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Yo Cambio, la promesa sin presupuesto

El programa Yo Cambio, nacido dentro de la prisión de Apanteos, ha sido presentado por la Dirección General de Centros Penales como el modelo a seguir por todo el sistema penitenciario. Sin embargo, a pesar de la creatividad y disposición de sus impulsores, su nulidad presupuestaria le da pocas armas reales para que se implemente eficiencientemente, más allá de la voluntad de los reos y la solidaridad de sus familiares. Las dificultades en la penetración en prisiones civiles también hacen pensar que se antoja complicado su uso en centros penales de pandilleros, que alojan a delincuentes más fieles con su estructura que con su proceso de reinserción.
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Varias decenas de presos toman asiento en el patio del sector 2 del centro penal La Esperanza, Mariona, con el objetivo de aprovechar cada centímetro de territorio no invadido por el sol. Se distribuyen en 11 grupos en espacios que hacen las veces de aulas de clase. El olor a orines es una presencia más entre los hombres, vestidos de blanco.

Cada conjunto de personas está frente a otros dos reos (conocidos como monitores), los encargados de impartirles las clases. Todo está en calma mientras la tarde llega a su apogeo. Se trata de lecciones de distinto tipo: nociones básicas de administración de empresas, un curso de náhuat, otro de inglés. Al mismo tiempo, otro grupo de presos pavimenta parte del piso en el sector, parte de las mínimas mejoras en su deteriorada infraestructura, que data de 1975.

Las actividades forman parte de Yo Cambio, un programa del sistema penitenciario con el que se pretende que los reos ocupen su tiempo en la obtención de nuevos conocimientos, y así evitar el ocio carcelario. Según el psiquiatra Carlos Alberto Escalante, fundador del Programa Nacional de Salud Mental en el quinquenio pasado, este último factor es especialmente peligroso para un privado de libertad, pues potencia las conductas criminales al no tener otro punto en el que concentrar su día más que en su pensamiento, lo que, en una persona con un pasado criminal, fomenta el cometimiento de nuevos delitos. Eso mismo se refleja en un informe de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, que califica como una violación a estos la ausencia de esfuerzos para evitarlo por parte del Estado.

Quienes aquí, en el sector 2 del penal de Mariona, enseñan son los mismos reclusos. Y para que el programa tenga éxito, ha sido necesario darle una estructura: hay dos coordinadores generales que controlan las actividades, seis encargados de programas y 11 monitores que dan clases directamente. Con la ayuda de los educadores de la escuela penal, los dos primeros grupos han realizado programas educativos para distribuirse en seis meses. El personal del centro no ha tenido ni un ápice de participación en estos.

Carlos Alfredo Arévalo se desempeña como monitor de uno de los cursos, que en este momento se desarrolla a un lado de los sanitarios. Dueño de un incipiente sobrepeso, se muestra como un hombre tranquilo, de hablar pausado y sonrisa difícil. Cumple una pena de 50 años de prisión por el delito de secuestro.


Teoría. Por falta de espacio y recursos, en la mayoría de cursos en Mariona no hay prácticas.

No lo dice, pero en 2009 fue atrapado en flagrancia después de privar de libertad, junto a otros compinches, a dos personas en un pueblo fronterizo de El Salvador con Honduras. Las condujeron a una casa en el segundo país, donde las retuvieron 17 días, todo un récord para lo que se acostumbraba en esos años. Sus víctimas fueron los familiares de un salvadoreño que se ganó en Estados Unidos un premio de lotería de $25 millones. Nunca lo pudo cobrar por su estatus migratorio irregular. Pero Carlos y su banda lo desconocían. La pena original recibida fue de 75 años. Hasta ahora ha cumplido siete años de condena.

“No puedo cambiar lo que hice, pero cada día me arrepiento. Me gustaba planificar cosas, robos, secuestros. Me gustaba que la gente me pusiera atención a mí y se hiciera lo que yo quería. Toqué fondo”, dice Carlos, quien ha sido monitor en cada uno de los tres módulos con los que ha contado el programa en Mariona. El mismo al que Rodil Hernández, director general de Centros Penales, calificó, el 8 de abril de 2015, como “el camino”, “el rumbo que el sistema penitenciario” había tomado desde 2014.

