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Un Estado en crisis que deja perder propiedades

La reciente Ley de Extinción de Dominio tiene como su misión el aprovechamiento de lo retirado al crimen organizado en favor del Estado, al menos de sus fuerzas de seguridad. La institución creada para la administración de lo recogido, el CONAB, cumple con este papel todavía a medias, con propiedades y otros bienes a los que no se les da ningún uso en un país en perenne crisis. Uno de los motivos es su invisibilidad. La entidad tiene ante sí un reto mayúsculo con los posibles procesos de bienes relacionados con la corrupción que, según la promesa del fiscal general de la República, están por venir.
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Santa Rita.  El terreno que antes perteneció a Jorge Ulloa Sibrián no ha recibido cuidados aún en manos del CONAB. La casa central lo atestigua.

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La pandilla.  La Operación Jaque, contra cabecillas en libertad de la MS, dejó saldo de varios bienes incautados que todavía no son parte de un juicio de extinción de dominio.

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El futuro.  Según la FGR, es probable que la residencia de Antonio Saca en la colonia Escalón haya sido adquirida con fondos públicos. Podría ser incluida en un proceso de extinción de dominio.

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La novedad.  El CONAB tiene entre sus atribuciones la administración de empresas incautadas. Su deber es mantener los mismos niveles de ganancia con los que pasen a sus manos.

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“El Repollo”.  El caso de extinción de los bienes de Jorge Ulloa Sibrián (derecha) es el más complejo al que se ha enfrentado el tribunal pertinente.

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Alquileres.  Esta casa en Joyas de las Piletas, Cuscatlán, es una de las que el CONAB tiene a disposición de particulares para arrendar.

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Dinero.  La mayor parte de lo repartido por el CONAB hasta la fecha ha surgido de incautaciones de efectivo en aduanas.

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Réditos.  La PNC se ha ahorrado el alquiler de 11 inmuebles gracias a la cesión del CONAB.

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El lujo perdido.  Esta es la entrada a la finca Santa Rita. El portón es apenas sostenido por un lazo. El terreno pasará a las manos de la PNC para su aprovechamiento.

El lujo perdido. Esta es la entrada a la finca Santa Rita. El portón es apenas sostenido por un lazo. El terreno pasará a las manos de la PNC para su aprovechamiento.

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Esta fue la casa de un narcotraficante. Un desvencijado portón, que antes era verde, es sostenido apenas por un lazo naranja, que hace las veces de candado. En el empinado camino que conduce al resto de la propiedad descansan, hasta donde se puede apreciar a simple vista, tres camiones de volteo, como bestias inmóviles.

Esta es Santa Rita, una enorme finca ubicada en el kilómetro 3 de la carretera que de Santa Tecla conduce a Comasagua. Fue la principal de las propiedades que pertenecieron a Jorge Ulloa Sibrián, alias “el Repollo”, condenado en 2014 a 77 años de prisión por cinco delitos de narcotráfico.



Es uno de los inmuebles con más extensión de todos los que están embargados bajo la jurisdicción del Tribunal Especializado de Extinción de Dominio, es decir, de los que forman parte de un juicio destinado a que su propiedad, si se demuestra que tiene un origen o una destinación ilícita, pase de las manos de un delincuente a las arcas del Estado.

La ley pertinente a estos juicios contiene elementos inéditos hasta hace un par de años: los bienes incautados, incluso aquellos sobre los que no se ha comprobado un origen ilícito, pasan a una institución creada para el caso: el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB). Este tiene como misión, entre otras cosas, darle mantenimiento y sacarle réditos a los inmuebles y demás elementos bajo su jurisdicción, aquellos que podrían darle a un Estado en crisis como el salvadoreño, al menos en lo relativo a sus instituciones de seguridad, un respiro financiero.

La PNC, por ejemplo, tiene destinado para su funcionamiento para 2016 un presupuesto de $319 millones; de estos, $249 millones se destinan a remuneraciones, según el portal de transparencia de la institución. Otros $2 millones están destinados solo al alquiler de locales de subdelegaciones, puestos y sedes de unidades especializadas.

