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Usulután: de la tormenta al huracán

Antes de 2012, Usulután era un departamento violento, pero no a los niveles de la actualidad. En 2014 varios municipios del departamento reportaron cifras de homicidios mucho más altas que las registradas en 2011. En medio de las dos fechas se vivió una tregua entre pandillas, que el Gobierno central nunca terminó de asumir.
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Luto. Un adorno negro decora una puerta en Santa Elena, uno de los municipios afectados por el aumento de la violencia.

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Una crisis. Jiquilisco es uno de los municipios más violentos del país. En 2014 registró 69 asesinatos. Este año está a punto de igualar esa cifra, pues ya registra 63, con tres triples homicidios en los últimos 15 días.

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Una constante. En Concepción Batres, un casco urbano bien ordenado recibe al visitante. Lo mismo pasa con el resto de municipios vecinos que, sin embargo, no se han salvado de la violencia.

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La pujanza. Santiago de María es uno de los municipios con más actividad económica en Usulután. Según la Policía, la extorsión aquí es un delito extendido pero poco denunciado.

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Corredor de violencia. El problema de inseguridad afecta a varios municipios de Usulután. A muchos de ellos se puede acceder a través de la carretera del Litoral, como en el caso de Ereguayquín.

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El escenario. La zona rural representa un reto para las autoridades a la hora de patrullar, pues reconocen que su amplitud e irregularidad contribuyen a una mayor movilidad de las estructuras.

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Militares. La Fuerza de Tarea Neptuno apoya en labores de patrullaje a la PNC. A la misma pertenecía el subteniente José Alan Ayala Alvarenga, asesinado en junio.

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Sobrepasados. Personas hacen fila para visitar a sus familiares en las bartolinas de Usulután. En abril de este año se registró una crisis por hacinamiento y murió un preso. Las autoridades realizaron una ampliación.

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El prestigio. Debido a un ambiente de miedo, las personas no tienen una confianza total en las autoridades de seguridad. La denuncia es escasa.

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En medio de dificultades. Barcos pesqueros en Puerto El Triunfo, municipio costero que busca atraer turistas a pesar de la inseguridad.

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Cotidianidad. La percepción de inseguridad ha aumentado en los últimos dos años en varios municipios del departamento oriental.

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Usulután: de la tormenta al huracán

Usulután: de la tormenta al huracán

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Fotografías de Nilton García, Javier Aparicio y Archivo.

Usulután dobló en 2014 la tasa de homicidios que registró en 2011: basado en las proyecciones de población de la DIGESTYC para ambos años, se obtiene que de 48 asesinatos por cada 100,000 habitantes, pasó a 93.29, una tasa muy superior a la de todo el país para el mismo año (61.1).

El departamento ya era violento en 2011, pues 171 usulutecos perdieron la vida, pero en 2014 esa cifra subió a 340. En medio de esto existió una estrategia de seguridad (que nunca terminó de atribuirse el Gobierno de El Salvador) a escala nacional: la tregua entre pandillas. Las estructuras acordaron un pacto de no agresión que redujo considerablemente el número de asesinatos en todo el país desde su inicio, en marzo de 2012, hasta su no anunciada muerte, en alguna fecha del año pasado (en 2012, Usulután registró un descenso en sus asesinatos, con 147. En 2013, la tendencia paró, pues aumentó a 175, según el Instituto de Medicina Legal).

Si se hiciera un recuento de los municipios que incrementaron su tasa de homicidios tras la implementación de la estrategia con respecto a los años precedentes, varios provendrían de este departamento. Sobre todo, los de su zona costera o muy cerca. Todo un contraste con, por ejemplo, Sonsonate, donde dos de sus otrora municipios más violentos, la cabecera departamental y Acajutla, lograron bajar sus homicidios en un 75 % y 66 %, respectivamente, según datos de la Policía Nacional Civil.

El panorama de 2015 no ha diferido en absoluto para Usulután, y se manifiesta en crímenes múltiples, como el registrado en Jucuarán en mayo, donde siete personas, identificadas como pandilleros, fueron asesinadas; o el reportado en Jiquilisco, el 26 de ese mismo mes, con cuatro víctimas; o el de febrero, en Ereguayquín.

¿Qué pasó, entonces, en este departamento, el más grande en extensión de El Salvador, mientras una tregua entre pandillas prometía cambiar para bien las cosas?


