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Trump llena de incertidumbre a Latinoamérica

México y los países de Centroamérica comienzan a contemplar seriamente la posibilidad de que millones de sus migrantes pudieran ser deportados, y el panorama no es alentador. Colombia ve en riesgo el financiamiento de sus acuerdos de paz. Cuba ya no ve tan claro el camino hacia el deshielo de las relaciones diplomáticas y el fin del embargo. Latinoamérica empieza a hacer el recuento de los daños de la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos.
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La campaña.  Donald Trump, tras ofrecer un discurso en la ciudad de Scranton, Pensilvania, estado en el que triunfó.

La campaña. Donald Trump, tras ofrecer un discurso en la ciudad de Scranton, Pensilvania, estado en el que triunfó.

Acuerdo. Barack Obama había prometido capitalizar su apoyo al proceso de paz en Colombia. Santos, presidente colombiano, se define como

Acuerdo. Barack Obama había prometido capitalizar su apoyo al proceso de paz en Colombia. Santos, presidente colombiano, se define como "amigo" de los Clinton.

Advertencia.  Cuando era candidato, el magnate Donald Trump pidió a todas las personas que viven sin permiso en Estados Unidos que regresaran a sus países.

Advertencia. Cuando era candidato, el magnate Donald Trump pidió a todas las personas que viven sin permiso en Estados Unidos que regresaran a sus países.

Deportados.  A lo largo de la presidencia de Obama fueron deportadas más de 2.5 millones de personas.

Deportados. A lo largo de la presidencia de Obama fueron deportadas más de 2.5 millones de personas.

Antecedentes.  Trump dijo que la política contra la inmigración no autorizada se enfocará principalmente en los delincuentes. “Vamos a ocuparnos de los delincuentes con antecedentes”, afirmó.

Antecedentes. Trump dijo que la política contra la inmigración no autorizada se enfocará principalmente en los delincuentes. “Vamos a ocuparnos de los delincuentes con antecedentes”, afirmó.

Costos.  Cualquier construcción a lo largo de la frontera será una tarea costosa. Un muro costaría entre $10,000 millones y $20,000 millones.

Costos. Cualquier construcción a lo largo de la frontera será una tarea costosa. Un muro costaría entre $10,000 millones y $20,000 millones.

En vilo.  Humberto de La Calle, jefe del equipo de negociación de la paz del Gobierno de Colombia, derecha; y el comisionado de la paz, Sergio Jaramillo, durante una conferencia de prensa sobre los cambios al proceso.

En vilo. Humberto de La Calle, jefe del equipo de negociación de la paz del Gobierno de Colombia, derecha; y el comisionado de la paz, Sergio Jaramillo, durante una conferencia de prensa sobre los cambios al proceso.

Los costos del regreso.  Cada deportación cuesta unos $12,500, según cifras de 2011 calculadas por el Gobierno.

Los costos del regreso. Cada deportación cuesta unos $12,500, según cifras de 2011 calculadas por el Gobierno.

Trump llena de incertidumbre a Latinoamérica

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Trump llena de incertidumbre a Latinoamérica

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Poco más de un mes después de que, contra pronóstico, Colombia decidiese rechazar el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, el país volvió a sacudirse la cabeza en una noche electoral. Todo el mundo confiaba en que la sinrazón hubiese tocado fondo el pasado 2 de octubre, con la victoria del no en el plebiscito, pero la realidad periodística y de las encuestas de nuevo volvió a salir derrotada.

La victoria de Trump añade aún más incertidumbre al proceso de paz de Colombia, en tanto Estados Unidos ha sido el principal aliado internacional del Gobierno de Juan Manuel Santos durante los cuatro años de conversaciones con la guerrilla. En una reciente entrevista, el mandatario colombiano confiaba en la victoria de Clinton: “Hillary es una amiga personal, su marido y ella han sido un apoyo para mi gobierno y los anteriores. No tengo si no elogios para ellos. A Trump no lo conozco, pero sí puedo opinar que sus políticas no son las que estamos abanderando”. Horas después de que se conociera la victoria del magnate, el mandatario colombiano reafirmó su opinión en un tuit: “Celebramos el espíritu democrático en #ElectionNight. Con Donald Trump seguiremos profundizando relación bilateral”.

