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Investigador policial: “Estamos ahogados”

Los investigadores policiales cargan con el peso de resolver de la mano de la Fiscalía los casos delictivos del país, aún sin que todos hayan recibido la capacitación formal necesaria ni garantías de seguridad para realizar su trabajo.
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Deuda de formación.  Aunque Centroamérica es un corredor para el narcotráfico, de acuerdo con los registros de la ANSP, solo 29 personas han sido capacitadas en el Curso de especialización de investigación de drogas y crimen organizado transnacional.

Deuda de formación. Aunque Centroamérica es un corredor para el narcotráfico, de acuerdo con los registros de la ANSP, solo 29 personas han sido capacitadas en el Curso de especialización de investigación de drogas y crimen organizado transnacional.

Delitos.  Entre enero y agosto de 2016, la sumatoria oficial de delitos denunciados por la población fue de 35,228.

Delitos. Entre enero y agosto de 2016, la sumatoria oficial de delitos denunciados por la población fue de 35,228.

Extorsiones  Del total de denuncias puestas ante la PNC entre enero y agosto de 2016, 1,498 fueron por el cobro de “la renta” o extorsión.

Extorsiones Del total de denuncias puestas ante la PNC entre enero y agosto de 2016, 1,498 fueron por el cobro de “la renta” o extorsión.

Carga laboral Un investigador de delitos patrimoniales cuenta que puede llegar a acumular hasta 300 casos asignados.

Carga laboral Un investigador de delitos patrimoniales cuenta que puede llegar a acumular hasta 300 casos asignados.

Formación.  El curso básico dura cinco meses y se imparte todos los años. Ahí se gradúan promociones de investigadores de alrededor de 30 personas.

Formación. El curso básico dura cinco meses y se imparte todos los años. Ahí se gradúan promociones de investigadores de alrededor de 30 personas.

Especializaciones  El último curso para investigadores con especialización en homicidios fue impartido en abril de 2014.

Especializaciones El último curso para investigadores con especialización en homicidios fue impartido en abril de 2014.

Investigador policial: “Estamos ahogados”

Investigador policial: “Estamos ahogados”

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Fotografías de Archivo

Los investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) son los encargados de recabar, al lado de la Fiscalía General de la República (FGR), la información necesaria para reconstruir un caso. Ellos son parte de la base sobre la que se sostienen las condenas. Ellos intentan pasar desapercibidos entre la población. En la mayoría de casos no usan uniforme. Tampoco se transportan en patrullas.

La Policía Nacional Civil está compuesta por alrededor de 23,000 policías. De esos, oficialmente 1,271 pertenecen a la Subdirección de Investigaciones. Pero, en el territorio, explican las autoridades de la PNC, hay 3,000 personas (como analistas y personal administrativo además de los investigadores) trabajando para lograr resolver delitos.

Cuando una persona se gradúa como agente policial de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) aún no cuenta con las herramientas necesarias para convertirse en investigador. Para ello, debe asistir a un curso especial de formación básica que dura cinco meses. De completarlo, el policía pasa a formar parte de la Subdirección de Investigaciones.

El presupuesto de la ANSP para este año fue de $12 millones con $113,000. De esa cantidad, el 40 % está destinado para la formación de alumnos de nivel básico, cursos de ascenso y de especialización. El presupuesto específico para la formación este año fue de $4,954,200 y el año pasado sobrepasaba los $5 millones. Durante 2016, la academia contó con $200,000 menos para formar policías y especializar investigadores.

En la ANSP una persona que tenga el cargo de ordenanza II tendrá un salario de $459 y un motorista, $521. Estos, aunque no son salarios altos, son incluso mayores que de cualquier policía recién graduado en un país que por años se coronó como el más violento de la región.

En los últimos cuatro años se han impartido siete cursos básicos de investigación criminal con los que se ha formado a 213 policías.

En el plano de lo ideal, con el tiempo, estos investigadores recibirán formación para especializarse en un área específica. Sin embargo, la PNC tiene problemas para poder brindar las herramientas de formación necesaria a todo su personal. Los cursos de especialización que se brindan para investigadores solo se le imparten a un número reducido de servidores públicos.

A la Oficina de Información y Respuesta de la ANSP se le pidió un listado de todos los cursos en temáticas de investigación realizados para investigadores en sus puestos de trabajo. Es decir, capacitaciones en las que el policía se mantiene en su oficina y ahí es actualizado sobre algunos temas. La lista entregada por la institución menciona que recoge todos los cursos de ese tipo brindados entre junio de 2009 y noviembre de 2016, pero solo hay registros de 55 cursos impartidos en 2011. Esos cursos duraron cinco días cada uno.

