Un fiscal de amplia trayectoria

El fiscal general, Douglas Meléndez, ha llegado a la silla con el título de ser un fiscal de carrera. Su paso por esa institución estuvo marcado por algunos casos emblemáticos, que terminaron con la mayoría de sus acusados sobreseídos o absueltos, pero sus colegas reconocen en él la figura de un profesional entregado a la justicia. Contrarrestar la impunidad es su reto urgente.
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Amenazas. Con apenas unos meses en el cargo, el fiscal ya ha denunciado presiones por parte de grupos hacia su labor en la institución.

Amenazas. Con apenas unos meses en el cargo, el fiscal ya ha denunciado presiones por parte de grupos hacia su labor en la institución.

Trabajo. Junto a Rodrigo Ávila en un operativo donde capturaron a agentes de la PNC del sistema 911 por el delito de cohecho, pues exigían impuestos a vendedores de droga.

Trabajo. Junto a Rodrigo Ávila en un operativo donde capturaron a agentes de la PNC del sistema 911 por el delito de cohecho, pues exigían impuestos a vendedores de droga.

Junto a su amigo.  Douglas Meléndez nombró a Aquiles Parada como su fiscal general adjunto. Meléndez considera a su antiguo compañero su persona de mayor confianza.

Junto a su amigo. Douglas Meléndez nombró a Aquiles Parada como su fiscal general adjunto. Meléndez considera a su antiguo compañero su persona de mayor confianza.

El reto.  El fiscal general es uno de los puestos claves de la justicia. La de El Salvador presenta graves índices de impunidad.

El reto. El fiscal general es uno de los puestos claves de la justicia. La de El Salvador presenta graves índices de impunidad.

Labor de campo.  Douglas y el entonces jefe de la UIF de la Fiscalía, Nelson Mena, a las afueras de las instalaciones de CINTEC y MIDES, por un caso de presunto lavado de dinero.

Labor de campo. Douglas y el entonces jefe de la UIF de la Fiscalía, Nelson Mena, a las afueras de las instalaciones de CINTEC y MIDES, por un caso de presunto lavado de dinero.

Títulos falsos. Roberto Vidales y Douglas Meléndez en el Juzgado Primero de Paz junto a más de 100 títulos académicos que presentaban anomalías y que serían investigados.

Títulos falsos. Roberto Vidales y Douglas Meléndez en el Juzgado Primero de Paz junto a más de 100 títulos académicos que presentaban anomalías y que serían investigados.

El equipo.  Julio Roberto Arriaza, Aquiles Parada y Andrés Amaya, tres de los fiscales al mando de Douglas Meléndez en la Unidad Anticorrupción y Delitos Complejos.

El equipo. Julio Roberto Arriaza, Aquiles Parada y Andrés Amaya, tres de los fiscales al mando de Douglas Meléndez en la Unidad Anticorrupción y Delitos Complejos.

El regreso.  Douglas Meléndez llegó para ser la máxima autoridad de una institución a la que le dedicó 16 años de su vida. Fue recibido por muchos de sus excompañeros.

El regreso. Douglas Meléndez llegó para ser la máxima autoridad de una institución a la que le dedicó 16 años de su vida. Fue recibido por muchos de sus excompañeros.

Línea de tiempo. Un infográfico aparecido en LA PRENSA GRÁFICA el 21 de agosto de 2002 muestra la ruta del supuesto fraude del BFA según la Fiscalía General de la República.

Línea de tiempo. Un infográfico aparecido en LA PRENSA GRÁFICA el 21 de agosto de 2002 muestra la ruta del supuesto fraude del BFA según la Fiscalía General de la República.

Un fiscal de amplia trayectoria

Un fiscal de amplia trayectoria

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Un fiscal de amplia trayectoria

Un fiscal de amplia trayectoria

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Un fiscal de amplia trayectoria

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Un fiscal de amplia trayectoria

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La mañana del 3 de mayo de 2001, un todavía joven Douglas Meléndez y su mano derecha, Aquiles Parada (ahora su adjunto al frente de la FGR), llegaron hasta la casa de Tomás Hernández, rector de una de las universidades sospechosas en el caso de títulos falsos, la USAL, para obtener los documentos que se le habían negado al Ministerio de Educación.

