La Asamblea que ignora los convenios que firma

Cuando la Asamblea Legislativa se enfrentó con el nacimiento de un sindicato en sus pasillos, su reacción fue despedir al secretario general. Ahora, con dos diferentes sindicatos entre sus empleados, la directiva ha optado por ignorar su existencia, ignorando de paso diferentes convenios internacionales y el Código de Trabajo.
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Faltan dos días para la sesión plenaria de esta semana, cuando los corredores que rodean el Salón Azul de la Asamblea Legislativa se llenan de diputados, asistentes, asesores, periodistas y demás. En ese pasillo que lo rodea por fuera, un hombre de lentes que viste pantalón gris, camisa blanca y suéter azul está sentado en una silla de plástico blanca, de esas comunes en comedores, pupuserías y jardines.

A los pocos minutos llega otro hombre, moreno y bajo, también vestido de camisa blanca, pero con pantalón azul. Lo saluda y luego se dirige a una torre de sillas plásticas que están cerca del hombre de lentes. Saca una, otra y otra silla hasta que hay 11 sillas blancas afuera. Las arregla primero en dos filas, pero cambia de opinión y las pone en círculo.

Durante la hora de almuerzo a veces se ven empleados de la Asamblea Legislativa comiendo en esos pasillos, usando esas sillas. Pero son las 2 de la tarde y ninguno de los dos trae consigo una lonchera o un plato de almuerzo. El primero tiene unos papeles en su regazo y el otro trajo consigo una agenda.

Pasan otros minutos y un tercer hombre se acerca y se sienta en una de las sillas blancas. Su nombre es Luis Ortega y se encuentra con Miguel Ángel Alvarado e Ismael Soriano, quien ordenó las sillas. Están a la espera de por lo menos otros tres hombres más para empezar la reunión de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) de este martes. Es la segunda reunión del año.

Trae consigo un fajo de hojas de papel. Algunas son fotocopias de dos artículos del periódico, uno habla sobre el traslado de las oficinas de la Asamblea Legislativa debido a daños en el edificio, y el otro habla sobre la adquisición del seguro médico para empleados y diputados de la Asamblea. Además, trae copias de la agenda de la reunión de este día.

Los temas a tocar: un informe general sobre cambios en la seguridad de la institución, el traslado, el seguro médico y de la coordinadora sindical; la reunión con la gerencia de comunicaciones; la revisión y aprobación de un comunicado de prensa; la creación de una comisión de apoyo para la secretaría de finanzas; y por último cualquier tema que otros miembros de la junta directiva quieran tocar bajo el título “varios”.

Hay un problema. Han pasado 13 minutos desde la hora a la que convocaron la reunión y solo están ellos tres. Como mínimo necesitan que seis miembros de la junta directiva estén presentes para que los acuerdos tomados en la reunión sean vinculantes. Para mientras, Ismael limpia las sillas con papel higiénico que trajo del baño que está a solo unos metros del círculo.

Se acerca alguien más. Heriberto, quien fue miembro de la junta directiva anterior, y ahora asiste con regularidad a las reuniones. Y luego otro miembro de la directiva. Ya son cinco, pero formalmente solo cuatro.

Luis Ortega, secretario general, le pide a Ismael que contacte por teléfono a los demás miembros. Esperan.

Ismael lee la agenda y toma notas. Al fondo, un conserje entra a los baños con una cubeta llena de utensilios de limpieza. Una brisa inunda el pasillo. El tráfico de la Diagonal Universitaria se escucha rebotando en el eco de las gradas que suben del parqueo hasta el Salón Azul.

Pasadas las 2:30 de la tarde, Luis Ortega les propone a los otros cuatro hombres iniciar la reunión, pero sin acuerdos. “Dos están enfermos”, dice en son de disculpa. Aceptan y Luis empieza a leer la agenda. Ismael propone algunos cambios y luego levantan las manos para aprobar las modificaciones de la agenda.

El primero de los informes que da el secretario general es sobre la seguridad: “La Asamblea Legislativa va a poner un dispositivo de seguridad diferente…”, empieza cuando una motosierra apaga un poco su voz. Tiene que hablar más fuerte. “La PNC va a asumir parte de la seguridad…”, continúa mientras su voz se alterna con el ruido de la máquina que alguien ocupa en uno de los jardines cerca del pasillo donde se reúnen.