Algo similar pasa con la Fiscalía General de la República (FGR), que de los casi $39 millones a su cargo gasta $14 millones también en remuneraciones. Lo correspondiente a arrendamientos y servicios generales son $3.3 millones. En unas condiciones como las anteriores, es necesario que el Estado eche mano de todo lo que tiene a su cargo, y la Ley de Extinción de Dominio representa una oportunidad.

Sin embargo, Santa Rita, una de las mayores de las propiedades incautadas, contradice ese precepto y ahora parece abandonada a su suerte. Aquí solo dan cuenta de lo contrario los policías dedicados a su vigilancia. Uno de ellos, que se ha dado cuenta de la presencia de un visitante, baja desde su resguardo para preguntar.

El mantenimiento, afirma, ha sido mínimo y se ha limitado a una labor de limpieza realizada a principios de año por un grupo de mujeres reclusas en fase de confianza dentro del programa Yo Cambio. Después de eso, afirma, nadie más se ha acercado por la zona.

“Lo que han dicho los del CONAB es que están esperando un fallo en el juicio de extinción de dominio para comenzar a meterle mano ya en serio. En dos años quizá ha habido tres labores de limpieza y nada más”, dice el policía, quien, sin embargo, tiene orden de no dejar pasar a extraños, a pesar de lo irrisorio del portón que lo defiende. Habrá que probar suerte otro día.

En esta nueva visita, el resultado es el mismo, y un agente se excusa por no poder dejar ingresar a las visitas. Sin embargo, habla un poco más de la propiedad e ilustra sus condiciones: el área acondicionada para albergar una especie de corral para venados ha desaparecido entre la vegetación; la casa principal de la propiedad, antes repleta de lujo, está deteriorándose por la falta de mantenimiento, “se está cayendo a pedazos”; y varios automóviles, entre los que se encuentran dos pick up que bien pudieran estar andando en el terreno en las manos de agentes policiales descansan cerca de esa edificación.



En efecto, ahí está la casa hecha de rocas y madera, como vigilada por una araucaria, solitaria, ociosa y, según puede comprobar la vista, huérfana de cuidados desde hace unos años. Incluso unas láminas de su techo han sido retiradas por el viento. Recuperarla le representará al CONAB una buena suma de dinero. Ahí también están los automóviles, entre ellos los dos pick up mencionados.

La propiedad tiene un rostro muy diferente a aquel que mostraba cuando las autoridades de seguridad presentaron a Jorge Ulloa Sibrián y al resto de acusados de pertenecer a su red de narcotráfico en 2013. Ese día se incautaron 14 vehículos, tres motocicletas, camiones de carga, cuatro lanchas, dos jet skis y más de $10,000 en efectivo.

Solo siete de esos 14 vehículos permanecen en la propiedad. Una parte del resto, después de haber permanecido acumulando polvo en el parque de vehículos de la PNC, en la hacienda Changallo de Ilopango, pasó a un terreno incautado en otro punto de San Salvador, que se ha habilitado para que sirva de parqueo. Cada cierto tiempo a los automóviles se les pone en marcha y un mecánico revisa sus condiciones, en espera de que puedan ser distribuidos en alguna institución de seguridad.
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El CONAB tiene 80 vehículos a su cargo, entre incautados y extinguidos, aunque solo cinco están en esta última condición. De estos, apenas tres han sido donados a otras entidades: dos a la Fiscalía General de la República (una camioneta Porsche Cayennee y un pick up Mazda) y uno más a la PNC (Mitsubishi Lancer).

Los demás descansan en un estacionamiento a la espera de que lleguen a su fin los juicios de extinción de dominio que los envuelven y así poderse subastar para generarle ingresos al Estado. Pero para esto habrá que esperar: en el país existe un solo Tribunal Especializado de Extinción de Dominio, que tiene que encargarse de decenas de complejos casos al año.

Pero que, después de extinguidos, generen los ingresos esperados no es tan sencillo: un proceso como este no es inmediato, pues requiere gastos en logística y en publicidad. También contar con una base de ofertantes que, dado el poco peso mediático de la entidad y los pocos esfuerzos que ha hecho el Estado por hacerla conocida, es mínima, como lo reconoce el director ejecutivo del CONAB, quien prefiere no revelar su nombre por razones de seguridad.

“A veces no nos conocen ni en las instituciones que están relacionadas con el Estado. Hemos ido a SERTRACEN y nos confunden con el CONNA”, comenta el funcionario.