***

Dentro de la estrategia de la tregua había un componente al que sus mediadores calificaron como una segunda etapa de la misma: Los municipios libres de violencia. En estos, los miembros de pandillas se comprometían a no cometer un solo asesinato dentro de las fronteras del mismo. En el departamento de Usulután, solo un municipio entró en la dinámica. Se trata de Puerto El Triunfo, ubicado a un costado de Jiquilisco y con el que comparte su hermosa bahía.

A su entrada parece faltarle algo que seduzca, como si unos pasos más adelante, los manglares, como enormes y nervudos brazos que escarban la tierra, no conformaran uno de los paisajes más atractivos de la costa. Solo la alcaldía luce portentosa. Dentro está el síndico municipal, Ricardo Quinteros, parte del concejo que asumió el gobierno de la localidad hace un par de meses.

—Eso de la tregua fue un engaño, igual que lo de los municipios libres de violencia –dice Quinteros, tajante. —A consciencia, no existió nada –acota. Y lo puede decir a sus anchas, sin consecuencias, pues la iniciativa fue de la anterior administración, comandada por José Rodrigo Tenorio, de Cambio Democrático, también parte del nuevo concejo municipal, en manos de ARENA.

La fluidez deja espacio a la incomodidad cuando se le pregunta por la percepción que tiene como ciudadano de la seguridad en Puerto El Triunfo. De inmediato afirma que es un tema en el que no le gustaría ahondar y añade que, como autoridad municipal, prefiere decir que todo está bien, pues va en consonancia con una de sus principales apuestas para generar ingresos: el turismo.

—Tenemos muchas razones para hacerlo. Una de ellas es que si decimos que somos un municipio peligroso nos vamos a aislar más de lo que estamos, nadie nos visitará –comenta.

Puerto El Triunfo resulta un caso interesante por otra razón: entre octubre de 2009 y diciembre de 2010 registró 14 meses sin un solo asesinato dentro del municipio, así como una reducción en delitos como el robo y la extorsión. Antes de la tregua. Antes de ser nombrado un municipio libre de violencia.

Buena parte del mérito en el logro fue de la Mesa de Prevención y Convivencia Social, que se estableció en 2009. La misma aglutinaba a diferentes miembros de la sociedad civil en el municipio, entre los que se encontraban las ADESCOS, microempresarios, educadores, iglesias, la Fuerza Naval y, aunque con una presencia discreta, la alcaldía y las autoridades de seguridad.

La apuesta era arriesgada pero clara: buscarían algún espacio para que los jóvenes pandilleros abandonaran las estructuras para dedicarse a actividades productivas.

Según uno de los exmiembros de la mesa, la estrategia se creó tras una época en que el personal de seguridad del municipio presionó con toda su fuerza en los puntos donde se registraba más actividad delincuencial. Lograron importantes capturas y descubrieron que el adoctrinamiento, el incremento de su personal, los esfuerzos por armarse y dominar el pequeño tráfico de drogas local ocupaban la mayor parte de su día. Pero también identificaron otro elemento en la ecuación.

—No podíamos estar solo haciéndolos mierda... conocimos, de parte de ellos, cuando comenzamos a acercarnos, las necesidades que tenían. Estaban hechos mierda, hacían eso porque tenían hambre –cuenta el exmiembro.

Con dinero proveniente de una ONG y de la sociedad civil y la colaboración de los mismos pandilleros, comenzaron las campañas médicas; luego, los talleres vocacionales y actividades de convivencia entre personas de los tres sectores en los que fue dividido el municipio, antes enemigos a muerte. Tras ello, vino el proyecto de una panadería (con un solo horno con capacidad para cuatro latas suministrado por la alcaldía), un taller de bicicletas y otro de costura, ideas que ahora suenan a lugar común, y que generarían escenas como la de un turista comprando pan a un pandillero que cubría sus tatuajes con una camisa de manga larga en el malecón.

Sin embargo, estas ideas en Puerto El Triunfo mantuvieron a cero los homicidios por 14 meses, antes que cualquier iniciativa del gobierno central siquiera asomara la cabeza.

Otra de las personas que estuvo en la mesa afirma que las condiciones de entonces eran diferentes, con menos pandilleros y menos organizados que los de la actualidad. Los miembros de la Policía local estiman que por cada pandillero que había antes ahora hay cinco, números similares a los del resto del departamento. ¿Qué pasó?