Llenaron 10 bolsas con evidencia. Los fiscales estaban felices, pues entre manos tenían un gran caso y solo tuvieron que llegar a una casa particular para recolectar lo que parecía oro. Según un fiscal que estuvo cerca de la investigación, muchos de los nombres encontrados ya tenían muy mala fama entre los miembros de la FGR.

Quienes investigaban, sin embargo, tenían miedo de que su trabajo fuera a interpretarse como una especie de venganza personal o, incluso, como una traición a sus compañeros de institución, pues en la lista estaban también fiscales en activo como Ricardo Gálvez Clímaco.

Para Douglas el caso fue especialmente problemático, según narra este fiscal: al ser graduado de una de las universidades señaladas, la Universidad Las Américas de El Salvador, conocía a varios de los que, en un futuro, serían señalados.

—Decía “a este lo conozco, este otro fue mi amigo” –comenta este fiscal.

—Entonces, ¿Douglas Meléndez dudó en algún momento?

—Todos somos seres humanos y tenemos un corazón. Puedo decir que él dudó en ese momento. Pero que yo me acuerde, nunca mostró intención de hacer alguna omisión a favor de alguien –añade.



Todo fue entregado a Roberto Vidales, quien con ese y otros materiales también recolectados por Douglas y su equipo elaboró un informe en el que encontró que 169 profesionales del derecho presentaban graves anomalías en la obtención de sus títulos como abogados, entre los que se encontraban incluso jueces. Pero la Unidad Anticorrupción y Delitos Complejos solo pudo llevar frente a un tribunal a una veintena de los acusados. El resto de casos prescribieron, y de los que se convirtieron en juicio solo condenaron a cuatro de los acusados y sobreseyeron o absolvieron a los demás.

Entre estos últimos resalta el nombre de Carlos Linares Ascencio, quien llegaría a ser inspector general de la PNC en 2012 y candidato a fiscal general en un par de ocasiones. Ahora es juez Especializado de Sentencia (mira casos relacionados con el crimen organizado) en Santa Ana y cuenta con más de una quincena de denuncias en el Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Una de las primeras derrotas de la carrera de Douglas estaba consumada.


***
 

Douglas Meléndez ya era un rostro conocido en la Fiscalía General de la República a mediados de los noventa. Quienes ingresaron a la institución en esa época afirman que se trataba del “fiscal que todos querían ser”, al que le daban los casos más importantes.

Pero su primer gran reto llegó en 2000 con la jefatura de una unidad recién creada, Anticorrupción y Delitos Complejos. Lo eligió para ello quien fue la máxima autoridad de la FGR desde 1997, Belisario Artiga. Este comenzaba un segundo período como fiscal general y esperaba dar un golpe en la mesa con una entidad más fuerte. Por eso, se rodeó de los mejores en los puestos clave. Douglas era uno de ellos.

Desde ahí (y posteriormente desde la División de Intereses del Estado), Douglas comandó el trabajo fiscal en algunos de los casos de cuello blanco más importantes de la década, como el de los títulos falsos (con base en el Informe Vidales), el del Banco de Fomento Agropecuario y el de ANDA. A excepción de este último, sin embargo, en esos procesos la mayoría de acusados fueron sobreseídos o absueltos en los tribunales.

Si la calidad del trabajo de un fiscal en un juicio se definiera únicamente (pues también tiene incidencia quien juzga) por las condenas a los acusados, los anteriores casos podrían ser calificados como rotundas derrotas para Douglas y su equipo, conformado por otros cuatro fiscales.

Previo a esta etapa, Douglas Meléndez se ganó su reputación enfrentando casos complicados en la Unidad de Delitos Especiales. Uno de ellos fue el de los secuestros de André Súster y Guillermo Sol Bang, que terminaron con la condena de Raúl Alexánder Granillo Laínez, un exlíder guerrillero del Partido Comunista.

También se enfrentó a un caso paradójico, el del asesinato de Ramón Mauricio García Prieto, cometido por miembros de la Policía Nacional Civil que trabajaban como sicarios. Paradójico porque en esa época, antes de la entrada en vigor del Código Penal de 1998, en las investigaciones el protagonismo descansaba sobre los hombros, precisamente, de los policías investigadores.