Y es que ese pasillo, esas sillas plásticas, o a veces las gradas del Salón Azul de la Asamblea Legislativa hacen para el sindicato de sala de reuniones.

Continúan con la discusión del nuevo dispositivo de seguridad. Habla Ismael y Luis Ortega escucha lo que dice el secretario primero de conflictos sobre los métodos de contratación de este nuevo dispositivo de seguridad. Encorva su espalda, apoya sobre su pierna derecha la agenda. Escribe con la derecha mientras sostiene una de las solapas de la agenda con su mano izquierda en la cual también balancea la página que contiene la agenda de la reunión.

El SITRAL es uno de los dos sindicatos que existen dentro del Órgano Legislativo. El otro, el Sindicato de Empleados de la Asamblea Legislativa (SEAL) tampoco tiene un espacio para sus reuniones y también se ve en la búsqueda de pasillos para celebrarlas.

La historia de estos dos sindicatos se entrelaza ya que SEAL nació del SITRAL, pero es más complicada por su relación con los diputados de la Asamblea Legislativa, especialmente del FMLN, cuyos diputados activamente buscaron evitar la formación del sindicato.

Irónicamente, la Asamblea Legislativa es la institución que les otorgó derechos a los sindicatos cuando aprobó el Código de Trabajo, en 1972, la Ley de Servicio Civil, en 1961, y ha ratificado 30 convenios y un protocolo de la OIT, de los cuales al menos cinco se refieren a derechos sindicales o de organizaciones laborales.

La primera reacción de esta institución, bajo la presidencia de Sigfrido Reyes, fue despedir al secretario general del sindicato ante su nacimiento y solo lo restituyó por fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia casi dos años después. Ortega era parte del equipo de comunicaciones de la bancada del FMLN.

Ambos sindicatos fueron aprobados por el Ministerio de Trabajo porque cumplieron con los requisitos mínimos de ley, pero ninguno ha logrado una tan codiciada reunión con la junta directiva de la Asamblea Legislativa, cuya presidenta es la efemelenista Lorena Peña, ni que se les conceda permisos sindicales.

Este implica que la empresa o la institución para la que laboran los sindicalistas les conceda facilidades para celebrar sus reuniones, asistir a seminarios y capacitaciones para ejercer sus deberes y derechos sindicales.

Aunque ni el Código de Trabajo ni la Ley de Servicio Civil definen estos permisos, un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que la misma Asamblea Legislativa ratificó y que está vigente desde el 6 de septiembre de 2006 sí establece esta obligación. “Deberán concederse a los representantes de las organizaciones reconocidas de empleados públicos facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas”, reza el texto del convenio 151 de la OIT sobre las relaciones de trabajo en la administración pública.

El Tribunal del Servicio Civil, una de las organizaciones creadas para vigilar la aplicación de la Ley de Servicio Civil, además acordó en diciembre de 2009, basándose en ese convenio, que los permisos sindicales pueden concederse siempre y cuando no perjudiquen el servicio que presta la institución.

En papel, los sindicatos en El Salvador tienen esos derechos, pero estos no siempre se transfieren a la realidad. La Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (FESPAD) denunció esto en un informe: “Los obstáculos al trabajo sindical –tanto por el Estado como por patronos privados– han sido reiterados en 2013, ello ha incluido desde pocas facilidades para el goce de los permisos sindicales hasta el despido de directivos o la amenaza de tomar represalias contra ellos a pesar de la garantía de estabilidad laboral que la Constitución establece”.

Ya están en el tema del traslado. Alguno especula que en ese traslado de las oficinas podrían separar a los miembros del sindicato en diferentes edificios, pero Miguel Ángel interviene y pide que no especulen a priori y que esperen a tener más información. Además, considera, la amenaza real para los trabajadores es el edificio que podría no aguantar un movimiento telúrico.

Ismael recibe una llamada. Su jefe. Se levanta, deja su agenda en la silla blanca y se va. Tiene que dejar la reunión unos minutos porque debe regresar a su trabajo. Regresa a los 10 minutos y se incorpora de nuevo.

