Reinserción: el camino poco recorrido

La reinserción de menores infractores debería ser una prioridad para El Salvador, uno de los países más violentos del mundo. Sin embargo la falencia de recursos, los errores en la estrategia y la misma violencia estructural que vive su sociedad hacen del cumplimiento de la tarea y de la búsqueda de un futuro lejos de la violencia para estos jóvenes algo todavía muy escaso.
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Muy pronto, Francisco dejará el recinto que ha sido su hogar durante cinco años. Entró siendo un menor de edad, a los 17 años, y dentro de unos días saldrá con 22. Se le mira contento y sereno, una imagen muy alejada de la que se tendría de un muchacho que guarda prisión en una cárcel de menores en El Salvador.

Este recinto se llama Sendero de Libertad, el reservado para pandilleros retirados y para jóvenes que nunca han tenido vinculación a una pandilla. El centro, situado en Ilobasco, cuenta, actualmente, solo con dos casas en funcionamiento de las 12 que originalmente conformaban el complejo. Otros espacios han sido acondicionados para suplir las necesidades.

Acompañado muy de cerca por uno de los empleados de Sendero de Libertad, Francisco habla de lo mucho de positivo que ha tenido para su vida su paso por el centro: el redescubrimiento de sus sueños, la finalización de la escuela y el inicio de una carrera universitaria. También el aprendizaje de múltiples oficios en los talleres que facilita el lugar.

El espacio donde conversa es una pequeña oficina, situada a un paso del alto muro y el portón que separan este edificio del resto del complejo, donde guardan prisión los internos. El muchacho viste con una camisa de manga larga, en extremo arreglado, como preparado para ir a la iglesia, lo que, en efecto, hará este día dentro del recinto a las 3 de la tarde.

La carrera universitaria que Francisco cursa es la Licenciatura en Trabajo Social, única alternativa que hasta ahora existe gracias a una alianza entre el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y la Universidad Luterana. Dice que no era su primera opción, pues prefería Ciencias Jurídicas.

“Es la única carrera que se ha podido abrir… las materias de Trabajo Social son comunes a muchas otras carreras. Lo pensamos así por si ellos salían libres y querían estudiar algo más”, comenta el empleado del centro, quien insta al joven a ser sincero con lo que ha vivido en Sendero de Libertad, lo bueno y lo malo.

Francisco, al principio, parece reticente y solo tiene palabras de elogio al asegurar que el centro es seguro para todos, sobre todo “para aquellos que cumplen con las actividades”.

Otro muchacho que está a punto de salir es Mario, de 20 años. Serio y moreno, parece no querer hacer amistad. Al principio, lanza varias miradas al empleado del centro, como deseando que se acabe pronto la experiencia.

A pesar de este inicio, Mario sí habla de una vez de los peligros que se viven en el interior de Sendero de Libertad, lo que es lógico, dice, porque quienes están dentro “han cometido errores”. También afirma que “probablemente” existe entre los reclusos alguien a quien rendirle cuentas más allá de los custodios y que son “pocos los jóvenes” que realmente se involucran en las actividades en busca de cambiar.

Francisco y Mario son dos de los cuatro mayores de edad que han permanecido en Sendero de Libertad luego de que la mayoría fuera enviada a la granja penal juvenil en Ilobasco, una suerte de centro intermedio, inaugurada a mediados de 2014. Eso, dice Mario, ha hecho que los días sean mucho más tranquilos dentro de Sendero de Libertad.

Mario y Francisco fueron merecedores, por su buen comportamiento, de una medida extraordinaria que les permite permanecer en el centro de menores, una ventaja para que terminen sus condenas y avancen con sus estudios en un ambiente mucho más tranquilo que el de la granja penal.

La estrategia de trasladar a los mayores de edad a este nuevo centro de reclusión respondió a la necesidad de solucionar la tensa situación que se vivía dentro del centro, que quedó reflejada en un extenso reportaje publicado por un periódico digital en 2012.

Sin embargo poco ha cambiado en Sendero de Libertad desde entonces, y sigue siendo el mismo centro que era en aquel año. Un centro que se mueve bajo la autoridad de los pandilleros retirados, donde los recién llegados deben vivir en cubículos de un metro por dos mientras se comprueba que no son pandilleros para no arriesgar su vida y donde los custodios no son quienes mandan en la práctica.

