Lo más visto

La autoridad que la pandilla le gana a la docencia

El Ministerio de Educación (MINED) intenta minimizar la problemática de los maestros amenazados por pandillas; sin embargo, sus propias cifras lo contradicen. De acuerdo con sus investigaciones, en el 23.7 % de escuelas la seguridad interna se ve afectada por pandillas. Las consecuencias de esto las cuentan los maestros, quienes en ocasiones deben elegir entre educar a sus estudiantes o sobrevivir.
Enlace copiado
La autoridad que la pandilla le gana a la docencia

La autoridad que la pandilla le gana a la docencia

La autoridad que la pandilla le gana a la docencia

La autoridad que la pandilla le gana a la docencia

La autoridad que la pandilla le gana a la docencia

La autoridad que la pandilla le gana a la docencia

Amenaza.  Escrito dirigido a dos profesores de la zona occidental tras regañar a unos estudiantes pertenecientes a pandillas. Los docentes ya habían sido amenazados verbalmente por los alumnos y dejaron de asistir a clases tras recibir esta nota.

Amenaza. Escrito dirigido a dos profesores de la zona occidental tras regañar a unos estudiantes pertenecientes a pandillas. Los docentes ya habían sido amenazados verbalmente por los alumnos y dejaron de asistir a clases tras recibir esta nota.

La autoridad que la pandilla le gana a la docencia

La autoridad que la pandilla le gana a la docencia

Enlace copiado
El viceministro de Educación no muestra ningún empacho al afirmar que solo 2 % de las denuncias de los docentes por amenazas de pandillas es real. Lo hace cuando hay desplegado a su alrededor un pelotón de hombres armados que espera al presidente de la República sobre la cima de una montaña. Soldados, agentes de la Policía Nacional Civil y de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), personal del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) y guardaespaldas con guayaberas blancas hacen que hoy San Esteban Catarina, en San Vicente, se perciba inusualmente seguro.

Es la inauguración del año escolar 2017 y el Gobierno eligió un centro escolar de aquí para hacer su acto oficial. El pueblo se hizo famoso en 2014 porque sus habitantes patrullaban las calles armados, controlaban quién entraba y así trataban de evitar a las pandillas.

El viceministro Francisco Castaneda asegura que de cada 100 maestros que solicitan traslado de escuela por haber sido amenazados de muerte o por estar siendo extorsionados, 98 mienten.

Durante 2015 el mismo Ministerio de Educación avaló y gestionó 536 traslados de profesores bajo el argumento explícito de amenazas y extorsiones. Para que esta cantidad sea ese 2 % que cita el viceministro, más de la mitad de la planta docente nacional, 26,800 maestros, tendría que haber denunciado amenazas y, entonces, se tendría que haber confirmado por medio de investigaciones de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía General de la República que 26,264 mentían.

A diferencia de este acto lleno de guardaespaldas, maestros de 3,327 escuelas enseñan rodeados de comunidades donde las pandillas forman parte de la vida cotidiana. Cuando las clases terminan, niños de un 64 % de las escuelas públicas regresan a comunidades en riesgo por la delincuencia. Esas son cifras recogidas por el Ministerio de Educación y hechas públicas en 2016.

A menos de 50 kilómetros de San Esteban Catarina, Olga, una maestra con una década de experiencia en la docencia, escucha atentamente lo que el viceministro ha dicho en la inauguración del año escolar. Sobre el pecho carga una medalla religiosa. Cuando habla esboza una sonrisa. Pregunta por tercera vez por qué se quiere dar a conocer su historia. A Olga se le descompone la cara y los ojos se le llenan de lágrimas.

—No sé qué me pasa ahora –contesta, y se echa a llorar dentro de una pupusería de un pueblo de calles angostas. Hace un año los pandilleros, es decir, algunos de sus alumnos, la buscaban para asesinarla.



