Las sombras de El Rosario

Las contradicciones y las ironías en las que vive un guardia de seguridad privada destacan lo desamparadas que se sienten algunas comunidades rurales en El Salvador, las cuales han visto un aumento en la violencia hacia sus habitantes en el último año. El cantón El Rosario, donde vive este guardia, no se siente seguro, sus habitantes desconfían los unos de los otros y queda cada vez más clara la diminuta presencia del Estado en este territorio.
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Cafetales.  Entre los habitantes de El Rosario se murmura sobre la presencia de grupos armados de entre 20 y 30 personas en los cafetales que lo rodean.

Cafetales. Entre los habitantes de El Rosario se murmura sobre la presencia de grupos armados de entre 20 y 30 personas en los cafetales que lo rodean.

Seguridad privada. La finca dentro de la que se encuentra el cantón ha contratado seguridad privada. Los habitantes del mismo, sin embargo, están a la merced de la seguridad que el Estado les proporciona.

Seguridad privada. La finca dentro de la que se encuentra el cantón ha contratado seguridad privada. Los habitantes del mismo, sin embargo, están a la merced de la seguridad que el Estado les proporciona.

Trabajo.  La roya, los problemas de seguridad y las lluvias erráticas han afectado la industria del café y hacen que los trabajos en la zona vayan menguando.

Trabajo. La roya, los problemas de seguridad y las lluvias erráticas han afectado la industria del café y hacen que los trabajos en la zona vayan menguando.

Las sombras de El Rosario

Las sombras de El Rosario

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Faltan 20 minutos para las 7 de la mañana de un día de diciembre y Carlos* lleva ya casi una hora en su lugar de trabajo en la carretera Panamericana. No es una oficina con ventanas que lo deja ver los vehículos que se mueven a altas velocidades en la autopista. Tampoco es una champa –como las que se ven con frecuencia en las orillas de las carreteras de El Salvador– donde vende frutas, miel o algún otro producto. Su lugar de trabajo, literalmente, es la carretera Panamericana.

Desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes, sábados hasta el mediodía, Carlos se para en un brazo de la transitada vía. Sin una silla, sin una caseta donde guardar sus pertenencias o para cambiarse de ropa. Junto a otros empleados de una empresa de seguridad privada, Carlos monitoriza camiones de carga. Algunos de ellos sí tienen caseta donde resguardarse.

Este día, se distrae unos minutos de su trabajo –en otro lugar eso se podría traducir en una pausa para café– y se acerca a unos periodistas que por casualidad están a algunos metros de su despacho a la intemperie.

No quiere denunciar, aunque podría, las condiciones en las que trabaja, sino algo que le preocupa mucho más: la creciente inseguridad que recubre con más y más fuerza la comunidad donde vive.

Carlos, un hombre de más o menos 30 años, vive en El Rosario, un cantón del municipio de Comasagua en La Libertad. Ya no sabe qué hacer para que las autoridades, quienes deberían brindarles seguridad, hagan caso de los miedos de los habitantes de este cantón escondido entre cafetales.

—Así como pusieron el impuesto (de las telecomunicaciones), así también nosotros tenemos derecho a que nos den seguridad. A su alrededor, el ruido aumenta a medida que más y más vehículos se desplazan en la carretera a solo unos metros de distancia.

Brinda seguridad a empresas extranjeras. Seguridad de que sus productos no se desviaron de la ruta establecida, seguridad de que los motoristas no incumplen las reglas sobre no llevar otros pasajeros, seguridad de que el viaje se hace en un tiempo óptimo. Cuida el lucro de otros, pero se ve imposibilitado de hacer lo mismo con su comunidad, su familia y consigo mismo. No puede salvaguardarse ni en su casa ni en su trabajo.

El Rosario no es una excepción dentro del país. Es parte de la regla. 2015, tanto para ese cantón como para el país, vio cómo la violencia aumentaba sin nadie que la parara. El Salvador pasó de una tasa de 39.6 homicidios por cada 100,000 en 2013 a 61.1 en 2014 y a casi duplicarse en 2015 con una tasa de 106 homicidios por cada 100,000 habitantes.

En otras palabras, el año pasado un salvadoreño fue asesinado por cada 1,000. Esta cifra multiplica por 10 es lo que la Organización Mundial de la Salud cataloga como una epidemia de homicidios.

