La invisible necesidad de los discapacitados

El Salvador tiene una ley que norma el acceso a oportunidades laborales para personas con discapacidad. Sin embargo, solo existe un ente regulador para el sector privado, lo que no pasa con las instituciones públicas, enésimo ejemplo de un Estado que viola las normas que se encarga de hacer cumplir. Las personas con discapacidad también piden que se les vea sin condescendencia, como individuos que buscan su dignidad.
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Margarita se mueve como un pez en el agua en su puesto de mercado. Atiende con prontitud los requerimientos de sus clientes y nadie parece tener quejas de su trato. Cada día experimenta las luces y sombras que experimenta un gran porcentaje de la población salvadoreña: vivir en una zona asediada por pandilleros, trabajar largas jornadas para llevar mal que bien suficiente dinero para los gastos.

Margarita se mueve como un pez en el agua en su puesto en el mercado a pesar de que lo hace en una ya desvencijada silla de ruedas. El artefacto un tanto oxidado es ya una parte de su cuerpo. Ha pasado casi toda su existencia, de 38 años, junto a ella, pues una parálisis cerebral infantil le arrebató la fuerza a sus piernas desde la infancia.

A pesar de que no alcanza la excelencia, el objeto le permite tener una vida, que aunque sea dura, puede considerarse promedio en El Salvador. Margarita también pudo terminar su bachillerato, tras salir del cantón en el que nació en un departamento del oriente del país. Fue toda una odisea, dice, su educación básica, con una pequeña escuela a la que solo podía acceder tras subir una inclinada escalera. Un hermano abnegado, dos años mayor que ella, fue su transporte de entonces.

Ahora también es la madre de dos hijos, que cría con la pareja con la que conforma un matrimonio desde hace 15 años. Sus dos hijos están en plena adolescencia y Margarita tiene miedo de que algo les pueda pasar, cualquier día, camino a la casa.

“Siempre he soñado con poderlos sacar de aquí. Pero uno es pobre y no puede aspirar a mucho más. Además, a una persona como yo, ¿quién le va a dar trabajo?”, dice. Hace seis años, afirma, intentó conseguir un empleo como digitadora en una institución de Gobierno. En su opinión, cumplía con todos los parámetros para obtenerlo: un título de bachiller, responsabilidad y buenas recomendaciones. Pero no pasó. Lo intentó un par de veces más, con igual resultado, siempre en el sector público. Alguien después le dijo que quizá hubiera sido más fácil buscar una oportunidad en la empresa privada.




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El Salvador es el país de los invisibles. Son invisibles aquellos que son asesinados y se convierten, luego, en un nombre escrito o mencionado, casi de paso, en el noticiero o la nota de un periódico. Son invisibles también los niños que llevan dentro una herida que, con el tiempo, se irá haciendo más grande: la de una violación. No es para menos que una persona que es vista como un obstáculo, casi como un lastre, por su discapacidad, sufra de igual invisibilidad.

El Salvador también es el país donde las leyes parecen letra muerta. Se han hecho leyes para proteger a la niñez, para darle un trato distintivo al menor infractor, para combatir la corrupción, para un largo etcétera. Por eso suena a cosa utópica que se respete aquella que manda que una persona discapacitada cuente con oportunidades laborales equitativas. Según la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, todo patrono tiene la obligación de contratar a una persona en estas condiciones por cada 25 trabajadores que tenga a su disposición.



Mal que bien, en el sector privado existen empresas que tratan de cumplir con la ley y entre sus filas una persona con discapacidad ha encontrado una manera de ganarse el pan por sus propios medios en un trabajo formal. Otras compañías prefieren cancelar la multa por no cumplirla, la misma que paga un patrono por cualquier infracción al Código de Trabajo: $57.14, cantidad idéntica a la que se cancela por una multa grave de tránsito, como cruzarse un semáforo en rojo.

El ente que regula que lo anterior se cumpla es la Dirección de Inspección de Trabajo. Sin embargo, esta no cuenta con un censo preciso sobre cuántas personas con discapacidad tienen un empleo en la actualidad. Lo mismo pasa en el sector público, pero se agrava si se toma en cuenta que, a diferencia de su contraparte privada, no hay ni un solo ente que regule que la ley se cumpla.

Por medio de una solicitud de acceso a la información pública se pidió el número de personas con discapacidad empleadas en las instituciones gubernamentales desde 2013 a la fecha. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de su oficina de información y respuesta, contestó que no cuenta con la información.

“Si bien es cierto que esta institución es la garante de la verificación del cumplimiento de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad en las empresas, no contamos con un registro de la cantidad de personas con discapacidad que laboran en las empresas, por no ser nuestra competencia. Sugiriéndole que se aboque a cada institución para que pueda esta proporcionarle la información requerida”, escribió el director general de Inspección de Trabajo, Jorge Bolaños. Un enésimo ejemplo de un Estado que viola las mismas reglas que, en teoría, debe proteger.

Fernando Polío y Fátima Chávez, de la asociación ACOGIPRI, especializada en capacitar a personas con discapacidad en artes manuales, califican esta realidad, sentados frente a una amplia mesa en las instalaciones de la entidad, como una posición de “doble moral” por parte de las instituciones de Gobierno.

