La marcha continua de la violencia

Este texto habla de dos hechos ocurridos en la frontera de 2015 y 2016, en el oeste de San Miguel, municipio que este año ha vivido una escalada de violencia. Un ejemplo de cómo el fenómeno es una maquinaria indetenible que no conoce plazos. El sitio en el que se desarrollaron también reviste características que lo vuelven un punto rojo para las autoridades de seguridad, conformado por un coctel de pandillas, silencio, grupos de exterminio y homicidios múltiples.
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Este árbol de jocote no ha dejado de dar frutos. Son rojos y dulces, como un regalo para la boca en esta tarde inusualmente fresca en San Miguel. El árbol no ha dejado de dar frutos a pesar de que desde hace meses ya nadie le procura cuidados. Y nadie se lleva, tampoco, sus regalos, a juzgar por la gran cantidad de jocotes podridos en el suelo.

Alrededor de él, casi nada queda en pie. Dos casas de lámina y bajareque destartaladas, ropas tiradas, un grupo de botellas de cervezas en un rincón. Y dentro de los hogares, nada, apenas los vestigios de que vivió alguien.

En este sitio, ubicado en un sector conocido como La Línea, en el cantón San Antonio Silva, en San Miguel, se registró el primer asesinato de 2016, cuando apenas habían pasado unos minutos de iniciado el año. Fue tan justo que la hora se ha colocado entre las 11:30 de la noche del 31 de diciembre y las 0:15 del 1.º de enero. En la primera de las viviendas fallecieron Sonia Romilda Lemus, de 40 años, y José Hernández, de 19. Una madre y un hijo.

Soledad.  El sitio donde ocurrieron los asesinatos es uno solitario, con casas bastante separadas una de la otra. Está al borde de la línea del tren.

En la otra casa, los hermanos Wálter Alexánder, de 27 años, y Manuel Gustavo Vargas Ramírez, de 26, también celebraban la llegada del Año Nuevo brindando con algunas cervezas. La muerte, en su caso, llegó apenas minutos después, a manos de los mismos atacantes. Un niño de 11 años, Éver Vladimir Rodas Díaz, sufrió un disparo cuando se encontraba fuera de su casa, seguramente reventando cohetes.

Ambas casas, ahora, lucen desoladas, a la espera de que alguien más las habite. Según agentes policiales que cubren la zona, apenas ocurrieron los hechos, los familiares de las personas decidieron llevarse todo hacia otro sitio, a vivir su duelo lejos de ese lugar.

El ataque, del que no se sabe a ciencia cierta a quién dar autoría, habría sido cometido por un grupo de exterminio que ya se ha cobrado varias vidas en el sector. Pero esa es pura especulación. La Fiscalía General de la República, según una fuente interna de la entidad, todavía no puede dar mayor información sobre el hecho, pues la investigación está en sus fases iniciales.

Ambos grupos de personas tenían algunos años de haber llegado hasta acá. Se trata de un sitio donde quien no tiene una vivienda puede llegar a alambrar un trozo (de unos 5 metros cuadrados) para poder establecerse y levantar una casa con lo que tenga a la mano. Y llamarlo hogar.

Este texto habla de dos hechos ocurridos, uno cerca de otro, en la frontera de 2015 y 2016 y de las características de su contexto. Un ejemplo de cómo la violencia es una maquinaria indetenible que no conoce plazos.

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El 31 de diciembre de 2015 San Miguel registraría su último asesinato al filo de las 9 de la noche, en el cantón Miraflores, uno de los postreros hechos de violencia ocurridos en el país, según datos del Instituto de Medicina Legal.

Los tres agentes policiales encargados de patrullar desde ese cantón, a unos 10 kilómetros de San Antonio Silva, hasta las cercanías de El Espino, en Usulután, fueron advertidos por uno de sus informantes sobre un automóvil que les seguía los pasos.

No sabían cómo actuar. Era alta la posibilidad de morir en esa misma jornada en un ataque sorpresa en cualquiera de los caminos rurales a su cargo. Continuaron el resto de la noche pendientes, atentos al aparecimiento de cualquier vehículo sospechoso. 2015 no fue un año fácil para los policías. Es posible que la certidumbre de vulnerabilidad estuviera fresca. Pero decidieron buscar a los presuntos acechantes, enfrentarlos y comprobar sus intenciones. Sus informantes volvieron a indicarles el lugar preciso donde se movía el pick up.