El asentamiento es relativamente nuevo. La cordillera del Bálsamo, en la que se ubica el municipio de Comasagua, fue de las zonas más afectadas con los terremotos de 2001. Las cuatro paredes de la casa de Carlos, por ejemplo, se doblegaron ante el movimiento de la tierra. La comunidad fue reubicada a unos kilómetros después, con ayuda de la cooperación se les construyeron casas y dejaron de ser colonos para independizarse de la finca para convertirse en cantón.

Hace ocho días, comenta en esta primera plática de diciembre, alguien disparó en contra de un bus; en los cafetales de la zona, los lugareños han avistado grupos de hombres portando armas de grueso calibre; ya desapareció un hombre y si alguien no hace algo, teme lo que pueda pasar después.

Sus miedos resultaron ser una profecía. Siete semanas después, tres trabajadores de la finca vecina fueron asesinados a las 8 de la mañana mientras se disponían a fumigar las plantas de café. Uno de ellos era habitante de El Rosario.

Los primeros dos meses de 2016 han sido crueles con Comasagua. Hasta el 5 de febrero, sumando esas tres muertes, fueron asesinados ocho trabajadores del café. Más y más productores de café se quejan de acosos por parte de las pandillas. En una publicación de esta revista se registró cómo un productor de una finca de 106 manzanas pagó en un año $12,000 en seguridad, mientras que invirtió $7,500 en cuatro aplicaciones de agroquímicos contra la roya.


***

El camino de tierra que lleva al asentamiento pasa en medio de dos fincas de café. A menos de 1 kilómetro del inicio del cantón, hay un portón café donde dos guardias de seguridad solicitan identificación a todo el que pase. Estos han sido contratados por los dueños de la finca, pero prestan seguridad exclusivamente a esta.

Los habitantes de El Rosario, en cambio, no tienen más que confiar en la seguridad que les presta el Estado. Según cifras de la Policía Nacional Civil, en 2015 el departamento de La Libertad tenía 2,005 policías, un total de 1.21 policías por kilómetro cuadrado.

Esta no es la primera vez que Carlos se acerca a alguien en busca de ayuda, ya lo ha intentado con la delegación de la PNC de Santa Tecla, la encargada del municipio de Comasagua. En esa ocasión le pidieron a él que llevara pruebas sobre los grupos que están en la zona. Ahora, busca a los medios como última herramienta. —Lo que queremos es que las autoridades tomen cartas en el asunto, que pongan un puesto policial –comenta el guardia.

Habla con la condición que no se revele su nombre, algo que se replica con otros habitantes de El Rosario, donde las personas desconfían hasta de los vecinos que están afuera de la puerta de su casa, donde niños que parecen parte de un paisaje bucólico siguen los movimientos de una periodista y un fotógrafo, ven con quiénes hablan y se mueven cuando ellos se mueven; y donde se pueden escuchar frases como: “Si dice mi nombre, me sentencia a muerte”.

Durante la visita al cantón, el guardia de seguridad permanece en su puesto junto a la carretera, pero constantemente envía mensajes preguntando si todo está bien.

Carlos asegura que esta ola de violencia en la zona se debe a un grupo de exterminio. Su versión, sin embargo, no ha sido corroborada ni por otros habitantes ni por agentes policiales. Algunos del primer grupo dicen que son pandillas o otros que no saben o no pueden decirlo y los del último grupo afirman que la violencia es consecuencia exclusiva de las pandillas.

Independientemente, ocho vidas se han perdido y un asentamiento –de 1,245 habitantes, según el censo de 2007– respira intranquilidad y miedo. Se nota en cómo hablan sus habitantes, pero sobre todo en sus silencios.

Hace más o menos dos meses hubo una reunión de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) del cantón en la que participó la Policía Nacional Civil (PNC). Sobre esta reunión convergen, exceptuando algunos detalles, las historias de Carlos, Francisco* –otro habitante del cantón– y Manuel*, integrante de la ADESCO.

Entre varios de los puntos de la agenda estaba el tema de seguridad. Como en otras ocasiones, los policías hicieron una presentación sobre cómo se encuentra el municipio. Manuel asegura que les han dicho que están catalogados como un municipio de alta peligrosidad.

—Nosotros no sé si ya nos acostumbramos… uno termina conviviendo con el ambiente en que se vive –reflexiona sentado en la parte de atrás de su tienda que tiene una división de barras de metal a través de las cuales atiende a sus clientes.