Aunque Centroamérica es un corredor para los narcotraficantes que transitan hacia Estados Unidos con sustancias ilegales, de acuerdo con los registros brindados por la ANSP a través de su Oficina de Información y Respuesta (OIR), solo 29 personas han sido capacitadas en el Curso especializado de investigación de drogas y crimen organizado transnacional.

Entre enero y agosto de 2016, la sumatoria oficial de delitos que procesó el departamento de Información y Estadísticas Policiales fue de 35,228. De ese número 1,498 fueron denuncias interpuestas por personas que estaban siendo extorsionadas. Un investigador cuenta que por semana trabaja hasta 20 casos de extorsión simultáneamente. La persona encargada de realizar este trabajo puede negociar con los extorsionistas la cantidad monetaria que le exigen a una víctima haciéndose pasar por su esposo o hijo. Los investigadores del área de extorsiones también se encargan de tomar fotografías o incluso hacer entregas de dinero controladas para averiguar quiénes son los que están exigiendo dinero bajo amenazas a una víctima.

Por otro lado, un investigador de delitos patrimoniales encargado de encontrar a los culpables de hurtos, robos y estafas, puede llegar a acumular hasta 300 casos asignados. En el caso de los homicidios es distinto. Por ejemplo, un investigador de una zona sin mucha violencia, como Morazán, puede llegar a tener a su cargo la investigación de cinco o seis homicidios al mismo tiempo. En cambio, en departamentos como San Salvador, en el que el año pasado se registraron 2,153 homicidios, un investigador habla de hasta 200 casos acumulados.

En este marco, hay investigadores que nunca tomaron el curso básico de investigación de la ANSP. Ese curso se organiza en cuatro ejes de formación: jurídica, criminalística, humanística y técnico policial. En él se estudian desde las leyes especiales hasta cuál es la mejor posición para realizar un tiro en campo abierto. En las clases también se forma a los aspirantes a investigadores en procedimientos de diligencias policiales como redacción de actas.

El curso básico dura cinco meses y se imparte todos los años. Ahí se gradúan promociones de investigadores de alrededor de 30 personas. Y aunque la Policía ha suscrito una política institucional de equidad de género, en 2015 se graduaron 63 investigadores pero, solo cuatro eran mujeres.

Los cursos de especialización en algunas temáticas no se dan con tanta regularidad. En la ANSP solo se ha impartido un curso de investigación de lavado de dinero en el que fueron capacitadas 27 personas, de acuerdo con los registros brindados por la institución. Y aunque actualmente en El Salvador cada día se registran, en promedio, una docena de asesinatos, el último curso para investigadores con especialización en homicidios que brindó la Academia Nacional de Seguridad Pública fue impartido en el 2014.

Sumado a eso, la ANSP solo ha formado a una promoción de 34 estudiantes con el curso especializado de “técnicas de investigación en la escena del crimen” y fue durante 2012. Y en un país donde las autoridades de seguridad calculan que hay 60,000 pandilleros, la academia solo ha graduado a 103 investigadores con especialización antipandillas.
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Muñoz es un investigador de cara brillante y barba de candado. Trabaja en una ciudad populosa del Área Metropolitana de San Salvador en la que abunda el ruido de las ventas informales y carros. Es una tarde de noviembre y sus compañeros han salido de la oficina a realizar una diligencia, por eso se atreve a hablar.

Muñoz tiene 20 años de experiencia en la corporación y ahora trabaja en la unidad antiextorsiones. “Estamos pero topadísimos”, responde cuando se le pregunta cuántos casos está tratando de resolver. Se toca la cabeza y hace una mueca. “A mí hasta la cabeza me duele. Acabo de terminar un caso de estructura pandilleril en el que están implicadas más de 100 personas. A veces a usted no le queda tiempo para comer ni dormir”, asegura.

“Cada investigador tiene hasta sus 20 casos activos y a todos se les está dando tratamiento”, dice el policía para explicar que en una semana tiene que negociar más de una decena de extorsiones con los pandilleros, haciéndose pasar por la víctima. Sumado a esto, los investigadores tienen que estar en contacto permanente con los fiscales de los casos que investigan.

