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Los diputados que cuestan el doble

Una mirada profunda a Las declaraciones patrimoniales de los diputados de la Asamblea legislativa 2012-015, muestra cómo algunos de ellos duplicaron y hasta triplicaron sus ingresos a partir de sobresueldos, aguinaldos y vacaciones. Los viáticos —de hasta $500 diarios— también ayudaron a hacer crecer su patrimonio.
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El sueldo mínimo que un diputado puede cobrar al mes son $4,025. Ya esto los coloca muy por encima de lo que cobran quienes tienen otros empleos en los que se solicita títulos universitarios, estudios de posgrado y amplia experiencia, como por ejemplo el de un trabajo en tecnologías de la información (IT) en el que para optar por un salario de un máximo de $1,500 mensuales hay que cumplir con requisitos académicos como conocimiento de inglés intermedio a avanzado, tener experiencia en desarrollo web y en la implementación de Intranet. Para terminar de hacer la comparación, hay que tomar en cuenta que los diputados no solo cobran este sueldo. Por aguinaldos, vacaciones, bonos, sobresueldos y pensiones han cobrado –entre el 1.º de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015– $2.67 millones. Una cantidad que es solo $100,000 menor a lo que suman sus sueldos. Es decir que, de acuerdo con las declaraciones de probidad de 78 de los 84 diputados propietarios, los representantes del poder legislativo han duplicado sus ingresos mensuales gracias a estas figuras que no forman parte de su sueldo como tal.

Esto de los bonos no llegó a todos los diputados por igual. Dentro de las declaraciones hay diputados que no duplican, sino que triplican sus ingresos salariales a partir de estos. Algunos han logrado así acumular en sus cuentas hasta un cuarto de millón de dólares anuales a partir de sobresueldos. Solo seis legisladores (el 7.7 %) declararon no haber percibido nada en este rubro. Algo que de acuerdo con Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción de El Salvador (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), también debe ser tomado con cautela.

Declaraciones patrimoniales de funcionarios, explica, no siempre muestran todos los ingresos.

Cuando se les pregunta a los diputados si consideran justificable estas duplicaciones de sueldo, sus respuestas varían desde decir un rotundo no hasta quitarse responsabilidad al alegar que esas prestaciones fueron establecidas así en legislaturas pasadas o porque son otros y no ellos los que reciben estas prestaciones.


En total, 12 diputados propietarios recibieron cada uno más de $50,000 anuales en concepto de bonos, cinco de ellos eran miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa, entre ellos el expresidente Sigfrido Reyes.

Pero el diputado que más bonos recibió no era ni directivo ni jefe de bancada, quienes tienen mayores prestaciones dentro de la jerarquía del órgano legislativo. Mientras un diputado de llanura se tiene que contentar con un sueldo de $2,311.43, más gastos de representación y de transporte que lo hacen llegar a $4,025.72 mensuales, el diputado presidente tiene un salario base de $5,781.72.

Además, los miembros de la junta directiva reciben más viáticos diarios por sus viajes que van desde $312 hasta $500 diarios, dependiendo el país al que van. Un diputado común puede obtener entre $262 y $475 diarios en viáticos.

Las limitantes del diputado de llanura, sin embargo, no fueron impedimento para Rafael Machuca, un político que estuvo más de 27 años en la Asamblea Legislativa quien alcanzó a tener ingresos por sobresueldos que superaban casi tres veces su salario. Todos los años de la anterior legislatura, el exdiputado dijo haber recibido $261,710 en ingresos extras a partir de vacaciones, aguinaldos, sobresueldos y pensiones. A este dinero se le sumó el salario anual del diputado: $92,469.

Solo en 2013, Machuca recibió $26,977 en viáticos, según un informe que FUNDE realizó a partir de la información que publica la Asamblea Legislativa sobre los viajes de los diputados.

El pecenista — que además fue candidato a la presidencia por el PCN, junto a Genaro Ramírez, en 2014— también fue el legislador que más ingresos por salarios declaró al cese de funciones como diputado de la legislatura 2012-2015. Su salario de diputado base no debería subir de poco más de $48,000. En su declaración, además, este aseguró tener un sueldo mensual de $2,568.58.