Miraflores.  En las cercanías de este sitio, dos pandilleros murieron en un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional Civil de San Miguel.

El temido encuentro llegó en un caserío semidesértico (como casi todos los caseríos en esta parte de San Miguel) en el que no había siquiera una luz para acompañar al caminante. Con el aviso de un carro que, en la práctica, era el enemigo, los policías hicieron un alto a un automóvil que se dirigía en dirección a ellos. Este no paró y, más bien, cuando estuvo a la distancia ideal, sus ocupantes abrieron fuego. La oscuridad del sitio contribuyó para que la puntería se complicara.

Los agentes respondieron con toda la habilidad que les podía dar la recién liberada adrenalina, empuñando sus armas largas. El combate, en el que afortunadamente no podía haber víctimas de fuego cruzado, se decidió a favor de los policías.

Algunas balas alcanzaron a los pandilleros pero huyeron en el pick up a través de sinuosos caminos, por una distancia que supera los 2 kilómetros. Llegaron hasta un sitio en el que ya no había manera para que un carro cruzara, solo veredas hechas a duras penas para un pie. También había una casa abandonada en la que los pandilleros hubieran podido parapetarse y seguir combatiendo. Optaron por escapar.

En el automóvil abandonado quedaron los cadáveres de José Rudi Molina (alias “Jura”, de 16 años) y Yuri Henríquez (29). Las autoridades de Seguridad reconocieron que los agentes actuaron en defensa propia, por lo que el caso no ha pasado a más.

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El caso de la masacre de San Antonio Silva todavía no se ha judicializado. La complejidad de este da pie a lo anterior. La complejidad de este y de la realidad de la violencia en El Salvador. Hace unos cuatro años se hablaba de una guerra entre tres pandillas rivales.

La realidad de ahora es la de una guerra compuesta por varios frentes: la de las tres pandillas entre sí; la de las tres pandillas y las autoridades de seguridad; grupos de exterminio creados en el interior de las pandillas; grupos de exterminio compuestos por elementos provenientes de los cuerpos de seguridad, algo que acepta el director de la PNC en San Miguel, Gersan Pérez, aunque califica como casos aislados; y grupos de exterminio particulares.

En San Antonio Silva también reina el silencio, otro aliado de la impunidad. Preguntar por un hecho de violencia ocurrido cerca es provocar una mirada nerviosa, palabras en voz baja y la negación de quien contesta de que siquiera recuerde lo que ocurrió. Eso pasa con estas dos empleadas de uno de los comedores en el inicio del cantón, justo frente al Instituto Nacional de San Antonio Silva, que dicen que son lugareñas pero no tienen noticia de un hecho como el ocurrido el 1.º de enero.

Mario* es un hombre de unos 50 años que discute con una señora un negocio a través de la puerta del instituto. Su bigote canoso y su piel morena hacen contraste. Tras terminar de hablar, conversa con quien se lo pide.

Él reconoce que conoció a los fallecidos y que incluso llegó a construir un lazo de amistad con el mayor de los hermanos asesinados en la segunda casa, Wálter Alexánder. Muchas veces lo ayudó a transportar en su automóvil algunos insumos para su trabajo. Dejó de hacerlo hace unos dos años, dice, cuando se vio afectado por una enfermedad. Su conversación, sin embargo, no sigue mucho más allá. No quiere verse involucrado en un hecho como el ocurrido hace cinco meses.

“Yo hasta aquí llego, amigo”, dice, comenzando a caminar. “Uno nunca sabe en lo que se está metiendo. El tiempo no está para ser poco precavido”, dice.

Casi nadie, ni vecinos, ni policías, ni vendedores, puede o quiere dar señales de los familiares de estas personas, ni siquiera de amigos cercanos. El último es el caso de Mario: “Ellos sí tuvieron amigos, cómo no. Pero yo no le puedo estar dando el domicilio de alguien que no sé si quiere hablar. Mejor hasta aquí dejémoslo, amigo”.

En el sitio preciso donde ocurrieron los hechos tampoco hay suerte. Hasta este solo se puede llegar con acompañamiento policial. Delgadas calles, que a veces se tuercen en pronunciados recodos, sirven como advertencia natural para un visitante foráneo.

Lo solitario contribuye a ello. De aquí hacia donde termina la línea de casas hay apenas unas 10 edificaciones. El vecino más cercano a la vivienda de Sonia Lemus está a unos 30 metros. Aquí, un hombre bajo los efectos del alcohol habla de lo ocurrido. Dice que ese día estaba fuera, a unos kilómetros de aquí, mientras celebraba el Año Nuevo.