Una persona que participó en la investigación por esas fechas afirma que no guarda muchos recuerdos de los pasos seguidos para encontrar a los culpables en este caso. Sí rememora la suerte con la que contaron porque su equipo tuvo agentes honestos, que facilitaron el trabajo aún incriminando a sus compañeros de corporación. Los logros, sin embargo, deben matizarse: nunca se avanzó en el encuentro de autorías intelectuales. Algo que, según algunos de sus colegas de la época, no se debía a una falta de voluntad de Douglas y sus compañeros: era el resultado de una orden venida desde arriba. Lo mismo representa toda una deuda de justicia que llevó a la familia de Ramón García Prieto a denunciar al Estado salvadoreño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que fue admitido en 2006.

De este período, dicen varios de los entrevistados, también se le reconoció una característica: la valentía para llevar a juicio temas complicados, aún a riesgo de su propia vida. Una persona que laboró en la Fiscalía y que no quiso que se incluyera su nombre cuenta una anécdota para ejemplificar lo anterior, concretamente enmarcada en el caso del asesinato de Adriano Vilanova a manos de cinco miembros de la Policía Nacional Civil, ocurrido en 1995. Una llamada llegó al teléfono particular de Meléndez. La voz del otro lado era cordial.

—Hola, licenciado Meléndez, le hablamos porque se acaba de ganar un terreno y queremos que complete su información –dijo quien llamaba.

Douglas respondió que se trataba de un error, que él no había participado en ningún concurso. El intercambio se repitió en un par de ocasiones. Al fin, la voz del otro lado dejó su cordialidad.

—Cómo no, hijueputa, te has ganado un terreno en el cementerio –amenazaron al momento de colgar.

Según cuenta otro fiscal cercano a Douglas a principios de la década pasada, escenas como esta se repitieron en los casos que vieron juntos, como el del BFA, casi con las mismas palabras y con el mismo ofrecimiento: darle un terreno en el cementerio. Tales cosas eran informadas al fiscal general, Belisario Artiga. Sin embargo, entonces no existía un protocolo de protección, por lo que la batalla se libraba en las sombras. Como ahora.



En la silla de fiscal general, a mediados de febrero, Meléndez denunció presiones por parte de “personas y grupúsculos” con respecto de llevar a juicio los casos de Probidad. Incluso habló de una conspiración para sacarlo del puesto. Aunque quizá nadie todavía se haya atrevido a ofrecerle un terreno en el cementerio al fiscal general.


***


Entre los profesionales absueltos del caso de títulos falsos estaba Manuel Chacón, abogado que buscó una diputación para el PCN en la última elección legislativa. A él el actual fiscal general y los suyos lo tuvieron que enfrentar de manera simultánea. Fue un acusado en el caso de los títulos falsos y también fue el abogado defensor de Enrique Rais y otros, en el primer gran caso de delitos de corrupción en toda regla que le tocó conducir a Douglas Meléndez (era el jefe de la unidad, no el fiscal específico): el del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), iniciado en 2001.

El caso se basaba en dos préstamos de casi $11 millones dados por el extitular de la entidad Raúl García Prieto a beneficio de las empresas Granja Los Patos, de Enrique Rais (actual dueño de MIDES), e INCAÑA, propiedad de Héctor Cristiani. Esta última se había conformado solo meses antes de recibir el crédito. Tales préstamos le habían servido a ambas empresas para comprar el ingenio El Carmen, propiedad embargada que estaba siendo puesta a la venta por el mismo BFA. A inicios de 2000, representaban los más cuantiosos préstamos en mora de la entidad. El BFA estaba afrontando, debido a estos manejos, serias dificultades financieras.

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Douglas y el grupo que comandaba acusaron a las tres personas mencionadas y a otros cinco imputados de los delitos de defraudación a la economía pública, negociaciones ilícitas y asociaciones ilícitas. A Enrique Rais también se le acusó de falsedad ideológica.

En un restaurante cercano al centro de San Salvador, el abogado penalista Diego Escobar va vestido con shorts y una camisa de botones, que lleva abierta para evitar el calor. Él fue uno de los cuatro fiscales elegidos para estar a las órdenes de Douglas en la recién fundada Unidad Anticorrupción, junto a Aquiles Parada, Andrés Amaya y Julio Arriaza.



Como si buscara en una caja que tuviera al lado, Escobar va sacando de su mente los recuerdos de esos días, mientras toca sus lentes o junta sus manos. Rememora a un Douglas profundamente estratégico, alguien que definía el camino a seguir desde las etapas más cercanas. También a uno muy trabajador y, sobre todo, exigente, enfocado “en la investigación de campo”.

