Trabajadores de usar y tirar

España era un lugar en su bonanza económica y parece otro totalmente distinto en su convulsionada crisis financiera. Hasta hace un par de años era un buen lugar donde trabajar, pero ahora se escuchan miles de historias de violaciones a derechos laborales. Estos son solo algunos testimonios de los abusos de los en una economía desahuciada.
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Encrucijada.  Millones de españoles están en el paro y los pocos trabajos que se encuentran en el mercado tienen un sueldo que no equivale a la jornada realizada.

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Búsqueda.  Miles se conforman con cualquier empleo ante la apremiante situación económica que vive España.

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Tensión.  La inconformidad con el gobierno de Mariano Rajoy crece a medida que se agrava la crisis económica.

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Desesperación.  Los españoles atisban meses turbulentos en 2013. La economía ibérica no se recupera y los pronósticos tampoco son positivos.

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Trabajadores de usar y tirar

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Fotografías de Agencias

H

ay un drama silencioso y silenciado que convive con el drama del desempleo. Se llama explotación laboral. La crisis hace que prolifere una casta de empleadores sin escrúpulos que aprovechan la coyuntura para exprimir y explotar a las personas a su cargo.

Las estadísticas son sobrecogedoras. De cada 100 inspecciones llevadas a cabo por el Ministerio de Empleo a lo largo de 2012, en un 23.9% de los casos se detectaron irregularidades (las situaciones de explotación laboral son simplemente una parte del largo catálogo de irregularidades). El registro se acerca al 30% en el sector de la hostelería.

Y Juan José Camino Frías, subdirector general para la Inspección en Seguridad Social, Economía Irregular e Inmigración; se queja tanto por el atentado que suponen contra los derechos de los trabajadores, como por la cantidad de cotizaciones sociales que no son abonadas y que servirían, entre otras cosas, para poder hacer frente a los crecientes pagos en materia de prestaciones de desempleo.

La crisis alumbra una era de trabajadores cada vez más indefensos, utilizados como toallas desechables. El drama de la explotación laboral sucede en silencio. Los trabajadores no quieren denunciar por miedo a perder esa preciada conquista, cada día más valiosa: el empleo. Casi todos los empleados entrevistados para este reportaje declinaron aparecer en fotografías y pidieron figurar con nombres ficticios. No quieren presentarse como díscolos por miedo a perder su trabajo. Por miedo a que en el futuro no les quieran emplear. Por miedo a estos tiempos de empleadores con la sartén por el mango.

Niñera por 400 euros. Josefina es dominicana y lleva 24 años viviendo en España. Ella habita en una casa sin luz ni gas por falta de pago. Pero vive en una casa. Gracias al apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca consiguió paralizar su desahucio el último mes de octubre. Poco antes de Navidad, al salir de la iglesia, una mujer le dijo que sabía de una oferta de trabajo y le facilitó un número de teléfono. La empleadora era una habitante de la exclusiva urbanización de La Moraleja, a las afueras de Madrid.

Josefina llamó. La oferta consistía en cuidar a un niño de siete años, desde las 3 de la tarde a la 1 de la madrugada del día siguiente (el último autobús de La Moraleja al centro de Madrid, cuenta Josefina, sale a las 11:30 de la noche), seis días a la semana. La empleadora le ofrecía librar un día por semana. La retribución: 400 euros al mes. “Esa mujer se estaba aprovechando de la situación de desesperación en que nos encontramos muchas personas extranjeras sin papeles”, cuenta Josefina bajo la carpa instalada frente a las oficinas centrales de Bankia en Madrid. “Si vive en La Moraleja, es porque gana bien”, agrega.

Tal es la necesidad de ingresos de Josefina que, a pesar de aceptar que el trabajo le suponía no poder cuidar por las tardes a su hija de 13 años, le dijo que le parecía muy poco dinero y que debería pagarle al menos 500 euros. “La mujer, enfadada, me colgó.”

Las 14 horas del cocinero. Jesús Portillo lleva 30 años trabajando en la hostelería. Es chef desde los 16. Le han hecho perrerías de todos los colores pero nunca como las más recientes. La más sangrante que recuerda fue la oferta que le hicieron en la franquicia de una conocida cadena de bares de tapas. El dueño estaba a punto de abrir un nuevo establecimiento de esta franquicia y necesitaba cocinero. Portillo –extremeño afincado en Barcelona de 46 años– se presentó a la entrevista de trabajo. Le ofrecían 600 euros al mes por una jornada de entre 12 y 14 horas. Le harían un contrato de media jornada, cuatro horas al día. Más adelante, si la cosa iba bien, renegociarían condiciones, le dijeron.

