Las guerras migratorias

Entre noviembre y octubre de 2015 tres familias salvadoreñas entraron a Estados Unidos sin documentos, en forma ilegal, cada hora. El año anterior habían entrado, en promedio, siete familias cada hora. Una cada siete minutos y medio. Washington está empeñada en devolverlos a El Salvador. Es un nuevo capítulo de las guerras migratorias que, cada cierto tiempo, asolan a los migrantes centroamericanos que han venido al norte huyendo de la muerte y la pobreza.
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Rigor.  Estados Unidos se ha dado a la búsqueda de los menores que entraron con la última oleada de migración sin documentos y que provocaron una crisis.

Rigor. Estados Unidos se ha dado a la búsqueda de los menores que entraron con la última oleada de migración sin documentos y que provocaron una crisis.

El blanco.  Una publicación del New York Times destaca sobre las redadas: “Los objetivos son aquellos que llegaron recientemente, huyendo de niveles insoportables de violencia”.

El blanco. Una publicación del New York Times destaca sobre las redadas: “Los objetivos son aquellos que llegaron recientemente, huyendo de niveles insoportables de violencia”.

Las guerras migratorias

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Fotografías de Agencias

E l hombre, su rostro blanco enmarcado por una melena canosa y una barba de candado, se paró de la silla en que estaba sentado, al final del cuarto de conferencias, para atajar una conversación multitudinaria que amenazaba con perderse en vericuetos de términos burocráticos y citas legales. “Hoy cuatro de los niños a los que vi lloraron en la escuela. Tienen miedo… Tienen pánico”, espetó el hombre, un consejero escolar que me dijo llamarse John, a la concurrencia reunida el lunes 4 de enero por la noche en el Centro Cívico de Silver Spring, un suburbio de Washington en el que viven miles de centroamericanos.

Los niños, me contó luego John (quien prefirió usar solo ese nombre para proteger la identidad de los menores a quienes atiende a diario), tienen pánico por lo que han oído en sus casas: que grupos de policías vestidos de negro pueden llegar por la noche a llevárselos a ellos o a sus papás, meterlos en una camioneta negra, mandarlos a una cárcel (un centro de procesamiento le llaman en el lenguaje oficial) en Texas y de ahí subirlos en un avión de regreso a El Salvador, Honduras o Guatemala, los países de los que vinieron. Deportarlos, en una palabra.

La reunión del lunes en Silver Spring, a la que asistieron unas 200 personas entre miembros de oenegés, oficiales de la policía del condado de Montgomery –aledaño a Washington–, educadores, periodistas, trabajadores sociales y algunos indocumentados jóvenes que se colaron en el público, fue una de las primeras realizadas en el área metropolitana de la capital estadounidense luego de que la Agencia de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) empezará a ejecutar una política de deportaciones de familias y menores indocumentados, centroamericanos la mayoría, que la administración del presidente Barack Obama había delineado en noviembre de 2014 a través de un memo oficial.

Las redadas, como los migrantes latinos llaman a este tipo de acciones, que empezaron el primer fin de semana del año en Texas, Georgia y Carolina del Norte son la batalla más reciente de las guerras migratorias.

En estas guerras hay muchos protagonistas, muchos generales y bandos, pero las víctimas siempre son las mismas: los indocumentados, hombres, mujeres, niños y niñas que siguen tomando el rumbo norte huyendo de sus países castrados por la violencia y la pobreza. En estas guerras, últimamente, la mayoría de víctimas vienen de Guatemala, El Salvador u Honduras. De Centroamérica son, por ejemplo, los cuatro niños que lloraron de miedo con John.

Es miércoles 6 de enero de 2016. Los inmensos parqueos de los centros comerciales esparcidos por las cuatro esquinas de la bocacalles que forman la New Hampshire Avenue y el University Bulevard en Langley Park, Maryland, han vuelto a llenarse de jornaleros, los migrantes –casi siempre indocumentados y en su mayoría recién llegados a Estados Unidos– que a falta de empleos estables esperan aquí a contratistas que les ofrecen pago por jornada de trabajo en lo que sea: jardinería y “paisajismo” (que es una especie de jardinería más cara), carpintería, plomería, construcción, hasta mudanza. Los contratistas, latinos también buena parte de ellos, suelen pagar mucho menos que el salario mínimo, que en este estado es de poco más de $8 por hora, según me han contado varios de esos jornaleros con los que he hablado en los últimos días.

Miguel es uno de ellos. Es de Bolivia y, cuenta, ya entró a Estados Unidos sin documentos tres veces, la primera se vino desde su tierra hasta California, y las otras dos entró después de pasar temporadas en México. A Miguel (nombre cambiado) no le gustan las cámaras, sobre todo en estos días en que la “migra”, como en Langley Park se le llama desde siempre a los servicios migratorios estadounidenses, anda activa. El lunes 4 de enero, Miguel era uno de los cuatro jornaleros que se dieron cita en el 7-11 del lugar, en el que en verano y en días tranquilos suelen citarse docenas de migrantes a esperar trabajo.

