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“Un refugio ideal para el lavado”

Según los estándares internacionales, una unidad de investigación financiera es aquella que se encarga de centralizar toda la información de operaciones económicas sospechosas de un país, tras las que se puede ocultar el lavado de dinero. La referente a El Salvador, descrito en 2013 como un "refugio ideal para el lavado" por el departamento de Estado, está dentro de la Fiscalía y la conforman 23 personas, entre las que se incluyen fiscales y personal administrativo. Esta, sin embargo, ha mostrado poca capacidad para cumplir con su tarea. Algunos expertos señalan que la solución al problema recae en sustraerla de la FGR y colocarla en una institución diferente, como la Superintendencia del Sistema Financiero.
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Sandra Juárez, empleada de la empresa Avicultores y Porcicultores, S. A. de C. V., fue arrestada el 27 de diciembre de 2014 acusada de lavar medio millón de dólares en el sistema financiero salvadoreño. La señora, que mes a mes recibía un sueldo de $900, no pudo justificar la presencia de más de $500,000 en sus cuentas, pues no había presentado documentación que respaldara el origen y destino de estos.

El caso comenzó gracias a un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) enviado a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República por parte del oficial de cumplimiento de una institución bancaria. Ahí, la persona que ocupaba ese puesto dentro de la entidad informaba sobre los movimientos inusuales en la cuenta 28540213270.

El 14 de diciembre de 2014, uno de los técnicos de la UIF remitió a uno de los analistas financieros de la entidad, José Vaquerano, el oficio número 816 con referencia 33-UIF-11, en el que se incluía toda la información financiera de la acusada desde febrero de 2004 hasta octubre de 2014.

Acusada.  Sandra Juárez era empleada de una empresa donde percibía un sueldo de $900 mensuales. Vivía en San Rafael Cedros.

El técnico afirma que se enviaron peticiones de información a 109 instituciones financieras y que recibieron respuestas positivas de parte de siete. Se solicitaron estados de cuentas de ahorro y de tarjetas de crédito, movimiento de créditos bancarios, contratos de apertura de cuentas de ahorro, comprobantes de depósitos y abonos.

Sin embargo, el mayor movimiento registrado era el de la misma cuenta del banco que había generado el ROS: desde el 26 de diciembre de 2007 hasta el 31 de octubre de 2013 (fechas en las que estuvo activa la cuenta) la señora ingresó y sacó del sistema financiero $504,308, es decir, le dio apariencia de legalidad a un dinero que no se podía precisar de dónde había surgido. Lo más probable es que fuera el resultado de una actividad criminal.

El peritaje determinó también que en ese período había recibido $59,580 en préstamos, el mayor de los cuales provino de la cooperativa de ahorro y crédito ACAPRODUSCA, por $26,000. Este le fue aprobado el 10 de julio de 2013 y al momento de su captura continuaba vigente.

Todo eso se comparó con otras variables, como el salario de la imputada y los ingresos y gastos declarados por Juárez ante el Ministerio de Hacienda en 2013, que eran de $6,139.25 y $1,784.18, respectivamente.

Concluyeron, por tanto, que los valores movilizados en las cuentas contrastaban con los ingresos y gastos declarados por la señora. En consecuencia, se recomendó iniciar un proceso judicial, que ahora se encuentra en la fase de sentencia bajo la referencia 075-2016. En el escrito se aclara: “Se tuvo la limitante de que no pudimos determinar la procedencia y el destino de los fondos depositados”.

A lo que está resumido en los párrafos anteriores se le conoce como Informe de Inteligencia Financiera, en el que la entidad competente (en este caso la UIF) presenta el análisis de la información enviada por un sujeto obligado. Esta última figura se utiliza para definir, según la Ley Especial contra el Lavado de Dinero y Activos, a todas aquellas personas naturales y jurídicas que están obligadas a presentar la información que les solicite la UIF, a fin de poder demostrar el origen lícito de cualquier transacción y así evitar el blanqueo de capitales. Se trata, por tanto, de una especie de prevención.

Sin embargo, esta ha demostrado su poca efectividad en la tarea para la que fue creada. La mayoría de casos de lavado de dinero y activos surgen a partir de una investigación criminal previa, como lo reconocen fuentes internas de la Fiscalía General de la República. También como lo reflejan las notas periodísticas de los últimos 10 años: apenas cinco casos registrados, incluyendo uno que después se demostró que era un proceso irregular contra una pareja, Mario Calderón y Claudia Herrera, a la que la Fiscalía ha considerado víctima de la trama de venta de justicia de Luis Martínez y Enrique Rais.

