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Inicia la resistencia

La concepción peyorativa hacia los extranjeros, que se intensificó en los años veinte tras el fin de la Primera Guerra Mundial con la llegada masiva de los centroeuropeos, no ha hecho sino crecer como levadura.
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En Washington, D. C., hay alrededor de 25,000 personas que están enfrentándose a un proceso de deportación. La información estimada por el ayuntamiento de la cuidad refiere a la gente que vivió a la sombra de las autoridades migratorias, hasta que fue identificada bajo el despectivo término de “ilegal”. Ellas, quienes están asistiendo a cortes y a otros citatorios para definir su estadía en esta “tierra de libertades”, ahora están en medio de un enfrentamiento entre dos bandos con intereses claros.

El primero, integrado por el poder ejecutivo que acaba de ser renovado, planea seguir en pie con la promesa estandarte de campaña: deportar a todo inmigrante que no tenga avales legales para estar en el país. Su polémico rostro, el nuevo presidente que tomó el poder hace apenas dos días –el viernes 20 de enero–, ha dicho en diferentes conferencias de prensa que no se detendrá. Si solo de sus decisiones dependiera, con mucha probabilidad esos 25,000 migrantes estarían condenados desde ya a volver a las realidades por las que salieron huyendo de sus países, entre ellos El Salvador.

La resistencia está conformada por el gobierno municipal del Distrito Central (D. C.) y las organizaciones que apoyan a los migrantes indocumentados con servicios legales. Su vocera, la alcaldesa Muriel Bowser, ha prometido hacer frente a las acciones repelentes que salgan de la Casa Blanca. Durante la segunda semana de enero, Bowser aseguró estar dispuesta a destinar varios millones de dólares para crear un fondo que garantice que estas personas en peligro de deportación tengan una buena defensa y asesoría legal que les permita quedarse.

Es imposible negar que muchas de estas personas en proceso de deportación han cometido faltas que las pusieron bajo el lente de las autoridades migratorias. Sin embargo, un buen número de ellas –y me atrevería a especular que la mayoría– ha sido víctima de redadas y denuncias injustificadas, ya que no han hecho más que aportar su fuerza laboral a este país y dinero para sus familias en sus países de origen. Esta gente, integrada también por compatriotas, merece todo el apoyo que, desde la ley, se les pueda dar. Es inhumano que migrar siga considerándose un crimen.

Hay que recordar que la migración está arraigada en la médula de la historia estadounidense. Desde los ingleses colonizadores, este país ha estado compuesto por grupos de migrantes. Aun así, la concepción peyorativa hacia los extranjeros, que se intensificó en los años veinte tras el fin de la Primera Guerra Mundial con la llegada masiva de los centroeuropeos, no ha hecho sino crecer como levadura. Y como los migrantes contemporáneos, a través de medios legales o sin ellos, ahora somos de ese tercer mundo que representa (en buena parte) Latinoamérica, está claro que esa visión no mejorará, menos ante un presidente que nos ha dejado claro su desagrado.

La administración de Obama tampoco representó un oasis para los migrantes indocumentados. Pero, si las deportaciones aumentaron en ese período en el que el discurso oficial era conciliador y a favor de la igualdad y dignidad humana, ¿qué podríamos esperar ahora que el discurso impuesto promueve la violencia y el desprecio hacia grupos considerados “inferiores”?

Por fortuna, a D. C. se suman otras ciudades en estados como Los Ángeles, Chicago, San Francisco y Nueva York. De momento, la alcaldía ha destinado medio millón de dólares para robustecer a las organizaciones que velan por los derechos de migrantes. Queda esperar que estas iniciativas consigan tratos y juicios dignos, y que impidan que inicie una cacería de brujas desalmada en contra de gente trabajadora.

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