El funcionario le estaba dando, con lo dicho, calidad de política de Estado a un método que, tras pensarse en un inicio para las fases de confianza y semilibertad, ya había sido implementado con éxito para la fase ordinaria por la cárcel de Apanteos, ubicada en Santa Ana. Así Yo Cambio prometía convertirse en el método para darle un nuevo rostro al tradicionalmente maltrecho sistema penitenciario salvadoreño.

Eso choca, sin embargo, con la realidad. A pesar de ser el nuevo modelo penitenciario, ni un solo dólar ha sido destinado para ser utilizado exclusivamente en su implementación. Esto es porque del total de presupuesto que se destina a la Dirección General de Centros Penales (de un poco más de $44 millones para gastos corrientes este año) no existe una partida específica. Todo se distribuye según las necesidades del sistema completo. Solo en alimentación se invierten más de $23 millones.

Por lo mismo, casi la totalidad del dinero utilizado en materia prima para actividades laborales, como un taller de carpintería o de manualidades, viene de los familiares de los reos. Esto representa un problema para aquellos que no cuentan con un apoyo externo. La Dirección General de Centros Penales apenas puede apoyar con papelería para la impresión de programas y, en el mejor de los casos, con cuadernillos y lapiceros para las clases teóricas. Y eso hace que en centros como Mariona, en esta tarde que ahora está llegando a su apogeo, se puedan ver escenas ilustradoras de la precariedad, como un hombre que enseña agricultura a través de una pizarra porque no hay espacio para cultivar. O un curso de mecánica automotriz sin un motor para revisar.

Hasta el momento está presente en los centros de Mariona, Apanteos, Cárcel de Mujeres, La Unión, San Miguel, Jucuapa, Metapán y la Penitenciaría Occidental, más conocida como El Penalón, en Santa Ana. En esta última aún hay miembros de una vieja mafia de reos “civiles”, conocida como La Raza, por lo que ha presentado problemas en su implementación.

Su otra debilidad está en sus limitaciones: hasta ahora no se ha implementado en población privada de libertad perteneciente a pandillas. La jerarquización de las estructuras ha impedido que pueda ingresar un ordenamiento con coordinadores de sector y monitores de clases.

Las cosas, sin embargo, prometen cambiar. Según varios jueces de Vigilancia Penitenciaria, hace una semana recibieron la noticia de que el primer centro penal eminentemente pandilleril en el que entrará de lleno Yo Cambio será Chalatenango, que tiene como huéspedes a miembros de la MS, aunque no se les reveló una fecha para comenzar a hacerlo ni cómo acabarán con los obstáculos inherentes a la pandilla.

***

El de Apanteos es el penal en el que el programa Yo Cambio ha tenido más penetración. Solo dos de sus sectores, el 8 y el 1, que alojan a miembros activos de la MS y a hombres retirados de la misma pandilla, están excluidos de las actividades, que van desde el cultivo de tilapias hasta la elaboración de detergentes. Son los únicos en los que los reos no salen de sus espacios a áreas comunes. Apanteos aloja a 3,900 presos, con una capacidad para apenas 1,000. Su porcentaje de hacinamiento es del 390 %.

Apanteos no contaba con los mejores precedentes cuando el programa se echó a andar a mediados de 2011. Inició gracias a la gestión del director de entonces y actual subdirector general de Centros Penales, Orlando Molina Ríos. El mismo funcionario estaba en un sector del penal cuando se dio la última revuelta en esa cárcel, el 24 de noviembre de 2010, que dejó como resultado a dos personas muertas y 27 heridas. Fue el resultado de los resquemores entre los reclusos civiles del sector 11, que luego se conocerían como la MD (Mara Desvergue) y los MS del sector 8.


