“Nunca hemos dicho que estamos en guerra”

Marco Tulio Lima tiene ante sí un reto grande: comandar al proyecto estrella del ejecutivo en su combate a la criminalidad de las pandillas. Este texto se compone con frases pronunciadas por el subcomisionado en una entrevista concedida a esta revista el miércoles 18 de mayo, a las que se les da contexto para afirmar o refutar lo dicho por el policía. En ellas habla sobre la fuerza letal, el respeto a los derechos humanos y algunas de las ideas sobre las pandillas que ha sostenido desde su paso por la DAN.
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Marco Tulio Lima parece mínimo en esta oficina de techos altos, típica del Castillo de la Policía Nacional Civil. El espacio está casi vacío, con apenas un escritorio, una mesa y unos elegantes muebles negros para ocupar un área de unos 50 metros cuadrados. Viste una camisa negra que apenas rompe la monotonía con un curioso escudo, el de la International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL).

Lima dice que solo hace 20 días se trasladó para acá para ser el comandante de la Fuerza de Reacción (Fuerzas Especializadas de Reacción El Salvador, FES). Dueño de una larga y desigual carrera (que incluye la captura de dos buscados narcotraficantes), el subcomisionado se enfrenta ahora al reto de dirigir el proyecto estrella del gobierno salvadoreño en su tema más sensible, la seguridad.

Detrás de su poblado bigote, Lima hace gala de corrección política en un momento en que su unidad está en el ojo de todos, sobre todo del director de la PNC, Howard Cotto, que hasta ahora permite que dé una entrevista a un medio de comunicación. La misma ha sido ordenada de la siguiente manera: a una frase expresada por Lima, le sigue un párrafo de contexto, que confirma o refuta lo dicho por el subcomisionado.

“La posibilidad de utilizar la fuerza letal ha existido desde que existen las instituciones. Hay varios niveles. El último es el arma de fuego. Se utiliza según el nivel de agresión ilegítima y la amenaza que el agente encuentra al combatir el crimen”.

La Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, en su artículo 15, estipula lo anterior y aclara que el agente solo podrá ejercer este derecho cuando su vida o la de un tercero estén en real peligro o con el propósito de evitar que se cometa un delito grave, que amenace la vida. Pero parece que el uso de la fuerza letal se ha hecho algo institucionalizado en la corporación desde enero de 2015, cuando su máxima autoridad de entonces hizo una invitación directa a utilizarla. “Hay una institución que los respalda, hay un gobierno que los respalda. Háganlo (disparen) con toda confianza y convicción”, dijo Mauricio Ramírez Landaverde, ahora ministro de Justicia y Seguridad. De allí que en 2015 se registraran 415 presuntos enfrentamientos entre policías y pandilleros.

“En el pasado había grupos que agredían a la población, pero que no tenían dentro de su propósito principal agredir a la policía. Ahora, como ellos decidieron utilizar las armas de fuego, hay más posibilidades de que en una intervención se pueda recibir una agresión y exista la necesidad de hacer uso de la fuerza”.

Ese es el argumento con el que Marco Tulio justifica el uso letal de la fuerza de las autoridades de seguridad. En muchos casos, su utilización ha sido legítima al encontrarse policías y soldados en peligro real de muerte. Sin embargo, también se han cometido excesos de fuerza, como lo estableció una resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fechada el 26 de abril de este año, en la que se hace constar que las muertes ocurridas en la finca San Blas (26 de marzo de 2015) y Panchimalco (16 de agosto) fueron ejecuciones extrajudiciales, donde se asesinó a pandilleros (y personas ajenas a la estructura) aún cuando no ofrecieron ninguna resistencia. En torno a este espinoso tema, Marco Tulio señala que la unidad que comanda ha sido responsable de una mínima parte de los presuntos enfrentamientos con pandilleros (hasta la fecha se reporta una decena de muertes en hechos como este) que la policía ha protagonizado en el último mes. Por el momento, el titular de la PDDH, David Morales, no ha denunciado ningún exceso en el uso de la fuerza por parte de la FES y afirma que no tiene siquiera indicios.

“Vemos que los pandilleros migran a otros lugares, otros han abandonado las zonas rurales y retornado a las zonas urbanas para adoptar un comportamiento más clandestino, esconden las armas, evitan la confrontación, y eso es una señal de que están a la defensiva, y eso es bueno porque se ve que la estrategia funciona”.