Para incorporarse a la cadena tenía que seguir un cursillo en uno de los establecimientos de la cadena situado en Cornellà de Llobregat. Allí vivió uno de los procesos de selección más abusivos que recuerda.

“El curso era, básicamente, trabajar gratis tres días en el establecimiento”, recuerda. Quince personas se presentaron al presunto curso de formación. La jefa no paraba de gritar a los candidatos que empezaban a freír tapas. Cinco candidatos se fueron a la media hora, hartos de recibir gritos. A la hora empezaron a llegar clientes. “Más deprisa, más deprisa”, apremiaba la capataz. Tres chicas con poca experiencia abandonaron, hartas de los insultos. Para cuando el bar estaba lleno, de los 15 cocineros ya solo quedaban cuatro. De ellos, tres, entre los que se encontraba Jesús Portillo, abandonaron antes de acabar el día. “Pero esta vez fuimos nosotros los que insultamos a la dueña.”

Al día siguiente, el propietario de la nueva franquicia se disculpó ante Portillo y le dijo que las cosas no funcionarían así en su local. El primer día trabajó 14 horas. Al final de la jornada, el propietario le pagó 20 euros, la parte proporcional a su contrato de 600 euros: 20 euros por 14 horas de trabajo.

Por jornadas como las que le proponían, dice, se deberían pagar entre 1,200 y 1,300 euros; no 600. “Eso no es explotación, eso se llama esclavismo”, manifiesta, indignado, por teléfono.

Jesús Portillo lleva siete meses sin cobrar un euro y dos años en paro. Su mujer, que trabajaba en un ambulatorio, también está desempleada. La semana pasada le ofrecieron un trabajo en el que le pagaban 1,300 euros al mes, sí; pero por 18 horas de trabajo; de 7 de la mañana a 1 de la mañana; seis días a la semana, de lunes a sábado. Conoce a un chico ecuatoriano de su barrio, Nou Barris (Barcelona), que acepta cobrar 300 euros al mes por trabajar como camarero la jornada laboral entera. “Esta es la realidad laboral que vivimos: explotación, humillación, mafia, extorsión”, dice Portillo.

Un guardia sin cobrar. Manuel Chicharro tiene 50 años y ya no aguanta más. Es guardia de seguridad desde 1988 y ha visto de todo: compañeros en empresas de seguridad que recibían cuatro euros por hora; gente trabajando sin contrato... en el puesto que ocupó hace unos años en un conocido museo de Madrid, recuerda, se tenía que llevar a su hijo durante su turno porque no le permitían librar el fin de semana (algo a lo que tenía derecho por ley). Pero nada comparado con quedarse sin cobrar durante seis meses consecutivos.

Manuel está hundido. Va camino de siete meses sin ingresar un euro, sin poder pasar la pensión de 400 euros a su antigua mujer, siete meses viviendo de lo que ingresa su compañera. “El drama es que no hay cobertura para el obrero”, dice cerca de una oficina del INEM en Alcorcón, a las afueras de Madrid. “Y las instituciones colaboran en este proceso que no hace otra cosa que hundir a las personas.” Su caso es extremo, refleja la indefensión de un trabajador cuando su empresa quiebra. Refleja esa era del trabajador de usar y tirar.

Manuel Chicharro trabajaba como guardia en el Centro de Formación Primero de Mayo de Leganés. El 1.º de enero de 2012, hace ahora algo más de un año, la empresa para la que llevaba trabajando 12 años (Ariete) le subrogó su contrato. Pasó a estar en nómina de otra empresa, ESABE, cuya cúpula directiva fue detenida el pasado 20 de diciembre, acusada, entre otros delitos, de un fraude de 30 millones de euros a la Seguridad Social.

Numerosos empleados de ESABE vivieron una auténtica pesadilla los últimos seis meses de 2012: “Imagina lo que es no cobrar, mes a mes, durante cinco meses, pero tener que ir a trabajar cada día porque si no te despiden”. Manuel aguantaba, esperando a ser nuevamente subrogado a otra empresa.

Pero no fue así, a diferencia de lo que ocurrió con el resto de sus compañeros, que fueron integrados en Prosegur. A pesar de tener 12 años de antigüedad en la anterior empresa, necesitaba haber trabajado siete meses en ESABE para poder ser subrogado de nuevo, explica. Le faltaban 25 días para llegar a esos siete meses. Ahora, ni cobra lo que le deben, ni trabaja, ni tiene opción. Por ahora, a cobrar el paro. “Las administraciones públicas recurren a empresas que les salen baratas, pero lo barato sale caro”, dice Chicharro, indignado. Cita su caso, y el de Madrid Arena. “Ya no se contrata a profesionales de la seguridad, se va a lo barato y luego pasa lo que pasa”. Dice que en las administraciones públicas contratan a empresas de seguridad para que hagan el trabajo que los policías municipales o los fijos de plantilla no quieren hacer: “Nos tienen de porteros, de conserjes, y todo para que la gente, que muchas veces nos pide que fichemos por ellos, pueda escaquearse de sus puestos”.