Talleres. Un reo de Apanteos trabaja en una pieza de madera. Para estar en un taller como este, hay que pasar los filtros del equipo técnico del penal.

El de Apanteos fue un proceso, podría decirse, de extracción. Primero, en diciembre de 2010, separaron de sus funciones a 30 empleados que no generaban confianza en el director. Incluso fue despedido el jefe de seguridad. Luego fueron trasladados 250 miembros de la MS hacia el penal de San Francisco Gotera, en Morazán. Eran los más problemáticos. El resto (unos 200) ocupa hasta ahora el sector 8 del penal.

A mediados de 2011 se dieron los primeros esfuerzos para ocupar a los reclusos en actividades productivas. El elegido fue el sector 2, en el que se escogió como coordinador general al privado de libertad Oswaldo Mena, ahora libre. Ahí se sentaron las bases de la metodología, basada en la transferencia de conocimientos, cuando un preso le enseña a otro lo que sabe. La materia prima salió de una multitud de fuentes, incluso de los propios bolsillos del director del centro, según lo expresan miembros de su equipo en esa época.

Pero en una prisión lo más importante es el control, tener la certidumbre de que las cosas no explotarán de un momento a otro. Por eso, Orlando y su equipo pensaron en extirpar a las dos mafias de civiles que aún hoy habitan los diferentes penales destinados para ellos en el país: La Raza y, sobre todo, la MD.

Todo el sector 11 fue trasladado a Mariona y esa infraestructura quedó vacía, a la espera de sus nuevos huéspedes. Allí se colocaron todos aquellos a los que identificaron como problemáticos. La mesa estaba servida para que el programa entrara de lleno. En diciembre de 2012 se incorporó incluso el sector 11, aunque previamente sus líderes más beligerantes, los más identificados con las mafias, fueron trasladados al penal de Sonsonate.

Ahora Apanteos no refleja las tensiones que en años anteriores fueron su principal característica. En esta mañana de julio, una centena de reos mira las audiciones para elegir al nuevo cantante de la orquesta carcelaria. Entre el público incluso hay miembros de la MS y exmiembros de la misma estructura, que se confunden con los civiles. Pero no hay que dejarse engañar: son apenas dos grupos de 10, quizá los más mansos de los sectores. Aquellos a los que es más fácil controlar.

La música termina y los reos de cada uno de los 11 sectores forman filas para ser conducidos a sus espacios. Luego es posible hacer un recorrido por el centro. Casi toda la población parece ocupada, especialmente aquellos que están en actividades como la cría de tilapias, que actualmente tiene un fuerte impacto porque se contó con la suerte de que uno de los reos se dedicaba a ese negocio junto a su familia cuando estaba en libertad. Se trata de Tomás Nery Calderón, condenado por homicidio simple.


Aprovechamiento. Este estanque de tilapias se adecuó en un espacio que anteriormente era utilizado para depositar la basura que salía de Apanteos.



El único sector que las autoridades del centro reconocen como un problema latente es el 11, donde hay vestigios de las viejas mafias enquistadas en Apanteos, La Raza y la MD. Así lo afirma uno de los reclusos, uno de los más jóvenes, quien se limita a afirmar que nadie tiene problemas si no se mete más allá de lo que le concierne. El subdirector de seguridad, Juan José Montano, afirma que la situación de control se refleja en el hecho de que nadie, ya, declara su filiación. Prefieren pasarla como reos comunes, alejados de la posibilidad de un traslado. Pero no se traduce en cero delitos dentro del centro, especialmente en el sector 11: en las requisas se siguen encontrando paquetes de droga y artefactos que pueden ser utilizados como armas. También teléfonos celulares.

En su oficina en la Dirección General de Centros Penales, Orlando Molina Ríos, subdirector del sistema, lanza una mirada al horizonte para ver los avances del programa que él mismo diseñó y que, dos años después, en 2014, el ministro de Justicia y Seguridad de entonces, Benito Lara, le invitó a implementar en el resto de prisiones.

