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Los trapos sucios de la Corte de Cuentas

Nueve informes de Auditoría Interna de la Corte de Cuentas muestran una institución que incumple su misma ley, que deja vencer plazos para investigar a las instituciones del Estado y que no cumple sus normas técnicas para auditar. Además, casos como uno en el que se condenó al exdirector de la PNC a pagar una multa de $136.26 por no haber ejecutado planes de prevención de violencia casi 10 años después de terminada su gestión reflejan una Corte de Cuentas hueca.
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Nueve años. La Corte de Cuentas se tardó casi nueve años en determinar que 20 funcionarios de la PNC debían pagar $6,213 en multas por irregularidades que cometieron en 2005.

Nueve años. La Corte de Cuentas se tardó casi nueve años en determinar que 20 funcionarios de la PNC debían pagar $6,213 en multas por irregularidades que cometieron en 2005.

Desvinculan. Los dirigentes de la Corte de Cuentas se desvincularon de los retrasos en los procesos y aseguraron que encontraron 1,249 expedientes sin procesar.

Desvinculan. Los dirigentes de la Corte de Cuentas se desvincularon de los retrasos en los procesos y aseguraron que encontraron 1,249 expedientes sin procesar.

Partidización. La partidización de la Corte de Cuentas, asegura un experto, se ha traducido en arbitrariedades al investigar las instituciones.

Partidización. La partidización de la Corte de Cuentas, asegura un experto, se ha traducido en arbitrariedades al investigar las instituciones.

Plazos vencidos. Uno de esos exámenes investigó el proceso de negociación y adquisición de los terrenos donde se construirían las centrales hidroeléctricas El Chaparral y el Cimarrón entre 2002 y 2007. Pero cuando se finalizó el informe de auditoría cuatro de esos años ya no podían ser investigados.

Plazos vencidos. Uno de esos exámenes investigó el proceso de negociación y adquisición de los terrenos donde se construirían las centrales hidroeléctricas El Chaparral y el Cimarrón entre 2002 y 2007. Pero cuando se finalizó el informe de auditoría cuatro de esos años ya no podían ser investigados.

Incumplimientos. Seis documentos muestran que no se cumplió un tercio de las recomendaciones que hizo la Unidad de Auditoría Interna, a pesar de que son de obligatorio cumplimiento.

Incumplimientos. Seis documentos muestran que no se cumplió un tercio de las recomendaciones que hizo la Unidad de Auditoría Interna, a pesar de que son de obligatorio cumplimiento.

Los trapos sucios de la Corte de Cuentas

Los trapos sucios de la Corte de Cuentas

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P ocas personas conocen cómo funciona la Corte de Cuentas en detalle, cuánto tiempo se tarda en investigar a los funcionarios públicos, si lo hace bien, cómo son los juicios de Cuentas, cuáles son las multas que impone, si las cobra... Hay una razón. No hay nadie que controle al controlador del Estado y este se ha esmerado por ocultar su funcionamiento. Mientras otras instituciones se han abierto a la Ley de Acceso a la Información Pública, la Corte de Cuentas ha sido una de las que más resistencia han demostrado, aunque ella se diga a sí misma una institución transparente. Hasta hace poco es que los informes de las auditorías que ha realizado a otras instituciones están disponibles para consulta pública. Se hace un excesivo uso de la reserva de información en los más recientes. Los que más interés despiertan.

Séptimo Sentido pidió, a partir de una solicitud de acceso a la información pública, conocer todos los informes de Auditoría Interna de la Corte de Cuentas desde 2000 hasta enero de 2016. La Corte de Cuentas, rindiendo honor a su larga tradición de oscurantismo, hizo de esta solicitud un proceso complicado. Primero concedió y luego retiró el acceso a los documentos que son de carácter público. En un tercer forcejeo, aceptó proporcionar una copia escaneada de los documentos solicitados en un plazo de 10 días hábiles.

