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“Un delito transnacional requiere una respuesta transnacional”

Una entidad para el Triángulo Norte que pueda combatir delitos para los que las fronteras se muestran porosas, como el narcotráfico, el lavado de dinero y la trata de personas. Esta es la idea de la que habla el colombiano Iván Velásquez, titular de la CICIG, la misma institución que ha logrado llevar hasta los tribunales a un presidente de la República y que actualmente goza de un alto prestigio a pesar del cese de la movilización ciudadana. En esta entrevista, el funcionario también da apuntes sobre la cooptación del Estado, la vulnerabilidad de las fronteras e incluso confirma al lago de Güija como un punto clave en las investigaciones relacionadas con el narcotráfico.
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Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lleva tiempo pensando en esta idea: la de la creación de un organismo similar a la entidad que dirige, pero transnacional para el Triángulo Norte y enfocada en delitos para los que, como característica general, las fronteras entre países se revelan porosas: el narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de personas.

Que un delito transnacional requiere una respuesta transnacional, sentenció, off the récord, luego de la entrevista que en julio de 2015 le dio a esta revista y hoy lo repite. Esta tarde habla de su simpatía a un proyecto así por primera vez frente a una grabadora, pero, diplomático al fin, decide obviar la palabra “necesidad” para optar por una menos incendiaria: “utilidad”.

“Digo que sería útil, no tanto en esos términos de necesidad, pero sí de utilidad, por la posibilidad en delitos transnacionales de poder hacer investigaciones que no requirieran tanto trámite de cooperación internacional, que siempre hacen más lentas las acciones, y que si existiera una comisión de esa naturaleza, delitos como el lavado de dinero, la trata de personas o el narcotráfico podrían ser más fácilmente enfrentados”, sostiene.

Uno de los argumentos que en Guatemala se utilizan para atacarlo a él y a la comisión que dirige es el de la injerencia internacional. Por eso le da alergia que se le pueda acusar, ahora, de buscar intervenir en otros países, y matiza su discurso.

“Claro que están, adicionalmente, en los mecanismos normales, los ministerios públicos en cada uno de los países entre los que se establece y se puede establecer, y está previsto además en la Convención de Palermo el trabajo integrado de cooperación entre países. Pero esa era la razón por la que decía que puede ser de mayor agilidad. Un delito transnacional requiere, obviamente, una respuesta transnacional”, añade.

Precedente. En septiembre de 2010 el expresidente salvadoreño Mauricio Funes planteó ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la necesidad de una comisión antimafias que abarcara a los tres países del Triángulo Norte, con el fin de combatir crímenes como el narcotráfico.

La idea, sin embargo, se antoja para el largo plazo, pues necesita del consenso de los tres países del Triángulo Norte, que se han decantado por tres formas distintas de enfrentar el fenómeno de la criminalidad enquistada en el Estado: El Salvador, donde el Gobierno ha mostrado una férrea resistencia a un modelo de ayuda internacional (el secretario general del FMLN, Medardo González, acusó de “golpistas” a los ciudadanos que exigen un esquema como este); Honduras, con su Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), apoyada por la OEA; y el caso de Guatemala. Y Velásquez lo sabe.

 “¿Por qué esta situación en cada país? Lo que yo tengo que afirmar es que cada país define la manera en cómo debe enfrentar el fenómeno de la criminalidad, sobre todo de gran criminalidad”, matiza Velásquez, sin dejar de ponderar las características del modelo de la CICIG, “con un diseño de mucha mayor operatividad que lo que podría estar planteado en Honduras”.

La idea podría ser sugerida desde afuera a los posibles países participantes, plantar la semilla para que el tema se vuelva de discusión pública. Pero Velásquez hace una aclaración: las organizaciones de apoyo internacional no están para imponerle nada a ningún país. La decisión debe ser soberana.

“Es que Naciones Unidas no puede lanzar la idea. Tendría que ser que el Gobierno de El Salvador con el de Honduras y el de Guatemala dijeran ‘¿por qué no pedimos una colaboración internacional en este sentido?’”, explica.  

Velásquez  ve como posible una comisión transnacional, al margen de las dificultades. Habla, por ejemplo, del caso de Guatemala: una larga historia de lucha de su sociedad civil y sus organizaciones de Derechos Humanos, que detectaron desde antes de los acuerdos de paz de 1996 los peligros de que continuaran con vida los cuerpos de seguridad que, después se vio, mudaron a estructuras del crimen organizado. En eso también ayudó el trabajo de un par de funcionarios, como el exvicepresidente Eduardo Stein Barillas.