La falta de quórum en la reunión de este martes no se debe solo a los enfermos. Explican los miembros presentes que a algunos sus jefes directos no les dieron permiso para asistir a la reunión. Así, el que la junta directiva no los reconozca formalmente, no les conceda permisos sindicales formalmente –aunque ambos sindicatos están inscritos y aprobados por el Ministerio de Trabajo– se traduce en reuniones improvisadas en pasillos y gradas, pero además en reuniones que no tienen quórum y por lo tanto no son vinculantes.

No tener permiso sindical es solo un síntoma más de la actitud de los diputados hacia la formación de sindicatos en su institución.

Desde 2010, por ejemplo, SITRAL ha enviado al menos nueve escritos a la junta directiva de la Asamblea Legislativa en los que le solicitan audiencia para presentarse ante los diputados, un local para reunirse, permisos sindicales y exponerles algunos puntos sobre los derechos de los trabajadores.

Misivas similares también han enviado a todas las bancadas legislativas y a la gerencia de recursos humanos de la institución. SEAL, el otro sindicato, también mostró copias de dos solicitudes de audiencia ante la junta directiva. Hasta la fecha los diputados de la junta directiva nunca los han recibido. Algunos dicen desconocer de esas peticiones, otros las conocen pero culpan a la aritmética de la directiva al rechazo de sus peticiones y la presidenta, Lorena Peña, se niega a tocar el tema.

El Salvador fue un país atrasado en cuanto a derechos sindicales, explica Dagoberto Gutiérrez, rector de la Universidad Luterana y excomandante de guerra. Después de años tensos como en 1944 con el fin de la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez y un golpe de Estado en 1948, se inician procesos de reforma en el país que culminan con la Constitución de 1950, recuenta. “Ahí, en esa Constitución se establece el derecho a la sindicalización. Se establece la figura del Código de Trabajo. Ve qué maravilloso y qué país más atrasado. Hasta 1950”, dice con su voz pausada y subraya que en otras partes del mundo estos avances se habían dado en la década de los veinte y treinta o incluso a finales del siglo anterior. El Código de Trabajo se tardó más de 10 años en ser aprobado después de esa Constitución.

Sentado en su oficina, dándole la espalda a un mapa cuyo punto focal es la Unión Soviética, Gutiérrez explica que históricamente los sindicatos han funcionado como escuelas políticas de los trabajadores en su enfrentamiento con el capital. Esa misma idea se traslada a los empleados del Estado, quienes aunque no son obreros, son trabajadores que necesitan defender sus derechos, continúa. Entre las características que deben tener los sindicatos, asegura, está que no deben tener vínculos a ningún partido político. Estos, ahora, pasan por un momento difícil.

“En estos momentos (los sindicatos) son sometidos a una persecución feroz y a una búsqueda de su eliminación porque esa es la política del Gobierno. La palabra sindicato está prohibida”, afirma el excomandante guerrillero sobre la relación de los sindicatos con los primeros dos gobiernos de izquierda en el país.

En la Asamblea Legislativa, bajo los cuatro años de administración de Sigfrido Reyes, del FMLN, la palabra sindicato implicó el despido del secretario general del mismo. Ahora, bajo la administración de Lorena Peña, también del FMLN, es ignorada, una tarea difícil ya que dentro del Órgano Legislativo existen dos sindicatos formalmente reconocidos por el Ministerio de Trabajo.

El primero, SITRAL, nació en 2010 con una fuerte base de empleados de la bancada del FMLN; y el segundo, SEAL, el año pasado después de una fractura del primero en 2014.

A pesar de las diferencias, ambas organizaciones coinciden en algunos puntos. Tanto Franklin Nolasco, de SEAL, como Luis Ortega, de SITRAL, aseguran que entre sus objetivos están ser reconocidos por la junta directiva para iniciar un diálogo entre afiliados y directivos. Ambos solicitan la aplicación del escalafón para los empleados legislativos, el cual tiene siete años de no ejecutarse. Ambos pretenden intervenir en casos en los que empleados denuncian abusos laborales y algunos sexuales por parte de sus superiores.

“Se ha dado durante mucho tiempo que los jefes abusaban de su autoridad como, por ejemplo, amenazar a los empleados de que en diciembre la evaluación iba a ser mala o iban a haber despidos”, comenta Nolasco, quien asegura que las denuncias de acoso laboral y sexual fueron las que lograron que naciera el primer sindicato.