Al exdiputado Machuca se le buscó, pero hasta el cierre de este reportaje no había respondido las diferentes llamadas a sus teléfonos. En declaraciones pasadas, el diputado se refirió al caso del diputado miembro de su partido Reynaldo Cardoza. En esa ocasión, Machuca declaró que la ley los estaba crucificando y declarando delincuentes antes de que se les probara lo contrario. “La ley la hicimos nosotros y esa ley es la que nos está cobrando la factura, la misma ley”, agregó.

El ahora jefe de la bancada pecenista, Mario Ponce, explicó que él no era jefe en la anterior legislatura. Y que aún si hubiera sido, es difícil controlar quién viaja y quién no.

—82 diputados declararon en 2012 que percibieron anualmente $1.7 en aguinaldos y sobresueldos, ¿cómo es que la siguiente legislatura casi se duplica este dato?

—¡Son millonarios los diputados, usted!

—¿Cree que es justificable que los diputados se dupliquen el sueldo a partir de aguinaldos y sobresueldos?

—No, porque yo no... Que yo sepa, que yo sepa que reciba doble sueldo, no sé.

—El diputado Machuca, por ejemplo, recibió $216,000...

—Lo que pasa es que... Ese es el problema. Usted está personalizando una situación. Se lo debería preguntar a él.

—Pero usted es el jefe de la bancada.

—Sí, ahora –declaró Ponce— A mí no me meta en el pasado, yo no soy parte del pasado. Respondo por lo de ahora. El problema es que yo no puedo controlar quién viaja y quién no viaja. Esos ingresos son producto de los viajes. Entonces lo que debemos de restringir es esa viajadera porque están drenando al Estado.

—De manera general, la legislatura pasada...

—Yo le puedo responder por mí. Fui a una invitación por el Instituto Lincoln de Boston, pagado por ellos. Vaya a revisar si he viajado, ¡pero ni a Meanguera del Golfo he ido! Esa es mi respuesta.

—Y para esta legislatura... –cuando se le trató de preguntar regresó a su curul dentro del Salón Azul de la Asamblea Legislativa.

En julio de 1969, hace más de 47 años, el mundo vio a través de la televisión en blanco y negro cómo Neil Armstrong dio los primeros pasos de un ser humano en la Luna. En 1979, el presidente Carlos Humberto Romero fue derrocado en un golpe de Estado y sucedido por la primera Junta Revolucionaria de Gobierno. La caída del muro de Berlín, en 1989, marcó el fin de una era hace 27 años. La siguiente década nació el que ahora es el buscador más grande de la web, Google, el cual celebró este año su 17.º aniversario con el Doodle de una computadora antigua.

Antes de todos estos eventos que cambiaron el curso del país o del mundo, en mayo de 1959, la entonces Asamblea Legislativa aprobó la Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos. 57 años después, una ley que nació antes de uno de los primeros hitos de la exploración espacial, es la que se sigue utilizando para fiscalizar a funcionarios y empleados públicos. Mientras esa ley sigue vigente, la NASA ya tiene 11 años explorando Marte con el Mars Rovers y está planeando ya enviar a seres humanos al planeta Rojo.

La longevidad no necesariamente es un impedimento para cuerpos legales, pero para este sí lo es por algunas razones. Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), cree que esta ley es obsoleta en primer lugar porque es una ley preconstitucional. Es decir, esta data de antes de la Constitución de 1983, en la cual se establecen ciertas garantías que dicha legislación no cubre.

Como ejemplo dice que antes de esta constitución, la responsabilidad de los funcionarios era a nivel institucional y no personal. Cuando uno era multado por faltas, este pagaba la multa con dinero del erario público y no de su bolsillo.

Además, las multas que establece la ley están calculadas en colones, una moneda a la que El Salvador renunció –en la práctica aunque no en teoría– hace 14 años. Alguien que no presente su declaración debe pagar de 100 a 5,000 colones de multa. Esto equivale a entre $11.42 y $571.