Por lo mismo, desde finales de 2013 se ha intentado robustecer la capacidad de la Ley Especial contra el Lavado de Dinero y Activos con una serie de reformas, entre las que se encuentran la inclusión de más rubros económicos como sujetos obligados y en la baja a $10,000 del techo legal para el reporte de operaciones ordinarias ante la UIF.

Las reformas pueden interpretarse también como una respuesta a un informe publicado por la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado (INL, en inglés) de Estados Unidos el 28 de julio de ese año.

En este, la entidad describió a El Salvador como un “refugio ideal para el lavado a grupos transnacionales de tráfico de drogas, contrabando y tráfico de personas”. Las principales razones que se brindaban para llegar a esa conclusión eran su economía dolarizada y su ubicación geográfica. La información coincidió con lo expresado un mes antes, el 28 de junio de ese año, por el ahora director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, en ese entonces al frente de la Comisión Nacional Antidrogas. ¿Ha sido lo realizado hasta hoy suficiente para resolver el problema?  


***

Para un exjefe de la UIF  (Nelson Mena), uno de los encargados de redactar las reformas a la ley (Rigoberto Ortiz) y un abogado certificado en temas económicos (Rafael Peña), el principal obstáculo para una correcta prevención del lavado de dinero en El Salvador no está en la legislación actual, que cumple con la mayoría de estándares definidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sino en la unidad que tiene a su cargo hacerla cumplir. La Unidad de Investigación Financiera nació con un error de diseño, sostienen, pues fue creada en el interior de la Fiscalía General de la República.

Para Nelson Mena, el exjefe de la UIF desde su fundación (en 2000) hasta 2005, lo anterior se puede comprender si se entiende para lo que realmente funciona una unidad como esta según los estándares internacionales: centralizar la información que viene de los sujetos obligados, que en la práctica adquieren la calidad de garantes para evitar el blanqueo de capitales.

Y los tipos de informes que arriban a esta entidad son, sobre todo, de dos tipos. El primero es el que se refiere a operaciones que durante un día superen un techo legal, que en la actualidad es de $10,000. Antes de la reforma de 2014 este era de $56,000.

El segundo es el de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que tanto sonaron en el país con el caso del expresidente Francisco Flores. Estos, según Mena, constituyen la materia prima con la que trabaja una UIF, que tiene como misión generar, a partir de estos insumos, informes de Inteligencia Financiera, como el que se resumió en el primer bloque referente al caso de Sandra Juárez. En estos, la unidad puede o no recomendar una investigación criminal alrededor de lo descubierto.  Esta, y no otra, es la misión de una UIF según los estándares internacionales, y quienes la realizan son profesionales especializados no en leyes, sino en actividades económicas: analistas, contadores.  

Estas entidades, que en el mundo reciben diferentes nombres (Unidad de Investigación Financiera, Unidad de Inteligencia Financiera, Unidad de Análisis Financiero), han sido implementadas a través de varios modelos: el administrativo, donde se colocan en el interior de instituciones reguladoras, como la Superintendencia del Sistema Financiero o el Ministerio de Hacienda; el policial, cuando son organizaciones que dependen directamente del Órgano Ejecutivo; el judicial, que se implementa en El Salvador, cuando se crea dentro de la Fiscalía General de la República; hay un cuarto, que es un híbrido de los otros.

Para Nelson Mena, el problema del modelo adoptado por El Salvador es que se confunde el análisis financiero con la investigación penal. Algo que él vivió en carne propia cuando fue jefe de la UIF. Su unidad, que era la única que contaba con un experto financiero, muchas veces era utilizada como una especie de perito ante la ausencia de profesionales como estos en otras unidades especializadas. Un ejemplo fue el caso BFA de 2000, llevado por la Unidad Anticorrupción, de la que era jefe Douglas Meléndez, actual fiscal general. Según lo dicho por el actual jefe de la UIF, Jorge Cortez, la medida ahora solo se da en raras ocasiones y la mayor parte del tiempo sus peritos trabajan en exclusividad para su unidad.