Según reportes de inteligencia policial y entrevistas realizadas a pandilleros por esta revista, los pandilleros, en efecto, realizan un proceso de migración hacia otras zonas por una mayor acción de las fuerzas de la autoridad y, como se pudo comprobar en San Antonio Silva, en San Miguel, por los crímenes cometidos por un presunto grupo de exterminio del que la PNC aún no ha podido identificar a ningún miembro. Allí, sin embargo, la orden de la pandilla era migrar a otros sitios de la zona rural. Lo de la disminución de enfrentamientos no encuentra respaldo en las estadísticas: el 26 de abril, el director de la Policía, Howard Cotto, dijo que habían ocurrido 198 enfrentamientos entre la PNC y las pandillas, a una media de 49.5 por mes, mayor al promedio del año pasado, de 34.58. Ya con la FES en las calles, el número no ha dejado de crecer, pues para esta fecha pasa de 240.

“Este problema que tenemos (el de las pandillas) es un fenómeno social, multicausal, debido a que en El Salvador existieron políticas públicas ausentes de oportunidades para los jóvenes, sin inversión en ellos. La ausencia de eso la ocupó el crimen”.

El postulado de Marco Tulio Lima se contradice con el enfoque que parece haber tomado el Gobierno de El Salvador desde el inicio de 2015, uno que privilegia la represión por sobre los otros cuatro ejes que conforman el Plan El Salvador Seguro. En una entrevista realizada en febrero de este año, el vocero de la Presidencia, Eugenio Chicas, no podía dar un recuento de indicadores para establecer el éxito o el fracaso del área de la prevención, pues afirmó que la estrategia para este rubro aún no contaba con financiamiento. La aprobación de 152 millones en bonos de esta semana pudiera dar luces en este campo.

“Esperamos que la justicia penal opere, que la Fiscalía haga su rol, que los jueces hagan su rol, y que el país camine en esa dirección”.

Este es el llamado que hace Marco Tulio Lima a las otras instancias que definen la justicia en el país. Aquí se enfrenta a un problema, pues el sistema salvadoreño se ha caracterizado por altos niveles de impunidad, al menos en el último lustro. En el reportaje “Los países que no lloran a sus muertos”, publicado el 30 de marzo de 2014, dos periodistas de LA PRENSA GRÁFICA establecieron, comparando el número de condenas por homicidio y la cantidad de asesinatos cometidos entre 2011 y 2013, que el porcentaje de impunidad en El Salvador era del 94 %.

“Hemos sido sinceros con la población y hemos sabido reconocer cuando el fenómeno ha ido agravándose. En ningún momento hemos escondido las cifras de delitos y de homicidios, aún cuando ha habido grandes cifras de homicidios. Pero nunca hemos dicho que estamos en guerra. Una guerra tiene otros parámetros, otros estándares, y aquí hay suficiente experiencia en categorizar al fenómeno, porque de allí venimos”.

Marco Tulio reconoce de forma tácita que el Gobierno de El Salvador se equivocó al expresar, desde el Ejecutivo, la idea de que los medios exageraban la percepción de la violencia que se vivía en el país, aún ante la realidad de las cifras. Tal posición solo fue derribada hasta que la población contempló con horror la masacre de 11 personas en Opico. Pero el subcomisionado se desmarca de calificar al fenómeno como “guerra”. Si lo hubiera hecho, habría sido interesante escuchar de un exguerrillero, ahora a cargo de la unidad más importante de la seguridad del país, la manera en que pelearía esta. Sin embargo, se desmarca de usar esa palabra para definir el fenómeno, al que califica como “una reacción y contrareacción del combate al crimen”. En una pregunta posterior, habla de grupos de pandilleros que “decidieron irse al monte” y que portan armas de grueso calibre, “pertrechos para sobrevivencia, equipo quirúrgico para curación de heridas, equipos de comunicación”, protegidos por casas abandonadas, tatus y trincheras.

“Lo que pasa es que como todavía estamos construyendo esto, hemos recibido los vehículos, hemos recibido el armamento, la alimentación, la logística, hay un montón de equipos que están en proceso. No le puedo dar un monto exacto”.

Fue la respuesta brindada por el subcomisionado acerca de los recursos con los que trabaja la FES. En cuestionamientos posteriores, asegura que su unidad no cuenta con más capital que el destinado de forma ordinaria a la PNC, por lo que dinero de otros sectores ha sido redirigido a su funcionamiento, al que la institución ha dado prioridad. También menciona a la cooperación internacional, a la que solo hizo responsable de la donación de equipos (vehículos, armas) y de capacitaciones. No habló de países donantes con nombre propio, a los que tendrían que dar cuenta de sus acciones, sobre todo en el respeto a los derechos humanos.

