Lo más visto

Más de Revistas

Sobrevivieron a las balas

El Salvador se posicionó en 2015 como el país más violento del continente americano. Por cada 100,000 habitantes, 103 fueron asesinados. Esta región resalta por sus cifras homicidas, pero muy poco se pone atención a las personas que logran sobrevivir a esa violencia. Este texto recoge las historias de tres personas a las que una bala les atravesó el cuerpo y ahora intentan recuperar su independencia a través de terapias de rehabilitación.
Enlace copiado
Espacio. Una de las personas en rehabilitación pasea en el sitio donde se realizan las terapias de rehabilitación en el ISRI.

Espacio. Una de las personas en rehabilitación pasea en el sitio donde se realizan las terapias de rehabilitación en el ISRI.

Sobrevivieron a las balas

Sobrevivieron a las balas

Sobrevivieron a las balas

Sobrevivieron a las balas

Sobrevivieron a las balas

Sobrevivieron a las balas

Sobrevivieron a las balas

Sobrevivieron a las balas

Enlace copiado
“Ahorita me han recomendado caminar con una muleta pero, por medidas de seguridad por mi trabajo, yo la he dejado”, dice un hombre cuarentón que cojea ligeramente. Al principio es difícil tratar de entender qué tiene que ver usar un soporte para caminar con estar inseguro. Después, la forma de autoprotección que Rodrigo ha tomado cobra sentido.

Rodrigo es un agente policial y su verdadero nombre es otro. Una noche a inicios de 2015 manejaba una patrulla policial acompañado de dos compañeros. Se acercaba la medianoche. Mientras avanzaba hacia el desvío de una de esas ciudades marcadas por la violencia a las afueras de San Salvador, vio cómo, desde los terrenos aledaños a la calle, salía un grupo de hombres armados.

“Nadie se imaginaba que de los cafetales de la orilla de la calle iban a empezar con los fusiles a dispararnos”. Pidió refuerzos y, al poco tiempo, otros agentes policiales también disparaban contra un grupo de pandilleros. “Fue una emboscada”, repite tres veces. El agente habla poco y en voz baja para que otras personas no escuchen.

Durante 2015, según datos manejados por la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrieron 415 enfrentamientos entre la corporación policial y pandillas. Esa vez “no quedaron pandilleros muertos”, dice el agente. Pero, en esa ocasión una bala de calibre 5.56 (propia de los fusiles M16) atravesó su rodilla izquierda. Quedó sin poder caminar durante un año.

El policía es uno de los pacientes de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), o como lo llaman algunos usuarios: el hospital de rehabilitación. Este centro de atención se construyó durante la emergencia del terremoto de 1986 y desde entonces, no ha visto mejoras de construcción sustanciales.

Las mañanas en la Unidad de Medicina Física pasan rápidas. Sobre una silla frente al departamento de Servicio Social un hombre canoso está sentado. Se impacienta. Se levanta, intercepta a una empleada del centro y le dice, a manera de reclamo, que ya lleva cinco horas esperando. Los horarios de terapia en este centro sí se cumplen y la empleada lo mira con incredulidad.

— Ahí siéntese, ¿no ve cuánta gente hay? –le contesta apurada la trabajadora mientras corre de su oficina a otro sitio con papeles en mano.

A pesar de que el centro de rehabilitación es muy concurrido por las mañanas, cada usuario llega a una hora pactada con anterioridad para recibir la terapia. Entre turno y turno, los terapistas se desplazan con agilidad entre sillas de ruedas, andaderas y bastones.

Algunos corren a tomar agua y otros intercambian un par de palabras entre ellos. Con cada hora que pasa se escucha el llamado: los de las diez, pasen. Los de las once, pasen. Y así, hasta que llega la tarde. El ritmo se vuelve más lento, hay espacio para sentarse en la sala de espera y los pasillos no están atestados de metal.

Desde hace 10 meses, Rodrigo llega en bus y sin muleta a este lugar. El policía vestido con una calzoneta color caqui se descalza frente una camilla alta de madera y se sienta con los pies colgando. Al lado se encuentra una mesa pequeña que soporta una máquina con botones. “Son corrientes rusas”, dice el agente para explicar en qué consiste su electroterapia.