Si dentro del plazo extra, este funcionario no presenta la declaración, la Corte lo cesará de su cargo, a menos que sea un funcionario de elección popular, como los diputados, que entonces deberán pagar una multa de entre $57 y $1,142. A parte de esa multa, la ley no establece un procedimiento para obligar a estos funcionarios a que entreguen las declaraciones.


El 6 de octubre pasado, la Corte Suprema de Justicia ordenó un juicio en contra del diputado y miembro de la junta directiva Reynaldo Cardoza por enriquecimiento ilícito. Cardoza, quien también es miembro de la bancada del CN, no desvaneció las observaciones que le hizo la Corte sobre sus declaraciones patrimoniales, la cuales muestran que el diputado aumentó su patrimonio en un 645 % en seis años.

Si se llegara a establecer que como mínimo el diputado mintió en su declaración patrimonial, recibiría una multa que podría oscilar entre los $345 y los $1,142. La multa más alta que establece este cuerpo legal representa un 0.095 % del patrimonio líquido de Cardoza.

Esta ley establece en su artículo 7 que “se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa”.

Burgos explica que en el ordenamiento constitucional y legal salvadoreños existen dos conceptos: el enriquecimiento ilícito y el enriquecimiento sin causa justificada. En el primero, el funcionario no ha podido justificar el incremento, pero puede hacerlo si presenta pruebas, y el segundo es cuando ya se estableció que este enriquecimiento que se comprobó fue identificada la culpa y el dolo del funcionario de enriquecerse a costa del cargo y del erario público.

El enriquecimiento ilícito, afirma Burgos sin vacilar, es una consecuencia directa de la corrupción. “La corrupción implica que el funcionario se ha valido de su cargo o de las funciones legalmente conferidas para beneficiarse a sí mismo o a su grupo familiar más inmediato”, comenta.

Este beneficio puede venir en forma de dinero u objetos, pero también como cuotas de poder, colocar familiares o personas allegadas en puestos públicos o prolongar mandatos a cambio de favores.

Otra forma en que los funcionarios pueden obtener dinero de manera ilícita es a través de “dinero mal habido o sobornos, financiamiento de campañas políticas y cobro de comisiones por concesiones de contratos”, plantea Burgos, quien cree que una forma de transparentar la forma en que funcionarios públicos adquieren su fortuna es, además de la aprobación de una nueva Ley de Probidad, es que estos también tengan que hacer tres tipos de declaraciones: la patrimonial, la tributaria y la de intereses.

Además de mejorar el escrutinio de las declaraciones patrimoniales que ya se hacen, Burgos considera que es necesario conocer de manera pública, los impuestos que los funcionarios pagan al fisco y los intereses que pueden tener fuera. Es decir que estos declaren cuáles son sus empresas, en dónde son accionistas, a qué sociedades, pertenencias ya sean privadas, con fines o sin fines de lucro. Esto permitiría otra forma de fiscalización de sus gestiones públicas.

A todo esto se le suma otra forma de enriquecimiento, que Burgos califica como la más descarada a aquel que se da a través de bonos injustificados. “Otra forma, más descarada, son dos que se dan mucho en la Asamblea Legislativa. Es el cobro de viáticos y gastos de viajes injustificados o ilegítimos y la autoaprobación de beneficios injustificados como el tema del doble bono durante el año”.

Según las declaraciones patrimoniales, que los diputados entregaron a la sección de probidad, la última legislatura aumentó considerablemente los ingresos de los diputados en este rubro en casi $1 millón anual. 78 diputados de la legislatura 2012-2015 obtuvieron $2.6 millones en bonos.

Esta cifra contrasta con las del período legislativo anterior (2009-2012), cuando 82 diputados declararon haber recibido $1 millón menos en bonos. Sin embargo, en concepto de salarios esta legislatura percibió $3,000,000 anuales.