***
 

Olga disimuladamente vuelve a ver hacia los lados de la calle aunque no pretenda cruzarla. Está nerviosa. Al entrar a la pupusería elige una mesa alejada de los demás comensales. Estuvo a punto de cancelar esta cita. “Uno se bloquea, piensa que lo andan siguiendo, siente que en cada paso que da lo pueden matar”, cuenta.

A ella la salvó el zika. O al menos eso cree. La semana que los pandilleros decidieron asesinarla estaba enferma. A través de otros colegas se enteró de que la estaban buscando para “tronarla”.

Olga era la encargada de las pruebas de admisión de una escuela en la que los salones y los maestros no son suficientes para la demanda de bachillerato de la comunidad. La escuela hace exámenes y elige a los estudiantes sobresalientes. A ella le tocó la mala suerte de ser la encargada del proceso. La escuela está en un municipio que durante 2015 promedió un asesinato cada dos días y medio. La pandilla es parte de la comunidad: son estudiantes, vecinos y madres de familia.

—Hay alumnos huérfanos. En una ocasión llegaron a matar a la mamá de uno de mis mejores alumnos. Murió en los brazos de él... dicen que ella cobraba las extorsiones –ejemplifica.

Cerca de la escuela de la que Olga huyó, un par de niños delgados vigilan los carros que ingresan a la zona y vuelven la cara hacia otro lado cuando los automóviles se acercan.

Algunos miembros de pandillas no obtuvieron la nota necesaria para garantizar su cupo en la escuela. Olga cree que esa es la razón por la cual buscaron eliminarla. La profesora sospecha que el enojo proviene porque al no estar estudiando, no tienen cómo disimular su pertenencia a la pandilla si la policía los detiene.

La amenaza fue transmitida a través de otro docente. “Vamos a barrer con todo lo que esté malo”, dijo un joven pandillero, y nombró a la maestra.

Los pandilleros ejercen control dentro de la comunidad. Fuera, los roles cambian y ellos se convierten en el objetivo de otras pandillas. “Los muchachos tienen zonas, no pueden pasarlas; de lo contrario, los matan”, afirma Olga. Sabe que sus verdugos no son matones con recursos económicos para salir a perseguirla lejos, pero eso no impide que sus palabras se terminen mezclando con llanto.

De acuerdo con el Observatorio Escolar del MINED 2015, al menos 1,220 centros escolares declararon que su seguridad interna se ve “afectada por maras”. Eso se traduce en el 23.7 % de centros educativos.

Francisco Zelada, secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación pública de El Salvador (SIMEDUCO), cree que el gremio está desprotegido: “Lo que muchos (maestros) hacen es negociar con los pandilleros que tienen el control del territorio. Allá, en la comunidad, no hay policía ni ministro de Educación, solo los profesores con los grupos delincuenciales y sus alumnos”.

Sandra Rivera caminaba por el estadio de Cojutepeque cuando fue asesinada frente a sus estudiantes el 15 de febrero de 2016. Ese año, la gremial de docentes Bases Magisteriales denunció el asesinato de 12 maestros.

Con la certeza de que algunas amenazas se cumplen, Olga se acercó a la Dirección Departamental de Educación. Cuenta que ahí le dijeron que la iban a trasladar bajo la figura de “destacamento”. Eso implica trasladarla físicamente aunque administrativamente mantiene su plaza en la otra escuela.

Conseguir una plaza en el sistema público es difícil por la alta cantidad de maestros que hay en el país y la poca disponibilidad de plazas libres. En 2015, por ejemplo, se abrieron 411 puestos a escala nacional y cerca de 1,800 maestros concursaron por ellas. En 2016 esta cifra aumentó a 728 plazas abiertas, pero en lugares como San Vicente la competencia entre maestros es dura: se habilitaron 16 plazas para un departamento con 237 escuelas.

Olga, con la necesidad de no perder su empleo, aceptó ser destacada hacia otro lugar. Su director departamental, cuenta, prefirió moverla con ese proceso y no activar el “Protocolo de actuación en caso de extorsiones y amenazas a docentes”. Poner en marcha ese protocolo significaba no trasladar a la maestra hasta que una investigación policial concluyera si la amenaza de muerte era real.