La única jueza especializada en Extinción de Dominio en el país, quien también prefiere que su nombre no sea publicado, afirma que ese es un problema que debe aprender a solventar el CONAB, pues debe adquirir una “visión empresarial”, aquella que tiene como principal objetivo la atracción de clientes.

Eso se puede comprobar con los únicos bienes inmuebles que se han extinguido hasta hoy y han pasado a nombre del CONAB (o, en su defecto, al del Gobierno y Estado de El Salvador), los 22 que pertenecieron al exdiputado suplente Wilber Rivera Monge, condenado por lavar millones de dólares para Jorge Ulloa Sibrián, y a su grupo familiar. El valúo de todas las propiedades es de $1,204,070.27, según datos del tribunal pertinente.

A pesar de que el fallo de la jueza de Extinción de Dominio se produjo en noviembre del año pasado y la Cámara Primera de lo Penal ratificó la sentencia en junio de 2016, es probable que la subasta de estos terrenos se realice hasta mediados del otro año. Se hará bajo el formato de sobre cerrado, de mínima inversión si se compara con la de una presencial. La entidad equivalente en Honduras, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), invirtió $300,000 en una realizada en el segundo de los formatos en octubre de este año, un gasto impensable para el CONAB.

Tampoco es sencillo que un inmueble pase a ser ocupado por una institución como la Policía o la Fiscalía de manera provisional. Para eso debe haber una reunión de consejo. Estas, en 2016, han tenido una regularidad escasa.

Para este año al CONAB le fueron destinados, vía presupuesto general de la nación, $656,000, de los que casi $223,000 han servido para pagar los salarios de sus 13 empleados. Lo demás correspondió al mantenimiento de todos los bienes en poder de la entidad, que solo entre automóviles e inmuebles (los de cuidado más oneroso) suman 162. La institución incluso se encarga de cubrir los gastos fijos de terrenos ya entregados de forma provisional a otras instituciones.

El CONAB tiene otra fuente de ingresos, que sale de la repartición del dinero obtenido con los bienes extinguidos. En 2015, la suma para distribuir fue de $264,993.80. Los porcentajes ya están definidos por la ley: la FGR y el Ministerio de Justicia y Seguridad reciben un 35 %; la Procuraduría General de la República, el 5%; y el 10 % recae en el Ministerio de la Defensa Nacional.

A la Fiscalía y al Ministerio de Justicia y Seguridad, por lo tanto, le correspondieron $92,747.83, la misma cantidad que serviría, por ejemplo, para pagar la mitad de un mes de arrendamiento de los inmuebles que alquila actualmente la PNC.

El 15 % restante ($39,749.07) le correspondió a las labores de mantenimiento del CONAB. Todo fue a partir de dinero en efectivo incautado en el aeropuerto Óscar Arnulfo Romero o en las aduanas, porque la institución todavía no ha podido realizar una subasta. Una experiencia que, según su director ejecutivo, podría tenerse el próximo año.

Las entidades, sin embargo, no pudieron tener esa suma en sus cuentas sino hasta septiembre de este año, debido a que aún no se había creado el mecanismo para hacer dichos depósitos. Ni siquiera el CONAB, que solo puede disponer de este dinero para realizar labores de mantenimiento.

“En este caso, la ley dice que tenemos un capital fundacional. Pero en la realidad fue de cero. Tuvimos que echar mano del presupuesto general de la nación, con todas las complicaciones logísticas que eso representa”, afirma el director ejecutivo. Esto significa, en términos simples, que la entidad generó gastos al erario público más que ahorro, lo que se tratará de solventar en el futuro.

Para 2016 la suma de lo recaudado hasta octubre es de $527,378.76. En la entidad esperan que todo fluya, en esta oportunidad, con normalidad.

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Hasta hace dos años, en la finca Santa Rita tenía una de sus sedes la División Antinarcóticos (DAN) de la PNC. Lo que menos importaba era el mantenimiento del terreno, pues no existía una entidad ad hoc para la misión. La PNC, por su parte, no tenía (ni tiene) los suficientes recursos para semejante tarea. Pero ya con la existencia del CONAB, las cosas no cambiaron mucho.