El problema con que no los reciba la directiva es que son solo los jefes quienes tienen contacto con los diputados y por lo tanto se toman decisiones unilaterales sin escuchar los argumentos de los trabajadores.

Cuando se le cuestiona a Ortega que la percepción pública es que los empleados de la Asamblea Legislativa cuentan ya con buenos salarios y buenas prestaciones, responde que lo que hay son compadrazgos y amiguismos políticos. “Lo que ha habido son aumentos selectivos”, plantea y por lo tanto se debería aplicar el escalafón a todos los empleados, sin importar su afiliación.

Como, ejemplo, también ponen el que se tratara de reducir el bono de los empleados a la mitad, mientras que el de los diputados se mantenía al 100 %.

Los empleados y los diputados reciben en total 14 salarios. El año pasado, por ejemplo, la Asamblea Legislativa desembolsó $2,450,000 por el pago del segundo bono del año.

Ismael Soriano, de SITRAL, primero aclara que los derechos adquiridos por los trabajadores son irrenunciables. “Es un derecho constitucional que defendamos los derechos adquiridos”, dice. A esto, Ortega agrega que no es lo mismo que un empleado con un sueldo de $300 reciba dos bonos equivalentes a dos salarios a que lo reciba un diputado que tiene un sueldo base de $2,311.43, que más gastos de representación y de transporte se convierte en $4,025.72 mensuales.

SITRAL además criticó el bono que se adelantó para abril de 2015, calificándolo como una “despedida” para los diputados y otro personal que ya no iban a estar en el Órgano Legislativo con el cambio de legislatura.

Además de sus coincidencias en puntos de agenda, ninguno revela cuántos afiliados tienen sus organizaciones. Nolasco asegura que es “por seguridad del organismo” y Ortega también argumenta algo similar aunque asegura que los números ya los pueden contar en centenas.

La página web Infoútil parte del portal de transparencia “gobierno abierto”, sin embargo, sí tiene números de integrantes de los sindicatos. Sobre SEAL este establece que es un sindicato de tipo privado con 33 integrantes hombres y nueve mujeres. De SITRAL, un sindicato de tipo nacional, el portal afirma que tiene 37 integrantes hombres y 31 mujeres. Ortega niega estas cifras, a las cuales se refiere como desfasadas.

En una ocasión, incluso, acordaron de manera conjunta hacer un paro de labores en el área de servicios generales de la Asamblea Legislativa. Recibieron denuncias de empleados a quienes no se les aceptaban constancias médicas o a los que se les exigía trabajar durante el fin de semana sin pago de horas extras o compensación de días.

Después de tratar de solventar los problemas sin resultado, decidieron unirse en una “acción de hecho”, como la llama Ortega. El 30 de septiembre cerraron las actividades de la gerencia de servicios generales de la Asamblea Legislativa. En su página de Facebook, SITRAL define esto como una “protesta pacífica” a la que la Asamblea Legislativa respondió con agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden.

No todas son coincidencias entre los sindicatos. Nolasco asegura que la situación escaló y los miembros del SEAL tomaron la decisión de retirarse, mientras que SITRAL continuó la protesta y la situación escaló. En esto, dice, es en lo que se diferencian los sindicatos. Afirma que su salida del sindicato y la subsecuente formación de una alternativa se debió a desacuerdos por los métodos y porque asegura que Ortega hizo declaraciones que el sindicato no había acordado.

“Fuimos críticos de algunas posturas de Luis Ortega que no habían sido consensuadas con la junta directiva como dar postura sobre el gobierno central, manifestarse con otros sindicatos, emitir declaraciones de lo que pensaba el sindicato sin consultarlo”, comenta.

Además, Nolasco asegura que SEAL ha optado por un abordaje más de diálogo que de acciones. “Nosotros hemos decidido una manera más dialogante. Las acciones de hecho son las últimas que vamos a tomar”, agrega el secretario general de SEAL, quien asegura que este sindicato ha tenido reuniones con las jefaturas para presentarse ante estas e incluso ya han logrado solucionar algunos problemas.

La creación de este segundo sindicato no es solo una ruptura entre posturas, aseguran Ortega e Ismael Soriano, de SEAL. “Yo como secretario general lo interpreto como un querer hacerle un contrapeso a nuestro sindicato. No lo he dicho yo ni lo quiero decir yo, pero todos los compañeros trabajadores dicen y expresan y dicen que ese es un sindicato patronal”, comenta Ortega.