Para Orlando, eso todavía está lejos de cuajar: ni siquiera ha sido posible llevarlo en su totalidad a los centros en los que ha aterrizado por la escasez de recursos de la institución. Y se antoja aún más alejado de lo concreto que el experimento arribe a los centros de pandilleros, que requerirían de medidas de control más robustas, como la contratación de más agentes penitenciarios.

Actualmente, en todo el sistema hay 1,265, según datos de la DGCP. Pero son nominales: un porcentaje alto, según el testimonio de varios custodios de diferentes centros penales, no cumple tareas de seguridad, sino que son destinados a puestos como el de ordenanza o el de motorista, por lo que la diferencia entre reos y custodios, que según las cifras es de 30 a uno, es aún mayor.


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El centro penal La Esperanza es el más grande del país. Alberga a 5,702 personas en una población de mayoría “civil”. De sus cinco sectores, solo en uno hay pandilleros. Es el 4, al que popularmente se le conoce como Zacatillo, donde están recluidos 250 privados de libertad. Hay miembros de la MS, del Barrio 18, de la Mirada Locos, la Mao Mao y La Máquina, también algunos líderes de lo que fue La Raza o la MD, que se han mostrado especialmente peligrosos. Hay más de 3,000 presos dentro del programa Yo Cambio, lo que equivale al 60 % de la población.

El recorrido por Mariona inicia en el sector 1, donde están los recién venidos de la calle o de otros penales. Utilizado anteriormente para que guardaran prisión personajes con gran poder económico (lo que ahora se ha destinado a Metapán), luce limpio, con pequeños jardines desperdigados en la construcción de cemento. Hay unos 600 presos en un espacio no mayor al de una cancha de fútbol. La mitad de ellos están ocupados en los programas de Yo Cambio.

Julio Cortez, condenado a 10 años por tráfico de drogas, es el coordinador de sector y uno de los más veteranos en el espacio, con cinco años de pena ya cumplidos. Se muestra orgulloso de exponer lo que se hace en su sector. Pero todos los cursos son teóricos, incluso aquel que tiene que ver con agricultura. Quien aprende debe imaginar el proceso a falta de material básico, como semillas o una maceta con tierra. Una solitaria mesa de ping pong y un incipiente taller de manualidades son los únicos elementos donde los alumnos pueden realizar algo práctico.



Libros. Los reos de Mariona invitan a la empresa privada a colaborarles con la donación de material didáctico, que escasea en el centro.

Para poder ir a los talleres, como los de sastrería y carpintería, ubicados fuera de los sectores y aprender realmente un oficio, deben pasar varios filtros del equipo técnico del centro, que está compuesto por ocho personas, entre las que se cuentan dos psicólogas, tres trabajadores sociales y una educadora. A veces cuentan con una psicóloga más, que llega prestada desde el centro de readaptación de mujeres de Ilopango.

Son ocho profesionales para, en teoría, evaluar los casos de casi 6,000 reos. Y ni hablar de lo que representa en trabajo la clasificación de presos en niveles de peligrosidad para un personal al que la palabra “escaso” suena a exceso.

Aquí la mayoría está presa por delitos sexuales o lesiones. Uno de esos reclusos es David Sánchez, quien ya tiene cuatro años dentro del centro. Afirma que desde que se han implementado los programas de Yo Cambio, la vida es más vivible en Mariona, sobre todo por la extracción de personajes que causaban desorden, “a los que les gustaba golpear a los otros presos”, como uno al que apodaban “el Diablo”, a quien las mismas autoridades del penal le habían dado un puesto de autoridad en el sector.

Aquí también está Freddy Escamilla, un pandillero retirado condenado a 40 años de prisión por homicidio, los mismos de su edad actual. No puede caminar a menos que sea ayudado por sus dos muletas. Fue trasladado a este centro desde el de Sonsonate, utilizado para colocar a “civiles” problemáticos. Le dijeron que sería mejor para su salud, pues en Mariona “no hay tanto hacinamiento” y, por lo menos, no se duerme en el suelo.