Aunque los datos de la legislatura 2006-2009 no se pueden comparar de manera global, ya que la Sección de Probidad solo entregó las declaraciones de cese de funciones de 18 diputados propietarios, sí se puede hacer la comparación entre un directivo de esta legislatura y de la que finalizó en 2015 e incluso comparar los ingresos de un mismo diputado en ambas legislaturas.

El 30 de abril de 2009, por ejemplo, el exdiputado Sigfrido Reyes declaró haber recibido $4,000 anuales en bonos, mientras que el mismo día de 2015 informó que sus ingresos en esta área ascendieron a $59,701. Reyes fue uno de los 12 diputados y uno de los cinco directivos de esta última legislatura que reportaron ingresos de más de $50,000 anuales en este rubro con su declaración de cese de funciones presentada este año.

Otro legislador que aumentó sus ingresos en el área de aguinaldos y sobresueldos fue Francisco Merino, quien en 2009 declaró que percibió $1,500 anuales por este tipo de ingresos, mientras que seis años después estos se multiplicaron casi 50 veces hasta llegar a $74,770 anuales. En el período 2006-2009, el pecenista no era miembro de la junta directiva.


Entre los diputados que en la legislatura pasada percibieron este tipo de ingresos de más de $50,000 anuales están –además de Machuca, Merino y Reyes– diputados de llanura como Rodrigo Samayoa, quien fue uno de los tránsfugas de ARENA que pasaron a GANA y que recibió $90,305 anuales en bonos; Serafín Orantes, del PCN, con $87,660; César García, de GANA, con $69,306; Jorge Alberto Escobar, de ARENA, con $67,747; Rigoberto Soto, de GANA, con $54,704; y Vicente Menjívar, de ARENA, con $50,056.

Y además de Merino y Reyes, hay otros tres miembros de la legislatura 2012-2015 quienes recibieron más de $50,000 en viáticos. Sandra Salgado, quien fue secretaria de la junta directiva por el partido GANA, declaró ingresos por sobresueldos y aguinaldos de $50,150 anuales; Lourdes Palacios, del FMLN, $58,767; y Guillermo Gallegos, de GANA, $81,976.

En esta lista se encuentran miembros de casi todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa durante ese período. Los que no están en el exclusivo grupo de los 12 tampoco se quedan atrás. 32 diputados propietarios ganaron entre $30,000 y $50,000 anuales por aguinaldos, vacaciones y sobresueldos. Entre estos se encuentran Douglas Avilés, del CD, quien obtuvo $48,527 anuales por este rubro y Rodolfo Parker, del PDC, con $33,750 anuales.

Al final, seis diputados del PCN son los que amasaron el 20 % de los $2.6 millones en aguinaldos y sobresueldos. 14 diputados de GANA recibieron un 21 %, mientras que 25 diputados de ARENA, el 25 %; 29 del FMLN, el 28%; y el restante 26 % entre PDC, CD y los diputados independientes.

Aunque todos los partidos pecan de esto, las reacciones ante la pregunta si es justificable que un diputado se duplique o hasta tripliquen el sueldo por medio de estos ingresos varía de diputado a diputado y de bancada a bancada.

Guillermo Gallegos dijo vía una entrevista telefónica que él no podía decir si esto era justificable o no porque no era algo que él había decidido, sino que ya estaba establecido desde antes que él fuera directivo que los miembros de la junta directiva tienen más prestaciones. Los datos muestran que no hay que ser directivo para obtener ganancias en este rubro.

Cuando se le preguntó al futuro presidente de la Asamblea Legislativa y quien por lo tanto podría controlar viajes y dictar políticas sobre el uso de recursos del Órgano Judicial, si solo porque en el pasado se dictaron estas disposiciones, se justifican estos altos ingresos, el diputado respondió: “Eso no le puedo decir yo si es bueno o es malo, ya lo encontré así”.

Investigaciones periodísticas han sacado a la luz que en diferentes ocasiones el diputado de GANA obtuvo viáticos por viajes que no realizó o viajes que hizo a partir de invitaciones inexistentes o por invitaciones que él mismo se envió.