Según autoridades de la entidad, el inmueble pasará a ser ocupado de manera provisional por la Policía, aunque todavía no existe una fecha para que comience a operar ni se ha revelado para qué fines será utilizado el terreno. Bien podría servir para albergar un polígono de tiro, donde agentes de la institución realicen su entrenamiento de rutina con armas de fuego. Esta, según el testimonio de miembros de la entidad, es una deuda de las autoridades a su formación. Algunos pasan años sin asistir a uno. La PNC solo tiene dos lugares dedicados a esta necesidad en todo el país. La salida encontrada por la institución es utilizar los asignados a la Fuerza Armada.

“El CONAB, con los pocos recursos que tiene, no puede darse el lujo de tener un bien como un inmueble desocupado. Cualquier inmueble en estas condiciones es un generador de gastos”, comenta la única jueza de Extinción de Dominio en El Salvador.

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Además de los 22 inmuebles que antes pertenecían a Wilber Rivera Monge, los únicos extinguidos hasta la fecha, el CONAB tiene bajo su administración otros 76, pues forman parte de un juicio de extinción de dominio. En el Centro Nacional de Registros, estos aparecen embargados bajo la jurisdicción del tribunal pertinente.

Ese es el caso de, por ejemplo, los terrenos que antes pertenecían a Jorge Ulloa Sibrián (como la finca Santa Rita) o a los miembros de la banda Los Perrones. También los que esta semana le allanó la Fiscalía al exdiputado Eliú Martínez.

En el caso de estos, el CONAB puede disponer de ellos de dos formas: puede darlos de manera provisional a alguna institución que los necesite o puede alquilarlos a algún particular y que esos ingresos vayan a la cuenta común antes mencionada.

En un país como El Salvador, donde sus entidades dedicadas a las labores de seguridad han sufrido históricamente de falta de recursos, como la de inmuebles propios, no es la mayoría la que se está utilizando con el primero de los propósitos. Según información de cada una de las entidades, 11 le han correspondido a la PNC y 10 a la FGR. Cinco más están con el Ministerio de la Defensa.

Visitas aleatorias a diferentes inmuebles dan cuenta de esta utilización. Es el caso del rancho de playa que Wilber Rivera Monge poseía en la Costa del Sol, San Luis La Herradura. Ahí tiene su sede el Grupo Cuscatlán, una combinación de soldados y policías destinados al combate del narcotráfico en esta parte del litoral salvadoreño.

En una especie de residencial, no es difícil dar con el inmueble, preguntando a los lugareños por el lugar donde se ubica la Policía. Afuera, dos lanchas de doble motor, usadas por los miembros del grupo, indican el sitio. Adentro, soldados descansan a la sombra del rancho. Diez embarcaciones, redes y un conjunto de contenedores con gasolina de la Fiscalía componen la mayor parte del mobiliario. Al fondo una ya inservible piscina extraña el sabor del agua. Relativo a este inmueble, como asegura el director ejecutivo del CONAB, hubo ciertos conflictos entre los representantes de la Policía y la FGR para quedarse con él. Al final se decidió darle a la segunda de las instituciones solo un espacio para guardar los mencionados contenedores. El funcionario augura discusiones más complejas en la repartición de los bienes ya extinguidos.

Otro inmueble ubicado en el bulevar del Hipódromo, en San Salvador, también está destinado para la Policía. Esta es la sede de la Fuerza de Tarea Antiextorsiones, una especie de grupo élite entrenado contra este particular delito. Los agentes visten de forma casual, como para pasar desapercibidos, tal como el edificio donde se ubica su unidad.

Uno de los miembros de esta fuerza afirma que llevan casi dos años en el inmueble, lo que representó todo un alivio. La unidad tiene cuatro años de existencia, y antes estuvieron en muchos lugares porque era imposible lograr un trato de arrendamiento.

El agente da dos motivos: el primero, a pocas personas les genera confianza alquilarle un inmueble a la PNC, pues se está expuesto, se piensa, a un ataque. Eso aumenta los costos en la cesión. El segundo es la poca liquidez con la que cuenta la institución. En algunas ocasiones es posible que el arrendatario no reciba su pago en más de seis meses. Así, hacer un trato con esta entidad resulta un mal negocio.