El lunes ni Miguel ni sus compañeros sabían bien de qué iban las redadas de las que estaban hablando en las radios hispanas del área. (El 23 de diciembre el periódico The Washington Post publicó un reportaje en el que, citando fuentes del gobierno de Barack Obama, adelantaba que ICE iba a arrancar 2016 con capturas de indocumentados con fines de deportación inmediata).

Pasadas las horas, y a falta de fotos o imágenes de redadas masivas, los jornaleros se dieron cuenta de que esto era diferente a las capturas multitudinarias que habían asolado Langley Park y otros cónclaves latinos a mediados de la década de 2000, cuando la administración de George W. Bush lanzó el programa Comunidades Seguras, el cual consistía básicamente en deportaciones masivas. Hoy se trata, dice Miguel, de saber a qué horas estar y estar pendiente de cualquier van sospechosa (suelen ser negras) de pertenecer a ICE.

Para el viernes 8, ya el 7-11 lucía como suele: lleno de indocumentados en busca del trabajo que, por miserable que sea, paga más que cualquiera que puedan conseguir en Guatemala, Honduras o El Salvador.

El temor de los niños indocumentados que lloraron con el consejero escolar John o la precaución de un migrante curtido como Miguel hablan, de nuevo, de uno de los rasgos más macabros de estas guerras migratorias: la condena de los indocumentados a vivir en la sombra, con miedo a salir a la calle, con miedo a toparse con cualquier hombre o mujer uniformados que pueda enviarlos de regreso.

Las “redadas” actuales de ICE no son tales. De lo que se trata es de una política de arrestos y deportaciones de indocumentados amparadas en un memorándum publicado por el secretario del Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés), Jeh Johnson, en noviembre de 2014, justo en las vísperas de la crisis política humanitaria generada aquel año por la llegada masiva de menores centroamericanos indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos.

La política actual, a diferencia de las redadas de los 2000 como las recuerda el boliviano Miguel, es mucho más focalizada, menos masiva: sus objetivos principales son los menores y los padres de esos menores que entraron indocumentados después del 1.º de enero de 2014 y para quienes un juez migratorio ya decretó orden final de deportación. A algunos de las 121 personas que la administración Obama ha reconocido haber arrestado en lo que va 2016 los fueron a traer hasta sus casas de habitación según denuncias que han hecho organizaciones promigrantes de las que se han hecho eco varios medios de comunicación, incluido el The New York Times.

“Desde el Año Nuevo la administración (Obama) ha estado enviado a sus agentes a los hogares (de los indocumentados) para utilizarlos como ejemplo y para defender el principio de una frontera segura. El presidente… se ha tomado el trabajo de enviar madres y a sus hijos en viajes sin retorno a los países más mortíferos del continente”, dice el periódico neoyorquino en un editorial publicado el viernes en el que cuestiona con dureza la política migratoria de Obama y, en específico, la ejecución de memo de 2014.

A la base de la ejecución de aquel memo, y por tanto de las capturas recientes, está un nuevo repunte en las cifras de menores indocumentados y unidades familiares –término que DHS da a los grupos de niños que entran a Estados Unidos en compañía de al menos uno de sus padres– a partir de octubre de 2015. En realidad, según datos oficiales recogidos y publicados esta semana por el tanque de pensamiento de Washington Instituto de Políticas Migratorias (MPI, en inglés), las cifras empezaron a subir de nuevo a partir de agosto del año pasado.

“Las llegadas en octubre y noviembre de 2015 representaron dos de los momentos más altos alguna vez observados, sobrepasados solo por los cuatro meses de 2014 en que hubo un pico histórico”, escriben los investigadores Marc Rosenblum e Isabel Ball en el reporte de MPI. De acuerdo con esos datos, en esos dos meses de 2015 tres familias salvadoreñas indocumentadas entraban cada hora a Estados Unidos.

Cuando el lunes pasado el secretario Johnson colgó un comunicado en el portal web de DHS para defender la política migratoria, las capturas y las deportaciones, insistió en que todo esto “no debería sorprender a nadie”, porque las líneas de acción de la administración Obama con respecto a los indocumentados centroamericanos que llegaron en 2014 habían quedado delineadas desde noviembre de aquel año, un mes después de que el pico histórico del que habla MPI empezara a disminuir y un mes antes de que el vicepresidente Joseph Biden y los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras –los principales países emisores de migrantes– acordaran hacer todo lo posible para disminuir los flujos.

En su comunicado del lunes, Johnson también insistió en que el principal objetivo de toda la política es deportar a indocumentados con antecedentes criminales o a aquellos que representan una “amenaza seria” para la seguridad de Estados Unidos, y recordó que, según sus cifras, más del 80 % de las deportaciones ejecutadas en 2014 y 2015 son de criminales o de migrantes que han cometido ofensas administrativas o legales.

En el memo de noviembre, conocido en la jerga burocrática como PEP (acrónimo en inglés del llamado Programa de Aplicación de Prioridades), DHS establece tres grupos prioritarios de personas a capturar o deportar; el primero son los criminales peligrosos, el segundo los que han cometido ofensas leves o han violado las leyes migratorias y el tercero, precisamente, las familias recién llegadas.