El diputado, además, es uno de los cinco diputados que se ha conocido aumentó su patrimonio líquido durante su paso por la Asamblea Legislativa. Gallegos dio un salto de 2,500 % en cinco legislaturas y ha llegado a acumular un patrimonio líquido de $513,657.

El expresidente de la Asamblea Legislativa por el FMLN y ahora presidente de PROESA, Sigfrido Reyes, aumentó su patrimonio en un 477 % durante su estadía de nueve años en la Asamblea Legislativa. El patrimonio familiar del diputado llegó a $1,045,055.

También Francisco Merino, del PCN y miembro de la junta directiva de la Asamblea Legislativa, logró aumentar su fortuna en $2.4 millones, llegando a superar los $3 millones en patrimonio líquido.


El cuarto diputado que llegó a pasar la marca del millón de dólares en patrimonio líquido fue el miembro de la bancada de ARENA Carlos Reyes. En los últimos tres años pasó de una fortuna de $852,236.50 a una de $1,675,678 de forma individual.

Las prestaciones de los legisladores se vuelven especialmente problemáticas, según explica Roberto Burgos, de FUNDE, cuando se toma en cuenta que la Asamblea Legislativa es el único órgano del Estado que tiene la facultad de aprobar su propio presupuesto. “El poder que tienen es tan grande que lo menos que podemos exigir los ciudadanos es que den cuenta de cómo están usando ese poder”.

Algunos dicen estar de acuerdo con que se debe rendir cuentas de cómo se utilizan los recursos del Estado. Jackeline Rivera, diputada y directiva del FMLN, aseguró que se debe fortalecer el control ciudadano, haciendo la salvedad que cada quien es responsable de sus actos. “Cada persona deberá rendir cuentas de sus actos. Lo importante es que la ciudadanía tenga la posibilidad de escrutar y será la ciudadanía la que juzgue si lo que se ha hecho no es legal o si es legal pero no es ético o si es incorrecto”, dijo.

La jefa de la bancada de ARENA, Carmen Elena Calderón de Escalón, calificó como injustificados los ingresos de diputados a partir de estos rubros y aseguró que es necesario que se apruebe una Ley de Probidad. Sus declaraciones patrimoniales detallan que sus ingresos en este rubro fueron de cero exceptuando en 2012 cuando declaró haber recibido $20,571 anuales y 2009 cuando declaró haber recibido $42,598 anuales en este rubro.

Y, aunque asegura que la bancada de ARENA está haciendo esfuerzos por transparentar sus viajes, varios de los diputados del partido tricolor se encuentran entre los que perciben altos ingresos anuales más allá de sus salarios. Esta contradicción, asegura Roberto Burgos, todavía se mantiene en esta legislatura. “Yo esperaba que los diputados de ARENA, que hicieron campaña con que iban a ser un diputado menos, que iban a ser gente diferente, esperaba que tuvieran la mínima decencia de renunciar a una serie de privilegios que tanto han criticado. Siguen gozando de privilegios injustificados”.

Las prestaciones de las que gozan los diputados, dice Roberto Burgos, de la ALAC de FUNDE, además se vuelven injustificables si se hace un estudio del trabajo legislativo. “Cómo justifican si su trabajo legislativo deja mucho que desear y si no vea cuántas declaraciones de inconstitucionalidad hay sobre leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. Las sentencias son un recordatorio de decirle a la Asamblea: ‘Mire no sabe de derecho constitucional, su trabajo no lo hizo bien’”, comentó Burgos, quien además recuerda que todas las demás personas que trabajan tienen que realizar bien su trabajo y comprobarlo.

Entre estos privilegios se encuentran camionetas de lujo, motoristas, pensiones y seguros médicos de primer nivel, comidas de hotel dentro de la Asamblea Legislativa, que paga la Asamblea y por lo tanto reducen los gastos de vida que un diputado pueda tener. Esto, sin embargo, no es suficiente para algunos diputados.

***

El diputado Rolando Mata fue designado para hablar de los datos de Probidad por parte del grupo parlamentario del FMLN. LA PRENSA GRÁFICA solicitó entrevista tanto a la jefa del grupo parlamentario del FMLN, Norma Guevara, como al subjefe, Medardo González, pero el equipo de comunicaciones anunció el cambio.