Así, de la Fiscalía constantemente le llegan documentos con el nombre de “direcciones funcionales”, es decir, órdenes que le solicitan cumplir para ir construyendo el caso. Muñoz pone de ejemplo una dirección funcional que recién le ha sido girada sobre uno de los delitos al que les da seguimiento. Es decir, que además de negociar con pandilleros, debe cumplirle a los fiscales.

El documento que le ha sido enviado hoy contiene 19 puntos que debe empezar a realizar de inmediato. Las peticiones de la Fiscalía van desde tramitar antecedentes penales, entrevistar a familiares de la víctima y conseguir los documentos de identidad hasta individualizar a los imputados. Muñoz sabe que está ocupado en otras cosas y que probablemente no logre empezar a realizar esas diligencias hoy aunque en el documento esté escrita la palabra urgente.

El investigador esboza una media sonrisa. “En este caso se ha pelado la Fiscalía. Lo mandan en tono urgente pero uno a veces anda bien topado”, dice como quien se excusa.

Sumado al estrés laboral, para Muñoz, ser investigador es casi una invitación para ser asesinado. “Nosotros valemos para un pandillero lo que valen siete uniformados. Los pandilleros saben que a diferencia de los uniformados, nosotros no solo los vamos a llevar presos. Ellos saben que hemos investigado de raíz. Saben que buscamos las condenas si las víctimas no se rajan”, afirma.

Él tiende a tocarse la frente como para borrar sus arrugas en señal de desesperación. “La gente termina hasta enferma de tanta presión, tenemos reunión con los jefes, reunión con los fiscales… y eso está llevando a la gente a que se pele”, dice Muñoz. Unos días después de esta entrevista, el lunes 14 de noviembre, el agente Jaime Escobar se suicidó dentro de la Unidad de Investigaciones de Ayutuxtepeque.

“Esa es pura paja que le dan atención psicológica a uno. A todo el nivel básico le da risa cuando salen en la tele las autoridades de la PNC hablando de salud ocupacional”, relata Muñoz.

En esta unidad de investigaciones los papeles se apilan en los escritorios y las miradas de desconfianza hacia el exterior son la regla. Otro investigador de delitos especiales entra y se acerca a Muñoz y entonces, él juega a ser entrevistador.

— Mirá, ¿cómo cuántos casos tenés asignados y activos? — le pregunta Muñoz.

— Unos 160 —le responde parco su compañero.

Este año han renunciado cuatro de sus colegas. Cuando se le pregunta cuál es la opción de trabajo que tienen al salir de la institución policial, el investigador no vacila en responder: “Estados Unidos. Si nos vamos, nos vamos de un solo”.
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“La investigación de la Policía a escala nacional es un fracaso con aquellos casos que no impactan a la sociedad”, asegura el investigador Pacas mientras compara las denuncias de hurtos, amenazas y acoso sexual frente a los homicidios, extorsiones y privaciones de libertad.

Pacas usa una gran pulsera dorada y tiene un tono de voz jovial. “Estamos hablando la realidad, ¿verdad? Porque aquí no vamos a andar hablando mentiras. Estoy diciendo que si yo tengo 200 casos en el año, yo no los he investigado todos”, dice con franqueza.

Él es un investigador del área de patrimonio y cuenta que puede llegar a recibir tres o cuatro denuncias por robos, hurtos o estafas a diario. Por ello, ha tenido que idear un mecanismo con el cual irse liberando de casos aún sin hacer las diligencias necesarias. “Como a mí me piden estadísticas y me evalúan por casos terminados, yo elijo los casos que me van a dar resultados como una orden de captura y que voy a poder sacar lo más pronto posible”, explica antes de relatar su método.

“Un ejemplo, yo tengo 200 casos asignados y me van entrando otros todos los días. De esos casos que me entraron en la semana, los veo, los analizo y veo que ninguno se puede investigar porque son casos de chocos (donde nadie ha visto o escuchado nada). Entonces, se hace un acta de inspección del lugar y un acta donde dice que uno fue a investigar y no encontró a nadie, sin moverse de su oficina. Como a mi me urge cerrar los casos porque no puedo chinearlos... Yo ya los cerré y como los jefes pasan leyendo el diario, no se enteran de nada. Pero, nosotros tenemos que resolver porque es la orden que han dado”, admite el investigador Pacas.

Pero, este hombre de apariencia ruda, sostiene que tiene razones para no ir a investigar algunos delitos de patrimonio. “Es una investigación a medias porque para eso no dan transporte, para eso no dan vehículo porque es por gusto”. Luego, habla de una priorización de recursos que asegura que se hace en su lugar de trabajo. “Sí dan transporte para los homicidios. El transporte es nada más para los casos de connotación social, entre esos asesinatos, extorsiones y privaciones de libertad”.