El New York Times, entre otros, ponen en duda que los arrestos ejecutados en 2016 tengan como prioridad a alguien más que los menores indocumentados o las unidades familiares: “Los objetivos son aquellos que llegaron recientemente, huyendo de niveles insoportables de violencia provocada por el narcotráfico y las pandillas, del hambre y la pobreza, y quienes se entregaron en la frontera en busca de clemencia en Estados Unidos…”

Hay algo en lo que el secretario Johnson tiene toda la razón: la política de deportaciones no debería sorprender a nadie, ni en Estados Unidos ni en Centroamérica. Esa palabra, deportaciones, está presente en todos los planes y memos escritos desde la crisis de 2014 y, más importante, en el lenguaje del presupuesto de cooperación que el Congreso en Washington aprobó en diciembre pasado para los países del Triángulo Norte de Centroamérica.

Según esa ley presupuestaria, entre el 50 % y el 75 % de los $750 millones aprobados están sujetos a que los gobiernos del salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, el hondureño Juan Orlando Hernández y el guatemalteco Jimmy Morales muestren avances en la lucha anticorrupción en sus países y colaboren con el Gobierno de Estados Unidos para “facilitar el retorno, repatriación y reintegración de los migrantes ilegales (sic) que lleguen a la frontera suroeste de Estados Unidos”.

Es un lenguaje viejo de unas guerras viejas, las migratorias, que hoy se ha encarnizado con víctimas más jóvenes.

Priscilla (el nombre de esta niña y su familia han sido cambiados para proteger la seguridad de los menores) salió de Apopa en julio del año pasado con su madre y su hermano menor. Priscilla tiene 14 años. Cuando la niña y su “unidad familiar” se acercaron a la frontera después de un viaje de dos semanas sin incidentes, la madre decidió separarse de ellos. Como le había recomendado el coyote que los trajo al norte, la mujer indicó a sus dos hijos que se entregaran a la Patrulla Fronteriza cerca de McAllen, en Texas.

A Priscilla y a su hermano, que en agosto pasaron a formar parte de la lista de 39,970 menores indocumentados que ingresaron a Estados Unidos entre enero y septiembre de 2015 según datos de ICE, los procesaron y los entregaron, de acuerdo con la legislación estadounidense, a su abuela que vive en Virginia, en un suburbio latino de Washington.

A la madre de los niños la detuvo ICE, también en Texas, y la envió a una corte migratoria, donde la mujer pidió asilo a un juez: por medio de un abogado explicó al Gobierno de Estados Unidos que en su natal El Salvador su esposo, un hombre celoso, quiere matarla. La jueza de su caso le permitió salir para reunirse con sus hijos mientras el proceso de petición de asilo sigue su curso.

A principios de diciembre del año pasado me reuní con Priscilla, su madre, su hermano y un abogado que explicaría a la mujer la mejor forma de defender su petición de asilo. Con mucho tacto, pero con bastante claridad, el abogado, de origen latino, le explicó a la madre de Priscilla que las posibilidades de que la jueza le otorgue el asilo son remotas, muy remotas, porque las pruebas que ella tiene para demostrar el abuso son difusas.

Mientras Priscilla trata de calmar a su hermano menor, un niño moreno de pelo parado y sonrisa perenne que, despachadas dos piezas de pollo frito, no para de correr por el restaurante de comida rápida, la madre escucha, atenta. Tras oír los consejos del abogado, suelta una pregunta, una sola:

—“¿Y usted me recomienda que vaya a la corte a la audiencia de deportación? Porque como me está diciendo que la jueza me va a decir que no…”

—“Mi deber es decirle que tiene que ir a la corte, pero esa es su decisión”, le contesta el abogado.

Antes de irse, Priscilla me cuenta que se va a cambiar de escuela, porque su mamá le ha dicho que se van a ir a otra casa, más cerca de un lugar “donde hay trabajo”. Dice Priscilla que le da igual, porque de todos modos la escuela donde estaba no le gustaba.

El lunes pasado, poco después de tomar el bus desde Langley Park, donde recién había terminado de conversar con el boliviano Miguel, recibí en mi teléfono celular un mensaje de la mamá de Priscilla: “¿Y usted que cree, que con esto de las redadas nos pueden joder?” Le llamé para tratar de explicarle que, en teoría, ni ella ni Priscilla ni su hijo menor eran el tipo de personas a las que ICE andaba buscando, porque sobre ellos aún no pesaba una orden definitiva de deportación.

Mis palabras, por supuesto, no sirvieron en lo más mínimo para calmar las ansias de la mamá de Priscilla. Antes de colgar la mujer me contó que esta semana no va a ir a la tienda donde le han dado chance de trabajar por turnos, y tampoco va a mandar a Priscilla a la nueva escuela. “Vaya a ser”… El miedo es, seguirá siendo, uno de los principales rasgos de estas guerras migratorias

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