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Las pandillas son el fenómeno criminal más trascendente en El Salvador de la posguerra, y son, en esencia, grupos criminales. Pero el Estado no es una pandilla. Al Estado no debe estarle permitido matar.
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Puede parecer una afirmación atrevida, pero si se la desliga de toda la cháchara cínica y ruidosa de los partidos políticos y sus acólitos, resulta certera: a la base del problema de violencia que hoy vive El Salvador está la sempiterna debilidad moral del Estado nacional, saqueado como está por quienes llevan depredándolo desde los albores de la vida republicana, élites económicas y militares identificadas con la derecha política hasta hace siete años, cuando la exguerrilla de izquierda se convirtió ella misma en élite y empezó a reproducir el saqueo, la irresponsabilidad y, hoy, con el pretexto de la seguridad pública, el rasgo violento, letal, de la fuerza pública.

Digámoslo rápido: el gobierno del exguerrillero Salvador Sánchez Cerén ha optado, en el marco de su política de seguridad pública, por tolerar abusos a los derechos humanos de la población más vulnerable, cometidos en forma de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o golpizas.

Y digámoslo rápido también, para sacar de la mesa de una vez por todas el absurdo argumento de que la fuerza bruta del Estado es tolerable bajo el supuesto de que la seguridad del colectivo está en peligro. Mentira. Falacia peligrosa. Para quienes comulgan con ese bulo nada de malo hubo, por ejemplo, en que un batallón élite de las Fuerzas Armadas entrara a una universidad y pasara por fuego de metralla a seis sacerdotes y dos de sus empleadas. La masacre de la UCA no es otra cosa que ese argumento absurdo, falaz y perverso, convertido en atrocidad. En muerte.

Se suponía que los Acuerdos de Paz habían refundado el Estado, y se suponía que nos heredarían un rasgo de civilidad que nos alejaría de la matanza sempiterna. Y sí, a muchos nos alejó, por miedo, por cansancio, y en el mejor de los casos por convicción, de la violencia como argumento de construcción social. A la mayoría nos hizo entender que la superioridad moral no viene dada por ideologías que al final terminan convirtiéndose en panfletos que escupen los empleados de las élites, sino por el respeto a la vida.

Pero hoy, cuando el país vive sus años más violentos, resulta claro que la fuerza pública y los políticos que la administran –de nuevo, sin importar los colores de sus banderas partidarias– nunca dejaron de pensar en que su objetivo último no era ordenar la polis al amparo de sus leyes, sino eliminar al enemigo interno sin importar las consecuencias. Y nunca dejaron de pensar que, en el camino, cualquier violencia, cualquier guerra, justifica más muertos.

Llevo ya unos cuatro meses embarcado en una investigación sobre los recientes abusos del Estado salvadoreño que me ha llevado a hablar con varios familiares de desaparecidos o torturados en la así llamada guerra contra las pandillas. Sus historias, sus miedos, su dolor, aun su infinito estoicismo –un testimonio incluye, por ejemplo, el de un padre que estuvo a punto de volverse loco hace un año después de buscar el cadáver de su hijo desaparecido por el Ejército en fosas comunes dispersas por los cerros de Sonsonate–. Son las mismas historias que leí y escuché en la guerra.

Es cierto, las pandillas son el fenómeno criminal más trascendente en El Salvador de la posguerra, y son, en esencia, grupos criminales. Pero el Estado no es una pandilla. Al Estado no debe estarle permitido matar, desaparecer, torturar. ¿Qué va a pasar si el Estado, este Estado, gana esta guerra? ¿Qué va a pasar cuando ya no haya pandillas, sino solo policías, soldados, comisionados y generales que, como en la guerra de los ochenta, entiendan que en El Salvador el uniforme, el ONI y la política son salvoconductos suficientes para matar al enemigo interno?

• El autor es investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington, DC

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