Los agentes, ahora, aseguran que para la PNC el dinero gastado en arrendamientos es un problema. Y las cifras lo confirman, pues solo del 1.º de enero al 31 de mayo de este año se ha tenido que gastar casi $2 millones en ese rubro. También hablan de los problemas de la división a la que esta fuerza de tarea pertenece, la Unidad Antiextorsiones. Ahora comparte un inmueble con otra unidad de la Policía en San Salvador, donde la saturación es palpable. Esperan que les sea legado uno de los terrenos que el CONAB tiene en su poder para trasladar a más de 250 hombres.

En varios casos, como el de la ya mencionada finca Santa Rita o un terreno ubicado en el cantón Las Isletas de Zacatecoluca, donde Ulloa Sibrián tenía una de sus mayores bodegas para droga, las propiedades están ociosas, sin ninguna utilidad aparente.

Otros inmuebles, como ya se afirmó más arriba, son usados para generarle ingresos al CONAB por medio de su alquiler. Solo uno de estos es una vivienda. Se trata de una casa ubicada en la colonia Joyas de las Piletas, en Nuevo Cuscatlán.



Ahora desocupada es, sin embargo, una de las que mayores réditos le ha dado a la entidad: su alquiler cuesta $1,100 mensuales y contaba con inquilinos hasta hace dos meses. Esta luce un poco descuidada, con pintura descascarada, y adentro pueden verse señales de desorden. El CONAB se compromete a entregar esta casa a su arrendador en las mejores condiciones.



El resto de propiedades en alquiler son bodegas y, sobre todo, casas de campo y ranchos de playa, que han sido un dolor de cabeza para mantener rindiendo.

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Cuando el 14 de noviembre la Fiscalía General de la República allanó varios inmuebles del exdiputado Eliú Martínez, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, el titular de esa institución, Douglas Meléndez, afirmó que este era solo el principio de una serie de procesos de extinción de dominio. El funcionario afirmó que el siguiente en la lista sería el fallecido expresidente Francisco Flores, a quien se le realiza un juicio civil para definir su responsabilidad en el desvío de $15 millones provenientes de Taiwán.

Este se convertiría en el primer caso de bienes relacionados con un proceso de corrupción que entran a un juicio de extinción de dominio. Douglas Meléndez, sin embargo, sostuvo que no sería el último. Es posible que uno de los más cercanos sea el relacionado al expresidente Antonio Saca.

Esto último resultaría en todo un reto para el todavía reciente CONAB, pues además de las propiedades y el dinero del exmandatario, tendría que ocuparse, si son incluidas en el juicio, de sus empresas. Hasta el momento, nunca han tenido esa experiencia.



El futuro.  Según la FGR, es probable que la residencia de Antonio Saca en la colonia Escalón haya sido adquirida con fondos públicos. Podría ser incluida en un proceso de extinción de dominio.


Además de sacarle los mayores réditos posibles, la entidad cuenta con una misión específica con respecto a los bienes incautados, aquellos que todavía no han pasado legalmente a su propiedad. Es probable que, al final del proceso, la jueza especializada en Extinción de Dominio decida que un bien no tiene un origen o una destinación ilícita; por lo tanto, este debe ser devuelto a su dueño en las mejores condiciones, si es posible en las mismas en las que llegó a las manos del CONAB, que también debe entregar los ingresos que generó y restar de ese dinero los gastos que se registraron para su mantenimiento.

Esto se aplica en terrenos, automóviles y empresas. En el caso de estas últimas, mientras están incautadas, el CONAB debe nombrar a una especie de interventor, al que se le pagará con los recursos que genere la misma compañía. Si el gerente no estaba involucrado con la estructura que cometió los delitos, debe conservar su puesto.

“Ahí también se les dice a los empleados que no se preocupen por su empleo, que este se les respetará”, comenta el director ejecutivo del CONAB, quien afirma que la institución está preparada para asumir el reto de mantener una empresa con las mismas ganancias con las que se encuentre al momento de pasar a las manos de la entidad, a pesar de que todo el personal del CONAB está compuesto por 13 personas, incluyendo un motorista y un ordenanza, según la información oficiosa publicada por la institución en su portal de transparencia.