Obstáculos aparte, Francisco y Mario han completado un proceso que, según el empleado del centro, es exitoso. Por eso tiene muchas expectativas, las mismas con las que cuentan los propios muchachos que vienen de realidades diferentes: Mario es sostenido por el apoyo de sus padres y demás familia; Francisco solo por el de su hermana.

En esta modesta oficina, en la que con tres personas dentro y un escritorio parece ya no haber espacio para más, Francisco se dice preparado, pero lo llena de incertidumbre lo que pueda pasar allá afuera con el estigma de haber guardado prisión en Sendero de Libertad, lo que pueda significar tanto para la “gente común” como para los pandilleros que residen en el sector al que regresará, ese al que hace cinco años llamaba hogar.

“No sé si cuando llegue a donde vivía antes van a decir que me conocen, que he estado preso aquí y eso me ponga en su punto de mira. Eso es algo que cargo bien grabado en la mente”, dice Francisco, quien después añade que es posible que pase muy poco tiempo en el sitio en el que antes vivía por la misma situación.

Mario comparte esta incertidumbre, pero, dice, no pasará nada si no revela esa condición. A pesar de que el muchacho no se ve muy animado, el empleado del centro asegura que es uno de los ejemplos de cambio más sobresalientes en Sendero de Libertad. Mario lo apoya e incluso apunta que le gustaría servir, allá afuera, de consejero de otros “jóvenes rebeldes”. Él, que un día siguió ese camino.

Mario, ahora, responde a una pregunta sobre su apreciación de los pandilleros retirados y de la diferencia capital con ellos, que se denominan “civiles” por no tener nexos con ninguna pandilla.

“Yo pienso que tienen en mente que lo único que pueden y podrán hacer en la vida es eso. Eso es lo que yo he escuchado de ellos aquí”, dice Mario, quien se muere de las ganas de salir para poder reencontrarse con su abuela.


***

Ricardo Montoya es el subdirector de reinserción en el ISNA. A su cargo tiene todos aquellos procesos relacionados con el menor infractor, en especial la administración de los cuatro centros de reclusión para menores: Tonacatepeque, El Espino (Ahuachapán), Sendero de Libertad y el Centro de Inserción Social Femenino de Ilopango.

El funcionario acepta que el trabajo de su departamento es uno incompleto, primero, porque no tiene los recursos para atender a una población hiperespecializada: menores de edad que han sido constantemente vulnerados en sus derechos y que, por tanto, han terminado convirtiéndose en victimarios.

Por eso, dice, el presupuesto que se destina en la actualidad a esta actividad es insuficiente: El monto designado a la subdirección en 2015 fue de $3.3 millones. De eso, el 85 % ($2.8 millones) corresponde a los centros, que al año atienden a unos 1,500 menores infractores, lo que se traduce en una cuota de $160 al mes para cada reo. Serían muchos más, pero para los delitos menores se prefieren otras medidas, como la libertad asistida.

“Estamos muy por debajo de lo que se necesita. Solo hay que ver el ejemplo de Colombia. Allá calculan un promedio de los jóvenes que atenderán, y a cada uno se le asigna un cupo al que le corresponden $800 al mes”, comenta Montoya. Esa falta de recursos se traduce en deficiencia, por ejemplo, de custodios.

También en otros factores. Si se toma en cuenta, como dicen los expertos, que los menores infractores son victimarios que se encuentran en una etapa de su vida en la que todavía están fraguando su personalidad, los profesionales de la salud mental resultan capitales en su proceso de reinserción. Por lo menos así sería en un plano ideal. En la realidad de los centros del ISNA, un solo psicólogo asiste a todo un centro: algo que se vuelve inmanejable si se considera que en Tonacatepeque y El Espino hay más de 200 reclusos, más de 100 en Sendero de Libertad y casi 80 en Ilopango.