Después de la introducción, uno de los miembros de la PNC que asistió a esa reunión —Carlos asegura que fue un sargento –preguntó cuáles son los problemas de la comunidad. ¿Hay pandilleros? ¿Hay delincuentes?

Usualmente, no hay respuesta. Nadie sabe nada, nadie ha visto nada. Por temor a que las palabras lleguen a oídos peligrosos. No se sabe a quién está vinculado qué vecino, dice Carlos. La conclusión a la que la mayoría llega es que lo mejor es callar. —Cuando usted habla de más, al final no hay quién le proteja. Entonces, a veces, quizás es mejor eso –dice Manuel.

En esa última reunión con la Policía, una persona de la comunidad se levantó e hizo una denuncia. Al mismo tiempo, ese alguien dio muy poca y mucha información sobre cómo operan los grupos aquí. Atomizan a la comunidad a través del miedo.

Para el guardia de seguridad esto es una debilidad dentro del asentamiento porque cada uno vela por sí mismo sin importar los demás. “No podemos dar la cara como personas de la misma comunidad, hacer la idea de que todos somos una familia, sino que cada quien toma sus leyes y medidas”.

Esto también lo reconoce la Policía. El agente Mendoza está destacado en el puesto de Comasagua. Solo da su apellido y se describe a sí mismo como un agente más. Sentado en medio de mapas del municipio, encorva sus hombros y con suspiro cabizbajo acepta que lo que se lee en las caras de los habitantes de El Rosario es miedo. La falta de cooperación de la comunidad, dice, es un inconveniente para combatir la delincuencia.


***

Seis días de los siete de una semana, Carlos se despierta a las 3:50 de la madrugada. Se baña en el cuartito hecho de lámina apenas separado de las habitaciones principales. Desayuna y sale de su casa. Al igual que muchos de los habitantes del cantón, viaja en el primer bus del día, el de las 4:30 de la mañana. Solo hay tres posibles viajes al inicio del día: ese, el de las 4:50 y el de las 6 de la mañana.

Tantas personas viajan en ese primer bus, que algunas empiezan a hacer fila a las 3 de la mañana para asegurarse de ir sentados en el viaje de una hora y media de duración. El bus transita de El Rosario hasta Santa Tecla, donde los pasajeros cambian de rutas hacia sus destinos.

Entrar o salir de El Rosario es complicado. Antes del desvío a Comasagua se desprende la carretera una calle de cemento donde se vislumbra un rótulo que anuncia que la finca Santa Adelaida se encuentra a 1.5 km de distancia y el cantón El Rosario a 5.

El cemento no alcanza para más de algunos cientos de metros y pronto el camino se vuelve uno de tierra y piedras que hacen que un pick up doble tracción rebote sin parar. El viaje en ese bus es difícil. El transporte de la madrugada va lleno, muchas personas de pie y la vía no ayuda.

Un carril en medio de cafetales pasa por la cima de una montaña que deja a uno y al otro lado vistas de los cafetales de la cordillera. Los pocos vehículos que pasan se tienen que esquivar los unos a los otros, adentrándose en ramadas y cafetales. Cuando el contrario es un autobús, la maniobra se complica.

El difícil acceso, que duplica tiempos, sobre todo del bus que toma Carlos todos los días, también se traduce en aislamiento de las autoridades. El Rosario no tiene un puesto policial. El más cercano se encuentra en Comasagua, a más o menos media hora de distancia.

A las 6 de la mañana, Carlos llega a ese punto de la carretera Panamericana que es su oficina. Nunca viaja con el uniforme de la empresa de seguridad puesto por lo que llega a cambiarse su ropa. A falta de una caseta, se ve obligado a buscar el refugio de algún árbol o un lugar menos transitado para desvestirse y ponerse el uniforme.

Durante la época lluviosa, Carlos busca algún refugio en la carretera donde pueda continuar su trabajo y al mismo tiempo sobrellevar la lluvia. Los almuerzos también los hace a la intemperie.

Este es su tercer año trabajando para esa empresa. Su sueldo de $125.85 quincenales, que los descuentos disminuye a $114.15, más el salario de otro familiar son los que mantienen la casa.