Pagar por un trabajo. El caso de Rocío, mujer de 34 años, no es de explotación laboral. Más bien, ilustra de lo que son capaces algunos a la hora de aprovecharse de la necesidad de tener un trabajo.

El año pasado, en mayo, vio una oferta en la página de la web Infojobs. Se inscribió. La empresa pedía que entregara el currículo en mano en unas oficinas.

Al llegar a las dependencias de la empresa, situadas en un polígono entre Aldaia y Torrent (Valencia), vio que a la entrada no había ningún cartel. “Me pareció raro”, cuenta Rocío. Entró en el edificio y vio a seis chicas esperando. De un pequeño despacho salió una mujer que le entregó un formulario. En él se señalaba la fecha de inicio del proceso de selección: el 25 de junio. Para poder participar había que abonar 50 euros. “¡Pagar por un proceso de selección! Salí muy enfadada, era una tomadura de pelo”, dice Rocío.

Como ella no es de quedarse de brazos cruzados, habló con la policía, con organizaciones de consumidores, con la Consejería de Empleo de la Generalitat valenciana, y con Infojobs, que no tardó en retirar el anuncio. “No hubo proceso de selección el 25 de junio”, concluye. En julio recibió una carta de la empresa: le comunicaban que había sido descartada en el proceso de selección.

Repartiendo pizzas. Gustavo no se queja. En realidad, lo de cobrar 210 euros al mes repartiendo pizzas no le parece tan mal. Le incomoda no saber a qué hora le tocará repartir al día siguiente, puede ser en cualquier momento. Él solo sabe que trabajará dos horas cada día repartiendo pizzas; su empresa sabe que tiene un ejército de trabajadores volantes a los que usar a su antojo en el momento que quiera.

Para conseguir que le den más horas de trabajo, tiene que subir la media de repartos del día. En las oficinas hay una lista con el ranking de repartidores. “Hay competencia entre nosotros. Si yo gano horas, se las quito a algún compañero”, dice este dominicano de 25 años en una cafetería del centro de Madrid.

Prefiere esto a una empresa de perros calientes a domicilio en la que trabajó y en la que le pagaban según el dinero que iba entrando en caja. Con jornadas de 13 horas. “Tomaba el pedido por teléfono, lo cocinaba y lo llevaba a domicilio.” Un día le pagaban 100 euros; tres días más tarde, 150. Así hasta completar los 800 euros que representaba su paga.

El eterno becario. Juan le echa la culpa a las universidades. Dice que son cómplices de la situación de toda una generación. “Tenemos que pagar para poder ser becarios y cobrar 200 euros”, se lamenta este licenciado en Periodismo de 23 años. Y explica cómo muchos medios de comunicación hacen entender a los estudiantes recién salidos del horno que es bueno que mantengan alguna relación con la universidad para poder acceder a unas prácticas. “Hay alumnos que se dejan una asignatura pendiente a propósito para poder así optar a prácticas”, explica en una cafetería de Leganés. “Luego trabajas como uno más en la redacción y te das cuenta de que, en realidad, estás ahí sustituyendo a alguien. Produces como uno más, pero sin remuneración, sin derechos. Te regalan los oídos, técnicamente te pueden conceder dos becas, y cuando vuelves a la calle, te das cuenta de que no tienes un solo día cotizado en la Seguridad Social”.

Las empresas (y no solo las periodísticas, pues, según él, ocurre con compañeros suyos que son físicos o químicos) ya no buscan licenciados, buscan estudiantes. “La universidad es el principal motor de todo esto. Las empresas se aprovechan, pero es la universidad la que debería salir en defensa de sus alumnos”, asegura Juan.

Regreso a Ecuador. Rodrigo es un ecuatoriano de 42 años que lleva 14 en España. Está pensando en hacer las maletas y regresar a su país. Lo cuenta bajo una lluvia fina a la salida de la oficina de empleo del INEM del paseo de la Esperanza, Madrid.

Trabajó durante nueve años en una empresa de construcción. Al principio todo iba bien. Hace dos años, le redujeron el sueldo de 1,300 a 1,100 euros. Después le dijeron que siguiera trabajando, pero que le despedían para que pudiera cobrar el paro y se lo complementaban con 600 euros al mes. El año pasado le recontrataron: aunque trabajaba a jornada completa le hicieron contrato de media jornada. “Me he sentido explotado. Pero si no aceptaba el trabajo, alguna otra persona iba a aceptar. Con tal de no estar en casa, uno acepta lo que sea: algo es mejor que nada.”

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