Sin embargo, ambos consideran que es beneficioso que existan más sindicatos dentro de la Asamblea. Nolasco prefirió no comentar sobre declaraciones a las que consideró como especulaciones.

Aquella escalada de presión durante la protesta, recuenta Ortega, implicó empujones hacia miembros del sindicato, presencia policial, amenazas de arresto y finalmente en que él y otro compañero del sindicato fueran suspendidos durante un mes sin goce de sueldo.

El diputado de ARENA, miembro de la junta directiva y presidente de la comisión de trabajo de la Asamblea Legislativa, David Reyes, recuerda de este episodio que él no estuvo de acuerdo con la medida de suspensión e incluso se abstuvo de firmar el acuerdo tomado por la junta directiva, presidida por Lorena Peña, del FMLN.

Se buscó a la presidenta de la Asamblea Legislativa a través del equipo de comunicaciones del FMLN, pero esta rechazó la solicitud de entrevista. Este miércoles, mientras contestaba preguntas referentes a la contratación del seguro médico –tema por el cual también ha salido a relucir el sindicato– la diputada presidenta se rehusó a contestar por qué no han aceptado las solicitudes de audiencia.

“Dicen que por ser trabajadores de confianza no podemos ser sindicato. Queremos decirle a los diputados que cumplan la ley”, declaró Luis Ortega el 4 de noviembre de 2010 casi un mes antes de que el Ministerio de Trabajo oficializara al Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL).

Luis Ortega era entonces uno de los miembros del equipo de comunicaciones de la bancada legislativa del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El sindicato nació con varios empleados cercanos a ese partido, pero desde un principio aseguraron que su afiliación no era partidaria y que sus miembros también pertenecían al área institucional y a otras bancadas legislativas. Eso quizás lo comprueba la resistencia que ya habían empezado a experimentar.

Sentado junto a Ismael Soriano en unas bancas afuera del Salón Azul, Luis Ortega hace un recuento de esos días en los que decidieron crear el sindicato. La primera reunión que tuvo el sindicato fue en el INDES, recuerdan. “Prestamos las instalaciones del INDES para hacer la asamblea general”. Dentro de la Asamblea no se sabía nada. Ya habían ingresado los documentos al ministerio e incluso había recibido palabras alentadoras por parte de algunos diputados de la fracción a los que compartieron lo que estaban haciendo.

Estaban listos para hacer una conferencia de prensa y anunciar la creación del sindicato. Era día de plenaria. La entonces subjefa del grupo parlamentario del FMLN, Norma Guevara, pidió a través de alguien más que no hicieran la conferencia de prensa hasta que se hablara con la jefatura.

Ortega recuerda que aceptó que no se hiciera la conferencia. Aclara que aceptó, pero que aclaró que el sindicato era de empleados de la Asamblea y no del partido. Esta versión, que la diputada Guevara fue la que frenó el anuncio del sindicato, la compartió un miembro del sindicato en 2010, en ese momento pidió el anonimato porque quería evitar represalias por parte de los diputados. “Norma convocó con la de recursos humanos y dijo que estaba prohibido formar parte del sindicato”, dijo.

Un mes después, el 1.º de diciembre de 2010, Luis Ortega recibió una carta en la que se le informaba que su contrato no sería renovado para el siguiente año. El 9 de diciembre ese año, el Ministerio de Trabajo extendió las credenciales y carnés correspondientes a los miembros de la junta directiva del sindicato.

Por medio de la encargada de comunicaciones de la bancada del FMLN se solicitó una entrevista con la diputada y jefa del grupo parlamentario Norma Guevara. Dicha solicitud fue negada inmediatamente. “Norma no habla de eso”, fue la respuesta.

Desde el primer momento Ortega denunció que se estaban violentando sus derechos constitucionales y que tomaría las acciones legales correspondientes. Estas lo llevaron en un proceso de dos años y medio para lograr su restitución en el cargo.

La Organización Internacional del Trabajo conoció del caso y publicó varios informes, en los cuales incluso llega a asegurar que hay un contexto antisindicalista.