Hasta la fecha, sin embargo, solo se conocen nueve documentos de Auditoría Interna, emitidos entre marzo de 2013 y enero de 2014. Los últimos a los que se les levantó la reserva y de los cuales se tomó fotografía en el momento. La Corte de Cuentas se tarda tanto en mover sus engranajes que deja vencer los plazos –que su misma ley establece– para investigar a los funcionarios públicos y el manejo que estos hacen de los fondos del Estado.

Solo en esos nueve informes emergen cuatro ocasiones en que la Corte dejó pasar tanto el tiempo que ya no existía la posibilidad de procesar a los funcionarios señalados. Estos pudieron haber hecho mal uso de los fondos, destinarlos para otros fines e incluso beneficiarse con acciones irregulares, pero la Corte ya no los puede procesar porque no los investigó a tiempo.

La Ley de la Corte de Cuentas establece en su artículo 95 que esta institución tiene cinco años, contados a partir del 1.º de enero del siguiente año en que fueron ejecutadas las acciones, para emitir el informe de auditoría de una gestión.

Una de esas ocasiones en que la Corte dejó pasar tanto el tiempo que ya no existía la posibilidad de procesar a los funcionarios señalados ocurrió en la Oficina Regional de Santa Ana. Esa unidad investigó dos años de la gestión del municipio de Armenia.

El 13 de septiembre de 2012 la oficina regional de Santa Ana emitió el informe final del “Examen especial relacionado con el cobro de tributos a la Caja de Crédito de Armenia, realizado al municipio de Armenia 1.º de enero de 2005 al 28 de febrero de 2010”.

El documento no solo se emitió cuando ya había vencido el plazo, sino que la orden para realizar la auditoría se giró solo cuatro meses antes de que se llegara al límite para poder investigar la gestión 2005.

Auditoría Interna determinó que la deficiencia se debió a que el licenciado José Alfredo Olivares, exjefe de la Oficina Regional de Santa Ana, giró la orden para que se realizara dicha auditoría solo cuatro meses antes de que venciera el plazo de cinco años. El siguiente jefe, José Israel López Ramos, firmó el informe, aunque dos años de esa gestión ya no podían ser juzgados. Este último le aseguró a los auditores internos que cuando inició en ese cargo encontró una mora de 133 informes pendientes de lectura y firma.

Esta deficiencia, de dejar vencer períodos, concluyó Auditoría Interna, “provocó riesgo de efectividad en los resultados de auditoría”. No solo se perdió la oportunidad de juzgar irregularidades atribuibles a funcionarios públicos, también se utilizaron recursos del Estado en auditar períodos por los que ya no podrían hacer un juicio.

Ese mismo noviembre de 2013, Auditoría Interna llamó la atención sobre otra unidad que dejó vencer períodos antes de emitir un informe final. Entre mayo y diciembre de 2011 la Unidad de Auditoría Cuatro emitió tres informes de exámenes especiales efectuados a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Entre los tres informes se perdió la oportunidad de posiblemente juzgar gestiones que juntas suman cinco años y cinco meses.

Uno de esos exámenes investigó el proceso de negociación y adquisición de los terrenos donde se construirían las centrales hidroeléctricas El Chaparral y El Cimarrón entre 2002 y 2007. Pero cuando se finalizó el informe cuatro de esos años ya no podían ser investigados.

El segundo inspeccionó las operaciones financieras de la sociedad LaGeo, S. A. de C. V., en las que participó el Estado entre el 26 de octubre de 2004 y el 31 de diciembre de 2006. A la fecha en que se emitió el informe, el plazo para investigar un año y dos meses de esas operaciones financieras ya había caducado.

El tercero dejó vencer el plazo para investigar tres meses de la participación del Estado, a través de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, en las operaciones financieras de la empresa Inversiones Energéticas, S. A. de C. V. del 16 de septiembre de 2005 al 31 de diciembre de 2006.