Recorrer el camino polvoso de El Rosario hasta Santa Tecla le cuesta $1.50 todos los días. Está a la espera que el Gobierno cumpla la promesa de aumentar el salario mínimo y que muestre que merece el impuesto del 5 % a los servicios de telecomunicaciones.

Hasta el 5 de febrero, la misma fecha en que los tres trabajadores de la finca Santa Adelaida fueron asesinados, el Gobierno reportó haber recaudado $2,551,690.22 para seguridad desde que fue aprobada la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC).

Por los pocos recursos de sus padres, quienes dedicaron toda su vida al café, tuvo que empezar a trabajar a una temprana edad. Aunque ha trabajado en mensajería, reparación de electrodomésticos, la seguridad privada representó un trabajo inmediato a pesar de no haber pasado del sexto grado.

Con más de 23,546 agentes de seguridad privada más otros 5,000 que trabajan sin permiso, Carlos es parte de un cuerpo más grande que el de la PNC, cuyas cifran rondan los 21,590 agentes. La empresa para la que trabaja, dice sentado en un café del Gran San Salvador, está contratando personal.


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El 27 de octubre de 2015 marcó un antes y un después en el cantón El Rosario. El Centro Escolar Cantón El Rosario tiene matrícula abierta hasta noveno grado. Aquellos jóvenes, quienes quieren y pueden continuar su educación, deben tomar uno de los camiones que hacen viajes hasta el casco urbano en Comasagua.

Ese martes de octubre, uno de esos pick up iba repleto de estudiantes, pasando por la finca Santa Adelaida, cuando un grupo de hombres lo paró. Obligaron a uno de los jóvenes uniformados a bajarse y lo atacaron con armas blancas.

Ervin Arnoldo Flores, de 18 años, murió en el camino a sus estudios. En ese momento, la policía comentó que el joven no estaba perfilado como alguien relacionado con pandillas y no proporcionó un posible motivo del crimen.

—A partir de ahí cambió la situación –asegura Manuel, un miembro de la ADESCO quien asegura que un mes después dos familias migraron del lugar porque recibieron amenazas. Antes de esto, concuerdan él, Carlos, Francisco y el agente Mendoza, la zona era bastante tranquila.


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Un grupo de cinco mujeres se acerca al terreno donde yace la escuela en el cantón El Rosario. La escuela está compuesta por tres estructuras rectangulares dispuestas en Su alrededor de una cancha de cemento. Cinco salones de cinco metros por ocho están llenos de niños y niñas inquietos porque el reloj cada vez se acerca más a las 11:30 de la mañana, la hora en que terminan las clases. En uno de esos salones, 35 alumnos reciben clase de lenguaje. Sobre la pizarra blanca están plasmadas las diferentes comillas que se pueden utilizar en un texto.

Las ventanas, dispuestas en la parte alta de las paredes, están bloqueadas con cartones y apenas dejan entrar luz a los salones que se muestran oscuros a pesar de lo iluminado del día. De todas formas, tienen vista hacia un montículo de tierra. A solo unos metros de esos salones, después de unos cuantos árboles, se abre el panorama hacia las montañas de café que rodean el cantón.

Todos los días, el grupo de mujeres, unas en falda, otras en pantalones para hacer ejercicio, hacen el mismo recorrido con sus hijos o hermanos, al entrar y al salir de la escuela. Tienen miedo que les suceda algo en el camino de la casa a la escuela.

El asentamiento no es muy grande. Una calle principal lo recorre por poco más de medio kilómetro desde donde se desprenden 17 pasajes. A pesar de lo pequeño del lugar, ellas prefieren acompañar a los menores hasta el centro escolar, lo primero que se ve del cantón al entrar.

Este esfuerzo se vuelve un poco infructuoso, si se toma en cuenta que los servicios sanitarios están dañados desde hace más de un año. Cuando tienen que ir al baño, los menores tienen permiso de ir a sus casas. Aunque según una base del Ministerio de Educación (MINED) esta tiene cañería interna, estas madres aseguran que no hay agua potable.

Las mujeres también se quejan de lo desprotegida que está la escuela, abierta sin una cerca que resguarde el perímetro. Quisieran encerrarla.

La matricula del Centro Escolar Cantón El Rosario era en 2014 de 347 alumnos entre parvularia y noveno grado, según datos del MINED. En 2015, asegura alguien cercano a la escuela, al menos 50 alumnos han dejado de estudiar debido al tema de seguridad. Al menos dos familias ya han huido del lugar.