Una pregunta se hace obligatoria: en un país en el que más del 50 % de la población está subempleada y solo un porcentaje que ronda el 20 % cuenta con un salario digno (según datos del PNUD), ¿por qué debería ser un tema importante darle una oportunidad a alguien con discapacidad?

Fátima Chávez, una persona que ha tenido que andar en una silla de ruedas desde su niñez, contesta con rapidez y con la serenidad de alguien habituado a las subestimaciones. Hace recordar que los que conforman ese grupo poblacional tienen derechos, deberes, anhelos por realizar y necesidad de obtener ingresos por lo que producen sus manos.

“Es difícil, comprendemos que los derechos en este país no se respetan, ni siquiera en personas sin discapacidades evidentes. Pero es imposible que nos neguemos a reclamar nuestro derecho a ser felices”, remarca Fátima.

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Uno de los espacios en el Ministerio de Trabajo que tiene un área específica para atender a personas con discapacidad es el Departamento Nacional de Empleo, a través de la Sección de Grupos Vulnerables. Esta es la encargada de colocar, por ejemplo, a un individuo en estas condiciones en algún puesto y con ello ayudar a las empresas e instituciones de Gobierno a cumplir la ley.

Según la jefa del departamento, Lesly Cervellón, esto se hace cuando es el empleador quien solicita su ayuda. No tienen la potestad de sugerir ni de mover a una organización dentro del Gobierno a emplear a una persona con discapacidad. Su trabajo, por otro lado, también pasa por asegurarse que el ambiente del lugar será el adecuado para el aspirante, tomando en cuenta cuán complicado será el acceso y cuán lejos quedará de su hogar. Así, la labor se vuelve una llena de obstáculos.



Sus otros esfuerzos se complementan con ferias de empleo (que cuestan alrededor de $4,000) o con programas de emprendimiento. El ente, sin embargo, no cuenta con recursos suficientes para llevar a cabo su trabajo en este apartado, por lo que depende, en buena parte, de lo que aporte la ayuda internacional.

En el país, por otro lado, existen pocas asociaciones de la sociedad civil que trabajan por procurar una integración laboral de personas con discapacidad, grupo poblacional que, según las estimaciones de la DIGESTYC, ronda los 200,000 habitantes, cifra que está engrosada por los lisiados de guerra de ambos bandos causados por el conflicto armado en el país. ALGES es la organización que se especializa en su apoyo y cuenta con un programa de colocación de empleo para personas con discapacidad. Sin embargo, según comenta su encargado de inserción laboral, Juan Carlos Alvarado, les ha sido difícil encontrar una puerta, sobre todo en el sector público. Por ello idearon una forma de ofrecer servicios y, de esta forma, darles una oportunidad a sus miembros.

Sus primeros clientes han sido las alcaldías de San Salvador, Santa Tecla, Mejicanos, Cojutepeque, Santa Ana y Aguilares. Con un préstamo facilitado por el Banco Internacional de Desarrollo, lograron un capital semilla que los capacitó para resolver una necesidad en la que los gobiernos municipales mostraban falencias: los baños públicos. El paquete, además de su administración y limpieza, contenía el mantenimiento y la construcción de nueva infraestructura. Así han logrado darle trabajo a más de una centena de personas.

Otra organización civil que cuenta con un proyecto parecido, y también con alcaldías, es la Red de Sobrevivientes. Según su director ejecutivo, Amílcar Durán, a este se han sumado las municipalidades de San Martín, Comasagua y San Luis Talpa.

Consiste en la apertura de una oficina de atención para personas con discapacidad atendida, cómo no, por la persona colocada por la organización. Como motivación para ello, la Red de Sobrevivientes se encarga de pagar el primer año de sueldo y la alcaldía los dos siguientes.


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El pasaje de no poder conseguir un empleo no afectó con demasía a Margarita, pues en su opinión no es nada fácil conseguir un empleo para alguien “con las manos y las piernas buenas”, por lo que su caso, comenta, estaba perdido desde el principio.

Solo mira el ejemplo de su esposo, quien por ahora se mantiene con trabajos eventuales de albañilería. No tiene un trabajo fijo y, de vez en cuando, viene a apoyarla aquí, en su puesto en el mercado, aunque el nombre “puesto” le queda grande a este grupo de canastos.

Las horas corren rápido y llega el momento de retornar a casa. Margarita tendrá que aguardar un poco más, pues, se ve obligada a esperar que un familiar que vive en el mismo lugar que ella pase y le dé un aventón, como todos los días: le es imposible, viendo las circunstancias, viajar en un bus. Allá, dice, la esperan sus dos hijos, que han de haber llegado temprano después de estudiar.

“Creo que para toda madre los hijos representan su motor, quiere que siempre les vaya mejor que a uno… no hay día en que no le agradezca a Dios porque ellos tienen su cuerpecito bueno, que solo tienen de obstáculo la pobreza y su propia voluntad”, afirma Margarita, ya emprendiendo el camino que la llevará a su casa


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