La manifiesta intención de Trump, por otro lado, de acabar con la apertura de relaciones con Cuba iniciada con Obama, tiene todos los visos de terminar por salpicar también a Colombia, al menos hasta que Santos acabe su mandato en 2018. El presidente se ha mostrado siempre agradecido con el Gobierno de Raúl Castro por albergar las conversaciones de paz los últimos cuatro años. De hecho, buena parte de la delegación de las FARC aún sigue en La Habana, donde estos días trata de cerrar un nuevo acuerdo con los negociadores del Gobierno de Colombia.


Acuerdo. Barack Obama había prometido capitalizar su apoyo al proceso de paz en Colombia. Santos, presidente colombiano, se define como "amigo" de los Clinton.

Algo similar pudiese ocurrir en el caso de Venezuela. Estados Unidos se ha mostrado a favor del diálogo entre el Gobierno de Maduro y la oposición. La llegada de Clinton a la Casa Blanca parecía garantizar esa estrategia, o al menos no terminar con ella. De endurecer Trump esa posición a buen seguro trataría de buscar aliados en la región y todos los ojos se pondrían en Colombia.

Además, bajo las propuestas presentadas por el presidente electo, Donald Trump, México podría recibir de regreso a millones de personas sin empleos disponibles para ellas; el país podría perder unos cuantos miles de millones de dólares de las remesas que envían a casa cada año; y algunos de los deportados desempleados podrían engrosar las filas de los carteles del narcotráfico, lo que generaría mayor violencia.

Los inmigrantes enviaron a México casi $25,000 millones en remesas en 2015, y los expertos afirman que la mayoría de estas fueron para cubrir las necesidades más básicas de los mexicanos más pobres. Trump ha dejado entrever que de alguna manera incautaría los fondos de aquellos inmigrantes que no sean deportados para pagar por un muro fronterizo que desea construir.

México no puede cubrir 800,000 nuevos empleos para los jóvenes que cada año se integran a la fuerza laboral, mucho menos los de los migrantes que regresan, dijo Alejandra Barrales, presidenta del izquierdista Partido de la Revolución Democrática.

“Creemos que es con la iniciativa privada con quien tenemos que cerrar filas y buscar alternativas, no solamente para recibir a los posibles deportados. Necesitamos generar alternativas para que los 1.2 millones de jóvenes que cada año se suman al mercado laboral tengan alternativas en nuestro país”, ha señalado.

Trump se anuncia como un terremoto de escala sin precedente en la región.


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“Los cubanos son la mejor gente del mundo. Me encantaría ayudar a reconstruir su país y devolverlo a su antiguo esplendor. En cuanto cambien las leyes, estoy dispuesto a levantar el Taj Mahal en La Habana”, decía el empresario Donald Trump hace dos décadas.

Hoy Trump, como presidente electo de Estados Unidos, y entre la infinidad de incógnitas que plantea su mandato está la política sobre Cuba. Ahora su rol no es fabular sobre los pintorescos negocios que podría hacer en la isla, sino abordarla como asunto de Estado.

El presidente que le cederá el 20 de enero el sillón del Despacho Oval, Barack Obama, abrió en 2014 el camino hacia el fin del conflicto histórico entre Washington y La Habana. Está por ver si Trump continúa el proceso o desecha la doctrina Obama.

“No sabemos qué va a pasar. La situación podría volver a donde estaba antes, con contactos más restringidos entre gobiernos, recobrando fuerza las sanciones del embargo y reduciéndose el contacto entre los pueblos. El deshielo está en peligro”, dice Jorge Duany, director del Instituto de Estudios Cubanos de la Florida International University.