Datos del ministerio sitúan a este centro escolar de nuevo en medio de una tendencia nacional. Sobre 2015, el ministerio todavía no ha publicado cifras oficiales de deserción de centros escolares públicos; sin embargo, se sabe que 100,851 estudiantes abandonaron sus estudios en 2014. Mientras que del sector privado, 60,000 estudiantes –equivalente al 14.5 % del estudiantado– desertaron sus estudios en 2015, según la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES).

La protección que ellas o un posible cerco les pueden dar a sus hijos se acaba cuando estos terminan noveno grado. Aquellos que quieren estudiar bachillerato deben, al igual que el estudiante que fue asesinado en octubre, subirse en la parte trasera de un pick up y viajar hacia Comasagua.

Recorren un camino marcado por la sombra de ese homicidio y ese viaje les cuesta entre $0.50 y $0.75. Es decir, casi $1.50 diario. En un mes, un estudiante tiene que gastar solo en transporte entre $20 y $30 para completar su educación.

Esta cantidad se vuelve onerosa en un cantón donde las familias sobreviven, en su mayoría, por el café, donde los salarios llegan a $129 para la recolección del grano y $171 para los beneficios. Sobre todo en un momento en el que las fincas han disminuido las contrataciones. —La mayoría se dedica al trabajo de finca, pero, según se ve, la situación se va a poner más crítica. Fincas que antes apuntaban a 100 o más, ahora contratan 20 personas –explica Juan, miembro de la ADESCO.


***

El Rosario nació como un asentamiento de colonos de la finca del mismo nombre. Juana*, otra habitante del lugar, ha vivido aquí más de la mitad de su vida. Este lunes prepara café de olla –de la zona, aclara– en la cocina de paredes de lámina.

Esta área es una adición al cuarto de cemento armado que se convirtió en su vivienda después de los terremotos de 2001. Adentro se observan camas y divisiones hechas a partir de sábanas de colores. El día está iluminado, pero el cuarto está sumido en una oscuridad calurosa.

Después de 15 años, dice, el techo de duralita está repleto de agujeros. En época seca no hay problema, pero la lluvia insiste en entrar al cuarto. —Nos toca dormir con una capa encima… y uno de pobre no alcanza –explica.

La Alcaldía de Comasagua les ha prometido que cambiarán los techos, pero hasta el momento, se queja Antonia, no han visto progreso. Portillo, el presidente de la ADESCO, también es síndico de la municipalidad y asegura que hay un proyecto que se llevará a cabo para reemplazar el tejado que ya sobrepasó los 10 años de vida útil.

En 2005, el municipio de Comasagua fue catalogado como uno sumido en extrema pobreza alta en el mapa de pobreza de El Salvador, ejecutado por FLACSO.

Faltan pocos minutos para las 10 de la mañana y aparece Francisco. Lleva una camisa azul que en los hombros tiene virutas de madera. Regresa de traer leña a un par de kilómetros del asentamiento. Antes, esta era una actividad rutinaria. Ahora, la realiza con algo de temor.

Cuando Francisco visita a uno de sus hijos en un municipio del Gran San Salvador, Antonia se ve obligada a comprar la leña aquellos que sí se atreven a ir por ella. Esos cafetales, que en otro momento fueron el sustento de esta familia, ahora son una amenaza. Una sombra yace sobre ellos y nadie puede definir del todo bien las siluetas que esconde.

Pero son suficientemente fuertes como para que Francisco se incomode en la puerta de su casa. Una mujer y algunos niños han estado en las afueras de su casa en las últimas horas. Los ojos de Francisco se mueven constantemente hacia ellos mientras la puerta de pedazos de leña permanece semiabierta. No, no sabe si hay grupos de exterminio. Él no lo puede asegurar, dice, mientras se balancea de un pie a otro para calmar los nervios.

Adentro de la casa, lejos de oídos extraños, se permite más libertad para hablar. Hasta su cuerpo se ve más relajado. —Yo lo que le puedo decir es que si los veo, aunque no los he visto, no les puedo decir nada de eso. Los rumores son que los ven en los cafetales –declara ante la pregunta sobre los rumores de grupos armados.

Acaba de regresar de los cafetales con leña. Se sienta frente a su esposa entre paredes de lámina y un techo agujereado y ambos cuentan cómo alguien desapareció hace solo algunos meses en esos mismos caminos que él acaba de recorrer. Manuel, de la ADESCO, cuenta la misma historia.