Otro aspecto es la infraestructura, según Montoya, pues desde que se implementó la Ley Penal Juvenil, en 1998, no ha habido una inversión en su mejora, lo que se vuelve todavía más grave en el marco de la “dinámica de la violencia que ha afectado al país en los últimos 20 años”. Como ejemplo pone al centro de El Espino, heredado de una cárcel para adultos.

En 2011, LA PRENSA GRÁFICA publicó un reportaje titulado “La inserción imposible”, donde se describían las deplorables condiciones de los centros de Tonacatepeque y El Espino, en la actualidad muy difíciles de visitar por un periodista a semejanza de sus contrapartes para adultos. A juzgar por las palabras de Montoya, la situación sigue siendo casi la misma cinco años después.

Para la jueza Tercera de Menores de San Salvador, Yanira Herrera, hay otro problema que afecta la reinserción que va más allá de los recursos. Para ilustrarlo, compara las fechas de nacimiento de la Ley Penal Juvenil, que entró en vigencia en 1998, y de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), surgida en 2010.

“Aquí se comenzó con una ley punitiva antes de instaurar una de protección, cuando debía ser a la inversa”, comenta Herrera.

La jueza agrega que estos efectos se miran en el perfil de los jóvenes que llegan hasta su juzgado: muchachos que viven en la pobreza, con baja escolaridad y con un historial de violaciones a sus derechos básicos. Nueve de cada 10 son varones.

“Después ingresan al sistema penal, donde se les sigue maltratando, pero a través del sistema”, afirma Herrera. Otra deuda de la reinserción de menores, dice, es la falta de programas, algo de lo que ella se ha quejado en los 20 años que tiene como profesional. Para ejemplificar su punto, vuelve a tomar la Ley Penal Juvenil y señala el artículo 16.

Allí se explica que si el menor adoleciera de deficiencia mental o fuera adicto a una substancia que le provoque dependencia, el juez ordenará que la medida se cumpla con la asistencia de especialistas que le presten la atención adecuada, o que lo haga en un establecimiento adecuado. La jueza, inmediatamente, se pregunta cuál sería ese “establecimiento”, pues, en la práctica, el único al que le queda recurrir es al Hospital Psiquiátrico, no especializado en atender menores, mucho menos que sean infractores.


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Mozambique (país ubicado en el sureste de África) y El Salvador tienen muchos puntos en común. Ambos finalizaron sendas guerras civiles en 1992, ambos son países subdesarrollados y, en ambos, dos fuerzas contrapuestas y polarizadas luchan por el poder. Por eso, es posible aprender un poco de la experiencia mozambiqueña, como en un espejo, a través de una de sus figuras: el psicólogo clínico Boia Efraime.

Boia ocupó gran parte de sus esfuerzos en la reinserción de niños y adolescentes soldados entre 1994 y 2002 para la ONG Rebuilding Hope, con buenos resultados. Se trataba de muchachos expuestos a violencia y a la violación de sus derechos básicos desde las edades más tempranas, un caso muy parecido al de los pandilleros menores de edad en El Salvador.

Dar con el doctor Efraime fue producto de la casualidad. Un día se buscó en internet el nombre de un experto en el tema y se encontró el de un psicólogo mozambiqueño que se encontraba de visita en Colombia, un país en los albores de la firma de la paz, para hablar sobre su experiencia en reinserción de niños soldados.

Más tarde, se introdujo ese nombre en Facebook y se encontró un perfil al que se le dejó un mensaje con poca fe que, sin embargo, fue contestado pocas horas después en un español contaminado de portugués: “Sim, claro que aceito conceder-lhe a entrevista. É uma honra para mim”.

Ahora Boia habla vía Skype desde su clínica en Maputo, la capital de Mozambique. Sorprende lo bien que maneja el español este experto, quien fue investigador asociado en el Bonn International Center for Conversion, en Alemania, y profesor de la Universidad Humboldt de Berlín.

Boia inicia su conversación ilustrando la situación de los niños y adolescentes en la guerra civil de Mozambique, que inició en 1977: estos eran forzados, por sus familias y comunidades, a unirse a alguno de los dos bandos en conflicto (las fuerzas paramilitares del gobierno o la milicia de resistencia).

