La deuda de depurar a una Policía infiltrada

Honduras emprende en la actualidad otro intento por depurar su cuerpo policial, uno infiltrado por asesinos, como en numerosas ocasiones ha quedado demostrado. Uno de los casos emblemáticos fue el asesinato del titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, general Julián Arístides González, en diciembre de 2009, que se planificó en el cuartel general de la Policía Nacional.
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Cuando la semana pasada un diario local dio a conocer un informe sobre la participación, entre 2009 y 2013, de oficiales y mandos intermedios de la Policía de Honduras en los asesinatos del zar antidrogas, un exasesor de narcotráfico y un fiscal, muchos hondureños no se sorprendieron.

Lo que sí ha causado sorpresa, incluso indignación y repudio, es que algunos oficiales que ocuparon altos cargos en la Policía Nacional cuando se cometieron al menos esos tres asesinatos hayan dicho que nunca conocieron los informes, pese a que están registradas las fechas en que se los hicieron llegar.




Ataques.  Agentes y oficiales planearon el asesinato del exasesor en materia de narcotráfico Alfredo Landaverde, en diciembre de 2011, y del fiscal Orlan Chávez, en abril de 2013.

Que la Policía Nacional de Honduras ha estado infiltrada por el crimen organizado ha sido como un secreto a voces desde hace muchos años, pero los gobernantes que pasaron durante tanto tiempo no tuvieron la voluntad política de sanear una institución de la que un puñado de oficiales y agentes hicieron un poder para matar.



Un proceso de depuración iniciado entre una gran alharaca a finales de 2011, durante el Gobierno que presidió Porfirio Lobo, no se ha cumplido con la formalidad del caso.

Durante el gobierno que presidió Carlos Flores (1998-2002), el entonces ministro de Seguridad Gautama Fonseca, fallecido en 2014, despidió a varios miembros de la Policía Nacional por presuntos actos de corrupción, pero por orden judicial varios de ellos fueron restituidos en los cargos, algunos con salarios caídos.

Esa minoría de oficiales y agentes asesinos que han estado como parásitos en la Policía Nacional han arrastrado el nombre de la institución y el de aquellos honestos que incluso han muerto en el cumplimiento del deber brindando seguridad a la población.

Diario El Heraldo, de Tegucigalpa, informó sobre cómo, por orden de un narcotraficante, se planificó en el mismo cuartel general de la Policía Nacional en la capital hondureña el asesinato del titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, general Julián Arístides González, en diciembre de 2009.

Otros asesinatos en los que están supuestamente implicados agentes y oficiales de la Policía son el del exasesor en narcotráfico Alfredo Landaverde, en diciembre de 2011, y del fiscal de Privación de Dominio del Ministerio Público, Orlan Chávez, en abril de 2013, pero ahora a nivel oficial nadie sabe nada de ninguno de los casos.

Leer los informes causa estupor, escalofrío y dolor, en un país donde desde hace más de 50 años su población no ha conocido de una verdadera Policía, esa que en otras partes inspira confianza y seguridad, porque siempre, en mayor o menor grado, agentes y oficiales han estado implicados en hechos delictivos y criminales.

Eso incluso ocurrió durante varios años en que la Policía estuvo adscrita a las Fuerzas Armadas, cuando también operaron cuerpos como la temible Dirección de Investigación Nacional (DIN), una policía secreta a la que después le cambiaron nombre, Dirección Nacional de Investigación (DNI), pero no le quitaron a todos los criminales.

Honduras, con 8.7 millones de habitantes, no solo ha tenido pocos policías, alrededor de unos 16,000 en la actualidad, sino que también ha sufrido el dolor de que muchos hondureños hayan sido asesinados por elementos de los mismos cuerpos de seguridad.

Por esos menos asesinos que hay dentro de la Policía Nacional, de quienes el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) dijo que eran “manzanas podridas”, hay hondureños que entran en pánico cuando se les acerca un elemento policial, porque no saben si los va a asaltar, robar, ofrecer cocaína o matarlos, entre otras cosas.

Por muy buenos agentes y oficiales que tenga la Policía Nacional, entre los hondureños no hay confianza en la institución, de lo que han tenido mucha responsabilidad varios gobernantes que no han podido depurarla, por cualquier razón que sea.

A raíz de la denuncia del diario capitalino, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, envió el miércoles al Parlamento un proyecto de ley para que se declarara una emergencia la depuración de la Policía Nacional.

Hernández dijo, además, que ha ordenado la total colaboración al Ministerio Público y que se le entregue toda la documentación necesaria para esclarecer el asesinato, en 2009, del director de Lucha contra el Narcotráfico, Julián Arístides González.

“Quiero ser enfático: no vamos a tolerar que ningún policía sea obstáculo en recuperar la paz y la tranquilidad del país”, recalcó Hernández, quien además señaló que ha “encontrado ciudadanos hondureños que son policías que quieren rescatar su institución, que quieren contribuir al país con ese servicio especial”.

El Parlamento aprobó la iniciativa del Ejecutivo, por 12 meses, y autorizó que a través del ministro de Seguridad se cancele la relación laboral con cualquiera de los policías en las decisiones adoptadas en la depuración, con la responsabilidad de pagarle sus derechos conforme a las leyes del país.

Ahora está por verse si el gobierno de Hernández hará que se cumpla el hasta ahora fallido proceso de depuración de una Policía Nacional que ha sido una vergüenza.

Los impuestos de los hondureños han servido para pagarle el salario a policías asesinos como los que en octubre de 2011 le quitaron la vida a dos jóvenes que eran amigos, uno de ellos hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, para citar uno de tantos casos, en su mayoría impunes

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