El dirigente demócrata concibió que la mejor manera de hacer avanzar el sistema cubano hacia la democracia era facilitar el intercambio económico y humano entre ambos países. Flexibilizó el envío de remesas, suavizó las condiciones para que los americanos pudieran viajar a Cuba, reabrió los vuelos regulares, firmó permisos para que algunas empresas puedan echar a rodar negocios con la isla y eliminó las barreras para que sus compatriotas pudieran traer de Cuba tanto ron y tantos puros como quisieran.

Desde el punto de vista del Trump economista, cabría esperar que no tuviese objeción alguna a esta pragmática apertura comercial. El ángulo de sombra –porque apenas se divisa en qué pueda consistir– es el punto de vista del Trump geopolítico.

A lo largo de su campaña el republicano pasó de apoyar con matices la política del deshielo – “está bien, pero creo que deberíamos haber hecho un trato mejor”– a visitar dos semanas antes de las elecciones a los veteranos de bahía de Cochinos para prometer que no dialogará con La Habana si no se aviene a un apertura completa de las libertades civiles.

Un discurso de máximos que adoptó para atraer el voto anticastrista pero que podría replegar cuando evalúe, entre otras cosas, los intereses de compañías como Starwood (Cuba y sus hoteles), Caterpillar (Cuba y sus carencias de maquinaria de construcción), Google (Cuba y su falta de internet) o PayPal (Cuba y su urgencia de bancarización).

“Trump ha dicho varias cosas y yo me quedaría con la primera: la de replantearse el acuerdo, a lo que habría que preguntarle: ‘Bueno, ¿pero qué quieres? ¿Hacer más y mejores negocios?’ Si es así la pelota está de su lado: tendría que obligar a sus colegas republicanos a levantar el bloqueo. Si su política es la que anunció en Miami al final de la campaña, eso es vino viejo”, opina desde La Habana el exdiplomático cubano Carlos Alzugaray.

La elección de Trump deja en vilo a los cubanos a ambos lados del Estrecho de Florida. Si endurece la política hacia la isla, el flujo económico y familiar entre unos y otros podría volver a dificultarse.

El potencial revés llega justo cuando el voto cubanoamericano se ha decantado por primera vez por los demócratas. Un 50 % votó por la derrotada Hillary Clinton y un 48 % por Trump, según la encuestadora Latino Decisions. En 2012, antes del proceso lanzado por Obama, un 65 % apoyó a los republicanos.

Mientras tanto, el Gobierno cubano ha emitido un neutral mensaje de felicitación de Raúl Castro al próximo presidente y en simultáneo –pero sin relación expresa– el ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) ha anunciado maniobras militares para las semanas que vienen.
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En México, el gobierno federal ha anunciado un programa de emergencia con el objetivo de alentar a las empresas a que contraten a los migrantes que regresan, pero Armando Osorio, un maestro de la ciudad de México, duda de que eso sea suficiente, dados los pobres antecedentes del Gobierno en la creación de empleos. “Esta gente no tiene autoridad moral para decir que ahora a los connacionales los recibe con los brazos abiertos”, afirmó. “Son ellos los responsables de la expulsión por hambre de millones de mexicanos”.

Las iniciativas del presidente electo sobre la inmigración no autorizada comienzan, sin embargo, a parecerse cada vez más a las del mandatario Barack Obama. En su primera entrevista posterior a las elecciones, Trump ha dicho que se concentrará en los inmigrantes sin permiso de residencia que tengan antecedentes penales y no en todos los extranjeros sin papeles. Calcula que entre 2 y 3 millones de inmigrantes podrían enfrentar de inmediato la deportación, aunque esa cifra parece un poco exagerada.

Incluso si aparentemente Trump parece alejarse de la idea de una deportación masiva, la posibilidad sigue siendo atemorizante para el pueblo mexicano.





