentra, se informa al interesado y, posteriormente, se le entrega la información. En el reglamento no se establecen períodos de entrega, pues el archivo funciona, según Morán, por orden de llegada y dependiendo de que lo solicitado se encuentre entre los documentos ya inventariados por la entidad.

La Sala de lo Constitucional le dio a la Iglesia católica la potestad de no entregar documentos originales. Por lo mismo, se ha decidido, como lo notarialmente viable para todos los casos, que solo se expidan copias certificadas por la firma del director de Tutela, Luis Coto, y un notario.

Hasta ahora, la mayoría de peticiones no ha estado relacionada con procesos judiciales, a pesar de que la derogación de la Ley de Amnistía ha abierto un nuevo panorama en torno de este tipo de casos. Incluso el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, anunció que se ha creado una unidad especial dentro de la FGR para que se ocupe de estos procesos. Actualmente está integrada por la claramente insuficiente cantidad de cuatro fiscales.

Gran parte de lo entregado tiene que ver con familiares de víctimas que han querido regularizar la situación de un inmueble o una propiedad, y un documento entregado por Tutela de Derechos Humanos les ha sido de gran ayuda al certificar que ese pariente ha muerto o lleva años desaparecido. En otros casos, por ejemplo, se han extendido copias simples, pues quien lo busca solo quiere saber qué pasó. Pone el ejemplo de una ciudadana cuya madre estaba a punto de morir y, como última voluntad, quiso saber qué ocurrió con su hijo desaparecido durante la guerra.

Los encargados de Tutela de Derechos Humanos afirman que están en toda la disposición de resolver en temas como el de La Quesera y que solo están a la espera de una nueva solicitud, una más en una larga tradición de esperas.


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Si bien Tutela Legal del arzobispado se especializó en casos del conflicto armado gracias a su invaluable archivo, tomó parte en casos que claramente también representaron graves violaciones a los derechos humanos en el nuevo milenio. Entre ellos está el proceso de contaminación ambiental de la fábrica de Baterías de El Salvador, iniciado en 2007 y que aún hoy continúa vivo después de que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió aceptar una solicitud de casación del juicio.

Mario Blanco es uno de los miembros del comité ambiental de Sitio del Niño que todavía continúa trabajando en el caso, que es llevado en la actualidad, como querellante adhesivo, por Tutela Legal María Julia Hernández. Él fue uno de los primeros que exigieron la facilitación de documentos por parte de Tutela de Derechos Humanos, apenas días después de la resolución de la Sala de lo Constitucional.

La carta ingresó el 6 de julio de 2016. Recibió una respuesta 19 días después, por parte del director de la entidad, Luis Coto, en la que la petición, que en esa ocasión se trató de la entrega de todos los originales proporcionados por el propio comité a Tutela en su momento, fue rechazada y se sugirió apegarse al reglamento de la entidad, que exige que cada titularidad sea comprobada mediante el artículo 5 y siguientes del reglamento del Centro de Documentación Arturo Rivera y Damas, sin explicársele en el escrito cuáles son esos puntos.

A Blanco la respuesta lo dejó disconforme, pero todavía está apegada a derecho. Si bien la documentación les pertenece, deben demostrar su titularidad. Sin embargo, lo que a Blanco más preocupa no es lo anterior, sino algo ocurrido el 18 de octubre de 2013, cuando la Fiscalía, con el entonces titular Luis Martínez participando personalmente, allanó la oficina de la ex Tutela Legal para secuestrar documentación para que, presuntamente, sirviera como base en futuros procesos. Eso duró una semana. El material fue devuelto.

A Blanco lo que le preocupa es que se pudiera sustraer información sensible. Algo que no está tan lejos de lo que posiblemente ocurrió, pues no estuvo regulado por personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, como lo marcan procesos de esa naturaleza, lo que fue denunciado por el propio titular de la PDDH, David Morales, en su oportunidad.

Según dos exempleados de la Fiscalía General de la República que estuvieron cerca de ese proceso y que pidieron anonimato para hablar sobre la situación, se trató de una “actuación extraña”, pues ningún documento fue tomado para adherirse a un caso ya abierto o para servir de base para nuevas investigaciones.

“Pudo haber sido un manejo mediático de la situación, algo como para dar a entender que se estaba trabajando en ese tipo de casos. Pero cabe la posibilidad de que lo devuelto a Tutela Legal no sea todo lo que se recogió en un principio”, aseguró uno de los exempleados sobre la acción de su antiguo jefe, uno que ahora enfrenta una acusación por los delitos de fraude procesal y omisión en la investigación.

El mismo personaje que, un año después, se reuniría con el comité ambiental de Sitio del Niño. En esa fecha, Mario Blanco y sus demás colegas fueron convocados de manera expresa por el exfuncionario. Llegaron a la espera de buenas noticias, pero la realidad los golpeó como una pared, según relatan los seis miembros del comité. Les dijo que desistieran de sus intentos de solicitar una casación para el caso, que era uno que estaba perdido.

“Nos dijo que como pobres, nunca le íbamos a ganar a los ricos, que era mejor no desgastarse. Eso nos dijo ese hombre, que se suponía ocupaba un puesto para defendernos”, comenta Blanco.

Ahora las cosas no han terminado de cuajar, a pesar de que se ha ordenado que el juicio se reabra. Según Blanco, no tienen idea de cuándo se podría programar una audiencia inicial, que se ventilará en el juzgado primero de Sentencia de San Salvador, y no han tenido acercamientos por parte de la FGR.

Para este necesitarán algunos documentos, en los que se incluyen estudios ambientales y exámenes médicos realizados más recientemente, que no fueron incorporados al anterior juicio que llegó a su fin en enero de 2013 con la absolución de los acusados. Por lo mismo, no existen respaldos en el proceso judicial ya abierto más que los que están dentro de Tutela Legal de Derechos Humanos.

Y el foco de la tragedia, que para Mario es un punto cotidiano de su día, pues su hogar se ubica a unos 30 metros de las instalaciones de lo que fue Baterías de El Salvador, todavía es un espacio latente de contaminación. La escoria que ha quedado alojada, dicen técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) consultados por LA PRENSA GRÁFICA, no podrá ser retirada del sitio al menos en los próximos dos años.


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Las flores colocadas en la última conmemoración de la masacre de La Quesera lucen ya secas sobre la caja azul de cemento en la que reposan los restos que fueron exhumados en 2004. Santos Flores, el delegado para cuidar el terreno en el que se erigió el monumento con forma de ave, afirma que es poco el flujo de personas que llegan para conocer la historia.

“Solo un grupo de gringos”, dice, vino hasta el sitio en diciembre. El resto de visitantes son los familiares de las víctimas de la masacre, los mismos que colocaron las flores que ahora yacen secas. Al fondo del terreno, una casa de un piso y techo a dos aguas sirve como un pequeño museo, en el que el objeto más impactante son las ropas de personas desaparecidas encontradas en la tierra. Ahí está la de una niña, una falda que posiblemente antes era del color del fuego, pero ahora tiene el de la tierra.

En las paredes, por otro lado, están los nombres de los encontrados, ordenados por familia. El resto de la decoración son fotografías de las excavaciones, de esos esfuerzos por sacar de la tierra a aquellos que fueron víctimas de la violencia del Estado.

Ahí se para de contar. No hay otros elementos, como fotografías de la época, que puedan dar una idea de la magnitud de un dolor que se espera nunca se vuelva a repetir. Esos descansan en las oficinas de Tutela Legal de Derechos Humanos, lejos ahora de aquellos que lo perdieron todo y que buscan justicia.

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