Como todos los investigadores entrevistados para este texto, Pacas cuenta que de su unidad ya se fueron varios agentes en lo que va del año. Cuando un investigador se va de la corporación policial, sus casos son repartidos entre las personas del área al que pertenecía. “Esos casos uno los recibe, uno firma, pero uno no le da seguimiento ni a los de uno. Yo llevo un libro donde hago un breve relato y le pongo qué es lo que tiene el caso y qué no. Donde hay testigo le pongo: “pendiente investigar”; y los demás que no tienen testigo ni nada son los casos que cerramos. Un día, digamos que no cito a nadie y saco unos 25 casos y hago como que fui al lugar y ya queda cerrado”, reconoce Pacas.

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“Está claro que se necesitan más investigadores”, responde el comisionado Juan Carlos Martínez Marín, subdirector de Investigaciones de la PNC, tras ser cuestionado sobre la carga laboral de su personal.

En los primeros ocho meses de este año, la PNC recibió 35,228 denuncias de diferentes delitos y según la planilla general de la PNC, la Subdirección de Investigaciones está conformada por solo por 1,271 personas, de las cuales 1,142 son agentes con un salario base que no llega a los $500.

En la Policía hay 1,000 investigadores con sobresueldos, así lo recoge el detalle de plazas de 2016 de la Dirección Financiera institucional. Esos sobresueldos no son en lo absoluto parecidos a los que se supo que recibía el ex fiscal general de la República Luis Martínez, quien declaró que de Casa Presidencial recibió $10,000 mensuales adicionales a su salario durante todo el tiempo que trabajó en la Fiscalía. Los sobresueldos de los policías van desde los $45 hasta los $62. Esas decenas de dólares son un motivo de discordia entre los investigadores que no lo reciben. “Esa es la disconformidad porque todos trabajamos duro y solo algunos lo tienen”, reclama el investigador Muñoz.

La mayor diferencia monetaria que percibe un agente policial al graduarse del curso de investigaciones proviene del régimen de alimentación que les brinda la Policía. De acuerdo con el Instructivo para la Aplicación del Pago de Alimentación al Personal de la PNC (efectivo desde mayo de este año) los agentes de seguridad pública reciben $130 en concepto de alimentación, mientras que los investigadores reciben extra $190 mensuales, es decir, $60 más que sus compañeros uniformados.

Martínez Marín afirma que en el país hay cerca de 3,000 personas que se dedican a la investigación. Pero, no todos son investigadores, dentro de esa cifra también cuenta el personal que trabaja en laboratorios, analistas y el personal administrativo. Martínez Marín no se atreve a decir cuántos investigadores más le hacen falta a la Policía para tener la capacidad de resolver todos los casos.

Él se limita a decir que la institución tiene “programado desarrollar cursos hasta 2018 para lograr establecer una cantidad adecuada de investigadores para ir atendiendo las demandas”. Al subdirector de Investigaciones se le consulta cuál sería esa cantidad adecuada y él no responde. Dice que su meta no está basada en números sino en la calidad de la formación.

El comisionado es consciente de algunas de las carencias de su personal. Después de varios minutos en los que reflexiona sobre la formación de los investigadores, le da crédito a una queja de otra institución estatal. “Si usted le pregunta a la Fiscalía le van a decir que necesitamos más investigadores porque no le damos respuesta a toda la demanda. Es cierto, es cierto”.

Martínez Marín entonces trata de reivindicar a su subdirección: “Pero, ¿es cierto en qué sentido? Venimos desarrollando las capacidades a medida se van cubriendo a través de personal bien formado. No puede alguien decir: el otro año en enero vamos a tener 1,000 policías más en investigación. No se puede”.

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Flores viste una camiseta de fútbol, tiene la apariencia de un profesor de deporte, pero en realidad es el jefe de una Unidad de Investigaciones (UDIN). Es de mañana y en el local esperan a que uno de sus investigadores llegue para poder ir a declarar a un juzgado. Un grupo de hombres está sentado sobre sillas plásticas dentro de un parqueo mientras otros caminan entre carros de la Policía que no son patrullas. Todos llevan el mismo corte de cabello y visten de jeans. El local no tiene ningún distintivo de la PNC pero el trabajo que aquí se realiza es conocido para los vecinos.