El protocolo, aprobado en 2013, es una guía a seguir cuando un maestro solicita cambiar de escuela para salvar su vida. En su creación participaron los ministerios de Educación, Gobernación, de la Defensa Nacional y de Justicia, así como la Policía Nacional Civil.

El protocolo establece que los docentes “amenazados o extorsionados hacen del conocimiento al director del centro educativo al que pertenecen, quien a su vez acude a la Dirección Departamental de Educación para que esta realice las primeras indagaciones sobre los hechos”. Pero ese documento también especifica que “el MINED no tiene las competencias para establecer el riesgo social de violencia de la comunidad educativa”.

La Dirección Departamental es la responsable de evaluar cada caso y elegir si avisar a la PNC o FGR o no. Si la Dirección Departamental considera que la denuncia es falsa, sus acciones se decantan por realizar capacitaciones de mejoras del clima laboral o revisar la carga académica de los docentes.

En cambio, si la Dirección Departamental cree que el riesgo es real, se activa la segunda parte del protocolo. Estas acciones están basadas en la denuncia ante la Policía.

Un maestro amenazado debe superar la burocracia del MINED, denunciar ante la Policía y esperar que la PNC rinda un informe ante las autoridades educativas para que estas se encarguen de declarar a la escuela “como normal” o “resguardar la seguridad física y mental de los docentes y el estudiantado”.

En un país en el que los investigadores policiales pueden llegar a trabajar hasta 20 casos de extorsión por semana, el protocolo de actuación les concede cinco días para averiguar si las amenazas son reales. Independientemente del resultado, mientras la investigación se realiza, el protocolo deja claro que el “docente no podrá dejar de asistir al centro educativo sin consentimiento expreso de la Dirección Departamental de Educación”.

Muñoz, un investigador policial Antiextorsiones del área metropolitana, explica que “en la mayoría de casos los maestros son extorsionados por los alumnos. Es común que pase si alguna profesora no les quiere poner la nota que necesitan”. Muñoz calcula que durante el año pasado atendió 10 casos de este tipo, uno en su propia familia.

—Tengo una familiar que es directora de escuela. Los alumnos le dijeron que entre los maestros tenían que reunir $200. Le dije: “No tengás miedo. Los delincuentes, si uno paga, no lo matan” –confiesa el policía.


***
 

“No es así como ellos lo plantearon. Al MINED le cuesta aceptar. No quieren aparecer como que la situación está delicada y tratan de ocultarla”, responde el secretario general de Bases Magisteriales, Paz Zetino.

Es jueves y Zetino dice que en la semana ya recibió a dos maestros que le ruegan que interceda para que los cambien de escuela.

El secretario de Bases Magisteriales busca sobre su escritorio un papel. Entre el libro de asistencia de la escuela donde trabaja y unos fólderes, por fin encuentra un acta del Instituto de Medicina Legal. Es el reconocimiento de un cadáver.

Un viernes de diciembre mataron al esposo de María. Es profesora y su casa queda frente a la escuela donde trabajaba. Estaba de vacaciones y con su pareja se preparaba para salir a realizar una diligencia. Ella se deslizó en el asiento del copiloto y cuando él estaba por arrancar el carro, alguien se acercó y le disparó. Él murió ahí mismo... Ahora María se esconde en la casa de un pariente.

“Frente al centro escolar. Se reconoció que falleció a consecuencias de heridas en el cráneo producidas por el disparo de armas de fuego”, reza el acta firmada por los forenses.

—¿Usted cree que esa profesora puede seguir trabajando en esa escuela? –pregunta Zetino– Hay que moverla. Ojalá que no me vayan a decir que como ella no fue a la FGR a poner la denuncia, no nos van a valer el reconocimiento. ¿Cómo va a denunciar ella? La van a matar.

Paz Zetino asegura que este día irá a la Dirección Departamental de Educación de San Salvador a interceder por María. El director de San Salvador es José Augusto Hernández y su discurso coincide con el de las autoridades del Ministerio de Educación.

