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“Quieren que parezca una realidad superada, cuando no es cierto”

Sara decidió denunciar que un sacerdote abusó sexualmente de ella cuando era una niña. Se acercó al Arzobispado de San Salvador. Le dijeron que no podían ocuparse de su caso porque el acusado es de una orden religiosa. El Derecho Canónico, la ley que rige a la Iglesia católica, dice otra cosa.
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Una carta firmada por Juan XXIII, apodado “el Papa Bueno”, llegó a las más altas autoridades de la Iglesia católica a escala mundial en marzo de 1962. Contenía instrucciones para encubrir, ante las autoridades seculares, casos de abuso sexual en menores de 18 años por parte de sacerdotes. Incluía también amenazas de expulsión para aquellos que rompieran este “pacto de silencio”.

La misiva escrita en latín es uno de los ejemplos incluidos en el informe “Los abusos sexuales y la Santa Sede” (2014), con los que la red mundial Child Rights International Network ilustra cómo la Iglesia católica impidió el combate a este flagelo durante años. En el mismo documento, sin embargo, se reconoce que para cuando se publicó el texto, la institución ya había dado importantes pasos para superarlo.

Pero denunciar una agresión sexual en la que el acusado es un sacerdote sigue siendo un proceso arduo y revictimizante. Eso cuenta Sara, 41 años, estatura media, ojos vivos, quien acusó a un sacerdote de haber abusado de ella en una parroquia de San Salvador cuando era niña.

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