“El Comité subraya que las autoridades públicas tienen el deber de adoptar una actitud ejemplar en lo que respecta a la garantía del ejercicio de los derechos sindicales consagrados por los Convenios núms. 87, 98, 135 y 151 de la OIT, máxime cuando se trata de la Asamblea Legislativa que es el Poder del Estado que ha aprobado y ratificado estos convenios fundamentales y que la Constitución y la legislación consagran la protección de los dirigentes sindicales contra el despido antisindical”, se lee en uno de los informes.

Ortega acudió en dos ocasiones a la Sala de lo Constitucional para que lo amparara por su despido. La primera vez se declaró improcedente su demanda porque no estaba bajo la Ley de Salarios, sino por contrato. Luego hizo una petición individual contra el Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación a los derechos humanos y laborales.

En un informe de marzo de 2013, el Comité de Libertad Sindical de la OIT: “El comité insta al Gobierno a que tome todas las iniciativas necesarias (...) para que la junta directiva de la Asamblea Legislativa proceda al reintegro del secretario general del SITRAL, Sr. Luis Alberto Ortega Ortega, y al reconocimiento sin demora de esta organización sindical”.

Ese año, una sentencia de la Sala de lo Constitucional abrió el paso para que Ortega replanteara su caso. Con una sentencia anterior, la sala cambió el criterio y aseguró que una plaza se considera temporal o permanente por las funciones de dicho puesto y no exclusivamente por el tipo de contratación.

En un nuevo amparo, la sala ordenó su reintegro. A pesar de la sentencia de amparo, la Asamblea Legislativa se negaba a reinstalar a Ortega y no fue hasta que la sala amenazó con sanciones legales si esto no se realizaba.

En julio de 2013, la Asamblea Legislativa presidida por Sigfrido Reyes restituyó a Ortega y le restituyeron los sueldos que no devengó durante su despido injustificado.

FESPAD, sin embargo, criticó que la restitución de Ortega no se pudo dar hasta que la sala revisara otro caso. “El reinstalo del directivo sindical no se derivó directamente del interés de respetar la garantía de estabilidad laboral que la Constitución reconoce a los integrantes de las juntas directivas de los sindicatos, sino de una coyuntura en la cual la Sala de lo Constitucional se vio obligada a dar al directivo sindical el mismo trato que a las jefaturas de la CSJ”, criticó la organización en un informe de 2013.

Para Ortega, el reinstalo significó una victoria, pero el dinero, dice, no cambiará lo que vivió durante esos dos años y medio.

¿Tuvo consecuencias su despido? “Estuve a punto de perder mi casa. En un hilito. Quedé con grandes deudas porque no podía sostenerlas. Una situación crítica”, recuerda.

En ese momento tenía un vivero. Cultivaba plantas y a veces con la venta de las plantas lograba sacar la cuota para pagar la casa. En otros momentos tuvo que hacer préstamos para pagar la cuota. “A veces no andaba ni $0.05 en mi bolsa y quería subirme a un bus y no podía”, relata Ortega, quien asegura que entonces decidía caminar aunque le tardara una hora o más llegar a donde quería llegar.

Cuenta estas historias con una sonrisa, como anécdotas graciosas que le quedaron de su experiencia, pero su cara cambia cuando se le pregunta cómo se enfrentó su familia a esa situación.

Su hija mayor ya está en la universidad, comenta, pero el otro está por cumplir nueve años y cuando lo despidieron, hace cinco años, estaba pequeño. “En esos días estaba más chico… Era más difícil… lo más duro en una situación de estas es cuando tu hijo te pide y uno no puede darle…”. Calla, como si las palabras se le hubieran trabado en la garganta.

El silencio se alarga. Dos años y medio después de ser restituido, los ojos de Luis son prueba de que no olvida esos momentos. Se ponen rojos y vidriosos. Lágrimas salen de sus ojos. Se recompone en la banca afuera del salón azul, se disculpa de nuevo, como si ofendiera a alguien con el recuerdo. “Esos son los momentos difíciles”.

A pesar de eso, él no renunció al FMLN, al partido al que dice pertenecer desde que tiene 15 años, aunque bromea que no sabe si ya lo depuraron del padrón. “Me fue muy difícil adaptarme y digerir esa situación tan contradictoria a nivel psicológico que el partido al que yo pertenecí me estuviera dando una situación de esas”. Ahora se continúa considerando de izquierda, pero sin apoyar una situación partidaria, aclara, sino un pensamiento de lucha laboral y sindical.