El doctor afirma que también muchos menores se unieron a la contienda de manera voluntaria. La respuesta que Boia da para lo anterior es que, en un mundo que se muestra demasiado inseguro para un niño, ser miembro de una fuerza violenta es mucho más atractivo que no serlo, pues “se siente protegido por la fuerza a la que pertenece”.

Boia cuenta que, cuando comenzaron a tratar a los niños, comprobaron sobre el terreno, más allá de la teoría, que los valores de una sociedad en paz son diferentes a los de una sociedad en conflicto. Así, “los niños crecen aprendiendo que tener un arma en su mano es la mejor forma de sobrevivir”. La violencia es una respuesta normal en esa escala de valores. Por eso, las conductas agresivas eran el pan de cada día.

El tema de la niñez violentada y su reinserción es uno que ocupa gran parte del tiempo y la atención de Boia. Eso lo muestra su muro en Facebook, tapizado con publicaciones compartidas de otros sitios, como UNICEF Mozambique, donde se exige un mundo justo para los más pequeños.

El doctor Efraime prosigue con la conversación. Asegura que encontraron, también, que los muchachos presentaban grandes habilidades para montar un arma, pero nulas para la academia. Y muchos tenían desórdenes de atención y de memoria, ligados a experiencias traumáticas.

Los adolescentes no tenían confianza en los adultos, pues ya antes no fueron capaces de protegerlos y tenían una visión muy negativa sobre el futuro. Tanto que no se proyectaban como adultos, como líderes de una familia, pues su vida durante la guerra podía haber terminado en cualquier momento.

El trabajo de Boia y su equipo inició, por tanto, con el restablecimiento de la confianza de los muchachos en sí mismos, en los adultos y en las instituciones. Terapias de grupo ayudaron a que los que antes se veían como enemigos a muerte cambiaran su percepción.

Otro paso fue que los adolescentes aprendieran a reconocer que habían sido víctimas de una violencia contra sus derechos, de los que eran merecedores por el simple hecho de ser humanos. Tras eso, se entabló una alianza entre el terapeuta y el muchacho, con el fin de que aceptara esa mano amiga.

Boia sostiene que un punto más de la lista fue que aprendieran a transmitirle significado a los eventos traumáticos que habían vivido. Muchos de ellos eran atrocidades, a los que es muy difícil darles un sentido, sobre todo para una inteligencia que no ha terminado de formarse.

El restablecimiento de la identidad fue otro aspecto importante, mostrarles a los muchachos que no debían identificarse solo como soldados, sino que, como toda persona, tenían protagonismo para elegir su camino.

Se le interrumpe un momento para explicarle la situación de las pandillas en El Salvador: tras la guerra civil, la nación vivió un escenario de ausencia de Estado durante y tiempo después de la firma de los Acuerdos de Paz. A esto se sumó una deportación masiva de pandilleros desde Estados Unidos, que encontraron en el destrozado país al que llegaron un perfecto caldo de cultivo para que sus grupos se establecieran. Las condiciones de desigualdad han permitido que existan hasta nuestros días.

Boia guarda silencio y confiesa que le es difícil opinar. Piensa que se trata más de un problema estructural que tiene que ser abordado desde sus bases, tratar de conseguir “una respuesta estructural”.

“Puedes reinsertar a uno, a dos, a tres, a 30, pero el medio social en el que están puede producir diariamente nuevos jóvenes para las pandillas. Como dije, es muy apetecible para los niños pertenecer a estos grupos. La intervención más importante es conocer cuál es la razón de ser de esas pandillas, cómo integrarlas socialmente, entender cuáles son las conexiones que permiten su manutención”, afirma Boia desde su clínica en Maputo.

Boia, ahora, vuelve a la realidad de su país, que no está en un lecho de rosas. A pesar de que muchos muchachos se reinsertaron a sus comunidades de manera exitosa y han conseguido proyectarse en un futuro pacífico, la realidad política de Mozambique amenaza con que la paz conseguida se desvanezca.

Eso, dice, se debe a que las dos fuerzas que ahora ocupan el puesto del Gobierno y de la principal oposición son los institutos nacidos de la guerra, quienes no han podido solucionar los problemas que, en un principio, desembocaron en un combate. Los desacuerdos entre ambos, incluso, hacen pensar en el surgimiento de una nueva guerra civil.

