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La Corte y sus requisitos

La resolución de la sala, en cualquier caso, no es garantía de que en el futuro lleguen funcionarios honestos a la CCR.
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OPINIÓN (Desde acá)

Me gusta cuando callas

*Periodista salvadoreño

Acabo de revisar mis archivos y es la primera vez que hago “seguimiento” de alguna de mis columnas. He tocado temas específicos en varias columnas, el cinismo de mis amigos Ciro y Rodolfo, la infalibilidad de Su Majestad o lo bestiecitas que somos al manejar, por ejemplo, pero nunca había dado continuidad a una. Por fortuna, el tema que ahora nos reúne así lo amerita. El 22 de abril del año pasado los aburrí con una columna titulada “Necesito un abogado”, 650 palabras sobre la admisión de una demanda de inconstitucionalidad por la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República.

El fallo de la Sala de lo Constitucional llega ahora 10 meses después (porque los magistrados la admitieron el 28 de marzo) y me causa una profunda alegría, misma que seguramente sentirá el coyote cada vez que consigue atrapar al correcaminos.

No hay que ser muy genio para percatarse de que en un país como El Salvador el trabajo de la Corte de Cuentas –la CCR– es poco más que una burla. La Constitución le manda a la CCR “la fiscalización de la hacienda pública en general y de la ejecución del presupuesto en particular”. Ejemplos de cómo obviar su trabajo hay muchos: la facilidad de Sigfrido Reyes para despilfarrar dólares en esclavas de mal gusto; los millones perdidos y no precisados por la kilométrica construcción del Diego de Holguín; la federación de fútbol, por dios, para citar algunos ejemplos. Y la Corte, muda. La población (porque no es invento mío) la tiene como a una de las instituciones peores evaluadas. Las mediciones de LPG Datos, además, señalan que buena parte de los salvadoreños desconoce la mera existencia de la CCR, y no me refiero a su función, NO, al hecho de que haya una institución, llamada Corte de Cuentas, encargada de velar que los fondos públicos no se despilfarren. Triste pero cierto: resulta menos mitológico el chupacabras que la existencia de la CCR en un país como este.

No hay que olvidar que la Corte de Cuentas ha estado controlada por el PCN o por sujetos ligados a tan noble partido. El antecesor del actual presidente, Gregorio Sánchez Trejo, fue Hernán Contreras. Antes de retirarse, don Hernán se recetó un bono equivalente al 100% de su salario. Nítido. La exposición pública de la canallada hizo que lo devolviera. Mucho antes que Contreras y Sánchez Trejo el honor de presidir la CCR lo tuvo Ciro Cruz Zepeda. En marzo de 1989 fue destituido por la Asamblea Legislativa por falta de “honradez y competencia notoria”.

Esas tres últimas palabras son vitales. La sala expuso que los diputados no pudieron justificar si los actuales magistrados cumplieron con los requisitos de honradez y competencia notoria que establece la Constitución. Los tres, como documentó la sala, tenían reparos pendientes, además de vínculos políticos que los inhibían para los puestos.

La resolución de la Sala de lo Constitucional, en cualquier caso, no es garantía de que en el futuro lleguen funcionarios honestos a la CCR (los diputados, puestos a justificar requisitos, santifican a quien haga falta), pero sirve para sentar un precedente sobre los criterios que tomará la Corte Suprema respecto a los requisitos constitucionales de los funcionarios. Se me ocurre un caso.

Para ser elegido presidente se requiere, entre otras cosas, ser salvadoreño, mayor de treinta años y de “moralidad e instrucción notorias”. Esos requisitos se acreditan, en el caso del aspirante a presidente, ante el Tribunal Supremo Electoral. Ahora bien, ¿cómo acredita moralidad un expresidente que el 7 de diciembre de 2009, meses después de (por fin) haber dejado la presidencia, nos ilusionó diciendo “quiero decir que yo, como ciudadano, no tengo ningún interés de volver a ser presidente de la República”? ¿Ven? Tenemos que aprender a redactar demandas.

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