La misma persona comenta que todo se fue al olvido a principios de 2012. Entonces, la ONG que proporcionaba la mayor parte del dinero se retiró del juego. Quedaron los más entusiastas, pero sin los ingresos necesarios para prometer nada. La alcaldía podría haber asumido la responsabilidad. Entonces arribó la tregua, la denominación de municipio libre de violencia y las autoridades de la alcaldía le anunciaron a la mesa que ellos se encargarían por entero del proyecto.

—Por lo menos los jóvenes con los que trabajamos nosotros por esa época tenían una cualidad: cuando decían “sí” era “sí”; cuando “no”, “no”... si usted a alguien así le dice: “Vamos a hacer algo para que vos mejorés”, cúmplaselo. No lo engañe, no le mienta –sostiene.

Ella cree (solo puede creer, pues ya no formaba parte del proyecto, hecho a espaldas de la mesa) que las autoridades prometieron medidas a los pandilleros para tener un mejor nivel de vida, las que no sucedieron. Entonces, con las ilusiones o las ambiciones traicionadas, surgió el revanchismo. El otro miembro de la mesa señala otro factor.

—La tregua vino a arruinarlo todo. Salían hijueputas que usted no sabía que eran pandilleros y estaban allí o andaban con ellos desde antes y al fin se animaron a ingresar. Eso incentivó a la gente a incorporarse a la pandilla. Eso es lo que íbamos a descubrir. Creyeron que porque la OEA apoyaba la tregua, ellos recibirían el montón de dinero... se hicieron más, se adoctrinaron, se armaron... pero no les cumplieron lo que les habían prometido... creo que estos muchachos, que son criminales, también han sido ocupados como instrumentos para alcanzar objetivos políticos –dice.

Ahora, Puerto El Triunfo es un reflejo de su departamento, pues ha duplicado la cantidad de homicidios de 2011 a 2014, pasando de ocho a 16, en una población que no llega ni a los 20,000 habitantes.

La otra exmiembro de la Mesa de Prevención y Convivencia Social se lamenta de que sus esfuerzos hayan terminado en nada, pues ni alcaldía ni empresa privada continuaron apoyando una medida que dio resultados. También cuestiona la necesidad de invertir en obras físicas, como calles y parques, en municipios donde lo más abandonado es el ser humano.

—De qué sirven alcaldías con aire acondicionado cuando hay barrios hacinados, cuando el hacinamiento contribuye a la violencia... si hacen parques, pueden ir a las comunidades. Ya es el momento de dejar lo ornamental y dedicarse a buscar oportunidades para aquellos niños que van creciendo y ven a los pandilleros como modelo a seguir, no a su alcalde ni a sus autoridades –comenta.


***
 

El subcomisionado Fernando Repreza es el jefe departamental de la PNC en Usulután desde hace año y medio. En su modesta oficina, donde el calor es una presencia más, luce animado y hasta fresco. Pero este hombre tiene a su cargo una de las delegaciones más problemáticas del país, con un puñado de municipios que cerraron 2014 con muchos más homicidios que hace tres años, antes de la tregua.

Para conocer los nombres que le quitan el sueño, solo hay que recorrer la carretera del Litoral después del río Lempa y ver las señales de tránsito que anuncian la entrada a cada municipio: Jiquilisco (aumento de 29 a 69 asesinatos), Puerto El Triunfo (de ocho a 16), Santiago de María (de 14 a 25), Santa Elena (de tres a 16), Ereguayquín (de dos a siete), Concepción Batres (de siete a 19)... Algunos, como San Dionisio, se llevaron en 2011 el honor de no reportar ni un solo asesinato, según la cuenta tripartita de PNC, el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía. Un contraste abrupto con respecto a 2014, cuando llegó a los 19, como lo ilustran los registros del puesto policial de su casco urbano, que difieren con los sostenidos por la misma institución y el IML, que coloca la cifra en 12.

Repreza intenta explicar la situación. Entre sus teorías sobre el aumento de la tasa de asesinatos incluye la migración de estructuras delincuenciales. En su opinión, estas han llegado al territorio como consecuencia de la presión de las autoridades en otros sitios del país, como Sonsonate, Soyapango, Ahuachapán o Santa Ana.