El terapista de esta sesión, un hombre moreno con bata blanca, le coloca a Rodrigo una banda azul alrededor del tobillo y otra arriba de la rodilla. Después de 15 minutos de electricidad el experto en rehabilitación retira los aparatos.


La huella.  Un paciente muestra las heridas que dejó una bala. El camino tras una lesión a causa de la violencia es lento y doloroso. 

“A él no le ha importado hacer fuerzas en mi pierna para que yo pueda estar caminando más o menos”, afirma el policía. Los esfuerzos a los que se refiere son los ejercicios de la segunda parte de su cita.

— ¿La ha trabajado? –pregunta el fisiatra.

— Sí, he hecho todas las repeticiones –contesta el policía, como un niño que da cuentas de su tarea.

“Las repeticiones” son una serie de movimientos con presión que intentan que la rodilla logre doblarse como lo hacía antes de la emboscada. El terapista, de pie y a una altura menor que la de Rodrigo, coloca su rodilla izquierda sobre el tobillo del agente y deja caer todo su peso. Así, la rodilla del paciente es obligada a ceder y doblarse un poco más.

El terapista repite la acción, cada vez con menos intensidad. La pierna, que hace un año y tras tres operaciones quedó rígida, hoy forma un ángulo de 90 grados.

***

Rodrigo fue uno de los 207 hombres atendidos en el Seguro Social por lesiones de arma de fuego en 2015. El número de mujeres que fueron tratadas por heridas de bala es menor: 40. La atención brindada el año pasado a estas personas le costó al Seguro Social $1,770,000.

La tendencia no parece disminuir. Hasta julio de 2016, el ISSS ha atendido a 109 víctimas de lesiones de arma de fuego. De esa cifra, nueve son mujeres. El gasto que ha experimentado el Seguro Social solo este año brindando atención a la emergencia asciende a los $781,000. En promedio, cada persona herida por arma de fuego le cuesta $7,000 al sistema de salud de los trabajadores.

El precio de las terapias no se incluye en las estadísticas anteriores. En la dirección de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación explican que no hay una manera de saber cuánto gasto representa la violencia social para el centro.

“Es difícil tener costos específicos. Hay que ir sumando los costos de las sesiones de acuerdo a las terapias que prescribe el médico”, aclara Mayra Gallardo, directora del centro de rehabilitación. Después, comenta que el precio de una sesión de electroterapia como la del tratamiento del policía es de $4.48.

Ya en 2012, el ISSS aseguraba que esta unidad brindaba 12,200 tratamientos de rehabilitación al mes. A pesar de que hay gran demanda de atención, su directora asegura que no tienen problemas de presupuesto. “No tenemos ninguna dificultad económica en ese sentido. Pedimos y nos lo compran”, expresa.

Este lugar se convierte en un espacio que los pacientes llegan a considerar propio. Ya sea por la frecuencia que lo visitan o el trato que reciben, los derechohabientes consultados dicen estar satisfechos con la forman en la que reciben terapia aunque el espacio sea reducido. Rodrigo, expresa de manera tajante que no hay nada de la unidad de lo que él se pueda quejar. “Si algún día me dicen hasta acá llegamos con su tratamiento, yo voy a estar agradecido con las personas que me atendieron, hasta con el vigilante”, dice.

Aquí trabajan 33 terapistas físicos, tres expertos en el área de lenguaje, tres especialistas en educación especial y cinco terapistas ocupacionales. Cuarenta y cuatro empleados en total, sin contar al personal administrativo. Cuesta imaginarse el tamaño de los otros centros de rehabilitación cuando el de mayor tamaño se recorre completo en cinco minutos.

El centro de rehabilitación está ubicado sobre la calle Juan Pablo II de San Salvador. La directora de la unidad dice que es un sitio que cuenta con las condiciones adecuadas para el tránsito de las personas con discapacidad. Sin embargo, llegar a él es un reto para las personas con problemas para caminar. En las aceras de sus alrededores, cajas de verduras y algunos puestos informales de venta impiden el libre tránsito por la calle.