La CEL ha sido una de las instituciones envueltas en cuestionamientos. En noviembre de 2013 –justo cuando Auditoría Interna dijo que se habían dejado vencer períodos de gestión en la CEL– la Fiscalía General de la República acusó a 17 exdirectivos de la hidroeléctrica. Después de varios años en litigio, el caso no prosperó y la misma Fiscalía pidió que todos los acusados fueran exonerados. Sin embargo, es destacable la ausencia de la Corte de Cuentas en las conversaciones sobre el tema.

El desarrollo más reciente con respecto de la CEL tiene que ver con el caso El Chaparral. Este mes el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, aseguró que la administración del exfiscal Luis Martínez archivó la investigación por supuestas irregularidades en la construcción de la represa El Chaparral.

La misma Ley de la Corte de Cuentas establece en el artículo 98 cuáles son los pasos a seguir cuando se declara la caducidad para declarar un informe. “Declarada la caducidad, se abrirá expediente para deducir responsabilidades (...) Si la caducidad se produjere por negligencia o malicia del funcionario respectivo, será sancionado con el máximo de la multa prevista (...) Se informará al fiscal general de la República”.

Esto no solo fomenta la corrupción y la cultura de impunidad que existe en el país, sino que es de por sí una violación a la legislación vigente. Si se comprueba que los funcionarios de la Corte de Cuentas dejaron pasar el tiempo de manera intencional, esto podría acarrearles consecuencias penales. El incumplimiento de deberes por parte de un funcionario público puede tener consecuencias penales de entre cuatro a ocho años de prisión, si se comprueba que fue realizado con dolo.

Ambos informes de Auditoría Interna en los que se menciona el vencimiento de plazos para auditar gestiones fueron presentados al entonces presidente de la Corte de Cuentas Rosalío Tóchez Zavaleta.

En una conversación telefónica se le preguntó al expresidente del ente contralor si recordaba estos informes de Auditoría Interna, qué tan comunes eran estos hallazgos y qué medidas se tomaron para superarlos. Tóchez, quien dirigió la institución entre 2013 y 2014, respondió diciendo que él había salido de la institución hace más de un año y que se debería contactar a las nuevas autoridades, quienes custodian los documentos. Argumentó que no quería dar una opinión que no podía sustentar. Aquí algunos extractos de la conversación:

—Más allá de informes específicos, durante su gestión, ¿tomó alguna medida para disminuir estos retrasos?

—Bueno, este... Si usted recuerda, eso fue público, está en las redes sociales toda la información que se determinó, ahí están informes, en qué estado se encontraban y los que resolvimos, fue una gran cantidad; pero yo mal haría en decirle a usted o inventar cosas... No es mi estilo. Yo estoy totalmente desvinculado. Pasó, pasó y yo no tengo nada que ver en absoluto, en absoluto.

—Pero usted fue el dirigente de la institución.

—Pues sí, pero eso no me da la autoridad para inventar. Lo que yo le estoy diciendo, seriamente, es que yo no le puedo dar opinión sobre ello porque yo no tengo ninguna posibilidad porque para dar una opinión sobre documentos, hay que tenerlos a la vista, ¿no cree?

—Y si se los pudiera mostrar yo, ¿me daría usted una entrevista?

—No tengo nada que opinar al respecto porque yo no tengo nada que ver. O sea, yo terminé mi período y hasta ahí llegué. Yo no debo dar opiniones sobre algo que no está bajo mi responsabilidad, sino que ahí están las autoridades. Ellos tienen que dar cuenta de eso que usted me está preguntando y no tengo respuesta, no tengo respuesta.

Además, estos documentos muestran una Corte de Cuentas que incumple las normas técnicas que ella misma establece para evitar arbitrariedades por parte de los auditores a la hora de fiscalizar a diferentes funcionarios. No seguir las normas genera incertidumbre sobre por qué la Corte decide investigar algo y cómo lo investiga.

Las violaciones a las normas de auditoría pasan por papeles de trabajo incompletos, no explicar cómo establecen muestras, no utilizar indicadores para evaluar la gestión de una institución, no cotejar correctamente las cuentas de las instituciones o jefes de equipo que no dejan evidencia de haber revisado las auditorías.