El diputado inició la conversación y declaró que el enfoque que se le está dando al estudio del patrimonio de los diputados es de morbo y exhibición en lugar de contrastar si el trabajo legislativo y los resultados justifican los ingresos.

Cuando se le planteó el caso del exdiputado Rafael Machuca, Mata comentó que un factor posible por los $261,000 que este declaró percibir anualmente además de su salario como bonos, puede venir de los viáticos. Cuando se cuestionó si esto es justificable o no, el diputado efemelenista defendió que sí y además comentó que esto era tanto legítimo como legal. En esta conversación el diputado argumentó por qué y terminó justificando el salario de un diputado aunque no era eso lo que se cuestionaba:

–Es legal y es legítimo. Porque según la Constitución... Es legítimo y es legal. Legítimo en tanto que en la Constitución está planteando que para el desempeño del trabajo tienen que dar todas las herramientas necesarias y las condiciones para que trabaje y produzca bien.

-Sí, por eso los diputados tienen un buen salario.

—Con respecto al mínimo –comentó soltando una pequeña sonrisa– con respecto al mínimo, con respecto al presidente de cualquier empresa, no. Creo que lo que usted quiere transmitir, a mi criterio, es si eso es correcto o ético. Por ejemplo, hay comparativos, el del salario mínimo dice que el salario de $2,700 nominales del diputado no debe ser, que es exorbitante. Pero si lo comparamos con el presidente del CITI Bank va a encontrar que hay de $10,000 a $15,000.

—Sí, pero eso...

—Permítame, permítame. Va a decir que es normal...

—Será menos del 1 % de la población que tiene ese sueldo.

—Las valoraciones dependen del contexto. Me va a decir: es que es impuesto público.

—No estoy cuestionando el salario que tienen los diputados, sino que a partir de prestaciones hay algunas personas que se están duplicando ese salario.

—¿Y eso es ilícito?

—No le estoy cuestionando si es ilícito o no, sino que si es justificable.

—Está justificado. Porque primero lo están planteando dentro del presupuesto, está planteando que debe realizar actividades. Está justificado.

—¿Y éticamente está justificado?

—Algunos lo justificarían y otros no.

—¿Y usted?

—Yo en lo particular le puedo decir que como funcionario público yo sí debo de cuidar los recursos públicos que me ponen a disposición.

***

Un diputado, contando los gastos de representación, gana como mínimo $4,025.72 mensuales. Con el último ajuste del salario mínimo que entró en vigencia el 1.º de enero de 2015 el salario mínimo pasó para trabajadores del sector maquila, textil y confección a $210.90; de la industria, $246.60; y del sector agrícola, $118.20. Es decir, el salario mínimo oscila entre el 3 % y el 6 % del salario de un diputado, quienes tienen el poder de decidir su propio salario. Agravando la diferencia, los diputados se autorrecetan seguros médicos de primera y pensiones de envidia, mientras que habitantes de la zona del Bajo Lempa, quienes muchos fueron trabajadores de algodoneras y del sector agrícola le tienen que hacer frente a muchos casos de insuficiencia renal sin el beneficio de un seguro médico, ni siquiera el del Estado.

Si se toma como ejemplo, los ingresos anuales del diputado Machuca en concepto de salarios y bonos asciende a $354,179 anuales. Los ingresos anuales de una persona que gana el mínimo oscilan entre $1,418.4 y $2,959.2 anuales o entre el 0.4 % y el 0.8 % de lo que el pecenista hizo en un año.

El salario promedio a escala nacional no es mucho más alto. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2014, el salario promedio a escala nacional es de $539.7 y además: “A escala nacional un 31.8 % de los hogares se encuentran en pobreza; de estos el 7.6 % se encuentra en pobreza extrema”. Datos que marcan una brecha demasiado amplia entre gobernantes y gobernados, que facilita que los gobernantes se alejen de la realidad que vive el resto en temas tan sensibles como salud, educación, seguridad y vivienda

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