“Cuando estábamos intentando definir cuál era la ruta que seguían los sacos de azúcar del ingenio para saltarse al interventor que el mismo BFA había puesto, él señaló una y mandó a peritos a verificarla. En efecto era esa”, dice el abogado.

La preparación del caso BFA fue la más ardua, dice Escobar, que habían llevado como equipo hasta entonces y la revisión de miles de documentos (compraventas, actas de fundación), se tradujo en semanas en las que la oficina era su casa. Pero, comenta, Douglas hacía el mismo esfuerzo que su equipo con el fin de superar las barreras de recursos que la institución les imponía. Una de las más notorias era la de no contar con peritos financieros que trajeran a la superficie la trama de los delitos. Entonces se auxiliaron con un informe de una funcional Corte de Cuentas, al mando del pecenista Rutilio Aguilera, el mismo que se recetó un aumento de salario de $1,200. Si bien en septiembre de 2002 Douglas pasó a la División de Intereses del Estado para que Aquiles Parada asumiera la Dirección Anticorrupción, en la práctica siguió al frente de las acciones.

El caso fue visto en su fase preliminar por el Juzgado Quinto de Instrucción, comandado en ese entonces por Sidney Blanco, actual magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en un juicio celebrado el 9 de diciembre de 2002. El expediente, de referencia 166-01-5 y conformado por ocho piezas, contó con más de 20,000 folios. Ahí, la parte fiscal aportó evidencias como cinco peritos independientes que revelaron, entre otras cosas, un manejo fraudulento en la tasación del precio del ingenio a conveniencia de los imputados. O reportes de la Unidad de Investigación Financiera que habían localizado parte del dinero de los préstamos en cuentas de Estados Unidos y Suiza. O documentación que demostraba la existencia de 25 operaciones ilícitas en la ruta seguida por el dinero. O la ilustración de un posible conflicto de intereses, pues Raúl García Prieto se había convertido en el asesor de algunas empresas de Enrique Rais cuando dejó de ser presidente del Banco de Fomento Agropecuario.

Pero a la Fiscalía le fue, cuando menos, mal. En su sentencia, Sidney Blanco rechazaría casi todo el material y, por tanto, casi todas las acusaciones. Incluso modificaría uno de los delitos, el de asociaciones ilícitas, por los de cohecho propio y cohecho activo, únicos para los que, a su juicio, la Fiscalía había presentado “datos y elementos incriminatorios claros, precisos y concordantes”. Ahí tomó en cuenta la presencia de algunos cheques girados por Héctor Cristiani, a través de su empresa Corporación Torino, a nombre de García Prieto, que conformaban unos $90,000.

Por el primero de los delitos pasó a la fase de sentencia a Raúl García Prieto, por aceptar dinero para favorecer a un tercero. Por el segundo, a Héctor Cristiani, por promover ese soborno. Enrique Rais y los demás acusados, por tanto, fueron sobreseídos de manera definitiva de todos los cargos.

Meléndez creía que tenía un caso lo suficientemente sólido entre manos. Fiscales que coincidieron con él por esa época aseguran que los días posteriores al fallo no pudo dejar de expresar su molestia. Esta misma la dejó ver en sus declaraciones a los medios de entonces. Acusó a los jueces de “dejar solos a los fiscales” y a Sidney Blanco en particular de haber “mutilado” la acusación de la Fiscalía, pues, dijo, no había tomado en cuenta una gran cantidad de evidencia. El fiscal general de entonces, Belisario Artiga, le mostraba su apoyo a Douglas y a los suyos, al menos en los medios de comunicación, expresando acusaciones parecidas. Por eso se ganó enemigos en la Corte Suprema de Justicia.

No todo fue apoyo, sin embargo, según afirmó hace unos días una persona cercana a Meléndez en esa época. Sostuvo que por esos días se pararon algunas investigaciones por órdenes superiores, como la existencia de más cheques vinculados con Raúl García Prieto, que los llevaron a concluir que el caso BFA era solo una parte del iceberg; o, más tarde, en el caso ANDA, cuando encontraron pozos construidos a favor de miembros del partido ARENA, como Norman Quijano, Francisco Flores o Mario Acosta.