El primer experimento de cooperación internacional de CICIG, de hecho, está cerca de cuajar, según las palabras del propio comisionado, que lo vislumbra para “más o menos pronto”. Se trata de una “unidad investigativa” en la comisión que tendría mucho vínculo con El Salvador, Honduras y México para el combate de un delito en específico: la trata de personas.

Todo nace tras la publicación del más reciente informe temático de la entidad, “Trata de personas con fines de explotación sexual en Guatemala”, realizado en asocio con UNICEF, que detectó a estructuras con actividades interconectadas en las naciones mencionadas e incluso en Colombia.

Se trata de un crimen de grandes réditos: solo en el país centroamericano hay unas 48,600 víctimas directas. Las ganancias ilícitas generadas por este delito alcanzan los $1,600 millones, lo que equivale al 2.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala, más que el presupuesto total de educación para la niñez y la adolescencia.

Uno de los hallazgos del informe fue que este delito involucra a funcionarios del Estado en todos los países donde funciona, quienes son capaces de proveer el acceso ilegal a registros de identidad, movilidad migratoria, facilidades de transporte y permisos sanitarios. En pocas palabras, estructuras con la habilidad para autogenerarse impunidad gracias a su enquistamiento en el Estado.

***
 
Ante la avalancha  de grandes casos de corrupción como cooptación del Estado, en el que se sostiene que el Partido Patriota actuó como una mafia criminal, las incursiones de CICIG en la persecución del narcotráfico han sido mínimas. Pero eso no se traduce en indiferencia. Según el comisionado, uno de sus puntos de mira está puesto en las fronteras, donde han detectado un comportamiento recurrente entre aquellos que la entidad ya identifica como narcotraficantes: la adquisición de grandes propiedades con territorio a ambos lados, en El Salvador y Guatemala.

Lo mismo permitiría un más sencillo traslado de mercadería entre países y el cambio a placer de la residencia cuando uno y otro Gobierno deciden aumentar su persecución. Algo idéntico pasa en los límites con Honduras y, en el norte, con México, según Velásquez, quien reconoce a estas indagaciones como una deuda de la entidad.

Y aquí vuelve a surgir la “utilidad” de esa comisión transnacional: para el titular de la CICIG, es un punto que debe ser tratado “conjuntamente” por una situación en particular: los municipios de frontera o, mejor dicho, aquellos más alejados de las capitales, son los más proclives a ser cooptados por las estructuras criminales.

“En la experiencia nuestra en Colombia, fue la manera como el crimen organizado fue apoderándose de sectores mucho más amplios del Estado…  empezaron desde juntas de vecinos, en los barrios; los concejos municipales, las alcaldías; después las gobernaciones y así fueron apropiándose incluso de instituciones nacionales… ese solo hecho tiene que dar la importancia de abordar investigaciones de esa clase”, cuenta el comisionado.

Según agentes de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil destacados en la frontera con Guatemala, es cierto que la propiedad de las grandes extensiones de terrenos binacionales en el sector representa un fuerte obstáculo contra su trabajo.

La de las grandes propiedades es una tarea titánica si se toma en cuenta la facilidad que hay para trasladar mercadería de un lado a otro de la frontera con muchos menos recursos y no solo en los 34 puntos ciegos que se han identificado en esa porosa línea. Para eso, basta un ejemplo: un terreno ubicado en la carretera Panamericana, apenas metros antes de llegar a la aduana terrestre de San Cristóbal, en el municipio de Candelaria de la Frontera. Tiene una mitad en El Salvador y la otra en Guatemala.  

El inmueble, de varios pisos, aparenta ser un parqueo y un autohotel. Es posible que por su rampa entre un camión de varias toneladas, pues tiene un acceso alto. Entre país y país hay apenas un portón. Del lado guatemalteco, la fachada del edificio es otra: un gimnasio donde no se ven máquinas para hacer ejercicio. Una fotografía aérea corrobora su conexión.

En este terreno operaba el ciudadano salvadoreño Francisco Argueta Ortega, alias “Francis”, a quien la División Antinarcóticos de la PNC le montó un operativo en 2012. En este, donde los agentes fueron recibidos con balas desde el lado guatemalteco, se encontraron 50 libras de marihuana, que en esa ocasión venían hacia El Salvador.  

Argueta y su hijo, Debbib Alexánder Argueta Guerrero, fueron acusados por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos de Narcotráfico por cargos de narcotráfico, proposición y conspiración y agrupaciones ilícitas. En la petición de la condena se dijo que eran los principales abastecedores de marihuana de las pandillas en el occidente del país y que el local podría ser utilizado para otras actividades, como el paso de contrabando desde El Salvador hacia Guatemala.