Un incumplimiento a los procedimientos de las auditorías que destaca son incongruencias entre los borradores de informe y los informes finales. La Unidad de Auditoría Interna encontró en cuatro diferentes direcciones de auditoría que irregularidades habían desaparecido de los informes finales, a pesar de que no se había comprobado que estas hubieran sido superadas.

La Constitución de la República le da a la Corte de Cuentas el papel de fiscalizar la hacienda pública y la ejecución del presupuesto. Su papel, según la ley que rige su funcionamiento, implica fiscalizar la gestión de los fondos. Es decir, la Corte de Cuentas es la institución encargada de controlar que el dinero de los ciudadanos se ejecute para lo que se determina y que se haga de la mejor manera. Por lo tanto, también le compete combatir la corrupción.

Cuando un auditor nota alguna irregularidad, este lo anota en el borrador de informe como un hallazgo. Después los funcionarios públicos a los que se les atribuye la responsabilidad de dicho hallazgo tienen la oportunidad de presentar pruebas para desvanecer esta irregularidad o comprobar que nunca existió como tal.

Si las pruebas no son suficientes para eliminar el hallazgo, este debe aparecer en el informe final. El Juicio de Cuentas busca determinar la responsabilidad patrimonial o administrativa por dichos hallazgos y les da una segunda oportunidad a los funcionarios de presentar pruebas que los liberen de los señalamientos hechos en el informe final.

Pero si los hallazgos no llegan al informe final, como reflejan los documentos de Auditoría Interna, no se puede iniciar un Juicio de Cuentas y, por lo tanto, no se puede determinar responsabilidades por irregularidades.

Una de estas irregularidades que no llegó a un informe final, pero que no había sido desvanecida, fue una diferencia en las cuentas de la Alcaldía de villa Paraíso de Osorio por $677,437.99 en la gestión de 2008.

“Los hallazgos 1, 3, 5 y 8 contenidos en el borrador de informe no se reflejan en el informe de auditoría, sin haberse elaborado papel de trabajo por el análisis efectuado a los comentarios y documentación presentada”, se lee en el informe de Auditoría Interna con el que se investigó el actuar de la Dirección de Auditoría 1 entre 2011 y 2012.

Los auditores explicaron que esta diferencia se debía a que se había acumulado proyectos que todavía no se había liquidado. Sin embargo, Auditoría Interna concluyó: “Los comentarios del jefe de equipo confirman que los hallazgos no fueron incluidos en el informe de auditoría y que no se elaboró el papel de trabajo, por el análisis efectuado a los comentarios y documentación presentada por los servidores relacionados”.

Otra auditoría en la que irregularidades desaparecieron del informe final sin haber sido superadas fue una que la Oficina Regional de San Miguel ejecutó al Hospital San Juan de Dios de San Miguel.

El borrador destacó que el hijo del jefe de Patología del Hospital San Juan de Dios fue contratado como técnico patológico entre 2010 y 2011. Esto es una irregularidad debido al parentesco entre los funcionarios públicos. Sin embargo, esta ya no apareció en el informe final y, por lo tanto, no se llevó a Juicio de Cuentas.

Los auditores argumentaron que no lo incluyeron porque la administración presentó evidencia de que había trasladado al técnico a otra unidad. Auditoría Interna desechó esta excusa: “Se llega a la conclusión de que no se debió dar por superado, ya que la deficiencia según la condición es por el hecho que se contrató al hijo del jefe de Patología y no bastaría con haberlo trasladado de departamento”.

El que las direcciones de auditoría no sigan los lineamientos de manera congruente comprueba una queja que otras instituciones hacen, según comenta Jaime López, quien dirige la oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE). La Corte de Cuentas evalúa de manera arbitraria al Estado.

Esta arbitrariedad, explica López, es un reflejo de la partidización de la Corte de Cuentas. “La partidización de la Corte de Cuentas se ha traducido en discrecionalidad en qué investigar y qué no investigar, en cómo investigar y en el uso de plazas para compensar a los militantes”, comenta.