“Las pandillas ya están conceptualizadas como estructuras delincuenciales que han migrado al crimen organizado transnacional… hoy por hoy constituyen la principal amenaza a la seguridad nacional y de Centroamérica, y están siendo instrumentalizadas por las organizaciones de narcotraficantes que operan”.

Se trata de una idea sostenida desde hace varios años en El Salvador, incluso Lima la mantuvo durante su trabajo al frente de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, como lo reflejan notas de prensa. Sin embargo, es una que todavía no se ha comprobado, la de una instrumentalización generalizada de las pandillas por parte del narcotráfico. Existen casos aislados de clicas que sí se han puesto al servicio del crimen organizado y cuyos casos están judicializados, como la Fulton Locos (Chalatenango), que trabaja bajo la sombrilla del cartel de Texis a través de su nexo, José Misael Cisneros, o la Normandie Locos (Sonsonate), al mando de Moris Bercián Machón, a propósito hijo del condenado por narcotráfico en los noventa, Asmel Bercián, exagente de la Policía Nacional. Moris ahora es prófugo de la justicia. Ambas clicas pertenecen a la MS. Pero el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a la pandilla como un eslabón del tráfico de cocaína hacia esa nación norteamericana. El antropólogo Juan Martínez difiere con esta idea, pues en su opinión la pandilla no tiene una estructura lo suficientemente jerarquizada como para hacer una actividad parecida. “El pandillero, a lo mucho, llega a reconocer a su corredor de programa, pero, sobre todo, la autoridad es ‘el palabrero’, no los líderes nacionales de la pandilla. La clica es una célula que cuenta con mucha autonomía”, sostiene Martínez.

“Cuando estuve en narcóticos hicimos un estudio del narcomenudeo, donde pudimos probar las tendencias grandes de las pandillas hacia el control del narcomenudeo en El Salvador. Lo administran las pandillas, principalmente la MS. Van en esa mutación, y es algo a lo que hay que prestarle atención”.

La administración del narcomenudeo podría deberse al control que la clica de una pandilla ejerce sobre el territorio que habita y no necesariamente se traduzca como trabajo conjunto entre pandilla y operadores del narcotráfico. Según lo reconoció en una entrevista a LA PRENSA GRÁFICA el actual director de la PNC, Howard Cotto, cuando era jefe de la Comisión Nacional Antidrogas, El Salvador juega un papel distinto al de los otros dos países del Triángulo Norte en el negocio de las drogas y es visto, más bien, como un espacio para lavar dinero “por su economía dolarizada”. El narcomenudeo, en su mayor parte, según datos de la DAN, está compuesto por el comercio de marihuana. La ganancia sería tan marginal que no rivalizaría con la obtenida por la extorsión, principal fuente de ingreso de la pandilla.

“Neutralizar el accionar y la expansión de las pandillas en los territorios que ahora controlan. La otra meta es capturar y llevar a la orden de los jueces a los principales 100 cabecillas que están ejerciendo violencia en el país. En términos generales esperamos que existan mejores condiciones para los planes de prevención, de reinserción. Que la recuperación del tejido social sea más efectiva”.

Capturar a los primeros 100 más buscados. Esa es la ambiciosa meta que el subcomisionado plantea para el primer año de accionar de la FES. Aunque en el más reciente informe de capturados por la unidad la cifra se coloca en 75, de los incluidos en el listado, en este primer mes de acciones se ha detenido a 12 personas. Cuatro más han muerto en intercambios de disparos. Según lo comenta el propio Lima, el grueso de las detenciones corresponde a otros miembros de pandillas aprehendidos en flagrancia por delitos como tenencia de drogas o portación ilegal de armas de fuego.

“La diferencia principal de la FES con las unidades anteriores es que nosotros no estamos buscando hacer operaciones de redadas. Hemos hecho un análisis del perfil criminal de los delincuentes. Algo inédito. Se les ha hecho un análisis de inteligencia, criminal e inclusive jurídico de su condición. Todos ellos tienen órdenes de capturas pendientes”.

Es uno de los puntos más novedosos de la unidad especial. El subcomisionado fue parte de las Manos Duras de Francisco Flores y Antonio Saca y reconoce la poca efectividad de esas medidas, que quizá contribuyeron a una mayor expansión del fenómeno de las pandillas. También de la creación de legislaciones como la Ley Antimaras, que en la práctica nunca pudo ser utilizada, como lo expresó varias veces el propio Marco Tulio en notas de prensa de la época cuando estuvo al frente de delegaciones complicadas, como Apopa, Soyapango y San Marcos, enfrentando un fenómeno que quizá no terminaba de entender.

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