Flores toma un poco de café mientras intenta hablar y no ahogarse con un pedazo de pan dulce que saca de una bolsa en su oficina. Sobre su escritorio hay un retrato familiar y a veces, parece que se arrepiente de haber escogido esta profesión. “No es vida este trabajo. Si usted sale tiene que estarse cuidando de que no lo vayan a matar y saber si no lo andan siguiendo”, cuenta.

A finales de octubre se conoció que las pandillas habían hecho un acuerdo de “guerra escalonada contra el sistema” en el que afirmaban que aumentarían los ataques contra el personal de justicia.

En lo que va del año 44 policías han sido asesinados. La PNC reportó que el año pasado ocurrieron 415 enfrentamientos entre pandilleros y policías. A mediados de noviembre, el director de la institución, Howard Cotto, dijo que se habían registrado 555 intercambios de disparos entre pandilleros y policías.

Ese mes también se dio a conocer un memorándum del subdirector general de la PNC, César Flores, en el que ordenaba que se instruyera a todos los subalternos para que tomaran medidas de autoprotección ante las amenazas de los pandilleros.

“Así como están las cosas, sálvese quien pueda. Aquí no hay ninguna garantía”, sostiene el jefe de esta Unidad de Investigaciones.

En un país en el que hasta la misma autoridad encargada de dar seguridad se siente en peligro, la formación constante de investigadores debería ser una prioridad. La investigación policial es el primer paso para lograr resolver los delitos y castigar a los culpables en un país acostumbrado a la injusticia. LA PRENSA GRÁFICA dio a conocer en 2015 que incluso en los casos de homicidios, solo el 5 % de ellos terminan en condenas.

El jefe de esta UDIN cuenta: “Después de que se recibe el curso básico de investigaciones hay algunas capacitaciones en algunos delitos en especial, pero no todos pueden ir porque la Academia no programa para que todo mundo asista”. De esta forma no se garantiza que todo investigador se siga capacitando.

Desde 2009 hasta la fecha, la Academia Nacional de Seguridad Pública ha capacitado a 703 personas en los cursos básicos de investigación criminal.

Pero, no todos los investigadores policiales han sido formados por la institución encargada. El subcomisionado Ángel Manzano, jefe de actualizaciones de la ANSP, afirma que es cierto que hay personal en investigaciones que se ha ido formando empíricamente, pero dice que representan una minoría.

Manzano asevera que en la ANSP se hace “un diagnóstico de las necesidades y en base a eso se planifican los cursos” que se imparten. Cuando se le consulta por qué han pasado dos años sin formar investigadores especializados en homicidios, el subcomisionado responde que ese es un tema transversal. Y aunque se le pregunta por una especialización, él responde: “Los homicidios están ligados al curso básico de investigación donde se les da ese conocimiento”.

Héctor Mendoza Cordero fue el subdirector de investigaciones durante dos años y cuatro meses entre 2012 y 2014. Ahora trabaja en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), una institución financiada en su mayor parte por Estados Unidos. Este es un lugar donde se busca capacitar a jueces, fiscales, policías e investigadores policiales. Mendoza es de los que defiende que “un investigador de homicidios debe ser un investigador especializado, con conocimientos. No puede ser uno sin capacitación. Lo más necesario es darle seguimiento a los casos”.

Él defiende su paso por la institución como un periodo donde se priorizaron las especialidades. “De ahí se hace necesario actualizar o incrementar la plantilla de investigadores. Yo me propuse capacitar a todos los investigadores, y prueba de ello es que en 2014 se dio la última capacitación de homicidios, que es cuando yo estuve”, razona.

Mendoza Cordero, quien hace un par de años fuera la máxima autoridad en investigaciones dentro de la Policía, acepta que el nivel de estrés al que están sometidos los investigadores no es sano. “Es necesario entender a esa gente. Un investigador de homicidios puede llegar a acumular más de 100 casos. Esa es la realidad de los investigadores. Y un policía con más de 100 casos, ¿qué va a hacer?”, pregunta de manera retórica desde la ILEA.

Además, la falta de capacitación formal de algunos investigadores repercute en su trabajo con la Fiscalía. Hace 10 años, el jefe de la Unidad de Vida de la Fiscalía de San Vicente, Raúl Humberto Padilla, declaró a la prensa que la falta de recursos capacitados en el área de investigaciones de la Policía le acarrea una sobrecarga laboral a la FGR. Una década después, ese problema entre fiscales e investigadores persiste.