Hernández recibe en su oficina a los docentes que tienen alguna queja o solicitud. “Los profesores mienten para ser trasladados, dicen que han sido amenazados y no ha sido así. Aunque no quiere decir que no haya amenazas”.

Lejos de considerar válidos los argumentos de los maestros que temen que se filtre información, él cree que “el profesor no va a la PNC porque sabe que se le va a descubrir la mentira”.

Él afirma que “no es muy significativa la cifra” de casos reales. Entre 2012 y 2016, 47 maestros fueron destacados en San Salvador por amenazas. En 2015 solo dos maestros fueron enviados a otra escuela bajo esa modalidad. La cifra aumentó en 2016, cuando destacaron a 32 docentes por esa razón.

“Cuando verificamos que hay una evidente amenaza, lo trasladamos de manera inmediata. No se aplica el protocolo porque la FGR se tarda ocho días en dar resolución”, cuenta el director departamental.

Hernández, la máxima autoridad administrativa de 584 escuelas de San Salvador, admite que a veces hace caso omiso al protocolo: “Más de un maestro podría decir: en lo que la FGR define, ya me han matado. Para no vernos inmiscuidos en una situación de ese tipo, nos adelantamos aunque violentemos el proceso”.

En noviembre de 2016 se solicitó a la Unidad de Acceso a la Información Pública del MINED la cantidad total de profesores que pidieron traslado por amenazas y extorsiones entre 2012 y 2016. Hasta el cierre de esta nota, los datos proporcionados por la unidad siguen incompletos. Se obtuvo información de 13 departamentos, excepto La Unión. Los datos indican que en los últimos cinco años, 313 docentes fueron trasladados por esas razones.

Esta información parece ocultar la dimensión real del fenómeno. Las últimas estadísticas del Observatorio del MINED muestran que solo en 2015, fueron trasladados 171 profesores por haber sido extorsionados y 365 por amenazas. El número total de docentes extorsionados ese año fue de 1,084.

Aunque esas cifras son oficiales, el ministro de Educación, Carlos Canjura, considera que los traslados se dan porque no hay ninguna duda de que todos los maestros desearían estar cerca de donde viven. “Es un tema que debemos revisarlo porque a veces está inspirado por los intereses del maestro”, dijo.

“Están tratando de manera sistemática de minimizar el fenómeno”, dice enérgicamente el secretario general de SIMEDUCO, y sobre una mesa coloca carpetas llenas de papeles de profesores que piden ayuda al sentirse acorralados por pandillas.

—El viceministro de Educación miente cuando dice que de cada 100 denuncias, 98 son falsas y dos son verdaderas. El protocolo establece que el maestro que miente tendrá que ser enjuiciado con una pena de uno a cuatro años de prisión. Quiere decir que ya hay un montón de profesores en la cárcel y nosotros no conocemos ni un solo caso –argumenta Zelada.



***


“No los queremos en esta escuela. Si regresan, los matamos. MS-13”. Al lado de la amenaza, una calavera dibujada con un trazo infantil. Ese fue el papel que dos profesores recibieron después de regañar a unos estudiantes de noveno grado.

La amenaza llevaba escritos los nombres de los profesores en la parte superior de la página. Al lado, una palabra: “Malditos”. Así consta en el acta de denuncia de una delegación policial de occidente.

Antes, esos profesores le pidieron a un grupo de estudiantes que entraran al aula después de un cambio de clase. Como los estudiantes no hicieron caso, tomaron la decisión de enviarlos castigados a sus casas. “Vamos a ir, pero a afilar los machetes para arreglar el problema con los dos viejos”, respondieron ellos. La nota fue la segunda amenaza. Los alumnos no bromeaban. Los maestros tenían que irse.

Este es un caso que denuncia SIMEDUCO. Los docentes dejaron de impartir clases y los padres de familia presentaron una queja ante el máximo tribunal magisterial, la Junta de la Carrera Docente. Meses después fueron despedidos. El sindicato considera dicha decisión una arbitrariedad. Para el tiempo de las amenazas, el protocolo no existía. SIMEDUCO asegura que los docentes ahora se dedican a vender minutas y a manejar un bus.