Trump ha insistido en una entrevista en el programa “60 Minutes” en que “lo que vamos a hacer es atrapar a los criminales y a aquellos que tengan antecedentes penales, a los miembros de pandillas, a los narcotraficantes, a muchas de esas personas –entre 2 o 3 millones– y los sacaremos de nuestro país”.

Las violentas pandillas centroamericanas deben gran parte de su existencia a que los migrantes que huyeron de la guerra civil de El Salvador fueron deportados por Estados Unidos, luego de cometer crímenes como miembros de pandillas en Los Ángeles. Los expulsados se trajeron consigo su modus operandi y formaron nuevas estructuras criminales.

En 2012, el Gobierno estadounidense calculó que aproximadamente 1.9 millones de inmigrantes eran criminales y podían ser sujetos a deportación. El Instituto de Políticas Migratorias, un grupo de expertos en Washington, estimó que unos 820,000 de ellos están sin permiso en Estados Unidos.

Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la Agencia Antidrogas estadounidense, dijo que al menos algunos de los deportados posiblemente se involucren en el negocio del narcotráfico, valiéndose de las conexiones que ya establecieron ese país para incrementar la cantidad de heroína y otras drogas que cruzan la frontera. Indicó que incluso deportar únicamente a quienes cometieron delitos graves sería contraproducente al provocar más violencia en México y Centroamérica.

“Lo que va a suceder es que esos individuos van a volver a México y no van a tener trabajo, por lo que engrosarán las filas de los cartelesa”, dijo Vigil, autor del libro “Metal Coffins: The Blood Alliance Cartel”.

“Eso generaría más violencia y secuestros en México y en esas áreas (de Centroamérica), lo que provocaría un tsunami de inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos, posiblemente muchos más de los que se estarían deportando”, declaró Vigil.

Existen casos de migrantes deportados que asumen papeles de liderazgo en los carteles de la región. Tal es el caso de Martín Estrada Luna, quien abandonó la secundaria en el estado de Washington con un historial de delitos menores como robo en propiedad ajena. Dos años después de que fue enviado de regreso a México en 2009, se había transformado en un capo del narcotráfico conocido como “el Kiko”, líder de un desalmado brazo del cartel de Los Zetas y quien planeó la masacre de más de 250 personas.

Mientras que millones de inmigrantes que están sin permiso en Estados Unidos podrían enfrentar la deportación, posiblemente el proceso de localizarlos y deportarlos a todos no sucederá de inmediato.

Una vez que esté en el poder, Trump podría movilizarse para ordenar que los agentes migratorios comiencen de inmediato a arrestar a las personas que ya cuentan con órdenes de salir del país por estar sin autorización en Estados Unidos. Hasta 2015 había unas 88,000 personas dentro de esa categoría.

Pero para los inmigrantes sin historial delictivo, la espera para que un juez dé la orden final de deportación podría tomar años. Actualmente existen cerca de 521,000 casos pendientes en las cortes migratorias federales, de acuerdo a los datos públicos obtenidos por la Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.

Incluso en México, muchos creen que Trump tendrá que moderar sus planes.

“La realidad política hará ver que muchas de las iniciativas en contra del pueblo mexicano simplemente son irrealizables, ya sea la deportación de todos los inmigrantes indocumentados, e incluso la construcción del muro”, escribió la arquidiócesis de la ciudad de México en un editorial.
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En un encuentro con empresarios, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, tuvo que felicitar al nuevo presidente electo y recordó la importancia de la relación con Estados Unidos, principal inversor en el país: “Quiero felicitar a Donald Trump y desde aquí, en este auditorio privilegiado, decir que Colombia ha tenido desde hace muchos años una política exterior con Estados Unidos, bipartidista. Hemos querido tener siempre unas buenas relaciones con el Partido Demócrata y con el Partido Republicano. Ha sido tradición”.