Durante 27 años la Corte de Cuentas estuvo presidida por líderes del Partido de Conciliación Nacional (PCN), notablemente por Ciro Cruz Zepeda y Hernán Contreras. En junio de 2011, cuando Contreras no fue reelegido, este se recetó a sí mismo $66,000 usando un mecanismo de retiro voluntario que él mismo creó. Después de que esto salió a la luz pública, el funcionario se vio obligado a regresar el dinero, aunque justificó que la acción había sido ética.

En 2013, después del mandato del PCN, la Corte, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional tres elecciones de magistrados de la Corte de Cuentas por vinculaciones partidarias o porque no se acreditó su competencia y moralidad notorias. En este momento, la sala evalúa la elección del presidente Johel Humberto Valiente, quien está inscrito como miembro del partido GANA. Este rechaza esta afirmación, a pesar de que se ha publicado a partir de documentos del partido.

La entrega de la Corte de Cuentas a un partido minoritario no es fortuita. Un dirigente de ARENA, Ernesto Muyshondt, aceptó en 2011 que su partido había elegido a dirigentes del PCN para estar al frente del ente fiscalizador a cambio de votos en la Asamblea Legislativa. Esta misma dinámica parece haber sido retomada por el FMLN y GANA.

Esta institución no solo es oscura, partidizada, arbitraria y lenta en sus procesos, está totalmente ausente del combate a la corrupción.

“Lo notable de la Corte de Cuentas es que es una institución no funcional con respecto de los avances que está habiendo en el país en otras áreas. Es una institución que en lo que más se nota es en su ausencia”, comenta Jaime López, de la ALAC de FUNDE.

Cuando se piensa en los últimos casos de combate a la corrupción, otras instituciones se vienen a la mente: el Instituto de Acceso a la Información Pública junto a la Ley de Acceso a la Información Pública; la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y los juicios civiles que ha levantado en contra de los últimos dos expresidentes y otros funcionarios, entre ellos un diputado y un director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social; e incluso la Fiscalía General de la República con el juicio en contra del expresidente Francisco Flores y el operativo que ejecutó esta semana en contra de 17 personas por una red de corrupción ligada a varias alcaldías, durante el cual se detuvo a dos alcaldes y tres fueron declarados en fuga.

Los informes de Auditoría Interna exhiben la renuencia de los dirigentes de la Corte de Cuentas a querer hacerla funcionar. La Unidad de Auditoría Interna emite informes sobre el funcionamiento de la Corte que caen en oídos sordos. Seis de estos documentos reflejan que las unidades de la Corte de Cuentas no han cumplido las recomendaciones que la Unidad de Auditoría Interna les hizo en ocasiones anteriores.

Seis de estos documentos muestran que no se cumplió un tercio de las recomendaciones que hizo la Unidad de Auditoría Interna, a pesar de que son de obligatorio cumplimiento. De 33 recomendaciones que hizo en seis documentos, 11 no se cumplieron.

El infractor más grande fue la Dirección de Auditoría 1, la cual no cumplió cinco de seis recomendaciones que le hicieron. Entre estas se encontraban que los auditores se aseguraran incorporar los hallazgos que no fueron superados en los informes de auditoría y que de lo contrario se justifique esta ausencia en los papeles de trabajo; que se realicen las auditorías de gestión utilizando indicadores claros; y que se archiven todos los papeles de trabajo al final de las auditorías.

Los presidentes de la Corte de Cuentas reciben los informes de auditoría interna. Estos pueden engavetarlos u obligar a que se cumplan, pero a la Corte tampoco le interesa escucharse a sí misma. “No importa qué haga la Corte de Cuentas porque no tiene que darle explicaciones a nadie, aun ni a los mismos diputados”, reclama López.

A la conclusión a la que ha llegado, explica, es que la independencia de la Corte de Cuentas la ha llevado a ser una institución que no tiene que rendirle cuentas a nadie. En papel, la Asamblea Legislativa tiene que controlarla, pero en la práctica eso no ha existido.