Pero resulta una hipótesis aventurada, pues la mayoría de pandilleros perfilados por las autoridades policiales en cada uno de estos municipios son personas nacidas y criadas en la localidad, por lo que su base social es bastante extensa. La simbiosis es tal que resulta difícil saber dónde acaba la pandilla y dónde comienza la sociedad civil. Otro aspecto que destaca es la expansión y hegemonía de las pandillas en las zonas rurales, donde, según Repreza, es más difícil su control, a diferencia de los mínimos cascos urbanos, con 10 u ocho cuadras por proteger.

Raúl Mijango, mediador de la tregua, explicará en unos días a través de una entrevista telefónica que este aumento en la violencia se debe, simplemente, a que la presencia pandilleril siempre ha sido fuerte en esta zona del país debido a las deportaciones de los años noventa y a que se trata de territorios de pobreza extrema, que resultan un caldo de cultivo perfecto para la violencia.

También apuntará a que los cabecillas de las estructuras buscan contar con una mayor presencia en las costas para tener acceso al mar y participar en las lucrativas actividades del tráfico de drogas y personas que se registran en el océano Pacífico, como lo sostuvo hace unos días el comandante de la Fuerza de Tarea Neptuno, con presencia en Usulután desde 2013. Eso lo apoyó, además, una autoridad de la Fuerza Naval, que afirmó que lo que se incauta en las costas es una mínima parte de lo que pasa, pues, simplemente, no tienen “la capacidad para combatir estos ilícitos”.

Repreza continúa con su explicación y achaca el aumento de homicidios y de efectivos en las pandillas (también) a los niveles de pobreza de la zona, a la educación recibida en el hogar (dice que a los hijos se les debería educar con castigo físico) y al escaso sentimiento de comunidad que, afirma, impera en los habitantes.

Un discurso que parece calcado por el resto de encargados de las subdelegaciones en el departamento. Lo que no comparten es la obligación de tener que trabajar con falencias de personal y de recursos, como Jiquilisco, donde no cuentan con métodos efectivos de comunicación (en la costa y en las islas no sirven las señales de radio), o Santiago de María, donde, según uno de los sargentos encargados, hay turnos en los que se cuenta con apenas tres efectivos para atender a todo el municipio.

—Siempre hace falta capital humano, hacen falta recursos. La Policía no es la excepción. Lo que tenemos que ver es cómo organizamos estos recursos para darle atención a la población. Si son cinco, tres (efectivos), que estén comprometidos. Esta es una profesión de sacrificio –dice Repreza, quien compara esta labor con la de un periodista. Sin embargo, en su caso se trata de uno de los principales problemas del país: la seguridad pública. Por eso les resulta casi un bálsamo sanador la presencia de los efectivos militares de la Fuerza de Tarea Neptuno, que apoyan con un porcentaje de tres elementos por cada policía.

Según la opinión emitida por su comandante hace unos días, el aumento de violencia no es más que una respuesta a un mayor accionar de las autoridades. Confiado, el militar aseguró que le están ganando la batalla a la delincuencia (a pesar del repunte de asesinatos), sobre todo porque ahora, con las leyes que blindan jurídicamente a soldados y policías que matan a un delincuente “en cumplimiento de su deber”, sus hombres “no cargan con la preocupación de un juicio”. Pero, reconoció, en la práctica no se trata de exterminar una plaga.

Para ello puso como ejemplo el caso de los barrios ubicados a las afueras de Usulután, en la carretera a San Dionisio. Cuando se logra desarticular una estructura, se corre el riesgo de que otro grupo intente ocupar su lugar en respuesta a ese vacío de poder o se incorporen más miembros a los que ya existían. Una especie de Hidra de Lerna mitológica.

Por eso afirmó que los métodos usados por sus hombres a la hora de registrar a un particular en la calle (posición contra la pared, apertura amplia de piernas, gritos, a veces golpes) son necesarios en toda su dureza, a pesar de que la Fuerza de Tarea ya cuenta con denuncias en su contra.

“Lo que pasa es que, para mí, mientras menos tiempo pase en la calle un pandillero, es mejor. Le pongo el ejemplo de cuando estuve destacado en la fuerza de tarea de La Campanera, en Soyapango. Hubo tres pandilleros a los que tuve nueve meses seguidos guardados, por asociaciones ilícitas. Salían y, a las horas, los volvía a capturar, y los metía por lo mismo... así los tuve”, dijo, con orgullo, como si no hubiera un solo rastro de atropello en lo anterior.

Al comandante, sin embargo, le preocupan otras situaciones que se están volviendo comunes en la zona, como el uso de chalecos antibalas por parte de los grupos delincuenciales (sobre todo en Santiago de María y Jucuarán) o la utilización de escudos humanos a la hora de chocar con la autoridad. Incluso habla de estrategias militares.