Ambos fueron sobreseídos en el Juzgado de Paz de la localidad por Yanneth Xiomara Díaz Interiano, la misma jueza a la que la Corte Suprema de Justicia exoneró, en febrero de este año, de una acusación de haber obtenido su título de manera irregular. La Cámara de lo Penal revocó esa resolución, por lo que fueron giradas órdenes de captura contra los dos acusados. El terreno, sin embargo, continúa en funcionamiento.




Frontera.  Este inmueble, ubicado en las cercanías de la aduana San Cristóbal, tiene una parte en El Salvador (su fachada es un autohotel) y otra en Guatemala (se presenta como un gimnasio). Fue objetivo de un allanamiento en 2012, pero continúa en funcionamiento.

Una vista aérea del sitio muestra que este no es el único inmueble con estas características. Justo al lado, un predio da espacio para que un camión de varias toneladas cruce al otro lado. En territorio guatemalteco, el paso es bastante sencillo, con una calle que permite el flujo de vehículos de grandes dimensiones.

“Se trata de propiedad privada, no podemos hacer nada sin una orden”, dirá en unos días un agente de la DAN encargado de un retén cerca de la frontera en una visita al sector. Aceptará que saben que en esta clase de sitios se cometen ilícitos, pero se resigna a decir que no hay manera de combatirlos. Desde otras instancias, sin embargo, se sospecha que algunos policías de la localidad trabajan de la mano con los dueños de estas propiedades.

No existe una normativa para impedir la existencia de lotes como los descritos. Ni hablar de las grandes extensiones de terrenos, en el punto de mira de la CICIG y de su comisionado, Iván Velásquez.

—¿Podemos hablar con nombres propios en cuanto al tema del narcotráfico? –se le pregunta al comisionado.
—No –responde en el acto.
—¿Estructuras, personas?
—No. Una condición que nosotros tenemos es que no podemos hablar de investigaciones, solo en el momento en el que las investigaciones lleguen a un punto en el que son presentadas ante los jueces. Ese es un tema de investigadores en todas partes, no una particularidad de la CICIG.
—¿Y podemos hablar de una forma de actuar?
—Inténtelo.
—¿Traslado de droga por el lago de Güija, a través de buceo?
—Esa es una forma, sí señor. O aeronaves que vuelan bajo y dejan la droga en el lago y la recogen de algún lado, depende de la mayor o menor vigilancia que pueda haber en ese momento.
—¿Este punto fronterizo está en el punto de mira de la CICIG?
—Podemos decir que es un punto importante de las investigaciones –sentencia.

El lago de Güija es el único cuerpo de agua que El Salvador y Guatemala comparten y, según investigadores de la DAN que serán consultados en unos días, las autoridades de El Salvador saben que varias estructuras lo utilizan para el contrabando de toda clase de mercadería, incluyendo drogas.  Es un punto estratégico para el crimen organizado en Centroamérica por su amplitud y poca vigilancia. En el lado salvadoreño hay una base de la Fuerza Naval (inaugurada en 1995). No existe un puesto de la PNC enfocado en el lago.



Otro paso.  En la secuencia de fotos de arriba se observa cómo un pick up negro (encerrado en el círculo blanco) cruza desde Guatemala  hacia El Salvador en un predio descampado. Llega a la propiedad en Guatemala (foto 1), pasa un portón puesto en la división de ambos países (foto 2), ingresa a territorio salvadoreño (foto 3) y llega hasta la calle para dirigirse en sentido contrario a la frontera de San Cristóbal (foto 4). En la imagen de abajo, un hombre está sentado junto al portón en el lado guatemalteco del solar.



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La mayor parte  de la oficina de Iván Velásquez  la ocupa una mesa para reuniones con muchas sillas. Una vidriera y una planta apenas acaban con la monotonía. Y el espacio destinado específicamente para el trabajo del  titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es de unos 6 x 3 metros de área.

Un mapa de Guatemala y varias pilas de papeles son toda la decoración de este rincón. Desde aquí se han capitaneado las investigaciones más explosivas de este país centroamericano, las que han llevado a renunciar, incluso, a un presidente de la República y que han rozado al intocable sector privado, con ejemplos tan contundentes como el de Aceros de Guatemala.