De acuerdo con el Observatorio del MINED, 1,630 profesores fueron amenazados en 2015. El año pasado, José Callejas, de 29 años, intercedió para que sus alumnos no fueran reclutados por las pandillas. Resultó amenazado y en junio lo asesinaron frente a la escuela mientras abría el portón. Él era el único docente del Centro Escolar del caserío La Máquina, en Ahuachapán.

Algunos maestros han perdido la confianza en las autoridades. En el departamento de La Paz, 24 maestros solicitaron traslado entre 2012 y 2016 por la violencia, de esos siete pidieron no someterse al protocolo para no denunciar ante la Policía.

En La Paz también hay una solicitud de traslado por amenazas que desde 2014 permanece pendiente, aunque la maestra aceptó cumplir los pasos que indican las autoridades. “Se solicitó informe a la PNC sobre la situación de la docente, pero no respondió. El caso queda pendiente de resolver; por lo tanto, la docente se encuentra siempre en el centro escolar de origen”.



***


Dos jóvenes se besaban apasionadamente en el centro escolar cuando el profesor Mario los vio. Los interrumpió y regañó. El joven que besaba a la chica tenía amigos en la pandilla. Ese día ellos lo acompañaron a la escuela.

La PNC realizó un patrullaje y observó a unos muchachos que no pertenecían al centro escolar. Los capturaron y Mario empezó a recibir mensajes amenazantes a su celular.

La pandilla cree que Mario llamó a la Policía. El docente lo niega. “Me decían que yo era rata porque le avisaba a la Policía cuando ellos andaban ahí”. Luego le comunicaron que lo iban a matar. Mario no volvió a la escuela.

—No denuncié ante la Policía. Solo fui al MINED –relata.

—¿No le dijeron que tenía que denunciar para activar el protocolo de actuación?

—Preferí decirles que no porque corría riesgo. Era obvio que iban a investigar el número e iban a ir a traerlos. Pero ellos tienen amigos y se ponía en riesgo la vida de mi familia.

Mario no logró ser trasladado administrativamente. Realizó trabajos de oficina en la Dirección Departamental durante unos meses hasta que aprobaron que fuera destacado en otra escuela. El problema al salir de un centro escolar con esa figura es que no se garantiza estabilidad laboral. “El destacamento puede durar hasta un año”, cuenta.

Si Mario se hubiera atenido a lo que dice el papel, tendría que haberse expuesto y trabajar al menos durante una semana, mientras los policías investigaban. Para SIMEDUCO, “lo importante es la vida del maestro y está por encima al derecho de la educación de los niños. Se trata de vida o muerte”.

El secretario del sindicato considera que garantizar la educación de los niños no debería ser una excusa para obligar a los maestros –al menos a través del protocolo– a no abandonar sus labores cuando se sienten acorralados.

“Deberíamos tener partidas disponibles para contratar a los maestros interinos. Pero hay procesos que se tardan hasta más de un año para nombrar a los profesores”, expresa Zelaya.

A pesar de salir de la zona donde vivían los pandilleros, Mario llevó consigo las secuelas que imaginar su asesinato provocó. “Fue difícil. Padecía de insomnio. Estaba deprimido. Tuve que recurrir a pastillas recetadas para poder dormir”, admite el profesor. Ha asistido por más de un año a terapia psicológica a raíz de las amenazas.

El profesor ha asumido una estrategia para no buscarse problemas. Ha decidido dejar pasar cosas por las que antes habría regañado a sus estudiantes. Mario, después de que su vida cambiara por regañar a unos jóvenes que se besaban, lo tiene claro: “La disciplina a veces queda de lado porque es más importante la vida”.

Tags:

  • ministerio de educación
  • pandillas
  • traslados
  • destacamentos
  • carlos canjura
  • francisco castaneda
  • maestros
  • violencia

Lee también

Comentarios