“No quiere decir que sea un modelo equivocado. El problema es que en la medida en que la Fiscalía tenga muy pocos recursos y no se desarrollen las normas adecuadas, puede tener inconvenientes, desde injerencias indebidas hasta problemas en la asignación de los recursos”, sostiene Mena.
Rigoberto Ortiz, uno de los abogados encargados de asesorar a los diputados en la redacción de las reformas a la Ley Especial contra el Lavado de Dinero y Activos desde finales de 2013, coincide con esta postura. Según el profesional, la actual unidad se ha vuelto “inoperante” por la gran cantidad de información que debe procesar.

 “¿Cuántas operaciones de más de $10,000 se hacen en El Salvador todos los días? La Fiscalía no tiene la capacidad de procesar toda esta información… Es posible que estén mandando los bancos información de verdad interesante, de gente que sí está lavando dinero, pero por el cúmulo de información que llega es difícil que lo detecten”, comenta Ortiz.

La UIF está compuesta por 23 personas, según lo expresa el jefe de la unidad, Jorge Cortez. De estas, ocho son fiscales. Hay un sector administrativo y un Departamento de Informática, donde está el único perito informático de toda la FGR.  Luego está el área de Inteligencia Financiera, lo que en otros países conforma toda la UIF propiamente dicha, conformada por 10 personas. Cortez se negó a dar un número preciso sobre cuántos analistas financieros la componen. Sin embargo, aclaró que al contrario de lo que expresan otras fuentes dentro de la Fiscalía, es mentira que solo exista uno. Estos analistas son apoyados por otro tipo de técnicos, como expertos contables.

 ¿Cuál es el volumen de información con la que debe trabajar la UIF? Para hacerse una idea, se tomarán en cuenta solo aquellos sujetos obligados que, según la ley, cuentan con la exigencia de nombrar un oficial de cumplimiento, es decir, un empleado de la misma entidad dedicado exclusivamente a reportar cualquier operación sospechosa entre la gran cantidad de transacciones realizadas.


Aquí, en concreto, solo entran las empresas que forman parte del sistema financiero y otros sectores que se consideren especialmente vulnerables. Según datos de la misma UIF, las empresas que han cumplido con el trámite son 308, de un universo cercano a los 350. Si en cambio se toman en cuenta todos los sujetos obligados que ya se han inscrito, la cantidad llega hasta los 91,926, de un total estimado de 480,000.

Cortez, el jefe de la UIF, afirma que a pesar de que siempre es deseable que el personal aumente, opina que aquel con el que cuenta la entidad que dirige es suficiente en la actualidad. “Acuérdese de que un oficial de cumplimiento no se traduce en un reporte de operaciones sospechosas, hay que hacer esa aclaración”, comentó.

Rigoberto Ortiz afirma que una de las sugerencias que se hicieron en la comisión de narcoactividad de la Asamblea Legislativa a partir de 2013 fue que el modelo cambiara y que la UIF saliera de la Fiscalía para adoptar otro formato. El que ellos propusieron era híbrido, y planteaba que la unidad estuviera compuesta por elementos de diferentes instituciones relacionas con la actividad económica: los ministerios de Economía y Hacienda, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero. Para esto habría que reformar el artículo 3 de la ley, que ha permanecido intacto desde su promulgación en 1998.  

Una de las principales razones para hacerlo, dice Ortiz, era el tema de recursos, que tenía que ver incluso con el aspecto de la acreditación de oficiales de cumplimiento, pues la Fiscalía no cuenta con el dinero para realizar cursos o seminarios dedicados a cubrir esta necesidad. Los diputados, comenta, expusieron que para ese fin estaba una escuela fiscal, que, en la práctica, no tiene fondos para desarrollarlo. Lo ideal era una superintendencia, que cuenta con unidades de capacitación.

“Si se quiere hacer eficiente la ley, debe hacerse eso, sacar a la UIF de la Fiscalía”, remata Ortiz.

Rafael Peña es un abogado que está certificado para ser oficial de cumplimiento y conoce mucho sobre el tema de lavado de dinero. Para él, que El Salvador encuentre una forma de hacer más eficiente su ley debe ser un tema de país.
 “Si no se buscan soluciones, aún con las dificultades, el país iría quedando fuera del concierto de las naciones. Tenemos problemas de credibilidad, con un índice alto de corrupción, ¿y todavía no se va a cumplir en un país donde hay mucho delito? Si no cumple con esto, se le van a cerrar los créditos, habrá otras consecuencias”, opina Peña.

