No hay curas, solo parches

¿Cuánto de su dinero pasará al sistema público? Tome los $503, divídalos entre su salario actual, y lo que le dé, multiplíquelo por el dinero que tiene ahorrado en la AFP.
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Los salvadoreños somos especialistas en echar a perder temas que podrían unirnos como país. La frase me la dijo Lourdes, mi compañera de trabajo en la sección de Economía, cuando veíamos las campañas de uno y otro lado en contra de la reforma de pensiones impulsada por el Ejecutivo y que, hasta hace pocos días, no se había hecho pública de forma oficial.

La reforma llegó esta semana finalmente a la Asamblea Legislativa y la espera terminó: tal como advirtieron muchos analistas y especialistas en el tema de pensiones, no se trata de una reforma integral que mejorará el enclenque sistema previsional del país, sino más bien un regreso al sistema de reparto que le traerá alivio fiscal al Gobierno.

¿Cuál es la propuesta? Así como lo habían adelantado el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, se implementará un sistema mixto, público y privado, pero todos, absolutamente todos los que cotizamos actualmente a las AFP, estaremos obligados a hacerlo, si esta reforma se aprueba, en el esquema público.

La fórmula es simple. Si usted gana menos de dos salarios mínimos, o $503, todos sus ahorros para pensión pasarán al sistema público, así como sus futuras cotizaciones. Si usted gana más de $503, una parte de sus ahorros pasa al sistema público, así como una parte de su cotización.

¿Cuánto de su dinero pasará al sistema público? Tome los $503, divídalos entre su salario actual, y lo que le dé, multiplíquelo por el dinero que tiene ahorrado en la AFP. Yo, que trabajo desde los 18 años, ya hice mis cuentas, y serán $6,800 los que serán trasladados de mi cuenta individual hacia el Instituto Nacional de Pensiones, que se crearía si los diputados aprueban esta reforma.

Luego, de nuevo, si usted gana de $503 para abajo, cotizará el 13 % de su salario al Instituto Nacional de Pensiones. Si usted gana más que eso, cotizará el 13 % de los primeros $503 de su salario a dicho instituto, y de lo restante de su salario que está arriba de los $503 se tomará el 13 % e irá a la AFP.

La reforma promete una pensión vitalicia, algo que ya estaba contemplado en la ley. Agrega burocracia, puesto que no queda claro si este Instituto Nacional de Pensiones tomará como base al INPEP o a la Unidad de Pensiones del ISSS. Deja en desventaja a quienes no cumplan los requisitos para jubilarse al llegar a la edad indicada, pues actualmente a estas personas se les devuelve todo su ahorro, más la rentabilidad, pero si se aprueba la reforma, se les devolverá únicamente el ahorro.

El cambio más significativo que traerá la reforma será el paso de $4,700 millones de las cuentas individuales de los trabajadores hacia las cuentas públicas. Al pasar al sistema público, se reduce la deuda del Gobierno: los fondos de pensiones no son dinero en efectivo, están invertidos casi en su totalidad en deuda pública. Al pasar al Estado, este no puede deberse a sí mismo, y la deuda se cancela, al menos en el papel.

Pero el Estado recibirá, junto con el dinero y las futuras cotizaciones, la obligación de responderle a toda esta gente. El 78 % de los cotizantes actuales verían cómo sus ahorros pasan a manos del Estado, con la esperanza de que en el futuro, cuando se jubilen, este tenga cómo pagarles su pensión.

Ese mismo Estado que hoy por hoy debe tomar prestado de nuestros mismos ahorros para pensión para poderles pagar a los jubilados del ISSS y el INPEP. Ese mismo Estado que tiene un déficit anual que sobrepasa los $1,200 millones y que no ha logrado tomar medidas para ordenar su gasto y aprovechar mejor sus ingresos.

Y mientras tanto, problemas claves en el área previsional, como la cobertura, la suficiencia de los fondos, la necesidad de pensiones universales para los más pobres que nunca han podido cotizar, los bajos salarios y la cantidad de cotizaciones que nunca llegan a las AFP porque los patronos las retienen y no las pagan, quedan pendientes.

Esta dista mucho de ser la reforma integral que el Gobierno prometió. Quedó pendiente la amplia consulta que anunció. Se está tirando el problema, una vez más, hacia adelante, porque a este 78 % de la gente a la que el Estado deberá pagarle su pensión dentro de 10, 20, 30 años no podrá reclamarle entonces a los que ahora propusieron la reforma, o a los que decidan aprobarla

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