Frente al portón azul de la Unidad de Medicina Física se ha colocado una rampa metálica entre el asfalto y el andén para facilitar el acceso a personas discapacitadas. Eso contrasta con las grietas en las aceras de cemento que se repiten por todo el centro de la capital y alrededor del centro de rehabilitación.

Dentro de la Unidad de Medicina Física y a la derecha de su portón hay una zona verde pequeña. Una que no pueden disfrutar todos los pacientes. Sobre ella resaltan unas bancas azules colocadas sobre altos desniveles a los que solo se puede llegar subiendo varias gradas o jugando a escalar. Abajo de esta pendiente sobre la cual se alzan varios árboles hay una estación improvisada de sillas de ruedas.

“Las instalaciones no son las óptimas porque prácticamente fueron improvisadas para lo del terremoto de 1986. Entonces, el espacio físico es pequeño, pero lo hemos adaptado para las personas con discapacidad’’, confiesa Gallardo.

El otro problema del centro de rehabilitación tiene que ver con insuficiencia de parqueo. “Ese tipo de situaciones quizás es la que más nos altera”, dice su directora. La Unidad de Medicina Física más grande del Seguro Social cuenta solo con 19 espacios para carros. Curiosamente, en un lugar destinado para la rehabilitación física, solo dos espacios están reservados para personas con discapacidad.

A pesar de todo, el parqueo no es un problema para Rodrigo, quien desde la emboscada dejó de conducir. Después de su terapia con electricidad, ingresa a un cuarto con camilla y aparatos con forma curva que son colocados sobre el paciente. Se trata de magnetoterapia, un tratamiento en el que se busca la regeneración de tejidos a través de campos magnéticos.

Cuando el policía termina la sesión, la unidad de rehabilitación luce más vacía que por las mañanas y las sillas de ruedas, que le han sido prestadas a algunos pacientes para desplazarse, ya están apiladas frente al portón azul de la entrada.

Detrás de alambre razor de la entrada, le espera una capital violenta que no brinda espacio para los peatones, menos para aquellos que aprenden a caminar. Él se irá cojeando y sin muletas para no delatar que ha sido víctima de un ataque. Dice que prefiere que quienes lo atacaron piensen que está muerto.


***

A diferencia de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del ISSS, el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) tiene un área especial de internamiento para sus pacientes con discapacidades graves.

Las oficinas centrales del Instituto están ubicadas en la colonia Costa Rica, donde se brinda rehabilitación a personas que debido a sus bajos ingresos económicos o situación laboral, no pueden pagar un seguro. El ISRI agrupa a personas de todo tipo: ancianos en el centro Sara Zaldívar, pacientes con lesiones en consulta externa, niños en rehabilitación y adolescentes con adultos internados en la Unidad de Lesiones y Afecciones Medulares (ULAM).


El regreso.  Volver a caminar puede tomar meses. En la imagen, un terapeuta ayuda a un paciente en su tratamiento.

Los internados en la ULAM son pacientes que han perdido la movilidad completa o parcial de su sistema locomotor debido a una enfermedad o traumatismo. Aquí está internado Carlos, quien no solo tuvo una lesión, el muchacho delgado de 17 años recibió ocho disparos.

Desde enero al 20 de julio del presente año, el Ministerio de Salud (MINSAL) atendió 1,516 casos de emergencias por heridas de arma de fuego. De esos casos, el 85% de víctimas son hombres.

Las estadísticas de Salud indican que los departamentos que registran más atenciones a emergencias provocadas por armas de fuego son San Salvador y Santa Ana. “Del total de las emergencias, el 57% son jóvenes entre los 10 y 29 años. La mayoría de ellos son prestadores de algún servicio o agricultores. La gente más pobre es la más afectada”, sostiene Silvia Morán, coordinadora nacional del Programa de Lesiones de Causa Externa del MINSAL.

Carlos forma parte de esas cifras. Es un joven alto, pero ahora no es posible darse cuenta de eso a primera impresión. Hay que poner un poco de atención y ver cómo sus rodillas se levantan como picos sobre la silla de ruedas que usa desde hace cuatro meses.

Recibió los disparos en una calle de uno de los cinco municipios más violentos del país en 2015. Por eso ahora duerme en una cama del ISRI de lunes a jueves. Los viernes al mediodía llega su familia por él y se lo lleva a casa, cerca del lugar donde fue herido.