Repreza, quien llegó a esta jefatura tras ejercer el mismo puesto en La Unión, se pone serio y hasta retador para afirmar que no le parece extraño lo referido por el comandante de la Fuerza de Tarea Neptuno, y que es esperable que “quien quiera agredir a la autoridad busque protegerse”, pues es una lucha frontal, iniciada por las estructuras.

El mediador Raúl Mijango ha apoyado desde el inicio de la tregua la idea de que los integrantes de las estructuras son honestos a la hora de declarar que buscan ser parte de la solución. Por eso opinará en unos días, a través de una entrevista telefónica, que es, más bien, el Gobierno quien le ha declarado una “guerra abierta” a las pandillas.

“En guerra la psiquis que opera es aquella que va a potenciar cuatro factores que son determinantes. Necesitás más dinero, más armas, más combatientes y más territorio. Con esa lógica es que se opera cuando se trabaja con psicología de guerra. Y es la psicología que en los últimos días impera en El Salvador”, afirmará el exdiputado.

Repreza, ahora, busca bajarle un poco a la alarma al manifestar que, sin embargo, todos estos lugares calificados como peligrosos no lo son tanto, pues una parte de las escenas son “de liberación”, es decir que el homicidio se comete en otra parte. En esa lógica, un muerto encontrado en Concepción Batres quizá haya sido asesinado en Ereguayquín; y uno localizado en Alegría, ejecutado en Concepción Batres.

—Yo creo que en la mayoría de municipios la gente vive tranquila, aunque tengan mala fama. O dígame, en Jucuarán, aparte de aquellos siete que llegaron a matar, ¿qué más ha habido? –dice Repreza. ¿Qué más ha habido?


***

A un paso de Puerto El Triunfo está San Dionisio, una excepción en un país tan poblado como El Salvador. En sus 114 kilómetros cuadrados alberga a un poco más de 5,000 habitantes (colonias populosas del Gran San Salvador, como La Campanera, cuentan con más). Para hacerse una idea, la nación tiene una densidad poblacional ocho veces mayor. A él también pertenece la isla La Pirraya, famosa porque la mayoría de los integrantes de la selección nacional de fútbol playa residen allí.

Sin embargo, este municipio, conformado por tres cantones y tres islas, registró en 2014 casi un tercio (19) de los homicidios reportados por su vecino Usulután (56), con una población 16 veces mayor (en 2012 y 2013, por otro lado, la cifra fue de dos y tres, respectivamente).

Pero los números pueden engañar y cabe la duda de que sus muertos no le pertenezcan. En efecto, según comenta René Maravilla, dirigente de la ADESCO local, algunos de ellos son de otros lados, sobre todo del vecino Usulután.

—Dicen que dos que aparecieron allí cerca eran de El Molino (barrio de Usulután), otros de allá por el desvío de Santiago de María –comenta Maravilla, y añade que no ha habido un aumento en la inseguridad. Eso en el caso de los más viejos, pues cuenta que los jóvenes que residen en el casco urbano no se atreven a entrar al cantón Mundo Nuevo, ubicado a la derecha de la entrada del municipio. La explicación: los pandilleros de aquí pertenecen al Barrio 18; los de allá, adelante del cementerio, a la Mara Salvatrucha.

Sin embargo aquí hasta el alcalde, Julio Torres Alegría, parece tener miedo. Según comenta, el recién pasado y el presente han sido los dos períodos más difíciles de los seis que lleva al frente de este gobierno municipal. Dueño de un grueso bigote, no deja de mostrar parte de su dentadura plateada a pesar de que asegura que hay comunidades a las que no puede entrar. El alcalde manifiesta que, hace solo unos días, personal de la Corte de Cuentas de la República que llegó para una auditoría de rutina fue recibido en Mundo Nuevo por un pandillero con una escopeta terciada, una escena que, según uno de los policías del puesto de San Dionisio, resulta común.

Para comprobarlo, alguien puede decidir tomar el bus que conduce de Usulután a San Dionisio y bajarse, justamente, frente a un cartel que dice “Bienvenido a Mundo Nuevo”, con dibujitos de cangrejos. Luego, emprender a pie el camino de regreso hacia el centro del pueblo y esperar a que lo sorprenda una de estas figuras.