“La falta de capacitación influye en que a veces no se le puede llevar las diligencias a la FGR como ellos la quieren”, confiesa el policía con aspecto de profesor, Flores.

El jefe de la Unidad de Investigaciones mira directo a los ojos y no parece tener ningún reparo en hablar sobre las condiciones en las que su personal trabaja. Flores guarda silencio solo cuando lo interrumpen algunos de sus subordinados para pedirle indicaciones. En 10 minutos eso sucede cinco veces: unos preguntan cómo se organizará la mañana y un investigador de otra zona consulta dónde puede revisar los expedientes abiertos de esta ciudad porque ha descubierto que el hermano de un aspirante a agente de la ANSP es pandillero.

En la mañana Flores repite la misma frase varias veces. Dentro de tanto trabajo dice sentirse asfixiado. “Un investigador de patrimonio puede tener hasta 300 casos de robos, hurtos, estafas. Una cantidad enorme. Se le debería preguntar al director de la Policía si cree que sus unidades de investigación tienen la capacidad de resolver toda la demanda que hay de las personas”, señala con un dejo de rabia. Pero él mismo se responde: “Estamos ahogados. Estamos ahogados”.

El jefe de esta unidad añade: “El estrés para el área de investigaciones es horrible, es horrible desde el jefe hasta el agente investigador. A uno le piden que haga cosas y a veces sin recursos. Aquí en este año se han ido tres investigadores”. Cuando eso sucede los casos se le recargan a un personal que cada vez encuentra más razones para tener la moral baja.

Misael Soriano es un abogado y profesor universitario de criminología. Anteriormente perteneció a la Policía y escribió un libro sobre la historia de esa institución. Conoce de las carencias de los investigadores por su trabajo como defensor y acusador privado. Cuenta que una vez se enteró de que el fiscal del caso pedía una fotocopia simple y los investigadores no tenían la máquina para hacerla. Desde su escritorio en una oficina de Santa Tecla, el abogado cuenta que su cliente terminó comprando una fotocopiadora y la donó a esa Unidad de Investigaciones. “Mire (parecía) que le habíamos dicho a un niño que le íbamos a regalar la bicicleta y los patines, todo junto”, relata para ilustrar la reacción de los policías.

Cuando a un investigador de la zona oriental del país se le pregunta si su Unidad de Investigaciones le brinda las herramientas mínimas para trabajar, responde cinco veces con el mismo monosílabo: “No. No, no, no, no. Carecemos de cámaras de video, de cámaras fotográficas, de grabadoras y de fotocopiadoras que es lo más importante. Imagínese que vamos a un operativo y son 50 allanamientos, son 50 actas de registro, son 50 actas de derechos de detenido, son 50 ubicaciones, 50 perfiles, el paquete es así…”, dice y separa su dedo índice del pulgar. “Dan un tóner cada 22 días y uno resuelve con el pisto de uno. Yo lo he hecho... andar en la tienda sacando copias de documentos confidenciales”, relata. Luego confiesa otra práctica que él considera común: cargar las actas policiales en una memoria USB e imprimir los documentos oficiales en un cibercafé.

“El problema es que los jefes quieren resultados y el policía anda buscándose para resolver los casos porque hay una implicación judicial”, finaliza el investigador.

De vuelta en la oficina de Flores, uno de esos jefes de Unidades de Investigación, es posible observar que tiene una especie de cuarto de descanso. Él sabe que eso es un privilegio. “Yo porque soy el jefe he logrado tener esto aquí, pero los compañeros ahí duermen... a veces en las sillas”, dice avergonzado.
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Hace unos días Mario, de estatura pequeña y musculoso, había sido enviado a una misión especial. Tenía que resolver el caso de un homicidio que atrajo la atención de las jefaturas policiales.

El investigador cuenta la escena: caminó durante la madrugada para evitar ser visto con un informante, a este último lo disfrazó para que nadie lo reconociera y localizaron la casa donde se reunía un grupo de delincuentes. La caminata terminó en captura y cuenta su logro emocionado, como si de una película de acción se tratase. Pero él sabe que hablar muy alto le puede traer problemas. Se percata de que otros pueden oírlo y vuelve a ver hacia los lados e inspecciona con miradas rápidas a los comensales de este restaurante.

