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La economía del crimen

El precio de una cajetilla de cigarrillos ronda los $3, y un 60 % de este valor son impuestos. La cajetilla de contrabando se vende a $1. Las tabacaleras calculan que el Estado salvadoreño deja de percibir unos $15 millones al año en impuestos.
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¿Qué pasa en un país en el que el sistema vuelve caro y engorroso volverse una empresa formal? ¿Qué decisión toma una persona que debe invertir cientos de dólares y varios días para tramitar su inscripción y cumplir requisitos legales? Exacto, muchos terminan prefiriendo la informalidad.

Los negocios informales son para miles de salvadoreños su única opción de generar un ingreso. Se autoemplean. Compran y venden cosas. Se vuelven pequeños negocios familiares donde todos ayudan en algo. Emplean a terceras personas con salarios por debajo del mínimo, sin cotizar Seguro Social ni ahorro para pensión.

En cuestión de impuestos, muchos pagan una tasa a municipalidad para poder tener su lugar de venta. La recaudación en El Salvador ronda los $4,000 millones al año. Este dinero viene de los bolsillos de todos los que pagamos IVA, que declaramos y pagamos renta y de las empresas que están formalizadas. ¿Cuántas son las empresas que están registradas y tributando? Tres de cada 10. Y en las otras siete no hablamos de pequeñas ventas o micronegocios de subsistencia. Hay negocios que nacieron y funcionan en la informalidad, a pesar de tener buenas facturaciones.

Esto genera problemas de toda índole, desde el subempleo y la falta de seguridad social y ahorro previsional para gran parte de la población hasta una merma en los ingresos del Estado. En El Salvador esto debería ser un tema prioritario en momentos en que se reconoce un faltante presupuestario de $1,300 millones y se busca un ajuste fiscal -entre más impuestos y menos gastos– de alrededor de $750 millones.

Y mientras buena parte del dinero del país se mueve por debajo de la mesa, sin registros ni tributación, sale a la luz otro problema importante: la economía del crimen. Dinero fruto de extorsiones, robos, narcotráfico y otros delitos es lavado en las fachadas de negocios aparentemente formales. Una de estas estructuras criminales complejas y bien definidas salió a la luz con la Operación Jaque, realizada por las autoridades de seguridad.

Casi un centenar de personas, vinculadas o miembros directos de una de las principales pandillas del país, operaban restaurantes, importadoras de vehículos, transporte público de pasajeros y otros establecimientos. En la primera etapa de este operativo, cuyos resultados informó la Fiscalía este jueves, se decomisaron al menos 28 buses. En El Salvador, cada bus recibe un subsidio estatal de $400 mensuales para mantener bajo el costo del pasaje para los usuarios. Estos 28 buses han recibido, en conjunto, $134,400 anuales.

Paralelamente, millones de dólares se mueven en mercadería robada y en contrabando. Los cigarrillos, unos de los productos más contrabandeados en el país, son un caso significativo: de cada 100 cigarrillos que se consumen en El Salvador, 30 son contrabandeados. La cifra era de tres para 2006, según informes de la industria.

El precio de una cajetilla de cigarrillos ronda los $3, y un 60 % de este valor son impuestos. La cajetilla de contrabando se vende a $1. Las tabacaleras calculan que el Estado salvadoreño deja de percibir unos $15 millones al año en impuestos, a consecuencia del contrabando. Las empresas, por supuesto, pierden mercado. La Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES), reporta pérdidas anuales conjuntas de $150 millones por el contrabando de productos como el aceite comestible, los cigarrillos y el licor.

El Salvador es el país de Centroamérica con menor crecimiento económico y con menor inversión extranjera. Mejorar las condiciones para que los negocios limpios se formalicen, mientras se persigue y desincentiva la economía del crimen, son pasos necesarios para revertir esta tendencia.

El objetivo debe ser aún más ambicioso, porque el crecimiento económico por sí mismo no basta. Debemos aspirar a que la formalidad y el combate al crimen redunden en mayores ingresos para el Estado, para que este los invierta bien, en salud, en educación, en nuestra infancia y en nuestra juventud, en cerrar brechas y reducir la inequidad. Solo entonces, con un desarrollo inclusivo, sostenible y humano, podremos decir que habrá verdadera prosperidad.

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