Mucho más optimista se mostró en su cuenta de Twitter el expresidente Álvaro Uribe: “Felicitaciones presidente Trump; el narcoterrorismo de Colombia y la tiranía de Venezuela son los grandes enemigos de nuestra democracia”. En el extremo opuesto, las FARC han usado sus redes para mostrar su preocupación por la elección del nuevo presidente. “Ganó Trump y la incertidumbre en el mundo, pero la paz de Colombia sigue en construcción”, ha escrito Pastor Alape, miembro del Secretariado de la guerrilla. Ninguno de los dos candidatos estadounidenses complacía a la insurgencia, como ha aclarado el comandante en otro tuit. “Hillary y Trump no garantizan las aspiraciones de bienestar de la humanidad”.

Estados Unidos fue un aliado clave en la lucha contra el narcotráfico y el debilitamiento de las FARC a través del Plan Colombia, que pusieron en marcha las Administraciones de Andrés Pastrana y Bill Clinton. Sin el apoyo económico y de inteligencia militar que proporcionó cuesta pensar que la guerrilla se hubiese sentado a negociar en La Habana con el Gobierno colombiano. Estados Unidos ha contado con un enviado especial para el proceso de paz, Bernie Aronson, clave a la hora de desatascar algunos de los temas más delicados de las conversaciones, como es el caso de las extradiciones. Uno de los mayores anhelos de las FARC es que uno de sus miembros, Simón Trinidad, encarcelado en Estados Unidos, sea trasladado a Colombia, se pueda acoger a la Jurisdicción Especial para la Paz y termine de pagar su condena en su país.

Durante la visita oficial que el presidente Juan Manuel Santos realizó este año a Washington, Colombia se llevó el compromiso de la Administración de Obama de que Estados Unidos colaboraría con una suerte de Plan Colombia 2 –llamado Paz Colombia– en el posconflicto.






La intención de Obama era que el Congreso aprobase una partida inicial de $450 millones para el presupuesto del próximo año. La llegada de Clinton a la Casa Blanca garantizaba, sin ninguna duda, la continuación del respaldo norteamericano, al menos el diplomático. Con Trump en la Casa Blanca y la mayoría republicana en las dos cámaras cuesta creer que Colombia contará con esa ayuda económica.


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A pesar del discurso de Trump y las múltiples manifestaciones racistas que se han registrado desde su victoria, varias ciudades santuario con alcaldes demócratas que tenían desde hace tiempo una fría relación con las autoridades federales de inmigración piensan seguir dando amparo a los inmigrantes sin permiso de residencia. Esto al margen de la amenaza del presidente electo de negarles fondos federales si no colaboran en una campaña para deportar a los extranjeros que viven en el país ilegalmente.

Bill de Blasio, en Nueva York; Rahm Emanuel, en Chicago, y Ed Murray, en Seattle, son algunos de los regidores de ciudades santuario que han intentado tranquilizar a la población inmigrante preocupada por los planes de Trump, que durante su campaña electoral se comprometió a deportar a todos los extranjeros sin permiso de residencia.

“Seattle siempre ha sido una ciudad hospitalaria”, dijo Murray el lunes. “Lo último que quiero es que empecemos a entregar a nuestros vecinos”.

En Providence, Rhode Island, el alcalde Jorge Elorza, hijo de inmigrantes guatemaltecos, dijo que mantendrá la política de no retener a personas acusadas por infracciones civiles en nombre de agentes federales de inmigración. Ras Baraka, de Newark, dijo lo mismo y añadió que la retórica de Trump sobre inmigración “da miedo”.

Durante la campaña, Trump dio un discurso sobre inmigración en el que prometió “poner fin a las ciudades santuario” y dijo que aquellas “que se nieguen a cooperar con las autoridades federales no recibirán dólares de los contribuyentes”. El entonces candidato republicano atribuyó “muchas muertes innecesarias” a políticas como las de esas ciudades.

Trump no detalló sus planes para presionar a las ciudades, y en una entrevista con “60 Minutes” emitida el domingo dijo que la prioridad inmediata de su gobierno será deportar a delincuentes y asegurar la frontera.