Mario relata por más de una hora varias anécdotas para tratar de explicar su labor. Hace unos días se encontraba investigando en una zona peligrosa del país cuando se dio cuenta de que la llanta del carro de trabajo estaba sin aire. Él no tenía llanta de repuesto. Dice que no sabe cómo o gracias a qué logró llegar a un lugar seguro. Mario matiza su anécdota con una queja. “Los jefes andan hasta cuatro carros asignados y nosotros unos viejiiiitos”, menciona.

Desde la indignación, Mario también cuenta cómo hace unas semanas encontró semidesnudo a uno de sus compañeros dentro del carro que usan para trabajar. La anécdota le causa risas, pero también desnuda las necesidades de la PNC.

Su compañero, “el Chele”, tenía que fotografiar la entrega de un paquete para tenerlo como prueba para un caso que investigan. Pero, el carro en el que “el Chele” estaba escondido no tenía aire acondicionado y tampoco podía darse el lujo de bajar el vidrio de la ventana para tomar la fotografía. Que lo vieran las personas que él seguía podía costarle la vida. Así que la solución que encontró para tomar la foto y resistir el calor fue quedarse en calzoncillos.

Mario considera que los problemas no solo están a la hora de investigar. Él señala otro error que le parece que pone en peligro su seguridad y de todos sus compañeros. Durante semanas los investigadores se dedican a perseguir gente sin que ellos mismos sean reconocidos, pero a la hora del juicio, los investigadores, esos que intentan camuflarse, que se esconden para nunca ser vistos aunque eso implique sufrir el calor de mediodía dentro de un carro con las ventanas cerradas, tienen que declarar frente a los acusados. “No hay garantías de seguridad”, concluye.
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“Yo prefiero mil veces la seguridad pública”, dice un policía uniformado como quien explica una obviedad enorme. Henríquez, un policía con 23 años de experiencia, cuenta que prefiere patrullar y usar ese chaleco antibalas negro antes que la desprotección que sentía cuando era investigador policial y tenía que pasar desapercibido entre la gente.

Ahora se dedica a brindar seguridad a un edificio administrativo, lo cual podría entenderse como bajar un escalón de prestigio en la Policía. Henríquez cuenta que su salario base es igual en esta posición que cuando resolvía casos en la unidad de vida y extorsiones. El reclamo por un aumento salarial en la Policía es constante. Un agente de nivel básico gana $424. Tras 20 años de servicio puede llegar a convertirse en sargento y su salario puede llegar a ser de $690.

Además, Henríquez recuerda que como investigador tenía que vestirse como civil y no llamar la atención de la gente para realizar su trabajo. Sin embargo, no recibía un fondo especial para ropa ni calzado. A pesar de recibir un salario pequeño, él debía destinar una cantidad para comprar ropa para investigar. Si no tenía cuidado a la hora de vestirse por la mañana, la ropa con la que investigaba un caso podría ser la misma con la que saliera a pasear en su día de descanso, un error que además de permitir que lo identificarán podría traerle peores consecuencias.

Flores, el jefe de otra Unidad de Investigaciones, cuenta que en algunos años han recibido de parte de las jefaturas alrededor de tres mudadas de ropa al año. Sin embargo, no logra especificar la constancia con la que esto sucede.

Henríquez, tras más de un lustro de trabajar como investigador, pidió que lo cambiaran de área. A veces recibía hasta 10 casos por extorsión al día y se sintió drenado. Él cree que su uniforme azul todavía inspira respeto en la población y se siente más seguro al ser reconocido como autoridad. Aunque, después de platicar sobre los policías asesinados de la semana reflexiona: “Aquí solo estamos esperando ver quién sigue (...) y si la PNC no se siente segura, ¿cómo se va a sentir segura la población?”
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El 9 de noviembre el director general de la PNC, Howard Cotto, hizo público un comunicado en el que aseguraba que era falso que su personal estuviera abandonando la institución a gran escala. Que “haya un renuncia o salida masiva de los miembros de la institución es falso”, enfatizó.

El Movimiento de Trabajadores de la Policía, una especie de sindicato no oficial, ha denunciado que tras los ataques permanentes de las pandillas que reciben los policías, muchos compañeros están planeando renunciar.

Marvin Reyes, el representante de ese movimiento, insiste en que la PNC necesita “reconocer de manera oficial que quienes hacen el trabajo es el nivel básico y hay que priorizar los incentivos laborales”. Pone de ejemplo el caso de los sobresueldos que algunos investigadores reciben y otros no. “Eso crea una discriminación, crea una exclusión y por ende en muchos de los casos, resentimientos y hasta discusiones entre unos”, afirma.