—Hay algo que nosotros los del campo tenemos –empieza Manuel– lo del trabajo de la tierra. Lo dice como para dimensionar lo que significa no poder adentrarse en esas montañas que siempre han sido parte de sus vidas. A más o menos cuatro kilómetros del cantón, algunos alquilan tierra para cultivarla. Uno de los hombres que iba camino a su milpa desapareció a finales del año pasado. Avisaron a la policía, llegaron, buscaron y no lo encontraron.

Con el nuevo año, aquellos que cultivaban la tierra han decidido ya no hacerlo, recuenta Manuel. Ha preguntado y le han dicho que no se atreven después de esa desaparición. Ve su tienda y explica que esto también afecta la economía local. En lugar de comprar los granos a productores del cantón, los tiene que traer desde Santa Tecla, aumentando los precios en un lugar que ha visto disminuir la oferta laboral.

Manuel aclara que él no ha visto nada. Él va de su trabajo a su casa y de su casa al trabajo. —La gente habla de grupos de 20 a 30 personas y bien armados. A qué grupos se refieren —No sabría decirle.

Así como en aquella reunión de la ADESCO, nadie acepta haber visto a estos grupos armados, manifiestan que la gente del pueblo dice haberlos visto. Y tampoco concuerdan en qué son esos grupos.

Carlos asegura que son grupos de exterminio. También afirma que en El Rosario no hay pandillas. Hay muchachos a los que les gusta lo ajeno, acepta, pero no llegan a ser pandilleros. En el cantón no hay “placazos” visibles de alguna u otra pandilla.

Francisco, el otro habitante del cantón, dice que hay orejas, muchachos que se comunican por teléfono. Sí hay pandillas. Su esposa, Juana, cuenta cómo ya no pueden hacer vigilias en su iglesia porque les lanzan piedras y han adelantado la hora del culto a las 5 de la tarde.

Manuel comenta que hay jóvenes asociados a alguna pandilla, pero al mismo tiempo afirma que no se ha visto una pandilla organizada en el lugar. Otra persona, que pidió que no se le identificara de ninguna manera porque temía por su vida, dijo: “No le puedo decir sí hay... No le puedo decir no hay (pandillas)”.

En lo que concuerda esta persona, Francisco, Carlos y las madres que caminan todos los días junto a sus hijos por temor a lo que les puede pasar en el camino es en la falta de presencia policial.

Algunos no se atreven decir cada cuánto llegan a la comunidad, pero Carlos asegura que la policía ha dejado de patrullar la zona como lo hacía antes. Mientras en otras ocasiones llegaban cada tres días, ahora rara vez los ven. —La mayoría de días no los veo, la semana pasada no los vi ni un día –comentó la persona que pidió no ser identificada de ninguna forma.

Ya sea por casualidad o no, ese lunes, a pocos kilómetros de la comunidad, tres policías rurales descansaban apoyados en un muro cerca del portón que da entrada al cantón. Con lentes oscuros y botas, se resguardaban del sol del mediodía. Acababan de llegar, caminando, y estaban tomando un descanso, pero se rehúsaron a dar declaraciones porque no estaban autorizados por sus superiores.

Por medio de comunicaciones de la PNC, se solicitó una entrevista con algún miembro de la institución encargado de la zona. Hasta el cierre de esta nota, no se había recibido una respuesta a las reiteradas solicitudes. El alcalde de Comasagua otorgó una entrevista, pero la canceló pocos minutos antes y no respondió a las solicitudes de una entrevista vía telefónica.

En Comasagua, en medio del casco urbano, está el puesto policial designado para la zona. Aquí, bajo la sombra de un techo, descansan cuatro soldados y otros tres agentes policiales. Dos de los soldados usan unas mantas para limpiar los fusiles.

El agente Mendoza acepta conceder una entrevista y se dirige a un cuarto adentro del puesto. Hay una computadora, un par de sillas y diferentes mapas del municipio colgados en las paredes. Uno de ellos es un mapa de incidencia delincuencial, otro mapa de factores de riesgo social que tiene calcomanías pequeñas –unas con el dibujo de una hoja de marihuana, otras de una botella– repartidas en diferentes lugares.