–Avanzaremos en la promoción y desarrollo de los derechos sindicales–, compromiso de la plataforma legislativa del FMLN 2015-2018.

El FMLN es un partido con una larga historia con los sindicatos. Dagoberto Gutiérrez, excomandante guerrillero, incluso plantea: “Cuando se desarrolló el movimiento sindical se desarrolla el partido comunista. Es obvio”. Aunque asegura que los trabajadores y sus sindicatos no tuvieron que ver en la guerra, puesto que eran organizaciones conservadoras.

Diferentes estudios y ensayos académicos destacan la relación del FMLN con los sindicatos. El libro “Cooperación externa, gobierno local y reconstrucción posguerra” de Chris Van Der Borgh detalla: “En el caso de los sindicatos ligados al FMLN, Annera (1196:606) habla por ejemplo de una ‘disciplina total y una estructura completamente vertical entre el sindicato y el partido’. Mena (1996) también menciona el compromiso político y el verticalismo tanto de los sindicatos que apoyaban al gobierno como de los ligados al FMLN”.

Independientemente, Ortega plantea que la resistencia dentro de la Asamblea no solo se ha dado de un partido, sino de todos. Todos los partidos pusieron y siguen poniendo trabas a los sindicatos y prueba de ello, plantea, es que la directiva no se reúne con ellos. “Esperamos y pedimos que eso cambie porque la Constitución de la República dice claramente que todos los trabajadores pueden asociarse en un sindicato. La máxima ley no la respetan”.

Su despido, recuerda, violó acuerdos internacionales y todavía algunos miembros de la directiva sindicato han sido trasladados de puestos, a pesar de que eso también violenta esos acuerdos.

Pero Ortega plantea que aunque formalmente no se les reconoce, sí ha habido una mayor apertura con la presidencia de Lorena Peña en comparación con la de Sigfrido Reyes.

Mientras ni Peña ni Norma Guevara aceptan hablar sobre el tema, otros diputados asumen demencia sobre el tema. Francisco Merino, del PCN y miembro de las tres juntas directivas que se han enfrentado a la existencia de dos sindicatos, aseguró que desconoce de las solicitudes de ambos sindicatos. “No, no sé. Eso veálo con el gerente de operaciones legislativas que es el que tramita eso”, comentó.

Ana Vilma de Escobar, directiva por parte de ARENA, también afirmó que durante su período como directiva en esta legislatura nunca se les ha informado de solicitudes por parte de los sindicatos, pero dijo que es necesario que existan reuniones con estos. “Creo que ellos (los sindicatos) tienen que buscar la defensa de los derechos y precisamente el FMLN ha manifestado que defienden los derechos de los trabajadores”, agregó.

Su compañero de bancada y de la directiva David Reyes, quien además es presidente de la comisión de trabajo, va un paso más allá y denuncia que el FMLN y GANA han detenido reuniones con los sindicatos. “Estuvimos promoviendo recibirlos en la comisión, pero tanto el FMLN como GANA se negaron tanto en la comisión como en la directiva”, afirmó. Reyes también confirmó que las peticiones de los sindicatos no han llegado a agenda de esta directiva. “Lastimosamente, todo en esta Asamblea es un tema de aritmética”.

La presidencia del FMLN terminará a media legislatura, cuando el diputado y vicepresidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, asuma la presidencia. Él aseguró que no se ha recibido a los sindicatos porque “es una decisión que no ha podido consolidarse en la junta directiva. Hasta el día de hoy no tenemos el apoyo”, comentó y afirmó que él no tiene inconveniente con reunirse con los sindicatos.

Cuando se le pregunto cuáles eran los grupos parlamentarios que no querían aceptar las reuniones dijo que prefería no revelar esto y se comprometió a promover esto durante su presidencia. Si esto sucederá o no, es otra cosa. Por el momento, los sindicatos siguen reuniéndose en los pasillos de la Asamblea y esperando a que los directivos los reciban. Para Dagoberto Gutiérrez seguirán enfrentándose a oposición porque “esta es la etapa donde el sindicalismo ha sido más perseguido que nunca (...) y el mayor perseguidor de los sindicatos es el Estado”.

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