La PNC registró que el año pasado 358 policías renunciaron a la corporación policial. En 2014 renunciaron 242 personas y en 2013, 180. Incluso, se han llegado a conocer casos de policías que buscan asilo en Estados Unidos y Canadá. En el primer semestre del año, la PNC registró 110 renuncias.

El subdirector de investigaciones Martínez Marín sostiene que este no es un tema que le preocupe a la corporación policial. Sugiere que es solo un asunto promovido mediáticamente. “Yo he escuchado lo que dicen los medios. Desde que la PNC inició siempre hay gente que pide permiso, que renuncia, o sea, eso es normal. Alguien podría decir quizás hoy más, pues no le sabría decir. Lo que sí es que ese no es en este momento un tema conflictivo para la institución”, finaliza.

Que existan policías que huyen no es un caso desconocido para las autoridades del país. El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, declaró en octubre a este periódico que conocía de policías que “han optado por buscar otros trabajos y algunos que han salido del país”. El ministro aceptó que hay policías que se alejan de su frente de batalla contra las pandillas.

Los investigadores no suelen trabajar en la zona por la que viven para evitar ser reconocidos. En El Salvador es también un mecanismo de protección. Los policías no suelen tener salarios altos y comparten colonias y barrios con los mismos pandilleros que desde su trabajo combaten.

Un investigador tiene un papel guardado y duda en mostrarlo. Al final, decide que su interlocutora sí puede verlo. Escrito con letra de molde se lee una advertencia: “No te queremos aquí, perro”. Él sabe que los pandilleros de su colonia no bromean. Hace varios días tomó sus cosas y dejó su hogar.

El Estado salvadoreño ha dejado en evidencia la vulnerabilidad en la que permite que sus policías vivan. El 18 de noviembre el gabinete de Seguridad ofreció una conferencia de prensa liderada por el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Ahí presentó el plan Némesis. El presupuesto del presente año para Seguridad Pública fue de $308,442,580. Pero, todo ese dinero no pudo proteger a los policías ni a la población de la violencia. El nuevo plan, cuyo apellido significa venganza, en palabras de Ortiz busca “aplicar de manera drástica la ley a los terroristas que atentan de manera cobarde contra nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Armadas”. Sin embargo, el plan no especifica novedosas estrategias de seguridad o protección para los policías.

Los mismos investigadores, quienes están diariamente tratando de entender las causas del delito y tratando de reconstruir escenas para conseguir condenas, dudan de los planes de seguridad del país. Mirna, una sargento que le ha dedicado la vida entera a instituciones de seguridad, lo confirma. Ella trabaja en una oficina administrativa de la PNC.

Tras más de 20 años trabajando para la Policía, la sargento explica: “La deserción se está dando por falta de apoyo de las jefaturas”. Ella cuenta la historia de un agente al que los pandilleros llegaron a intimidar con arma en mano a su casa. El policía llamó al 911 y le comunicaron que no había patrullas que le brindaran apoyo inmediatamente. Así que, justifica Mirna, la única opción que el agente tuvo fue disparar antes de que le dispararan.

Mirna también hace una predicción. “El otro año hay un montón de compañeros que van a renunciar. Solo esperan diciembre por el bono, salario y aguinaldo. Nosotros sabemos que estamos desprotegidos... Por lo menos en la guerra los oficiales y tenientes estaban al lado de nosotros”, reclama la sargento.

A su oficina llegan varios agentes a pedirle asesoría cuando planean irse de la institución. Algunos policías, incluyendo investigadores, piden permiso sin goce de sueldo por un par de meses. En esos meses emprenden el viaje hasta Estados Unidos como migrantes ilegales. Si durante esos dos meses los policías logran llegar a Estados Unidos, desde allá presentan la renuncia oficial para recibir su indemnización. En cambio si no logran llegar, se reinsertan a su trabajo. Mirna asegura que solo de su oficina se han ido 10 personas este año.

El panorama para los investigadores y el resto de policías es sombrío en general. El jefe de una UDIN incluso ha llegado a pensar en renunciar. Lo admite de frente mientras sus subordinados esperan indicaciones a unos pocos metros. Sabe que puede ser escuchado por su personal pero sigue hablando y hace un recuento de las razones que tiene para abandonar su trabajo: “Pongo en riesgo a mi familia, el estrés laboral es enorme y las estrategias de combate a la delincuencia muchas veces no van apegadas a la realidad. No hay opciones... yo prefiero mejor salirme y no arriesgar a mi familia a que los maten por culpa mía”.

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