La independencia, dice, es contraproducente si no está acompañada por rendición de cuentas. Y esto no significa rendirle cuentas a los diputados, sino al público. Que todos los ciudadanos puedan tener acceso total a la información, que las reservas sean la excepción y no la norma, por medio de sistemas de información eficientes, que se pueda evaluar sus procesos y la administración de su personal. “Parte de por qué la Corte de Cuentas se resiste a rendir cuentas es para ocultar todas esas deficiencias que tiene”, comenta.

Las deficiencias que destacan las auditorías internas se reflejan en las investigaciones que la Corte de Cuentas ha hecho a otras instituciones. Un ejemplo desalentador es un Juicio de Cuentas en contra de funcionarios del PNC que finalizó el 1.º de abril de 2014, casi 10 años después del período en el cual ocurrieron las irregularidades.

Uno de los 33 reparos que estaban en cuestión durante ese proceso denota la magnitud que pueden tener estas irregularidades y lo exasperante que resulta que la Corte de Cuentas no cumpla sus funciones.

Ese 1.º de abril de 2014 se confirmó la condena en contra del exdirector de la Policía Nacional Civil Ricardo Menesses, porque la institución no ejecutó planes o programas para la prevención de delitos. Se señaló durante el proceso de auditoría que la Policía Nacional Civil, para el año 2005, no elaboró y desarrolló planes o programas para la prevención de delitos, dirigidos a la protección de la población.

Ocho años y tres meses después, durante los cuales murieron 29,214 salvadoreños víctimas de homicidios, Menesses fue condenado por la Corte de Cuentas a pagar $136.26 por incumplir sus funciones al no elaborar planes o programas de prevención de delitos.

Para llegar a esta conclusión, la Corte de Cuentas primero emitió en 2007 el informe de auditoría a la PNC por la gestión de 2005. Por esas 33 revelaciones que surgieron en la auditoría se inició un Juicio de Cuentas del que se tuvo sentencia el 30 de noviembre de 2009.

El 2005 fue el último año del comisionado Ricardo Mauricio Menesses Orellana al frente de la PNC. Ese año fue el segundo con un alza significativa en las cifras de homicidios en el país. Los números pasaron a reflejar una tasa de 36.6 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2003, a una de 48.7 en 2004, y una de 63 en 2005.

La tendencia al alza –que expertos adjudican al “manodurismo” iniciado por el presidente Francisco Flores y adoptado por el presidente Antonio Saca– junto a la paralización de rutas de transporte colectivo por extorsión de las pandillas le costaron a Menesses la dirección de la corporación policial y lo destinaron a un exilio como agregado policial de El Salvador en Washington.

Para cuando terminó la primera fase del Juicio de Cuentas, el presidente Antonio Saca, bajo quien Menesses fue director de la PNC, ya había terminado su período presidencial y el primer gobierno del FMLN ya llevaba casi seis meses en el poder.

La segunda cámara de primera instancia determinó que 24 funcionarios de la PNC, incluyendo al exdirector, tenían que pagar un total de $7,852.17 por 12 irregularidades. El resto, a criterio de la cámara, las lograron desvanecer.

El proceso no terminó ahí. Algunos de los sentenciados no estuvieron de acuerdo con la decisión y pusieron un recurso de apelación ante la cámara de segunda instancia, la cual está conformada por el presidente y los otros dos magistrados de la Corte de Cuentas.

El artículo 72 de la Ley de la Corte de Cuentas establece que la cámara de segunda instancia “dictará sentencia en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la última diligencia practicada”.

Aparentemente, se practicaron diligencias durante los siguientes cuatro años, puesto que fue hasta abril de 2014 que los tres magistrados eliminaron algunas de las condenas y concluyeron que 20 funcionarios de la PNC tenían responsabilidades por los reparos hechos en 2005 y debían pagar multas que sumaron $6,213.

Los escritos del caso, que está publicado en la página web de la institución, no determinan si ya se cobraron esas multas.