Desde que llegó ha sido parte de los programas de Yo Cambio. Como alumno, estudió teología. Como monitor, se ha encargado de enseñar historia nacional. También tuvo la oportunidad de dar un curso de relaciones interpersonales, en el que compartió lo que había aprendido en uno de técnicas contra el comportamiento agresivo. Este último es parte de los llamados programas específicos, que son impartidos por el escaso equipo técnico con el que cuenta el centro. Yo Cambio, por otro lado, es parte de los programas generales.


Privilegio. Para trabajar en un espacio como la panadería, el reo debe pasar los filtros del equipo técnico.

Según lo comenta Ana Ruth González, jueza del Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador, son los específicos y los especiales los programas que más cuentan a la hora de que un reo busque acceder a una libertad condicional (a las dos terceras partes de su condena) o a una fase de confianza. Eso es especialmente delicado con aquellos que están retenidos por delitos sexuales o relacionados con drogas.

En ocasiones, es imposible para el equipo técnico de Mariona brindar estos cursos, que solo se dan cuando el reo está a punto de cumplir su tiempo. Ese es el caso de Nelson Montano, un joven retenido por el delito de agrupaciones ilícitas, condenado junto a un grupo de pandilleros. Afirma que, hasta ahora, en cuatro años dentro del centro, solo ha recibido los cursos de Yo Cambio, impartidos por otros reos, y está a la espera de que el equipo técnico lo inscriba en uno específico. Montano está en una cárcel de “civiles” a pesar de que las autoridades lo identificaron como pandillero.

En el sector 2 la población es mucho más grande. Supera los 2,700. De la misma forma que en el 1, la mayoría de cursos son teóricos. Solo uno de los reos está haciendo un trabajo con las manos. Es Tadeo Mirón, quien se afana en dar los últimos retoques a una pintura, cuya materia prima le ha sido brindada por sus familiares en el exterior de la cárcel.

Para muchos es un ejemplo de cambio. Apenas hace un par de años estaba en Zacatecoluca, sitio al que lo mandaron después de intentar fugarse. Le dieron tres años adicionales a su condena de 12 por dos casos de robo. Es un viejo inquilino del sistema penal. Incluso estuvo en la masacre que, en 2004, se cobró la vida de 35 personas. De eso, dice, “todavía guarda cicatrices”. Agradece la oportunidad de ahora poder ocupar su tiempo en algo diferente a pensar, en darle uso a sus por mucho tiempo desocupadas manos.

El sitio es un mosaico de historias. Ahí está Carlos Urbano Flores, un mecánico automotriz involucrado en el caso de secuestro de Gerardo Villeda Kattán, un niño que fue asesinado en 2001 y cuyo caso conmocionó al país. Urbano Flores fue condenado a varias décadas de prisión, pena que cumplió en parte en el penal de San Francisco Gotera y, posteriormente, en Zacatecoluca. Hasta ahora afirma que no tuvo nada que ver con el hecho. Pese a las pruebas presentadas durante el juicio en el que fue vencido, solo estuvo, dice, en el lugar y el momento equivocado. Miguel Villeda Kattán, padre del niño, fue su jefe desde 1994 hasta 2000, año en el que Urbano Flores decidió poner su propio negocio.

Tener en qué ocupar el tiempo, aunque sea sentado, aunque solo sea con un cuadernillo como herramienta, “le ha cambiado la cara al centro”, dice. Comenta que hoy las condiciones son “mucho mejores” que hace un par de años. Pone como ejemplo el hecho de que hay más agua, por lo que lo que los baños, casi al aire libre, “ya no rebalsan de estiércol”. Fue monitor de un curso de mecánica que al final solo pudo impartir en la teoría.

En el mismo espacio que Urbano Flores guarda prisión Carlos Alfredo Arévalo, un joven que fue condenado por robo y portación de armas cuando tenía 20 años. Ahora, a los 27, está a punto de cumplir la totalidad de su pena. Solo está a la espera de una audiencia. Por los recursos limitados, no ha podido aprender mucho más allá de la teoría dentro del programa Yo Cambio.