Dentro de un par de semanas, Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado B de Mayor Riesgo, realizará la audiencia en la que decidirá si liga o no a las 57 personas acusadas por el macrocaso cooptación del Estado, en el que están involucrados el expresidente de la República Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta, Roxana Baldetti. Ante la cercanía de esa audiencia es necesario hacerle a Iván Velásquez unas preguntas concernientes a El Salvador y al otro gran caso llevado por la comisión, que se ventilará aparte.  

—¿Hay ciudadanos o estructuras salvadoreñas participando, por ejemplo, en el caso de la megaestructura La Línea?
—Eh… no.
—Es una cuestión de aduanas, ¿no hay salvadoreños involucrados? Creo que eso es imposible.
—No… ¿En temas similares a los de La Línea?
—¿O colaborando con La Línea? Se trata de un tema de aduanas…
—Aquí es indudable que dado lo que ha ocurrido desde hace varios lustros en Guatemala, en temas específicos de defraudación aduanera, deba existir una relación con todos los países vecinos. Pero específicamente en ese tema no hemos desarrollado ninguna línea de investigación aún.

Iván Velásquez afirma que una inquietud respecto de El Salvador son las pandillas y los delitos propios de estas estructuras, aunque en este tipo de investigaciones no está involucrada la comisión que él dirige, sino solo el Ministerio Público de Guatemala.  


Apoyo desde la ciudadanía.  Las investigaciones de alto impacto adelantadas el año pasado por la CICIG y el MP provocaron una manifestación masiva de la sociedad guatemalteca en las calles.

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—¿Ha sido más  fácil el trabajo para la CICIG luego del terremoto de manifestaciones ciudadanas del año pasado?

—El trabajo de la CICIG, así como el trabajo del Ministerio Público, pudo desarrollarse con mayor intensidad y se puede y se desarrolla con mayor intensidad gracias a todo ese movimiento social que se generó el año pasado, que servía como un respaldo, como protección –responde.

El momento en el que Velásquez dice estas palabras es uno de tensión para la CICIG en Guatemala. En una semana asesinarán a Byron Lima, exmilitar condenado a prisión por el asesinato del obispo Juan Gerardi y un hombre con gran influencia en el sistema penal de Guatemala. Se decía que era, incluso, la verdadera autoridad en Pavón, cárcel donde estaba recluido.

Solo días después será destituido Luis Carlos de León Zea de la Dirección del Sistema Penitenciario. Se volverán lógicas las sospechas de su colaboración ante un hecho de película: la introducción de explosivos a plena luz del día para acabar con el hombre que, en teoría, reinaba en Pavón.

El hecho podría tener componentes políticos y ser parte de esa maraña de procesos que, según Velásquez ha expresado en diferentes entrevistas en Guatemala, podrían hacer que el país retroceda “en su lucha contra la impunidad”.

Y así lo ven diferentes analistas en ese país, como Édgar Gutiérrez, quien desde su puesto, primero como secretario de Análisis Estratégico y luego como canciller, ayudó a poner los cimientos de la conformación de la CICIG a principios de la década pasada.

 “Ahora el esclarecimiento del crimen de Lima se convierte en el mayor desafío del MP y la CICIG en su momento cumbre de capacidades y prestigio. Como ocurrió con Rosenberg, metafóricamente, han dejado el cadáver frente a sus oficinas. En 2009 (Carlos) Castresana (primer comisionado de la CICIG) palanganeó; esta vez, creo, nos acercamos a la madre de las batallas, cuyo resultado decidirá en gran medida nuestro futuro de los próximos 20 años”, escribe Gutiérrez en su columna de El Periódico, publicada el 21 de julio.


Apoyo desde la ciudadanía.  Las investigaciones de alto impacto adelantadas el año pasado por la CICIG y el MP provocaron una manifestación masiva de la sociedad guatemalteca en las calles.

—¿Le preocupa que ya no se esté manifestando de la misma manera la población en apoyo a la CICIG?

—No, porque el hecho de no reunirse en la plaza no ha significado que haya disminuido el apoyo –contesta.

—¿Y hoy cómo se manifiesta ese apoyo?

—El apoyo se manifiesta por las redes sociales, en los gestos de las personas, en los eventos que se realizan. Tampoco estamos haciendo encuestas, pero uno ve en la vida cotidiana, en los espacios en los que interacciona, que se percibe que ese apoyo que se expresaba en la plaza todavía subsiste.

Jimmy Morales, presidente de Guatemala, le solicitó a Naciones Unidas una renovación al mandato de la comisión hasta 2019 y ha dicho, públicamente, que aspira también a que en su momento se realice una renovación hasta 2021, año en el que se espera que las instituciones guatemaltecas puedan comenzar a volar con sus propias alas.

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