Sobre su silla de ruedas y frente a un espacio que funciona como cancha de básquetbol, el joven cuenta con calma cómo pasó de ser un estudiante de primer año de bachillerato a tener cicatrices por todo el cuerpo y no poder caminar.

“El alcalde nos colaboró para arreglarnos la calle. Nos iba a dar el material y nosotros íbamos a trabajar. Un miércoles en la mañana nos tocó ir más abajo de la comunidad donde vivíamos y cuando fuimos casi era el límite y no nos percatamos que ahí estaban vigilándonos unos bichos y es donde saltaron”, relata Carlos. Él vive en un municipio que fue declarado como municipio libre de violencia, aunque, en la realidad, tres pandillas se siguen disputando el territorio.

Desde ese miércoles, cuenta Carlos, pasó 10 días inconsciente. En promedio, las personas heridas de balas permanecen ingresados en los hospitales nacionales siete días. Cuando él despertó su madre estaba ahí para contarle los procesos médicos por los que había pasado después de aquel día en que planeaba mejorar la calle de su comunidad. El muchacho apoya los brazos sobre la silla de ruedas del ISRI y curva la espalda hacia adelante para seguir platicando.

Sin lágrimas y con la seguridad de quien ha aceptado lo que le pasa, hace una enumeración de los órganos que dejaron de funcionar normalmente la mañana de aquel miércoles: “Me dañó pulmón, estómago, colon y páncreas”, finaliza Carlos.

El joven asegura que pidió hablar con la directora de su instituto para que le dejaran continuar sus estudios a distancia, pero luego reflexionó y pensó que sería muy difícil hacer las terapias físicas y las tareas escolares.

La subdirectora de su centro escolar expresa que Carlos era un estudiante promedio. Nunca se le hizo un llamado de atención y asistía siempre a clases. “No se metía con nadie”, explica la docente.

En la actualidad, Carlos se despierta a las 7 de la mañana y espera el desayuno que le brinda el ISRI. Luego, hace terapias físicas encaminadas a fortalecer su tronco y a hacerlo independiente en tareas básicas como trasladarse de la cama a la silla de ruedas o vestirse.

Con un celular inteligente en la mano cuenta que no tiene hermanos y que su única familia cercana es su madre y bisabuela. Que pronto llegarán a verlo, comenta, como justificando su ausencia en la visita familiar del día.

El joven agradece a la alcaldía de su municipio por regalarle una silla de ruedas y dinero para el transporte de su madre al ISRI. Sin embargo, dos fuentes internas de la alcaldía dijeron no tener registro de haber brindado esa ayuda.

Por el contrario, el ISRI, sí lleva la cuenta de lo que un mes de Carlos en el instituto significa en gastos del presupuesto. Marjorie Fortín, directora del Centro del Aparato Locomotor, brinda una lista en la que enumera todos los procesos por los que pasa el joven en 30 días.

El ISRI calcula que Carlos, durante un mes, recibe servicios valorados en $5,101. Una cifra imposible de pagar para su madre.


***

En los mismos pasillos por los que Carlos desliza su silla de ruedas también lo hace Laura. Ella tiene 47 años y hasta enero llevaba una vida tan normal como se puede dentro de una comunidad violenta: oía disparos, cerraba la puerta, nadie llamaba a la policía y no salía a ver qué pasaba.

De lunes a viernes Laura vendía pastelitos, empanadas y enchiladas frente a su casa. Los sábados descansaba y los domingos vendía atol. Con el dinero que sacaba de la venta pagaba los $50 de alquiler de la casa y compraba comida para sus tres hijos: un niño de siete años, una adolescente de 13 y su hija mayor de 20 años que ya es madre.

Durante el día iba al mercado a comprar los ingredientes para la venta de la tarde. Tres eran las salidas de Laura: el mercado, la escuela de sus hijos y la iglesia. Excepcionalmente, cuando la venta había sido buena, le pedía a sus hijos que se cambiaran la ropa y la cara de aburridos. Ese día los llevaba a comer sorbete.

En enero, su hija tenía siete días de haber vuelto a casa después de dar a luz a un bebé de ojos y pestañas grandes, como los de Laura. Después de hacer las compras, la recién abuela tuvo una idea.