Pero sigue habiendo mucha preocupación e interrogantes sobre su estrategia hacia las ciudades santuario.

No hay una definición legal del término, al que se oponen algunos defensores de los derechos de los inmigrantes sin un estatus migratorio legal, que señalan que la noción de santuario no refleja el hecho de que la gente sigue pudiendo ser deportada. En general se refiere a jurisdicciones que no cooperan con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). Eso puede implicar, por ejemplo, que no notifican a la agencia de inmigración cuando un inmigrante sin permiso de residencia va a salir tras una detención.

Algunas ciudades como San Francisco se declararon hace tiempo como refugios seguros para los inmigrantes sin permiso de residencia y emiten tarjetas de identificación locales que les dan acceso a distintos servicios públicos. También se ha empleado el término para ciudades que prohíben a sus empleados, incluida la policía, preguntar por la situación migratoria de una persona, con el argumento de que las víctimas de delitos y los testigos pueden ser más reacios a hablar con los investigadores si tienen miedo de ser deportados.

“No queremos que nadie tenga miedo de hablar con nosotros”, dijo John Urquhart, jefe de policía del condado de King, en Washington, que incluye a Seattle.

Como no se puede obligar a estados y ciudades a hacer cumplir las leyes federales y no hay ninguna ley federal que requiera a la policía que pregunte por la situación migratoria de la gente, es probable que cualquier esfuerzo de Trump por presionar a las ciudades santuario se centre en aquellas que se nieguen a cumplir las peticiones del ICE, explicó Roy Beck, director ejecutivo de NumbersUSA, que quiere reducir el nivel de la inmigración.

Tampoco está claro qué dinero puede retener Trump a los ayuntamientos. La Corte Suprema de Estados Unidos ha determinado que para que el Congreso imponga condiciones sobre la entrega de fondos federales a los estados, las condiciones deben guardar una relación razonable con el propósito de ese dinero. Por ejemplo, los federales amenazaron con retener fondos para autopistas a cualquier estado que no aplicara un límite concreto de alcohol al volante. Tanto el límite como el financiamiento de autopistas estaban relacionados con la seguridad en carreteras.

“Si el financiamiento es para mejorar la educación infantil, es difícil decir que guarda una relación razonable con la cooperación de las fuerzas locales de seguridad en las deportaciones”, señaló Mary Fan, profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington.

Dicho eso, el inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos estudió este año algunas jurisdicciones con políticas de santuario y concluyó que algunas parecían incumplir una ley federal sobre que los gobiernos locales y estatales no pueden prohibir o restringir que sus agentes compartan información sobre el estado migratorio de una persona con agentes federales de inmigración. Tener estas políticas podría poner en peligro millones de dólares proporcionados por el Departamento de Justicia a las diferentes jurisdicciones, según el reporte.

Unas 300 jurisdicciones tienen alguna política de santuario, indicó el Center for Immigration Studies, que también pide reducir la inmigración.

“El resultado es que se libera a gente que debería ser deportada por haber cometido un delito, con la complacencia de la policía”, dijo Jessica Vaughan, directora de estudios de política en el grupo.

El principal argumento para los que piden que se reprima a las ciudades santuario es la muerte a tiros de Kate Steinle en 2015. La mujer falleció abatida en un muelle de San Francisco por disparos de un hombre que había sido deportado antes y dejado en libertad por fuerzas de seguridad locales.

Sin embargo, los defensores de la inmigración han dicho temer que los planes de Trump impliquen que se terminará deportando a mucha gente que no ha cometido delitos violentos y se preparan para dar batalla en ciudades santuario y otros lugares.



Antecedentes.  Trump dijo que la política contra la inmigración no autorizada se enfocará principalmente en los delincuentes. “Vamos a ocuparnos de los delincuentes con antecedentes”, afirmó.