Para Nelson Mena, jefe fiscal de la Unidad de Investigación Financiera, el fallo recayó en el hecho de que el juez no era uno especializado en temas complejos de corrupción, por lo que su falta de preparación definió la sentencia. Diego Escobar, por su parte, sostiene que hubo una actuación parcial de Sidney Blanco a favor de los imputados.

Gustavo Villatoro, entonces jefe de la Unidad Contra Crimen Organizado, asegurará en unos días que Douglas y los suyos pagaron un derecho de piso al ser los fundadores de una nueva unidad dentro de la Fiscalía, una especializada en casos conformados por múltiples aristas y que en la práctica se volvían multidisciplinarios. Muchos más difíciles, dirá, que aquellos que a él le tocó ver: los secuestros. Para estos nadie estaba totalmente capacitado.

“Lo importante es que se fundó la Unidad Anticorrupción… nunca hubo ninguna mala intención de perder un caso. Era lo mejor de la Fiscalía lo que estaba ahí. Se pagó el precio de fundar una unidad como esta, estábamos en pañales”, dirá Villatoro. Diego Escobar, ahora, lamenta que ese gran caso haya significado otra derrota para Douglas y los suyos.


***
 
 

Los encontronazos de Douglas con el Órgano Judicial y sus constantes informaciones de los casos a los medios de comunicación, según sus allegados, son muestras de una de sus características: su capacidad mediática.

Nelson Mena, jefe de la Unidad de Investigación Financiera de 2000 a 2005 y quien coordinó algunos casos con Meléndez, afirma que Douglas pertenece a una generación de fiscales que veía en los medios de comunicación un instrumento efectivo para inclinar un caso a su favor.

Antes de la reforma de 1998, los procesos judiciales se hacían por escrito. En ese entonces existían tribunales de jurado y la única parte oral del desarrollo de un juicio se hacía frente a este. Entonces, el fiscal se convertía en un histrión cuyo objetivo, más que ser impecablemente técnico, era convencer a un grupo de personas de la sociedad civil de la culpabilidad del imputado.

Para ejemplificar lo anterior, Gustavo Villatoro guarda una anécdota sobre un caso en el que él participó: el de la fallecida Margarita Parada Grimaldi, líder de una banda de robafurgones que operó desde los 90 hasta el inicio de la siguiente década. En 1997 fue llevada a juicio por robo agravado, delito que veía, precisamente, un jurado. En ese entonces, era vista como una especie de Robin Hood, pues debido a sus actividades los productos llegaban más baratos a los sitios donde se vendían, y la prensa había contribuido, en cierta medida a crearle la leyenda. El caso, por lo tanto, se perdió.

“Pero Douglas era, entre esos fiscales mediáticos, uno de los menos incisivos, pues también se defendía con la parte técnica. No era solo un show”, afirma Mena.


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La “derrota” del caso Banco de Fomento Agropecuario le enseñó algunas lecciones a Douglas y los suyos para obtener la victoria en futuros casos. Uno de estos triunfos fue el del juicio de ANDA, iniciado en 2003, donde fueron condenados funcionarios como Carlos Perla, recientemente liberado. En un punto curioso, uno de los fiscales específicos fue el abogado Armando Serrano, quien unos meses antes había defendido a Enrique Rais de las acusaciones relacionadas con el BFA. La relación entre profesional del derecho y empresario continúa hasta nuestros días.

En este, Douglas usó uno de sus recursos favoritos, el de la presión mediática. Cuando inició el juicio, se acercó a la sala de jurado para brindar su apoyo a su equipo. Entonces, los periodistas lo rodearon y aprovechó para soltar una sentencia: “Que al juez no le vaya a temblar la mano para resolver en este caso”. El juez referido era Romeo Aurora Giammattei, ahora suspendido pero entonces titular del Juzgado Noveno de Paz, y lo hacía advirtiendo que esperaba acciones diferentes a las ocurridas en casos anteriores, como el BFA.

Diego Escobar recuerda muy bien esa escena, cuando el periodista de LA PRENSA GRÁFICA Juan Carlos Zometa acercó la grabadora a Meléndez. Ahí, cuenta, se le vio una retórica y una seguridad solo comparable a la que presentaba en un tribunal, y sus palabras resonaron con fuerza entre los presentes, que no creían que un fiscal fuera capaz de ponerse al mismo nivel de un juez. Su apoyo al equipo, sostiene, fue algo que nunca volvió a ver en otro jefe fiscal.