Jorge Cortez, jefe de la UIF, difiere de la opinión de las otras tres voces. Comenta que estar dentro de la FGR le da una autonomía superior a si estuviera, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda, controlado por el Ejecutivo. Acude al artículo 70 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la que se le da calidad de oficina primaria adscrita a la Fiscalía, que la supedita al fiscal general en su parte legal, es decir, en cuanto a los auxiliares fiscales, pero imposibilita que este tenga acceso a los reportes de inteligencia financiera y la información enviada por los sujetos obligados.

 “Estar dentro de la Fiscalía protege a la UIF de cualquier injerencia, porque la FGR no depende de nadie más”, dice Cortez alrededor de una institución cuyo extitular, Luis Martínez, hoy enfrenta un proceso por cuatro delitos, entre ellos cohecho activo y fraude procesal.


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La UIF actuó  tal como debe hacerlo una entidad de su naturaleza en otro caso que surgió al mismo tiempo que el de Sandra Juárez, en 2014, cuando inició una investigación a partir de un Reporte de Operaciones Sospechosas contra Sonia Morales, una ama de casa de Ahuachapán que movió en sus cuentas bancarias más de $20 millones.

La acusada realizó depósitos y retiros en 24 cuentas de ahorro y corrientes en 11 diferentes instituciones financieras. Las cantidades por cuenta van desde $28,000 hasta $4,613,805.50. Esta última cifra corresponde a la de número 10510013030 de un banco cuya marca ya no se encuentra en el país. El modus operandi de Morales era sacar el dinero el mismo día o un par de días después de que este había sido introducido a su cuenta.  

Lavado.  Sonia Morales hizo circular por sus cuentas bancarias más de $20 millones. No los pudo justificar.

En un banco estatal, por ejemplo, desde enero de 2009 hasta octubre de 2011 depositó $696,370.66 y retiró, en el mismo período, $674,668.49. Según su declaración jurada y contrato de apertura de cuenta, Morales manifestó que se dedicaba a prestar dinero a comerciantes de la zona y que los depósitos corresponderían al pago de intereses más capital.
En el formulario en el cual consta la declaración jurada, manifestó que sus ingresos bancarios serían por un promedio mensual de $2,400, cuyo registro se actualizó el 22 de julio de 2010, con ingresos promedios mensuales de $75,000. Morales realizaba las remesas en efectivo en la ciudad de Ahuachapán. El mismo día retiraba dichos fondos a través de cheques a su nombre en San Salvador.
La imputada fue condenada a 10 años de prisión por el tribunal Quinto de Sentencia de la capital el 29 de julio de 2016. Sus defensores apelaron la pena, por lo que el juicio ahora está en una cámara superior.
La ley y la unidad no fueron efectivas, sin embargo, en otro caso emblemático. Es el de Moris Bercián Machón, alias “el Barney”, un pandillero de la MS encargado, según las autoridades, de uno de sus programas (conjunto de células) más importantes, la Sancocos Locos, que se diferencia del resto por su alta participación en actividades de narcotráfico.


Evolución.  Moris Bercián Machón ha trascendido de ser un pandillero común a un delincuente del crimen organizado. Su padre fue un exmilitar acusado por narcotráfico, Asmael Bercián Rivera.

En el expediente del caso, con la referencia 140-2015, se sostiene que el imputado realizó inversiones, de 2004 a 2009, en inmuebles y automóviles por $145,000, pero no contaba con un sustento legal con el cual respaldar de dónde salieron los fondos para adquirirlos.

Según el informe del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Bercián reportó un salario de $300 mensuales, un ingreso anual de $3,600. Sin embargo, cuando abrió una cuenta de ahorros en una institución bancaria en marzo de 2009, manifestó que percibía $500, relacionados con un negocio propio de ferretería ubicado en el cantón Cangrejera de La Libertad.

Ese mismo año el imputado recibió un préstamo de un estatal, de referencia 606-550-011642-8, por $98,609.50. Todo eso a pesar de que para esas fechas el imputado ya era investigado por el delito de narcotráfico, según se desprende del expediente 379-UEDNA-GEAN-2009 de la Unidad Especial contra el Narcotráfico de la Fiscalía.