En lugar de ir directamente a su casa al fondo del pasaje, Laura decidió visitar a su prima. De todas formas, no desviaba su camino, solo lo atrasaba. Se quedó platicando con su familia en una de las primeras casas del callejón, mientras su hija cuidaba al recién nacido. “Hoy en día los policías también tienen permiso de disparar”, dice sobre su silla de ruedas Laura, cuando intenta explicar el porqué de su condición.

En enero de 2015 el vicepresidente Óscar Ortiz instó a “cualquier miembro de la PNC, que en cumplimiento de su deber, en defensa de los ciudadanos, de su integridad deba hacer uso de su arma de fuego, debe hacerlo sin ningún temor de sufrir consecuencias por ello”. Laura sugiere tímidamente que su caso es una consecuencia de ello.

En su colonia hubo un enfrentamiento. Ni su hija ni ella saben decir quién disparaba pero escucharon las detonaciones. Una de esas balas atravesó la lámina de la casa de la prima de Laura y aterrizó en su columna vertebral, justo debajo de su cuello.

Su familia actuó como lo hacen tantos habitantes en contextos violentos: no llamó a la policía, no interpuso una denuncia, no llamó a una ambulancia. Buscó y confió en el Estado solo por atención médica.

“No me puedo explicar quienes fueron, pero sí sé que fueron delincuentes y yo solo me acuerdo que caí boca abajo. Cuando me llevaron al hospital yo solo le decía al médico ‘ayúdeme que yo no me quiero morir’. Ahí me atendieron solo dos días y de ahí me transfirieron al Rosales”, cuenta Laura pausado y entre sollozos. En el Hospital Rosales estuvo internada durante tres meses.

Laura quedó paralizada de la cintura hacia abajo. La lesión medular la ha afectado tanto que, aunque puede mover sus extremidades superiores, no puede sostener cosas con sus manos. Sus dedos están débiles y ya no tienen la fuerza suficiente para sujetar un vaso o dar un apretón de manos.

Normalización.  En un país con tantos asesinatos, una persona mira en las noticias una herida de bala como un mal menor. Para quienes lo sufren, la lesión es apenas el comienzo de sus problemas.

Es de estatura pequeña e inserta la palabra Dios en cada frase que puede. Dice frente a un representante del equipo de comunicaciones del Instituto –cuya política es no dejar solos a los periodistas que ingresan a sus instalaciones– estar agradecida con el ISRI por ayudarla a rehabilitarse.

Se despierta temprano y a las 9 de la mañana es conducida hacia el salón de terapia física, frente a la cancha de básquetbol donde Carlos contaba su historia. Al lado izquierdo de esa habitación hay varios colchones en los que los fisiatras ayudan a los discapacitados a fortalecer sus músculos. Del lado derecho del salón se observa el equipo de un gimnasio de fisioterapia. En una de las máquinas que lo componen recibe atención Laura.

Primero, el personal del ISRI la coloca sobre un verticalizador, una especie de camilla plana. Mientras Laura está acostada, una terapista coloca varias bandas que están unidas al verticalizador sobre el cuerpo de Laura. Las bandas, colocadas sobre el pecho y rodillas de la paciente, se aseguran del otro lado de la camilla y se termina de afianzar una especie de amarre que permitirá que ella no se caiga hacia adelante cuando el verticalizador cambie de posición y le ayude a tomar la posición de pie.

Cuando eso sucede, Laura se sorprende y dice que no se siente mareada. Con los brazos colocados sobre unos soportes y el resto del cuerpo asegurado al aparato, sus rodillas no forman ningún ángulo y parece que está parada.

Durante media hora y con la mirada un poco perdida, Laura se mantiene en esa posición. Pronto aprovecha para contar lo feliz que se sintió el fin de semana pasado cuando vio a sus hijos. Después de los 30 minutos en posición vertical, tiene terapia psicológica pero pide que esta se reprograme porque necesita que las enfermeras le cambien la ropa.

Daysi Rivera es una de las tres psicólogas que brindan rehabilitación emocional en el ISRI. Su labor es acompañar en el proceso de adaptación a las personas internadas. “Es necesario que acepten su discapacidad para que se cumpla la rehabilitación emocional”, señala la psicóloga.

