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Fallo judicial sobre la tregua

El sistema de administración de justicia ha quedado en deuda con la ciudadanía al exonerar de todos los cargos –eximir de responsabilidad–, por la presunta comisión de delitos, a las personas acusadas de favorecer la “tregua entre pandillas”, las cuales habían sido señaladas por la Fiscalía General de la República como responsables de diversos ilícitos; esto sucedió a pesar de que el juez tenía que valorar las pruebas presentadas como evidencia de las acusaciones y no, resolver aduciendo que deberían haber sido otros los procesados por la FGR.
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Es posible que la calidad de las pruebas fuera insuficiente, a criterio del juez, y que, más de algunas fueran descartadas como tales, pero absolver a todos los procesos, incluso a algunos que evidentemente tuvieron un rol activo y notorio, ante los medios de comunicación, en la negociación de beneficios para los cabecillas de las maras durante el referido evento, parecería exagerado.

Debido a la gravedad del caso, posiblemente se le hubiera prevenido a la Fiscalía para que revisara la robustez de alguna de las pruebas presentadas, ya que al favorecer a los imputados con este fallo se estaría sentado como precedente, que de poco sirve la persecución del delito en El Salvador, ya que la eficacia en la administración de justicia es impredecible y que las medidas de combate a la criminalidad, en el terreno, resultan superfluas porque al judicializar los delitos, los acusados pueden quedar libres por la valoración que hagan algunos jueces.

La percepción acerca de la impunidad se va instalando, entonces, en el colectivo imaginario, que ante la falta de conocimientos de derecho y del debido proceso, se ve sorprendido por este tipo de fallos.

Será que la Fiscalía es incapaz de sustentar adecuadamente sus alegatos o será que en los tribunales hay funcionarios incompetentes para juzgar este tipo de casos. Lo cierto es que con este resultado, la Fiscalía quedó mal parada ante la ciudadanía y su titular, también; claro está que esto no es concurso de popularidad, pero los aciertos y desaciertos refuerzan o debilitan la confianza depositada en él cuando se le nombró.

Tendrán que examinar con detenimiento qué pasó y como sucede en la academia, con el estudio de casos, será necesario revisar las lecciones aprendidas, procurando que este tipo de dificultades no vuelvan a suceder, incluso si esto significa recusar la participación de jueces cuya integridad o competencia deje dudas a la Fiscalía.

En algunas ocasiones las jueces que aparecen como protagonistas en estos casos se encuentran en listas de funcionarios cuestionados ante la Corte Suprema de Justicia; mientras que otros han sido procesados por actividades ilícitas y ya han sido condenados, están a la espera de sentencia o de resoluciones definitivas en diversos tribunales.

Estoy seguro que en Latinoamérica también habrá casos similares, donde los procesos resultan sospechosos y su gestión, opaca; pero dicha realidad no debería ser óbice para no agilizar la depuración del sistema judicial, en estos momentos, por ser un verdadero desafío para transmitirle confianza a la ciudadanía sobre la eficacia de nuestra institucionalidad, ya que resulta inaceptable que policías y militares estén siendo asesinados de manera alevosa en nuestro país y la supraestructura que facilitó el fortalecimiento de las pandillas salga inmaculada de este proceso promovido por la Fiscalía.

Es más, resulta sorprendente que el mismo fiscal general asegure haber sido amenazado de muerte, siendo el responsable de la investigación del delito en El Salvador.

Qué sucederá si encuentra indicios que apunten a personas u organizaciones como responsables de dichas amenazas; ¿se sentirá seguro de promover nuevas acciones en nuestros tribunales?

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