El aviso para comenzar la investigación llegaría por otros caminos, no por el reporte de un sujeto obligado. El 1.º de marzo de 2011, el inspector Oswaldo Danilo Lizano Sánchez, jefe del  Centro de Inteligencia Conjunta Antinarcóticos (CICA) de la PNC, envió un oficio al entonces jefe de la UIF, José Rolando Monroy Sintigo, en el que adjuntaba un artículo del 28 de septiembre 2009 de un rotativo impreso nacional, titulado “‘Barney’, próspero empresario a sus 24 años”, donde el policía vislumbraba atisbos del delito de lavado de dinero y activos. El imputado había sido capturado el 26 de septiembre de 2009.

A diferencia de este último, en los casos de Sandra Juárez y Sonia Morales no pudo definirse cuál era el origen y el destino de los fondos, por lo que hace pensar en que las imputadas trabajaban para alguien más. ¿Cuántos otros como Sandra y Sonia estarán lavando dinero para alguien  más sin que lo detecte la UIF?


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Las reformas a la Ley Especial contra el Lavado de Dinero y Activos a finales de 2013 también fueron encaminadas por la presión del entonces fiscal general de la República, Luis Martínez, quien hacía unos meses había tomado la presidencia del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).

La primera reforma fue publicada en el Diario Oficial el 16 de enero de 2014. Correspondía a la inclusión de más rubros económicos como sujetos obligados. También exigía que todos estos contaran con un oficial de cumplimiento, un empleado de la misma entidad responsable de reportar cualquier operación sospechosa. Esta fue derogada meses después por un problema técnico: no hay en el país suficientes profesionales capacitados para cubrir el puesto en todos los sujetos obligados.

Por lo tanto, se volvió a lo considerado en un inicio, donde se exigió solo a aquellas entidades que forman parte del sistema financiero, el último estadio en el proceso del lavado de dinero, y las que lo necesitan por defecto, pues realizan una gran cantidad de transacciones distintas. Esta reforma de la reforma se publicó en el Diario Oficial el 7 de agosto de 2014.

Según Rigoberto Ortiz, uno de los abogados encargados de asesorar a los diputados en la redacción de estos retoques a la ley, el primer paquete de modificaciones provino de la Fiscalía General de la República. Intentaban cumplir con todo lo exigido por el GAFIC sin tomar en cuenta la realidad del país. Los asesores, entonces, se limitaron a observar solo aquellos puntos donde pudieran existir inconstitucionalidades.

“Eso es muy común en este país, hasta que la ley entra en vigor se dan cuenta de su inconveniencia… sería una ley vigente, mas no positiva, por la incapacidad para cumplirla”, comenta Ortiz.

De las reformas también se desprendió una nueva exigencia para los sujetos obligados, que era registrarse como tales antes la Fiscalía General de la República. Lo mismo ha sido realizado en un porcentaje de 18.91 %, según datos de la UIF. Para hacerlo debían cubrir algunos requisitos, como capacitar a su personal y crear manuales en cuestiones básicas para identificar el lavado de dinero.

Con el objetivo de que todos realizaran el trámite se hicieron varias prórrogas, la última de las cuales venció el 30 de septiembre de 2016. Por dificultades en la capacidad de los servidores informáticos, se tomaron en cuenta a todos los que intentaron hacer el registro (91,926), aunque en realidad solo fueron 15,595 los que lo completaron.

Este proceso de registro ha generado resquemores entre algunas entidades financieras y otros sujetos obligados, como lo expresan tres abogados que pidieron no incluir sus nombres en este reportaje. Los oficiales de cumplimiento se han tomado atribuciones que pueden chocar con la legalidad, pues han congelado cuentas de algunos clientes que no habían hecho el trámite de registrarse. La UIF tuvo que publicar una circular en la que advertía a bancos y otras entidades financieras sobre este punto.

Sin embargo, los abogados coinciden en apuntar a la poca utilidad que tendría este esfuerzo si no se cuenta con una UIF con los suficientes recursos para darle tratamiento a la información. Algo así como un ejército que no es capaz de utilizar las armas que se le envían y es aniquilado en el campo de batalla.  

La jefa para El Salvador de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), Mónica Mendoza, afirmó el 5 de octubre que el 28 de este mismo mes se reunirá con el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, y otras entidades para discutir temas relacionados con nuevas reformas a la Ley Especial contra el Lavado de Dinero y Activos, a fin de hacerla más eficiente. Entre esos puntos posiblemente esté la modificación a esa legislación que le daría el músculo necesario a una todavía insuficiente Unidad de Investigación Financiera.

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