Su padre invita a retirarse, diciendo que en ese sitio viven, por ahora, “tranquilos”. Prefiere hacer como si nada hubiera pasado a unos metros de su casa, como si la pérdida de cinco vidas fuera algo que se puede obviar.

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El comisionado Gersan Pérez es el director de la Policía Nacional Civil en el departamento de San Miguel, puesto al que llegó en febrero de este año tras dirigir el PPI. Arriba a una labor compleja, teniendo en cuenta el alto grado de violencia que registra su jurisdicción. En lo que va del año, dentro de sus fronteras se han cometido 235 homicidios, y la cuenta no deja de crecer: nada más este jueves 5 de mayo fue cometido un cuádruple homicidio en Lolotique, al noroeste de la cabecera departamental.

Corpulento y de sonrisa fácil, Gersan habla desde un escritorio demasiado pequeño para la extensión de su oficina, desde la que comanda la segunda delegación policial más grande de El Salvador. Para Pérez, uno de sus principales problemas es la violencia ejercida por la MS, la pandilla con más presencia en el departamento. Y la más violenta, una a la que no le molesta halar el gatillo para deshacerse de sus rivales (en este caso ambas facciones del barrio 18 y una pandilla minoritaria, la Mirada Locos) o la de sus propios disidentes.

“Pasa mucho por aquí. Sobre todo la 18 busca adueñarse de nuevos territorios”, dice Gersan, explicando que la conquista de áreas en las que tienen presencia los MS por parte de sus enemigos corresponde a una especie de golpe moral para sus adversarios. Un caso parecido al de Izalco, bastión 18, aunque en este caso se trata de todo un departamento.

Un año difícil.  Gersan Pérez, jefe de la PNC en San Miguel, asegura que este año se han cometido 235 homicidios en el departamento oriental.

En su mapa no deja de incluir a los grupos de exterminio, que en San Miguel han dejado de ser un hecho por comprobar para convertirse en otra facción criminal a la que hay que combatir. Y para enfrentarse a ese coctel de problemas, por ejemplo, en el municipio de San Miguel, en el que viven 261,714 personas, Gersan tiene a su disposición a 235 agentes, eso sin contar días de licencia, vacaciones o incapacidades. En el populoso municipio incluso hay caseríos que pueden tener poblaciones, como en el caso de Platanares, de 10,000 personas. Para este sitio en concreto, Platanares, solo existe una pequeña fuerza de tarea, pues no hay capacidad para patrullajes policiales.

Otro obstáculo es la poca confianza mostrada por la población al trabajo de los agentes policiales, pues según lo expresó más temprano el jefe de la Policía Rural en el departamento, Richard Lovo, algunos pobladores afirman que son ellos, los miembros de la corporación, los que integran los grupos de exterminio que actúan en distintos puntos del departamento.

Gersan afirma que pasa lo contrario y que la política es no dar tregua a ningún grupo criminal, sea de la denominación que sea. Algo que se contrapone con el entusiasmo mostrado hacia estos grupos por cierto porcentaje de la población, que los ven como la solución al problema de las pandillas.

“Con eso hay que tener cuidado. Primero se les idealiza porque, de alguna forma, ‘matan al que mata’. Después matan al que les cae mal, al que les debe, a cualquiera. No se puede pactar ni con vicios ni con criminales, porque deslegitima las instituciones”, dice Gersan.

Según el comisionado, han estado a punto de capturar a miembros de un grupo de exterminio, como en una ocasión, cuya fecha no especifica, en la que un carro se accidentó en la calle a Anchico. Se descubrió que llevaba un cadáver oculto. Pero Gersan acepta que, hasta el momento, ha sido imposible capturar a un miembro de un grupo de exterminio.

Este viernes, el director de la PNC, Howard Cotto, anunció la captura de varias personas, entre ellas seis policías que formarían parte de un grupo de exterminios. Una de estas aprehensiones fue en San Miguel. Gersan aclara que, en este caso, esta se dio por otros delitos. Hasta el momento no han logrado establecer que correspondan a una estructura de esta naturaleza.