“Las sociedades donde hay justicia y equidad social, iguales oportunidades para los ciudadanos, son las sociedades donde encontramos menos conflictos, o el conflicto no se transforma en guerra. En sociedades donde hay un grupo muy pequeño que es muy rico y un grupo muy grande que es muy pobre, que no tiene las mínimas condiciones, en esas circunstancias es mucho más difícil conseguir una paz justa”, concluye Boia y agradece la oportunidad de conversar en un español nada contaminado de portugués.


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En el Centro de Inserción Social Femenino del ISNA en Ilopango, el patio se ha convertido en una fiesta. Decenas de jovencitas aprovechan para escuchar en alto volumen los éxitos más sonados del reguetón y bailan unas con otras. Como cualquier adolescente, esta mañana se han afanado en lucir bien y, como en cualquier grupo de muchachas de su edad, a algunas se les ha pasado la mano con el maquillaje.

En este día de diciembre, 80 jovencitas están recluidas en el centro, 60 de ellas condenadas por crímenes relacionados con homicidios: en ellos participaron como cómplices o fueron las ejecutoras del hecho. Otro porcentaje lo está por ser parte de extorsiones. La gran mayoría de jovencitas han sido novias de pandilleros, o están relacionadas con pandilleros por lazos de parentesco.

Su directora es Graciela Bonilla. Tras su escritorio, en una espaciosa oficina, habla de las diferencias del centro a su cargo con el resto de la red del ISNA. En primer lugar, destaca la poca población atendida, lo que se traduce en que la capacidad para la que fue creada sea suficiente para tratar a las niñas sin hacinamiento. También el hecho de que, hasta cierto punto, los custodios y demás personal aún conservan la autoridad dentro de sus paredes. El personal del ISNA, sin embargo, continúa siendo escaso: una técnico jurídica, dos trabajadoras sociales y un psicólogo. El hueco se llena con el trabajo de una decena de ONG (que prefieren trabajar con niñas por el tema de género) y de iglesias.

Tras una pesada puerta de hierro, las adolescentes continúan con su celebración, a pocos días de que llegue la Navidad, y los murmullos de plática parecen competir en amplitud con la música. Algunas de las muchachas son llamadas hacia el sitio donde están las oficinas. Allí reciben regalos por la buena conducta mostrada a lo largo del año. Y los toman con la alegría que solo diciembre puede brindar.

Algo que contrasta con las situaciones duras que han sufrido muchas de ellas en sus vidas. Según la directora Graciela Bonilla, es común que el centro reciba adolescentes que han sido dadas de alta del hospital, tras recuperarse de una herida de bala. También que lleguen embarazadas. Por eso, el protocolo de ingreso ordena un cuestionario en el que se le hacen preguntas relativas a su vida sexual. La gran mayoría ha tenido una vida sexual activa, pues ya vive con parejas. Algunas muchachas lo han hecho desde hace años.

Decir que están embarazadas, dice Bonilla, también es un mecanismo de protección al que las jóvenes echan mano para evitar una posible golpiza del resto de internas al entrar. El peligro de agresión es real en este centro de niñas. Por eso algunas piden que se les aísle para evitar que su vida corra riesgo.

Actualmente, hay cuatro señoritas bajo este sistema, en el que permanecen en un cuarto la mayor parte de su día. Ellas también formarán parte de la fiesta y compartirán con sus demás compañeras en el recinto, al menos por un par de horas, según lo ordena, ahora, la directora.

La introducción de drogas y otros estupefacientes al centro es un problema que Graciela Bonilla no niega y confiesa, además, que desconoce en “qué cantidad y con qué frecuencia” se da.

La salud mental de las muchachas está a cargo del psicólogo Adal Guerra, quien invita a hablar fuera de las oficinas para que no estorbe la música de la celebración. El lugar elegido para la plática es un banquito, apenas capaz de alojar a dos personas. Risueño y de fácil palabra, no parece pasar de los 30 años. No obstante cuenta con una experiencia de seis años en reinserción de menores. En el Centro de Inserción Social Femenino ha permanecido dos años y medio, tras una experiencia en Sendero de Libertad.