“Son de los absurdos que produce el sistema”, comenta Jaime López sobre el hecho de que un funcionario pague $136 por no haber ejecutado programas de prevención de violencia en un país que el año pasado se llevó la corona de la nación –que no está en guerra– más violenta del mundo con 104 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Esta semana, en un acto de rendición de cuentas, la Corte de Cuentas se jactó de que en 2015 emitió 453 sentencias en las cámaras de primera instancia en el que se condenó a funcionarios por el mal manejo de $21,348,759.26 y otras 223 sentencias en segunda instancia por un monto total de $13,633,424.

El problema con este tipo de rendición de cuentas, explica López, es que no se dimensionan los montos. Es diferente si el monto cuestionado es de $5,000 en un presupuesto de $100,000 a si era parte de un presupuesto de $25,000. Además, cuestiona el que no se proporcione información sobre los funcionarios que fueron multados y cuántas de estas multas ya fueron cobradas.

Otro punto que hay que cuestionar es a qué períodos corresponden estas sentencias. Si, como en el caso de la PNC, se está sentenciando por acciones que ocurrieron hace más de ocho años, no sirven de mucho. “Si el control si es inoportuno, no solo no ayuda, sino que entorpece más el funcionamiento de la administración pública”, comenta López.

Pero la Corte no se ve a sí misma con estos ojos. Al menos no según lo que expresa el magistrado presidente, Johel Humberto Valiente, quien en su discurso destacó el compromiso de la institución con la transparencia y la rendición de cuentas. Cuando se le cuestionó por qué entonces se había prohibido tomar fotografías a los documentos de auditoría interna, a pesar de que el acceso a la información ya había sido concedido, el presidente de la Corte de Cuentas fue enfático en asegurar que estos son de carácter reservado. El oficial de información, sin embargo, aseguró que sí se concedería nuevamente el acceso a los documentos.

Antes de la conferencia, se le pidió a la encargada de comunicaciones de la institución un espacio para entrevistar al presidente de la Corte de Cuentas, pero expresó que en ese momento no podían conceder la entrevista y que se gestionara para otro día. En medio de la conferencia, durante las preguntas por el bloqueo al acceso a documentos públicos, otra funcionaria de la Corte expresó que se concedería una entrevista otro día para expandir sobre el tema, pero esto no sucedió.

Al preguntarles a los magistrados sobre las demoras que hay en los procesos de la Corte de Cuentas, el magistrado Raúl López aseguró que ellos no podían ser responsabilizados por esta mora. “En esta administración encontramos un retraso en la fiscalización. Hoy no se encuentra ningún proceso engavetado... Encontramos 1,249 expedientes sin tramitación”, expresó en la conferencia de prensa.

Para Jaime López, de FUNDE, esta no es una excusa válida, pues los dirigentes de las instituciones son los responsables de sus fallas y también los responsables de establecer mecanismos para corregir estas prácticas.

La elección de estos magistrados está en duda por una sentencia de la Sala de lo Constitucional, pero para mientras se define su destino, Marco Antonio Grande, el segundo magistrado de la Corte de Cuentas, manifestó en su discurso algo que resulta irónico tomando en cuenta los informes de auditoría interna y el Juicio de Cuentas en contra de funcionarios que dirigían la PNC en 2005. “Esta lacra de la corrupción es la que nos tiene en un buen porcentaje metidos en estos problemas que estamos viviendo”, comentó en referencia a la situación de violencia.

En ese mismo evento, los magistrados declararon que harán un examen especial a los fondos especiales que el Ejecutivo destinará para ejecutar las medidas extraordinarias en el combate a la criminalidad. “Lo que estamos diciendo es que como en la Asamblea se está pensando en constituir una comisión que maneje todos los fondos públicos que se destinen para el combate a la criminalidad, es que estamos en la buena voluntad de colaborar de la manera más efectiva que sea del buen uso de los fondos en esta comisión”, aseguró Valiente. De acuerdo con los tiempos con los que hasta ahora se mueve la Corte de Cuentas, se puede esperar el resultado del Juicio de Cuentas de esos fondos para 2025

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