Sin embargo, ese recurso fue la punta del iceberg, pues el trabajo para ANDA fue todavía más arduo que el del BFA, según comenta Diego Escobar y se puede desprender de un expediente de más de 20 piezas, con decenas de miles de folios.

Douglas continuó su trabajo al frente de la División de Intereses del Estado con otros casos de corrupción, como el delito de negociaciones ilícitas en la administración de INDES por Enrique Molins; juicios relacionados con el crimen organizado, como el de las bandas de robafurgones; e incluso asuntos que lo llevaron a enfrentarse a antiguos beneficiarios de sus investigaciones, como el político Guillermo Sol Bang, a quien, en consonancia con la junta directiva de CEL, acusó de haber causado estragos en terrenos cercanos a la presa 5 de Septiembre por la liberación de agua durante el huracán Mitch, en 1998.



Casinos, funcionarios del Viceministerio de Transporte y hasta varios alcaldes del FMLN (por la irregular conformación de MIDES) estuvieron en sus investigaciones. Sin embargo, en marzo de 2006 decidió dejar la institución a la que le había dedicado más de 16 años. Algo que, para quien desearía siempre volver a ella, bien podría significar una nueva derrota.


***

Gustavo Villatoro es, en la actualidad, la cabeza de Grupo Villatoro, empresa relacionada con el comercio exterior. Conserva poco del cabello con el que a principios de la década del 2000 aparecía en los medios de comunicación junto a Douglas Meléndez, mostrando su desacuerdo con las decisiones de los jueces. En ese entonces Villatoro estaba al frente de la Unidad Contra el Crimen Organizado. A Douglas lo conoció bien y, asegura, es una de las pocas personas por las que puede “meter las manos al fuego sin pensarlo dos veces”. Douglas incluso le ofreció un puesto como asesor ahora que es fiscal general, pero rechazó el ofrecimiento.

Tal vez fue una forma de agradecerle la oportunidad que Villatoro le dio en 2006, cuando le dio un cargo en la Dirección Nacional de Aduanas, donde aterrizó como jefe del Área de Fiscalización, una especie de auditoría a posteriori. Gustavo mismo había sido llamado por Antonio Saca en 2004 para hacerse cargo de la entidad. Le costó, dice, varios meses de “sentadas y reuniones” convencerlo de unirse a su equipo.

¿Por qué dejar, entonces, una institución a la que se le ha dedicado la vida y de la que cuesta tanto desprenderse? Según Nelson Mena, entonces jefe de la UIF, podría deberse a una mejoría económica, como sucedió en su caso, pues en 2008 abandonó la FGR para ser el encargado del Área de Lavado de Activos de un organismo internacional con sede en Washington, plaza que conserva.

Para Diego Escobar, su subalterno, fue un tema de frustración, pues comprendió que la institución carecía de los recursos y herramientas suficientes para cumplir con su trabajo, sin hablar de los constantes encontronazos con el Órgano Judicial. Un empleado de la Fiscalía que conoció a Douglas por esos años sostendrá días después que, a diferencia de Belisario Artiga, el entonces fiscal general, Garrid Safie, centralizaba el poder de decisión, lo que le quitaba autonomía a sus labores.

Gustavo Villatoro, por su lado, cuenta otra versión, mientras su cabeza se refleja en una dorada placa entregada a él por la División Élite contra el Crimen Organizado de la PNC, con la que trabajó palmo con palmo en su etapa como fiscal. Como Douglas, continúa enamorado de la institución. “Uno no deja nunca de ser fiscal”, dice al ver la placa.

Villatoro mira a Douglas en su propio espejo y lo compara con su experiencia. Cuando él se fue a la Dirección de Aduanas, lo hizo por el convencimiento de que, si llegaba a salir de la FGR por alguna razón, como “abogado penalista no iba a vivir”. “Usted queda quemado en la gremial de abogados, quemado ante los jueces, quemado en diferentes ambientes”, afirma Villatoro.

Apunta a otra razón: el deseo de Douglas de convertirse en fiscal general, un puesto que, según la historia ha enseñado, está vedado para un abogado que pertenezca a la institución. Ese anhelo lo demostró su intento, en 2009, de llegar a la silla, aunque no fue favorito en las listas de ninguno de los partidos.