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Yuri, uno de los dos pandilleros muertos en el enfrentamiento con policías en el cantón Miraflores, en el último hecho de violencia de 2015, estaba perfilado como uno de los máximos líderes de la clica Silva Locos Salvatrucha, la célula de la MS con mayor presencia en la parte norte del municipio, según lo consignan en el puesto de San Antonio Silva, el mismo que sirve como la base de operaciones de la Policía Rural.

A Yuri nadie lo llora, al menos en voz alta. Sobre todo porque mostrar algún grado de afinidad con algún miembro de la estructura, mucho más si se trata de uno de la jerarquía de esta, lo pone en el punto de mira de aquellos que han decidido no darle tregua a los pandilleros. Según agentes de la PNC, quienes eran sus familiares ya no viven en el sector. Su luto se lo llevaron a otra parte.

Franklin es un pandillero que apenas pasa de los 17 años. Habla a través de una llamada telefónica, por su seguridad y la de quien lo entrevista. Conoció a Yuri, quien tenía 29 años, cuando él era un niño. Fue él quien lo recibió, dice, en “esta gran familia” hace cuatro años y le dio su primer puesto importante. Fue él quien lo hizo quien ahora es. Por eso, dice, todavía anda una de sus fotografías en uno de los bolsillos.

Ahí se les mira, dice (pues no es posible verla), a ambos “tirando el barrio”. Franklin representa, con sus tatuajes, todo lo que buena parte de la sociedad ha llegado a odiar, por el mafioso control que una pandilla puede ejercer en una comunidad y, por tanto, en la vida de quienes la habitan. Dice que, dada la situación, de un mayor despliegue de los cuerpos de seguridad (sin miedo de apretar el gatillo) y el accionar de los grupos de exterminio, estar en un solo sitio ya no es una opción segura. Por eso, afirma, sus jefes les han indicado que deben replegarse hacia otros cantones y municipios cercanos, los que son, si cabe, más rurales que San Antonio Silva y Miraflores.

Eso no significa su extinción, lo hacen para prepararse para una nueva guerra, a pesar de la promesa de no agresión manifestada por los líderes nacionales. Esto último habría desembocado en el marcado descenso de homicidios en el país registrado en abril.

Hoy es un día antes de la llamada a Franklin. Una cuadrilla de tres policías y dos periodistas visitan el lugar donde ocurrió el enfrentamiento. Es una calle solitaria.



Desolado.  Escenarios como este, en el que se registró el doble homicidio el 31 de diciembre, son comunes en esta parte del oeste de San Miguel.

Para cubrir un territorio que llega desde acá a casi la costa del país hay seis policías en moto que se dividen en dos grupos de tres para cada turno. Los policías que patrullan en esta ocasión no pertenecen a la cuadrilla que se enfrentó a Yuri el 31 de diciembre.

Los agentes en turno defienden la acción de sus compañeros. Sus argumentos, la descripción del lugar que han manejado desde hace ratos y la coherencia de sus versiones hacen que sea fácil creer que, a diferencia de algunos hechos, como el registrado en el cantón Pajales de Panchimalco, este sí fue un auténtico enfrentamiento y no una ejecución extrajudicial.

Aquí también hablan de lo complejo de su trabajo: dedicarse a patrullar, ellos tres solos, un territorio tan grande, solo a bordo de sus motocicletas. Se sienten orgullosos porque en su turno no han tenido que asesinar a ningún pandillero. El pensamiento de que no todos los policías tienen el deseo de matar miembros de estructuras delincuenciales cruza por la cabeza.

El calor de San Miguel empieza a sentirse en la piel, mientras un automóvil pasa por la calle y levanta un poco de polvo. El click de la cámara suena varias veces para retratar las motos en medio de la nada.

A uno de los policías se le preguntan algunas señales particulares de los dos que aquí murieron, cuál era su importancia dentro de la pandilla. Habla un poco de ellos e indica el sitio donde se puede encontrar más información.

“Pero tengo unas fotos”, dice, y comienza a buscar con mucho afán en su celular. Tras un rato, las encuentra, y muestra la primera: es “el Jura”, ya sin vida en la cama del pick up, con las piernas dobladas como quien recibe un disparo estando de pie. En la otra está Yuri, muerto dentro de la cabina del automóvil, en una imagen diferente a la que Franklin dice que todavía guarda en su bolsillo.

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Las escenas con múltiples homicidios han sido moneda común en San Antonio Silva este año. No más el 25 de marzo, por ejemplo, asesinaron a cuatro jóvenes dentro del estadio, ubicado a unos 50 metros de la carretera Panamericana y a menos de la base de la Policía Rural. El hecho ocurrió un poco después de las 5 de la tarde.