El alta de psicología se da cuando el terapeuta considera que el paciente puede desenvolverse en su vida sin ayuda emocional, y para eso, es importante la opinión de la familia.

“Las personas con discapacidad se vuelven más agresivos o dependientes”, expresa Rivera. Uno de los problemas de las personas discapacitadas puede ser utilizar sus limitaciones para conseguir ganancias secundarias, como ser el centro de atención cuando no es necesario.

Laura parece lejos de esa realidad. Sueña con volver a cocinar como le enseñó su abuela y duerme, cuando el dolor del cuerpo se lo permite, en el pabellón de mujeres. En ese salón de 12 camas, cada 2 horas, el personal del instituto llega y le acomoda el cuerpo para que se sienta mejor. Dice que aquí ha aprendido a darse vuelta ella sola, a rodar sobre sus lados apoyándose con sus brazos en las barandillas de la camilla, pero, en su casa y sin esas barras de metal, todavía no puede hacerlo sola.

Sobre su cama del ISRI cae el sol de la tarde. Al lado tiene una mesa en la que hay papel higiénico, toallitas húmedas y un jarrón con agua. Usa un par de tenis impolutos. Desde hace más de medio año que no puede ensuciarlos.

Mientras una enfermera lleva a Laura a esa cama caliente para que descanse, la pareja se enfrenta en el pasillo de la entrada al cuarto con otra enfermera y otra paciente. “Uy, esto es peor que el tráfico del SITRAMSS”, dice al fondo un empleado del instituto. Por primera vez en largo rato, y quizá por compromiso, Laura se ríe.

Laura siempre está conteniéndose. Incluso cuando no llora, esta mujer de pequeña estatura y pestañas grandes, tiene una mirada penetrante de ojos negros que habla más que sus palabras. Después de contar las consecuencias de ese disparo en su vida, dice que perdona en el nombre de Dios a quien sea el culpable.

Hay una cosa que Laura no se perdona a sí misma: se está perdiendo la infancia de su hijo de siete años. Mientras ella intenta volverse un poco independiente en el ISRI a partir de las terapias de rehabilitación, su hijo menor le pide que no vuelva al instituto. “Mire, el primer día que yo vine acá fue un lunes. Yo lloré porque me sentía mal por no estar con mis hijos más que todo con el pequeño, porque él cuando ve que yo me vengo, dice a llorar”, cuenta Laura.

El disparo que recibió Laura no solo la lesionó a ella, lesionó a toda su familia y fomentó la idea de vulnerabilidad en la comunidad. “Antes ahí se había puesto malo, pero mire, yo nunca había tenido enemigos y son cosas que a uno le pasan y no espera”, explica.

Su prima dejó de trabajar para cuidarla. Su madre, sin empleo, consigue –como puede– dinero semanalmente para ir a visitarla al instituto. A su hija mayor, una joven que no aparenta tener más de 15 años, le corresponde administrar una casa con tres niños.

Cuando Laura fue lesionada dejó de trabajar y el hogar dejó de tener ingresos económicos. El dueño de la casa en que sus hijos viven llega periódicamente para pedirles que desalojen. Los hijos no saben qué responder y le piden tiempo para encontrar un nuevo sitio. Uno de $50.

La familia no encuentra una casa dentro de sus posibilidades y algunos vecinos han empezado a regalarles láminas y horcones que bien pueden servir como pilares de una nueva vivienda temporal. Después de volver a caminar, su necesidad inmediata es esa: “Hacer una champa con mi familia”.

Ya lleva cuatro semanas internada en el ISRI, bajo el mismo modelo que el estudiante Carlos. Los viernes al mediodía llega uno de sus primos, la toma entre sus brazos y la sienta en el asiento de copiloto de un pick-up que la lleva hasta su comunidad. Esos viernes Laura pasa frente a la casa de su prima, el último sitio al que entró de pie.

 

Tags:

  • isss
  • sobrevivir
  • lesiones de bala
  • heridos
  • vilolencia
  • atentados
  • el salvador
  • rehabilitacion
  • isri

Lee también

Comentarios