En la Dirección Nacional de Aduanas, Douglas permaneció apenas un año. En ese tiempo comandó una reestructuración del Área de Fiscalización, donde tenía a su cargo a 100 personas para una sola actividad, algo que no podía ni soñar en la Fiscalía. Según notas de la época, durante su gestión aumentó la recaudación efectiva de dinero. Pasaría a CEPA por un mejor salario y estaría ahí como asesor legal hasta 2015, en un relativo segundo plano a pesar de que fue nombrado gerente legal en mayo de ese año.


***


El nombramiento de Douglas Meléndez fue toda una sorpresa, pues no se le conocían, entonces, apoyos políticos claros. Ernesto Muyshondt, diputado arenero que estuvo en la comisión política que se encargó de su elección, afirma que, al menos en su partido, fue escogido tras la presentación de las mejores entrevistas por parte del jefe de fracción, Alberto Romero, miembro de la comisión especial para la elección del fiscal. En este grupo de entrevistas estaban, entre otras, la del exfiscal general Luis Martínez.

La depuración, dice un diputado arenero, los llevó a una terna ocupada, además de Douglas, por el juez Luis Manuel Reyes Deras (quien fue parte de la cámara especial del último juicio del caso Baterías de El Salvador) y Julio Portillo, jurídico del Tribunal Supremo Electoral. Otro diputado del partido de derecha que no quiso identificarse sostuvo que la decisión también partió del consejo de altos funcionarios de la embajada de Estados Unidos, quienes pedían para El Salvador a un fiscal sin afiliación ideológica y con conocimiento de la institución.

En el FMLN, por otro lado, según dos legisladores de esa institución de izquierda, el nombre de Douglas se volvió potable por el consejo de alguien que, si bien no forma parte del partido, es muy escuchado: Franzi Hato Hasbún. La recomendación, sin embargo, habría sido indirecta, inspirada por Aquiles Parada, compadre de Douglas y una persona cercana al comisionado de seguridad en su paso por la presidencia como asesor jurídico.

Así llegó hasta la meta el nombre del primer fiscal de carrera que conduce la FGR, incluso superando al candidato de uno de los hombres más fuertes dentro del FMLN, el de José Luis Merino. El acuerdo entre ambos institutos dejó servido su nombramiento. Ya en la silla, decidió rodearse de sus compañeros de entonces: Aquiles Parada pasó a ser su adjunto y Andrés Amaya continuó en su puesto como jefe de la Unidad Anticorrupción, fundada por Douglas en 2000.



Julio Arriaza, sin embargo, fue trasladado de la Unidad de Intereses del Estado a labores administrativas y sustituido por Francisco Vides, amigo de Meléndez a principios de la década pasada, cuando trabajó para la Unidad de Crimen Organizado. Fuentes extraoficiales aseguran que el primero “cayó en desgracia” con Douglas al ser, casi, la mano derecha del exfiscal general Luis Martínez, personaje sobre el que, según las mismas fuentes, Douglas Meléndez coloca parte de la responsabilidad en el desprestigio de la institución. El único que permanece fuera es Diego Escobar.

Se ha rodeado, por tanto, de la gente de su más íntima confianza. No es para menos: el cargo al que ha accedido tiene muchos puntos por recorrer, como disminuir la tasa de impunidad en los homicidios, colocada, según algunas estimaciones independientes, en un número mayor al 90 %.

También tiene la oportunidad de iniciar juicios por corrupción en una cantidad sin precedentes, dadas las constantes revelaciones de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Juicios para los que tiene experiencia, aunque no siempre con los mejores resultados. Y eso, su carrera, es, para algunos, un arma de doble filo.

“Douglas carga con toda su reputación para sí, para su familia y para la sociedad. ¿Qué vamos a estar diciendo de Douglas dentro de tres años? Lo logró o no lo logró. Y no creo que le alcance el tiempo, pues primero tiene que limpiar una Fiscalía que, como lo ha dicho él mismo, está infiltrada”, afirma Diego Escobar, subalterno de Douglas a inicios del milenio en la Unidad Anticorrupción.

El reto es mayúsculo para un hombre sin apoyos políticos claros, el mismo que sabe aprovechar la avalancha de los medios y quien desde siempre fue el rostro de una ahora desprestigiada Fiscalía. El mismo que dirige la investigación de un país capaz de registrar tres masacres en dos días y que exige, por tanto, medidas excepcionales.



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