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Personas saturan entrada a penal de Mariona esperando liberación de familiares detenidos en régimen de excepción

Las autoridades descartaron que se vaya a liberar a detenidos en régimen de excepción, a pesar de que existen varias denuncias por capturas arbitrarias. Familiares se aglutinaron en el portón principal del recinto ante los rumores de liberación.

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Foto LPG/Luis Martínez.

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Desesperados por conocer el estado en el que se encuentran los reos detenidos durante el régimen de excepción en El Salvador, decenas de familiares de los capturados se concentraron en las entradas principales del Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, por lo que se originó una aglomeración en el lugar.

En las últimas horas, información divulgada a través de redes sociales, aseguraba que reos en Mariona serían liberados; sin embargo, esto fue descartado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. Ante esto, las personas abrarrotaron las principales entradas al penal, por lo que elementos de la Policía Nacional Civil  (PNC) y Fuerza Armada custodiaron la zona para desalojar a los presentes.

Las familias formaron un larga fila con la que pretendían ordenarse para evitar ser retirados del lugar, ya que contaban con la posibilidad de poder llevarse a sus familiares detenidos.

Sin embargo, en el centro penal, los oficiales cerraron los portones de información y pidieron a los familiares que consultaran sobre el estado de los reos detenidos en uno de los portones traseros, junto al centro de detención de menores.

Foto: LPG/ Luis Martínez

Actualmente, la cifra de supuestos miembros de pandillas o personas ligadas a estas bandas detenidas durante el régimen de excepción —implementado desde el pasado 27 de marzo— se acerca a 34,000, mientras se prevé que diputados de la Asamblea Legislativa apruebe esta semana otra ampliación de dicha medida.

De acuerdo con datos de la PNC, del 27 de marzo al 22 de mayo han sido capturadas 33,812 personas, bajo acusaciones de agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas.

No obstante, la Policía y la Fiscalía continúan sin detallar cuántos de los capturados son pandilleros y líderes de dichas estructuras y además cuántas personas son las que están ligadas a esas bandas.

Foto: LPG/ Luis Martínez

El régimen de excepción, implementado tras una escalada de asesinatos a finales de marzo y con el que se busca frenar la violencia generada por las pandillas, suspende —entre otras cosas— el derecho a la defensa y la detención administrativa pasa de un plazo máximo de 3 días a 15 días.

Es decir, las personas detenidas mantienen hasta 15 días detenidas, luego enfrentan una audiencia inicial en la que, en la mayoría de los casos, son acompañadas de un abogado público asignado por la Procuraduría General de la República.

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