En la región, un país con más recorrido que El Salvador en experiencias como estas es Honduras. Incluso la Organización de Estados Americanos reconoció a su Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) como un modelo para el resto de naciones en la región. Esto no se traduce en total perfección: el año pasado se detectó que el exdirector de la entidad, Humberto Palacios, alquilaba ilegalmente una lujosa vivienda a su yerno por una cantidad pírrica. El funcionario fue cesado de su puesto.

En la actualidad, la institución, creada en 2012, maneja en sus cuentas más de 144 millones de lempiras (más de $6 millones), entre dinero incautado y extinguido. Este, de la misma manera en la que se hace en El Salvador, es colocado en cuentas a plazos en la banca privada para generar ingresos extra con los intereses.

La OABI tiene bajo su administración 25 empresas. Dentro de estas está Alimentos Continental, parte del grupo de compañías de la familia Rosenthal (ligada a la estructura de narcotráfico Los Cachiros). Está en proceso de liquidacion para el pago de prestaciones laborales de los empleados, según información de la OABI. Hay empresas de otros rubros pertenecientes a otros procesados, como radios, hoteles y empresas de cable.

Según la vocera de la institución, Claudia Solórzano, todavía no han tenido que devolver una empresa. Estas se han convertido en las mayores generadoras de réditos de todos los bienes incautados con los que cuenta la institución, pues le representan muchas ganancias y un gasto cercano a cero.

También superan a El Salvador en el sentido de que ya tuvieron la experiencia de su primera subasta. Se realizó en el formato de martillo, es decir que los ofertantes estaban presentes, con una paleta en mano, para pujar por un bien determinado. Realizar el evento les costó un aproximado de $30,000, según datos de la OABI, una cifra que para el CONAB todavía es imposible de cubrir. Esta les dejó un monto de $300,000. 

“Estamos en camino de convertirnos en una institución autosostenible”, comenta Solórzano. Mientras no lo sean, siguen representando un gasto para el Estado. Algo parecido a lo que ocurre con el CONAB, que todavía depende de presupuesto de la nación para poder funcionar. Los casi $40,000 que se le han repartido hasta ahora no le permitirían funcionar.

Honduras, por otro lado, cuenta con una diferencia en su ley que la hace un poco más funcional que en El Salvador. Acá los bienes solo pasan a jurisdicción del CONAB si la Fiscalía inicia un proceso de extinción de dominio. Allá es obligatorio que se inicie un juicio paralelo en tres delitos: el lavado de dinero, la corrupción y, más recientemente, la extorsión.

Eso le permite a la institución disponer de tales recursos y, además, darles mantenimiento, lo que resulta capital en la reducción de costos. En un proceso penal, cuando un bien es incautado, queda bajo la responsabilidad de la Fiscalía General de la República, que no tiene ni el interés ni la capacidad para dar cuidado a un bien. Por ello, estos se deterioran en su abandono.

Ese es el caso, por ejemplo, de los bienes que en El Salvador se incautaron con la Operación Jaque contra los cabecillas en libertad de la Mara Salvatrucha. Esos bienes, tomados a finales de julio, entre los que hay decenas de inmuebles y automóviles, ahora están en abandono, lo que representará altos costos para el CONAB para recuperarlos cuando pasen a su jurisdicción.


La pandilla.  La Operación Jaque, contra cabecillas en libertad de la MS, dejó saldo de varios bienes incautados que todavía no son parte de un juicio de extinción de dominio.

“¿Se imagina todos esos automóviles? Cuando ya los tomemos nosotros, van a tener sus baterías muertas. Vamos a tener que revivirlos y eso genera muchos gastos”, asegura un empleado del CONAB. Mientras, en el kilómetro 3 de la carretera que de Santa Tecla conduce a Comasagua, descansa, con el portón desvencijado, una enorme propiedad que desde el año pasado está a cargo de esa institución.



Aclaración: En la primera versión de este reportaje se publicó que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) de Honduras tenía bajo su administración el banco Continental y la inmobiliaria perteneciente al grupo financiero de la familia Rosenthal. La liquidación forzosa del banco está bajo la responsabilidad exclusiva de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, no de la OABI. La cifra de $5.4 millones corresponde al valor total de los 260 lotes ofrecidos en la subasta, y no a la ganancia. Se vendieron 60 lotes, a un precio de $300,000.

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