En un sentido práctico, es a jóvenes como Carlos Alfredo para quienes debería priorizarse el objetivo que mandata la ley para los centros penales: educar y cultivar hábitos de trabajo. Sale a los 27 años, a una edad plenamente laboral. En un mundo ideal, el sistema le hubiera brindado armas para que, allá afuera, ya no tenga por qué delinquir. Es, en suma, un beneficio no solo para el reo, sino para la sociedad, que en teoría deberá recibirlo.

En el sector 3, con una cantidad similar de presos, la fotografía se repite: cientos de hombres aglutinados en los alrededores de sus monitores. El espacio y las capacidades de control no dan abasto para que todos los reos reciban clases al mismo tiempo. El resto permanece dentro del espacio donde están sus celdas. No hay luz eléctrica, por lo que la oscuridad puede ser total aún de día.

Apenas en mayo de este año, en este mismo espacio, varios reos lesionaron a dos custodios del centro que intervinieron en una transacción de droga. Ese es un problema (el de los crímenes dentro de la prisión) que, según reconoce el director del centro, Élmer Mira, no serán capaces de controlar en el corto plazo: “Uno puede aislar al reo que es traficante, pero luego llega otro a llenar su espacio, que ve la oportunidad de ejercer un negocio”.


***

Tras pasar las instalaciones de la cocina escuela que el centro de readaptación de mujeres ha montado con la colaboración de ALIPRAC, la empresa que surte de alimentos a todo el sistema penitenciario, y la pequeña panadería de la entrada, el programa Yo Cambio también puede verse en los sectores donde las reclusas pasan la mayor parte de su día. Hay 2,234 personas incorporadas, de una población total de 2,391.

En el sector B, un grupo especial de presas está ataviado con uniformes de construcción. Trabajan de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde en acondicionar este recinto, que servirá para alojar la nueva panadería de Cárcel de Mujeres. Con esmero colocan los azulejos de las paredes, que juegan con los que ya decoran el piso. Una de las trabajadoras es Jenny Chinchilla, condenada a 10 años por tráfico de drogas.

Es morena y el sudor le cubre el bien maquillado rostro. Afuera era la jefa de una sección en una maquila. Cayó en este sitio, dice, por un error, por un momento de necesidad económica. Por eso no ha perdido la oportunidad de incorporarse a cuanto programa se le ponga enfrente, como este, al que no muchas internas están dispuestas a entrar. Es una labor pesada. Como premio, la directora del centro, Morena Mejía, afirma que estas reclusas serán las primeras alumnas-trabajadoras de esta panadería escuela. Como en los centros de hombres, la oportunidad de llegar a un taller más práctico, como este, es un privilegio de pocas que se gana con el buen comportamiento.


Construcción. Dos reclusas trabajan fuera de sus sectores en el levantamiento de un muro en Cárcel de Mujeres.

En el resto del sector, grupos de mujeres están alrededor de su monitora. Hay clases de manualidades, de inglés, costura y baile. Este último es impartido por una reclusa que fue ganadora, cuando estaba en libertad, del concurso Miss Teen El Salvador. Buena parte de las mujeres está, sin embargo, dentro del espacio donde se encuentran sus dormitorios.

Las actividades que requieren de materia prima no podrían realizarse sin la ayuda de familiares externos a las reclusas. Estos les proveen todo lo necesario. Acá no hay recursos ni siquiera para un cuadernillo. Eso se convierte en una limitante para aquellas presas sin apoyo en el exterior.