Las víctimas se encontraban en el sitio jugando a los naipes. Según fotografías de la escena, murieron uno a la par del otro, con pies y manos sueltos, como si se tratara de una ejecución aceptada. Por eso, la policía sostiene que se trata de una purga interna en el interior de la MS, pues los jóvenes pertenecían a una clica diferente a la que tiene mayor presencia en el cantón.

Otra masacre.  Cuatro jóvenes fueron asesinados en el estadio de San Antonio Silva el 26 de marzo de este año. La escena del juego, con los naipes, se ha conservado junto a una pintura y unas cruces colocadas en honor a las víctimas.

A casi mes y medio de que el cuádruple homicidio se produjera, dentro del estadio todavía se conservan los naipes con los que jugaban, en la posición original. También una tumba pintada con los nombres de dos de los fallecidos, “Hugo Jesús” y “Julito Gerson”. También tres cruces, hechas con trozos de madera, fueron colocadas por los familiares a modo de ofrenda.

La masacre del 1.º de enero ocurrió a unos 150 metros de este lugar. Por eso llama la atención la impunidad con la que se actúa en el sitio a pesar de tener en su centro un puesto que sirve de base a 65 agentes, quienes se mueven en todo el departamento oriental. Este tiene una bartolina en la que están protegidos al menos tres testigos criteriados.

Tanto el director de la PNC en San Miguel, Gersan Pérez, como Richard Lovo, jefe de la Policía Rural, aceptan que el puesto no es garantía de seguridad para los territorios más cercanos. Lo achacan a la escasez de personal y a la diversidad de tareas a las que deben dedicarse sus agentes.

“Lo que pasa es que los diferentes grupos delincuenciales tienen la capacidad de adivinar a qué horas no hay patrullajes y qué caminos pueden usar para salir bien librados… desde que estoy aquí, no hemos aumentado ni un solo elemento”, dice Gersan.

“Que aquí sea la base no quiere decir que aquí va a estar la gente todo el tiempo. Nosotros vemos todo lo referente al sector agropecuario, fincas…”, comenta Lovo.

La vida en el interior de San Antonio Silva sigue su curso. A pesar de que en la mañana parece un pueblo desierto, al mediodía recupera la vida, con su desfile de jóvenes vestidos con el azul y blanco de sus uniformes escolares.

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La masacre del 1.º de enero en San Antonio Silva no es un tema sencillo de hablar para sus pobladores. Ni siquiera para Camila. Algunos lugareños que casualmente están aquí la han identificado como una amiga de Sonia Lemus, una de las víctimas del hecho. Dicen que quizá ella está dispuesta a hablar. Ahora ha salido a hacer algunos comprados hacia las tiendas de la carretera Panamericana. Ella es la mejor opción en ausencia del hermano de Sonia, quien, afirman, acostumbra venir al cantón, pero que hoy no se ha aparecido.

Al abordarla sobre la cuestión, Camila mira con gesto arisco y acepta hablar, pero aquí, de pie, mientras le entregan su pedido. Comienza diciendo que su amiga no se metía con nadie y que le resulta incomprensible su asesinato, aún más con la forma en que se hizo, de manera silenciosa, bajo el abrazo de la noche y de la fiesta.

Camila habla en voz baja, con recelo. Y es entendible: según las autoridades, todos los negocios cercanos han sido amenazados por las pandillas con la consigna de que le darán muerte a quien apoye a la Policía. La amenaza llega, incluso, hasta el puesto de la Policía Rural, que ha tomado toda una serie de medidas de seguridad, como cortar el paso de vehículos en la calle que pasa justo enfrente. Pero la alerta ha bajado en los últimos días, sobre todo por la captura de uno de los máximos cabecillas de la MS en el oriente del país, Pedro Antonio Segovia Chávez, “el Clown”.

El cantón.  Incluso la base de la Policía Rural en San Antonio Silva ha recibido amenazas de un posible ataque de las pandillas.

A Camila están a punto de darle su pedido y se le pregunta si guarda algún recuerdo de su amiga, como una fotografía juntas. Camila sonríe, mira hacia arriba y lanza un leve suspiro, para luego elevar los hombros y negar.

“De ella solo me queda el recuerdo”, dice, para luego emprender el camino

*Los nombres de algunas personas aparecidas en este reportaje han sido cambiados para proteger su identidad

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