La principal diferencia entre ambos, dice, es la asistencia de las dos poblaciones a las actividades que ofrecen los centros, que consisten en clases académicas para ponerlos al día y en talleres vocacionales. Allá, dice, la asistencia era escasa. Aquí es de un 90 %.

Como psicólogo, una de sus principales tareas es describir al tipo de personas que atiende. En el caso de las jovencitas que llegan al centro, el retrato va más o menos así: un perfil psicológico totalmente vulnerado, con abandono afectivo de sus padres de familia, bajo nivel académico y retraso cultural.

“A ellas no se les ha dado la oportunidad en nada. Son señoritas invisibles ante la sociedad”, dice Guerra. Por eso no es de extrañar su timidez ante un extraño, cuya presencia romperá un poco con la alegría de la celebración cuando este se decida a entrar para ver, aunque sea de manera parcial, las instalaciones del centro. Muchas otras mirarán desde las habitaciones, ubicadas en la segunda planta del recinto.

Adal Guerra también opina que debería modificarse la Ley Penal Juvenil. Algunas jovencitas, dice, alcanzan su programa completo para desempeñarse afuera. Sin embargo sus penas obligan a que pasen años más en un centro que ya no tiene nada qué ofrecerles. Guerra también critica a muchas empresas privadas que cierran las puertas a las muchachas por el hecho de haber estado en reclusión.

El talento de las alumnas se comprueba en los trabajos en costura, sastrería y artesanía en papel que han realizado como parte de los talleres y que todavía permanecen en las aulas donde reciben sus clases. Algunas de estas piezas se venden en las ferias que realiza el ISNA a lo largo del año.

El psicólogo y la directora del centro, Graciela Bonilla, coinciden en que es mucho más sencillo crearle un plan de vida a una jovencita que a un varón, y que los casos más exitosos de reinserción son aquellos en que la muchacha, tras su reclusión, no vuelve al sitio donde vivía antes. El proceso es incluso más completo para aquellas que abandonan el país.

Adal Guerra, sin embargo, piensa que existe una deuda del sistema, pues no se le da un seguimiento integral a las jovencitas tras su salida del centro.

“Muchas adolescentes no van a ir a cometer delitos, pero tampoco van a progresar. Van a acompañarse, tristemente a trabajar en oficios varios. Es verdad que el proceso se dio, una reestructuración cognitiva. Hay un nuevo pensamiento de vida, el que no iban a tener si no pasaban por el centro. Pero no se ve más allá”, comenta Adal.

Y una jovencita que está a punto de salir al mundo de afuera es Laura. Tiene 22 años y ha cumplido cinco años en prisión. La condena original era de 10, pero su buen comportamiento le dio la oportunidad de reducirla a la mitad. Saldrá con una especie de libertad condicional.

Acaba de terminar el octavo grado y afirma que piensa salir a completar sus estudios y a trabajar para ayudar a su mamá. Confiesa que su estadía en el centro la ayudó a mejorar su relación con su progenitora (quien, dice, antes la maltrataba) y con el mundo en general.

—Cuando apenas entré, pensaba que si salía iba a salir a hacer lo mismo. Irme de la casa, no estar con mi familia… me habían puesto una condena de 10 años y venía a toparla –dice Laura.

—Y si alguien te diera la oportunidad de hacer lo que quisieras al salir, ¿qué elegirías? –le pregunta quien ahora la entrevista.

—Sería cosmetóloga en un salón de belleza –responde.

Con lo escuchado se podría pensar que a, semejanza de lo que escribe Martín Caparrós en el libro “El hambre”, salvando las distancias, la pobreza te quita, incluso, la oportunidad de mirar más allá. Pero el pensamiento, pronto, se queda callado.

—Pero si puedo estudiar, mejor voy a ser doctora. Era lo que quería cuando estaba pequeña e iba a la escuela. Después ese sueño se me olvidó, cuando empecé a hacer lo que hacía, cuando ya no me dieron ganas de ir a la escuela. Ese sueño lo he recuperado aquí, entre estas paredes –dice Laura, quien acaba de terminar el octavo grado.

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