Es el caso de Ana Martínez y Karla Pastrana. A la primera, condenada a 30 años por homicidio, su familia decidió no visitarla más. La segunda es una nicaragüense capturada por trata de personas, sin arraigo en el país. Por eso, afirman, en muchas ocasiones solo llegan a sentarse a las actividades, a observar cómo trabaja el resto de presas. Se limitan a firmar, para que en su expediente se refleje que asistieron a un programa de Yo Cambio. Tampoco han recibido, afirman, el resto de programas específicos y especiales. La subdirectora de seguridad del centro, al escuchar las palabras de las reclusas, afirma que se verá qué hacer para solventar sus necesidades, aunque pide que alcen más la voz para pedir que se las cubran. Advierte que para los programas específicos tendrán que esperar: no es humanamente posible la celeridad con un equipo técnico de 10 personas.

En este sector, el más grande de todo el recinto, conviven reclusas procesadas con aquellas que ya recibieron su condena. Una de las del primer tipo es Patricia Quezada, quien lleva 15 meses esperando a que se resuelva su proceso por extorsión. Hay otras compañeras, afirma, que han tenido que esperar más tiempo. Mientras tanto, es la coordinadora del Yo Cambio en el sector.

Donde solo hay presas con penas en firme es el sector C. Aquí también parece generalizado el Yo Cambio. Mientras unas bailan, otras trabajan en la confección de piñatas o perfumes. La tutora general es Silvia Jiménez, quien cumple una pena de 35 años por secuestro. Es pequeña y luce un pelo corto bien arreglado, que contrasta con el resto de su vestimenta, de camiseta y pantalón. Era miembro de una banda familiar en la que también participaba su hermana Yanira, ahora encargada de impartir la actividad de religión. La explicación de Jiménez es la misma: sin lo que dan los familiares, el Yo Cambio no sería posible para la mayor parte de la población penitenciaria.


Manualidades. Reclusas del sector C de Cárcel de Mujeres trabajan en la realización de piñatas, que confeccionan con la materia prima brindada por sus familiares fuera del penal.

También en el sector destinado para las reclusas de la tercera edad hay actividades de Yo Cambio. La mayor parte de ellas están destinadas a enseñarles a leer a aquellas que no pudieron aprender cuando estuvieron libres. Casi todas las condenas aquí están vinculadas con el delito de trata de personas.

Afuera del resto de sectores, una de las presas del centro camina junto a otras reclusas. Se trata de Lilly Ángel, condenada hace tres años por encubrimiento de lavado de dinero. Era la pareja de Jorge Ernesto Ulloa Sibrián, “el Repollo”, narcotraficante capturado en 2012. En una empresa que estaba a su nombre, dedicada al ramo del entretenimiento, ayudó a blanquear parte del capital del traficante. También, según la Fiscalía General de la República, le sirvió como “mula”, pues ayudaba a transportar dinero hacia Panamá y droga en sentido contrario.

Ahora se dedica a enseñarles a sus compañeras nociones de emprendimiento y administración de empresas.

“Lo que más quiero que entiendan es que pueden salir adelante sin delinquir y sin la ayuda de un hombre. No lo comprendía yo allá afuera, y eso me trajo aquí”, dice Ángel.

La directora del centro, Morena Mejía, está convencida de que Yo Cambio puede ser la respuesta a un sistema tradicionalmente ineficiente, que no está diseñado para rehabilitar a nadie. Pero reconoce que sin recursos, el camino se antoja difícil.

La escasez es el sello del sistema penitenciario salvadoreño. Para hacerse una idea, solo hay que ver las capacidades de la clínica dentro de Cárcel de Mujeres. Cuenta, apenas, con tres médicos generales, una ginecóloga, un geriatra y una psiquiatra para atender a más de 2,000 internas. Si no fuera por la ayuda de la ONG APROCSAL, no podrían surtir servicios como la toma de citología para la detección del cáncer cérvico uterino. Sin esto, muchas mujeres estarían sufriendo, ahora, de las etapas más avanzadas del padecimiento. El personal tampoco da abasto para atender todas las enfermedades respiratorias y de la piel provocadas por el hacinamiento. Es necesario priorizar y trabajar con las internas más graves.


Escuela. Cada centro penal cuenta, de ordinario, con un centro escolar en sus instalaciones, con clases de primer grado a segundo año de bachillerato. Pero no cubre ni al 20 % de la población.