No obstante, la suerte podría sonreír y suceder que, en vez de eso, aparezca un hombre de sombrero a bordo de una bicicleta y le diga: “A mal puesto se ha venido a quedar, hermano”, decida permanecer a su lado mientras llega alguien que le pueda dar aventón y converse (sin grabadora) de su peligrosa suerte: vivir en zona MS cuando sus hijos y su mujer residen en territorio enemigo. El hombre, talvez, cuente que sus sobrinos son pandilleros del Barrio 18 y dé detalles de un pasado igual de violento, con una muerte vengada por sus manos.

En el puesto de la PNC de San Dionisio, los mosquitos forman parte del aire. Al frente está un cañal que se extiende infinito a la mirada. Un solo policía, afuera, vigila atento cualquier eventualidad, aunque la calle parece estar hecha para muchachos en bicicleta que arrean a las vacas. El policía se queja de que las más altas autoridades se paseen “tan tranquilas”, mientras gente como él, “la de a pie”, sea la que al final arriesgue el pellejo.

También lamenta sus condiciones: según comenta, hasta hace unos meses no tenían ni siquiera un baño que funcionara, no poseen una computadora propia y la patrulla que les ha sido asignada tiene varios años de antigüedad. La Policía Nacional Civil les había dado, dice, una nueva, que fue a traer el mismo alcalde Torres a San Salvador con bombo y platillo. Al tiempo les fue retirada.

Por eso, no es extraño, sostiene, que el alcalde ahora se niegue a darles fondos para repararla, como se acostumbra en los municipios cercanos, donde los concejos municipales, según comentaron varios alcaldes, se encargan de aportar dinero para el sostenimiento de la policía local. El puesto alquila una casa particular, a pesar de tener un terreno propio donado por la alcaldía.

Lo extraño del caso es la razón por la que las pandillas se disputan con tanta fuerza este pedazo de tierra. En primer lugar, con un mínimo casco urbano, no hay mucho que extorsionar, ni siquiera existe un mercado. El policía dice que, a lo mucho, los pandilleros cobran un dólar a los escasos camiones que se acercan al municipio para vender mercadería.

La encargada del puesto policial manifiesta que tampoco los ganaderos y cañeros han reportado situaciones de extorsión, aunque es bastante complicado establecer que no existe cuando se trata de un delito con tantas zonas grises. Talvez es porque uno de los más importantes ganaderos de la zona es el mismo alcalde Julio Torres.

Pero el miedo es la moneda común aquí y resulta difícil, a falta de buses, encontrar un vehículo que, después de las 6 de la tarde, se atreva a andar la carretera desde San Dionisio hasta Usulután.


***

Un poco más alejado de la costa se encuentra Santiago de María, antiguo pueblo cafetalero famoso por ser la primera diócesis donde Monseñor Romero ejerció como obispo. Cuenta con una de las actividades económicas más fuertes del departamento, con un mercado que, a simple vista, le disputa la pujanza a Usulután.

El nombre Santiago de María también está relacionado con las pandillas, y tanto las autoridades municipales como policiales vecinas achacan parte de la violencia que se vive dentro de sus espacios a la cercanía con su territorio, que el año pasado reportó 25 homicidios según la Policía y 23 según el Instituto de Medicina Legal. Según esta última institución, en 2012 y 2013, en plena implementación de la tregua, la cifra fue de ocho y nueve, respectivamente.

Como explica la subinspectora Norma Recinos, jefa de la subdelegación santiagueña, la mayor parte de los ilícitos se cometen en la parte urbana del municipio, rico en comercios, lo que contrasta con el resto de sus vecinos usulutecos, donde es más frecuente reportar hechos de violencia en la zona rural, perfecta, según las autoridades, para la movilidad de estructuras.

Hay claramente identificadas varias zonas peligrosas, como las colonias Kuan Ying, Francia y La Tranquilidad. Pero los puntos más problemáticos, apunta la subinspectora, son los albergues construidos para las personas que lo perdieron todo en los terremotos de 2001. Las autoridades les aseguraron a sus habitantes que solo estarían allí por seis meses para luego ser reubicados, pero ya han pasado 14 años.

Casas hechas de madera y lámina, muchas sin los servicios más básicos, conforman el paisaje. Además, en un caso parecido al de las comunidades de la avenida Montreal de Mejicanos, en San Salvador, el Estado olvidó por mucho tiempo estos espacios. El vacío de poder lo ocuparon las pandillas.