Uno de los problemas del municipio, dice, es que hay un gran consumo de marihuana. Este agente afirma que los homicidios responden al intento de una pandilla de apoderarse del territorio que hasta ahora había pertenecido a la contraria.

Los patrullajes, dice, duran hasta 12 horas, salen temprano en la mañana, los recorren y luego regresan solo a dormir. Pasan por montañas, barrancos, cafetales. Todos a pie.

Sobre los grupos de exterminio, conoce de los reportes, pero asegura que no tienen pruebas de su existencia. —Eso lo vamos a confirmar el día que nos enfrentemos con ellos.

Los miedos de Carlos, guardia de seguridad, se confirmaron el 4 de febrero cuando tres trabajadores de la finca Santa Adelaida fueron asesinados. 18 trabajadores de la finca estaban listos para adentrarse en los cafetales. Tres de ellos, Jorge Adalberto Hernández, de 27 años; Gustavo Alonso Ávalos, de 47 años; y David Arias, de 25, tenían en sus espaldas bombas llenas de veneno. A las 8 de la mañana, según reportes de los testigos, seis hombres se les acercaron y dispararon. Los tres murieron en el ataque que la policía asegura estaba dirigido a Arias.

En el momento, familiares de las víctimas declararon que se escuchan ráfagas de disparos adentro de los cafetales. El mes anterior, el ministro de seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, admitió que la Policía ha fallado en proteger a trabajadores del café: “Han ocurrido porque no tenemos la cobertura necesaria, la coordinación no se ha desarrollado como en otra zonas”.

La finca pertenece a la cooperativa Finca Santa Adelida. A solo un par de kilómetros de El Rosario hay un portón que deja entrever un restaurante, las oficinas y el beneficio de la cooperativa. Cuando se buscó al presidente de esta cooperativa, un hombre bajo, moreno y de bigote cano, se rehusó a responder preguntas y dijo desconocer de cualquier grupo delicuencial que operara en la zona.


***

Los días de Carlos Se dispersan en una carretera con un chorreo constante de vehículos. Observa los vehículos que pasan, monitoriza la mercancía de los clientes. Almuerza a la intemperie la comida que trae consigo o que a veces compra en un puesto de comida cercano.

Al terminar su turno, se quita el uniforme bajo el refugio que encuentre. Ya ha solicitado a la compañía que le gestionen una caseta y asegura que están de acuerdo con que la necesita. Sin embargo, la alcaldía de la zona determinó que ese espacio junto a la autopista no le corresponde a la municipalidad, sino al Ministerio de Obras Públicas.

Ese mismo ministerio pagó $12,500 por una escultura que yace en el kilómetro 7.8 de la carretera en la que trabaja Carlos sin un lugar donde recubrise. Otra ironía más en la historia de este guardia de seguridad privada que no puede asegurar la suya propia.

Cuando termina su turno, el guardia se quita su uniforme y se pone ropa particular. Toma el último de los tres buses que viajan desde Santa Tecla hasta El Rosario a las 7 de la noche.

Es el más solo porque la mayoría busca llegar lo más temprano posible al cantón. El viaje dura una hora y media. La calle principal está sola. Muy pocos se atreven a transitarlas a esas horas.

Su intención es simple: busca que el Estado instale un puesto de seguridad en ese cantón y que incremente la presencia policial. Son demandas básicas y sensatas. Pero el Estado tiene problemas hasta para proporcionarse seguridad a sí mismo y ha pagado a empresas, como esa que emplea a Carlos, $135.2 millones 2004 y 2014 para custodiar la infraestructura de 29 instituciones públicas.

La mayor presencia del Estados es el centro escolar. Uno que no tiene agua potable. Uno donde sus maestros duermen en un cuarto caliente, cuyas “divisiones” las marcan cajas de cartón que sostenidas por alambres que cuelgan del techo.

Ese es el Estado que conoce el cantón el Rosario. O así es como el Estado desconoce a El Rosario. Mientras tanto, este martes 22 de febrero en San Salvador, al menos ocho agentes y un oficial de la PNC custodian “Una noche de luna llena en el Bicentenario”, donde por $1 los asistentes pueden disfrutar de los sonidos nocturnos de la naturaleza, yoga, una fogata y cuentos de luna llena.

*Los nombres de estas personas han sido modificados y detalles que los puedan identificar han sido obviados para resguardar su seguridad.

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