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Los líderes más problemáticos de la MD fueron sacados de Mariona y llevados a otros centros, como Zacatecoluca o Sonsonate. Sin embargo, aquí todavía está una buena parte de sus soldados, 342 para ser exactos. Todos han sido ubicados en el sector 5 del penal. Aunque lo de sector le queda grande: antes era el espacio destinado para las visitas, lo adecuado para unas 80 personas. Por eso, en el patio del sitio parece que nadie puede estar sentado. Decenas de hombres sin camisa deben permanecer de pie, uno pegado a otro, si quieren recibir los rayos del sol. Dentro del edificio donde duermen reina la oscuridad.

Los reclusos del 5 afirman que la mayor parte participa en el Yo Cambio, lo que es un imposible, pues los cursos deben recibirlos en un aula fuera del sector, en la que no caben ni 20 personas. En el grupo, cada tanto tiempo puede verse un tatuaje de MS o 18 herido con una X. Todos miran interesados y uno de ellos, incluso, se presta a la broma y saca una cámara televisiva simulada, hecha de cartón, para imitar a los periodistas.


Los extraídos. El sector 5 es el más hacinado de Mariona. Hay miembros de la MD.

La MD, además de acuerpar a reos civiles contra sus enemigos, los pandilleros, fue reconocida por varios años como un verdadero dolor de muelas en el sistema penitenciario: extorsionaban al resto de reos comunes, violaban a las mujeres que los visitaban y robaban su comida para luego vendérselas de nuevo.

Ahora están todos en este patio. Uno de ellos es Wilfredo Ágreda, quien fue miembro de la banda Los Malditos, responsable de más de una decena de secuestros entre finales del siglo pasado y principios de este. Dice que es un hombre cambiado, y si está aquí, entre los problemáticos, es porque su delito es un peso todavía demasiado grande para él. Afirma que no ha tenido casi ningún curso en sus más de 10 años en prisión. Apenas ha ido a uno de Alcohólicos Anónimos y a otro donde se impartían contenidos religiosos, ambos de Yo Cambio. Su condena es de 101 años.

Un perfil similar es el de José Argenis de la O, condenado a 43 años por robo agravado y secuestro. Su paso por la cárcel ha estado marcado por algunos de los momentos más negros en la historia del sistema penitenciario salvadoreño, como la masacre de 2004 sucedida en el mismo recinto donde hoy guarda prisión, que dejó saldo de 35 reos muertos. Rememora los momentos más difíciles, aquellos que, dice, pensaba que solo iba a ver en una película de terror.

José no ha sido un reo fácil de tratar. Tras iniciar su condena en Mariona, pasó a Apanteos, a San Francisco Gotera, a Usulután, a San Miguel y a San Vicente. En todos dejó una estela de violencia. Hoy, jura, es un hombre diferente y le molesta continuar con el estigma de ser un miembro de la MD. Dice que lo mismo pasa con varios de sus compañeros en el 5.

Según expresa el director del centro, Élmer Mira, este sector en un peligro latente. En una requisa realizada a principios de este año, encontraron una pistola 9 milímetros y munición para utilizarla. Además, los pesados catres que son utilizados para el descanso de los reos fueron desmantelados. Los reclusos crearon con el hierro que los formaba largas armas blancas, muy parecidas a espadas. Los viejos recuerdos de un Mariona lleno de sangre acudieron, de nuevo, a la memoria. Se pensó, entonces, en el sector 4 como posible objetivo de los ataques.

Es hora de salir de este diminuto espacio para comenzar a buscar la salida. El director del centro sugiere tomar un atajo. Se le pregunta si será posible visitar el sector 4, ese espacio con una seguridad más robusta al que se le conoce mejor como Zacatillo.

“¿Y para qué vamos a ir ahí? Solo hay pandilleros. No está, ni creo que entre, el programa Yo Cambio. No tiene ningún interés para esta visita”, dice Mira, antes de pedir que se visite la granja penitenciaria, destinada a los reos en semilibertad.

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