Uno de estos albergues se llama Modelo y tiene una ubicación privilegiada. En una pequeña colina gobierna el mercado central de Santiago de María. Según un sargento de la subdelegación, se cree que la mayoría de comercios en esta zona son extorsionados, pero rara vez se denuncia y la Policía, incluso, representa un malestar para la población. Esto es, comenta, porque la mayoría de personas tiene alguna relación de parentesco o afinidad con las pandillas o, simplemente, no confía en la autoridad.

Un recorrido en el mercado podría ilustrar esta falta de fe. En más de una decena de comercios se preguntó si se confiaba en la Policía. A pesar de que todos dijeron, sin chistar, que sí y que les alegra ver patrullando a los agentes, la respuesta cambió cuando se cuestionó si denunciarían cualquier hecho delictivo, sobre todo una extorsión. La respuesta fue concreta: no.


***

 
El bus que conduce de Usulután a San Salvador se mueve en silencio, a falta de una de esas películas que se acostumbran exhibir en el trayecto. De pronto, la quietud se rompe por la voz de un hombre de pelo y bigote canos. Viene a predicar, dice, la palabra de Dios, y habla de múltiples casos de conversión extrema que, en su papel de pastor, le ha tocado guiar.

El oyente dirá que se trata de más de lo mismo, de una de esas personas encargadas de arengar a aquel que, por lo menos en esta mañana de julio, prefiere dormir. Todo cambia cuando se presenta a sí mismo. Se trata de Roberto (nombre ficticio), un nicaragüense que reside en el país desde 2014.

Su historia va más o menos así: el año pasado llegó a El Salvador para oficiar un rito religioso en una iglesia evangélica de un municipio de Usulután, por una invitación especial de uno de sus colegas.

En el viaje lo acompañaron su esposa y su hijo, que en la ceremonia se sentaron en la primera fila. Cuando acababa de consagrar la unión, entró al recinto un grupo de hombres armados que se identificaron como miembros de la MS.

Los mismos afirmaron que eran perseguidos por rivales del Barrio 18, que no tardaron en llegar y abrir fuego. En el ataque resultó herido el hijo de Roberto, con una bala en la cabeza, por lo que fue internado en un hospital de la capital. Le salvaron la vida gracias a una costosa operación que pagó un buen samaritano.

—Mi hijo, que estaba muerto, ahora está vivo –dice, en un tono bíblico, mientras el bus avanza con fluidez. —A usted Dios lo ama –añade, más enérgico. Ahora cuenta que, tras la operación, los doctores le ordenaron comprar una medicina que, según explicó, ayudaría a que la sangre subiera a la cabeza de su hijo y le quitaría el dolor. Sigue internado, ahora sin una parte de su cráneo, retirado durante la intervención.

El medicamento cuesta $64, razón por la cual ha tenido que subirse a estos mismos buses en espera de solidaridad. La vida le ha cambiado por completo y, desde hace meses, vive, literalmente, en el mismo hospital donde está internado su hijo.

Al terminar su intervención, se da un tiempo para conversar. Dice que se muestra agradecido por las bendiciones que ha encontrado en un país extranjero, con el que su nación comparte muchos problemas. Comenta que ha perdonado a quienes le hicieron eso a su hijo y menciona un hecho sorprendente: uno de los dirigentes nacionales del Barrio 18 le envió una carta con las disculpas pertinentes, explicando que, en su sistema de ideas, matar a sus enemigos es una obligación moral y que lamenta lo sufrido. A ese escrito lo acompañaron $100.

—Me dijeron: “Le mandamos esto para que se ayude”. Nos sirvió mucho, pues ese día tenía que comprar un medicamento muy caro. Les agradezco –dice Roberto, un hombre que le agradece a una pandilla su solidaridad tras lo ocurrido con su hijo.

El bus acaba de pasar, ahora, por Jiquilisco, el mismo municipio donde en los siguientes días se reportarán tres triples homicidios, dos de ellos atribuidos a un supuesto grupo de exterminio.

El bus, ya hace mucho, cruzó el puente sobre el río Lempa en la carretera del Litoral, límite entre Usulután y La Paz. Atrás queda Usulután y su mosaico de problemas. Adelante, en el trayecto, surgen otros nombres (Tecoluca, Zacatecoluca), muestra de que en un río (aunque se trate del más caudaloso del país) tampoco se ahoga la violencia.

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