“Estas ciudades han insistido en que van a respetar la dignidad de todos sus residentes”, dijo Matt Adams, director legal del Northwest Immigrant Rights Project, con sede en Seattle. “Lo que dicen es: ‘No vamos a utilizar nuestros recursos para separar familias, para deportar niños, para desgarrar comunidades’”, afirmó.
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¿Cómo se explica la victoria de Trump en un país tan indispensables para Latinoamérica? Una amplia coalición de estadounidenses blancos –una mayoría que está dejando de serlo en un país cada vez más hispano– ha llevado a Donald Trump a la Casa Blanca.

Los ciudadanos de origen europeo, hegemónicos en Estados Unidos desde su fundación hasta los tiempos recientes, ha actuado en estas elecciones como una minoría, un grupo identitario, una nación dentro de un país continental, que vota preferentemente por un partido, en este caso el Republicano.

Motivos económicos explican el resultado electoral. Trump entendió que una parte de la población blanca, la clase trabajadora del Medio Oeste, se había quedado desamparada, sin un partido que representase sus intereses y escuchase sus inquietudes. Este partido había sido, tradicionalmente, el demócrata. Era el partido de los sindicatos, del “little guy”, el hombre de la calle, el que defendía al obrero de las fábricas ante el patrón y las grandes corporaciones, representadas por los republicanos del country club, una élite económica y política.

El proceso por el que estos demócratas dejaron de serlo fue dilatado y nunca en línea recta. Comenzó en los años sesenta, cuando el presidente Lyndon B. Johnson, que era demócrata, firmó las leyes que abolían la discriminación y perdió el gran bastión histórico de los blancos del Sur segregacionista. Continuó en los setenta, cuando el republicano Richard Nixon conectó con la mayoría silenciosa de blancos espantados ante los cambios sociales acelerados –la conquista de derechos de los negros y las mujeres– y por las posiciones pacifistas de los demócratas. Otro republicano, Ronald Reagan, conquistó a este electorado con su mensaje de optimismo patriótico y económico. Eran los “demócratas de Reagan”, un perfil de votante –obreros blancos en el Medio Oeste industrial– clave para Trump.

El magnate ha captado el malestar económico de estos estadounidenses. Un mensaje fundamental ha sido la oposición a los tratados de libre comercio, a los que el presidente electo achaca los males del cinturón industrial que va de Pensilvania a Wisconsin, pasando por Ohio, Míchigan e Indiana. En 2008 y 2012 estos votantes se alejaron del Partido Republicano, identificado con la familia Bush, con Wall Street y con la Gran Recesión. Candidatos como Mitt Romney, un multimillonario con una imagen elitista, no ayudaban. El Medio Oeste votó a Obama. Y el martes se volvió contra Clinton, identificada, como Romney en 2012, con las élites globales que maquinan contra el “little guy”. Trump le ha dado voz, ha apelado a su dignidad. “Los hombres y mujeres de nuestro país no volverán a ser olvidados”, dijo en la noche electoral.

Pero la explicación económica del triunfo de Trump es incompleta. Los sondeos a pie de urna muestran que las personas con menos ingresos votaron a Clinton. Y entre las preocupaciones principales de los votantes republicanos no figuraba la economía, sino la inmigración y el terrorismo.

El primer dato revela que la coalición de votantes demócratas tiene en los negros e hispanos uno de sus pilares: entre las personas con menos ingresos figuran las minorías (el otro pilar demócrata son los blancos con niveles educativos más altos, los que viven en las ciudades y en las costas).

El segundo dato muestra que las dislocaciones económicas no son el único motor de Trump –con Obama se ha reducido el desempleo y el PIB crece– sino los miedos relacionados con la identidad: al inmigrante mexicano o al terrorista musulmán. De ahí la eficacia de la promesa de construir el muro en la frontera con México o vetar la entrada a musulmanes. La raza, trauma fundacional de este país, es un factor central en los Estados Unidos de 2016.

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